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El BCRA investiga maniobras con dólares oficiales durante el cepo que involucran bancos, casas de cambio, financieras y operaciones miles de millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) investiga una presunta operatoria a gran escala a través de cuatro sumarios administrativos, en los que se analizan movimientos por unos 1.500 millones de dólares.

La sospecha de la Justicia es que parte de esas divisas habrían sido vendidas a bancos y casas de cambio al valor oficial y luego canalizadas hacia el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios, entre ellos casas de cambio y financieras, donde estarían involucrados el llamado “Rey del Blue”, Elías Picirillo, y el dueño de la empresa Sur Finanzas, Ariel Vallejo, conocido en los últimos meses por su relación con la AFA por los préstamos y el sponsoreo a distintos clubes de la liga.

En la investigación se mencionan operaciones de dos tipos de bancos: los que toman depósitos y prestan dinero, y los bancos que solo funcionan como transaccionales y que se relacionan con las financieras que operan como Prestadoras de Servicios de Pago (PSP), como las billeteras virtuales. Este es el caso de Sur Finanzas PSP.

Pero en paralelo, en los próximos días se abriría otra investigación de la Justicia sobre maniobras que habrían realizado funcionarios de la Secretaría de Comercio, de la DGI y del BCRA para autorizar importaciones a través del mecanismo de las SIRA por unos 3.500 millones de dólares, lo que en conjunto sumaría unos 5.000 millones de dólares que se habrían vendido a empresas y particulares al valor del dólar oficial en plena vigencia del cepo cambiario, donde también estarían involucrados ambos.

El contexto político y los primeros indicios judiciales

Todas estas operaciones se habrían realizado en el último año del Gobierno de Alberto Fernández, cuando Miguel Pesce era el titular del BCRA, Guillermo Michel estaba a cargo de la DGI y Matías Tombolini al frente de la Secretaría de Comercio, en la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía.

El origen de una de las investigaciones comenzó con la detención en una casa de Nordelta del empresario Elías Picirillo, quien estuvo casado con la modelo y conductora Jesica Cirio, anterior pareja del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El 20 de marzo de este año, la Justicia detuvo a Picirillo, apodado el “Rey del Blue”, en su casa de Nordelta, acusado por exsocios e inversores de ser un estafador.

Al parecer, su detención se relaciona con un episodio en particular, ya que se lo acusa de plantar casi dos kilos de cocaína y un arma en la camioneta de un acreedor para no pagarle una millonaria deuda de unos 6 millones de dólares, lo que generó una serie de allanamientos que llegaron hasta la casa de cambios Inversora Concordia, propiedad del dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo.

El rol del “Rey del Blue” y las maniobras cambiarias

El apodo de Picirillo en el sistema financiero, “Rey del Blue”, se debe a la cantidad de operaciones que realizaba comprando dólares al valor oficial por un lado y vendiéndolos luego en el mercado al valor del dólar paralelo, haciendo una ganancia cercana al 80% en esas operaciones, ya que compraba los dólares en su momento a 350 pesos en el mercado oficial y luego los vendía en el mercado libre a 600 pesos.

Pero en esta trama hay que sumar a Jonathan Alejandro “Tato” Pernía, dueño de la financiera Liverpool Group S.A., con oficinas en Puerto Madero, quien habría sido el contacto entre el dueño de Sur Finanzas y los directivos de la AFA.

En total serían 10 bancos muy chicos, algunos regionales, y unas 100 casas de cambio que habrían realizado esas maniobras, de acuerdo con la investigación que la Superintendencia de Entidades Financieras de la entidad envió a la UIF y a la PROCELAC, comprando los dólares al BCRA al valor oficial para luego venderlos en el mercado paralelo en plena vigencia del cepo cambiario.

La Justicia está investigando a varios bancos y casas de cambio por operaciones sospechosas de compra de divisas en un período crítico previo a las elecciones de 2023.

Avance de las causas y posible rol del BCRA como querellante

Por ese motivo, el BCRA analizaría presentarse como querellante en una causa que investiga el crecimiento inusual de la compra de dólares por parte de bancos y casas de cambio.

La investigación inicial se basa en reportes del propio BCRA a la Unidad de Información Financiera (UIF), que alertó sobre sumas de dinero que ponían en duda su origen y licitud, y se busca que el BCRA aporte más pruebas a una causa que ya lleva más de un año en el juzgado de la jueza María Romilda Servini.

Lo concreto es que el BCRA tendría un sumario abierto contra Vallejo y una casa de cambio de la que fue accionista por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.

Fuentes cercanas a la investigación comentaron que el expediente contra “Centro de Inversiones Concordia” sigue abierto y estaría cerca de ser elevado a la Justicia en lo Penal Económico.

La situación judicial de Ariel Vallejo

Vallejo está imputado “en el sumario 8130, Expediente N° 180323/23, caratulado ‘Centro de Inversiones Concordia SRL y otros’, en trámite ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario”, según consta en una denuncia penal presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Vallejo es parte de una causa judicial por lavado de dinero que tramita en el fuero Penal Económico. Ese expediente comenzó con una denuncia de la Procelac, a cargo de Diego Velasco. Además de Vallejo, aparecen una empresa constructora y una casa de cambio de la que fue accionista, Centro de Inversiones Concordia, que operaba en una de las sucursales de Sur Finanzas, en Adrogué, según indica otro expediente del BCRA.

Esa causa judicial se cruzó con otro expediente incipiente, también por lavado de dinero, contra Elías Picirillo, el exmarido de Jesica Cirio, que sigue preso en la cárcel de Ezeiza, y Francisco Hauque. Hace tres semanas, el fiscal Emilio Guerberoff notificó a la jueza federal María Eugenia Capuchetti del avance del expediente contra Vallejo y otras personas.

Los investigadores, por el momento, no encontraron puntos de contacto, pero en el mercado financiero muchos operadores consultados  aseguran que hay decenas de operaciones cruzadas.

El crecimiento de las casas de cambio y las alertas del Central

Vallejo incursionó en el mundo de las casas de cambio en agosto de 2020, según declaró su madre, Graciela Vallejo, en un expediente interno del Banco Central. La mujer adquirió el 50% de Centro de Inversiones Concordia, su hijo el 20% y Silvia Torrado el 30% restante.

Las operaciones le trajeron problemas a Vallejo con el BCRA desde el 2 de marzo de 2022, cuando la entidad monetaria le aplicó una multa de $8 millones por “realizar operaciones cambiarias en períodos no autorizados”.

Pero pese a ese mal comienzo, el Centro de Inversiones Concordia comenzó a operar grandes cantidades de dinero. Apenas inició la gestión de los Vallejo, la firma compró moneda extranjera por el equivalente a $2,5 millones, cifra superior a la de sus ventas, que alcanzaron los $715.000.

En 2022, el dinero operado por las casas de cambio vinculadas a los Vallejo se multiplicó y se encendieron nuevamente las alarmas en el BCRA. El 18 de julio de ese año, los inspectores del Central fueron a una sucursal de Lomas Cambio S.A.S. y se encontraron con un cartel que decía: “Nos mudamos a Seguí 780”, el domicilio que hoy tiene Sur Finanzas PSP.

La estructura operativa de Sur Finanzas en el sur bonaerense

Esa dirección llevó a las autoridades a uno de los lugares más importantes en la estructura de negocios de Vallejo: la sucursal de Sur Finanzas de Adrogué.

“Se encuentra un local comercial de dos plantas, que en su frente cuenta con un cartel que dice Sur Finanzas y en su extremo derecho menciona otras firmas como Valle Business S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Roma Inversiones S.A.”, según dejaron asentado los inspectores en el sumario interno. En Valle Business, Graciela Vallejo figuraba como presidenta y Maximiliano Vallejo como director suplente, y según el registro de comprobantes de facturas apócrifas de la ex AFIP (ARCA), esta firma emitió documentación falsa.

Lo concreto es que Vallejo arrancó en la zona sur del Gran Buenos Aires y creció de manera vertiginosa de la mano de la AFA. Una de sus empresas, Sur Finanzas, llegó a ser sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina y está presente en la camiseta de varios equipos de Primera División y del Ascenso.

En paralelo a la investigación judicial por presunto lavado de dinero, Sur Finanzas PSP se encuentra bajo la lupa del BCRA, ya que la autoridad monetaria detectó operaciones sospechosas y exigió explicaciones al Banco Industrial (BIND), que operaba como su soporte principal.

La intervención del BCRA y el quiebre de las relaciones bancarias

Como consecuencia de ello, el BCRA suspendió a una casa de cambios vinculada a Sur Finanzas tras detectar irregularidades operativas, y el BIND cortó vínculos con la entidad mientras la Justicia investiga movimientos sospechosos por unos 819.000 millones de pesos en operaciones que presuntamente serían provenientes del lavado de dinero.

En los últimos días, el BCRA ha endurecido el control sobre estas triangulaciones. Al no tener licencia bancaria propia, las PSP como Sur Finanzas están obligadas a mantener el 100% de los fondos de sus clientes encajados en un banco tradicional, una estructura que hoy, para la financiera de Vallejo y otros bancos transaccionales, ha colapsado. El problema es que, por normativa, el BCRA no puede investigar lavado de dinero en fintech, ya que esa tarea le corresponde a la Unidad de Información Financiera (UIF). Lo que sí puede hacer es marcar irregularidades operativas y exigir respuestas a los bancos involucrados.

La investigación judicial se centra en saber si existió un entramado de casas de cambio, cuentas bancarias abiertas a nombre de terceros de bajos recursos y movimientos que, en lugar de activar alarmas internas, habrían pasado con sorprendente comodidad por estructuras financieras que deberían prevenir el lavado de activos. Si se confirmaran este tipo de prácticas, serían violatorias de la normativa de prevención del lavado de activos y de los manuales internos que cualquier entidad bancaria está obligada a cumplir.

En las próximas semanas se esperan nuevas declaraciones testimoniales, requerimientos de la UIF y pedidos judiciales dirigidos directamente a ese banco, donde se solicitaría revisar auditorías internas, informes de compliance y documentación sobre aperturas de cuentas corporativas.

Otras denuncias y el antecedente de las SIRA

Además, la Justicia investiga otras operaciones ilícitas realizadas entre agosto y noviembre de 2023 que le habrían costado al BCRA unos 3.600 millones de dólares.

La investigación está relacionada con una denuncia realizada por el periodista de La Nación Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina, el 6 de junio de 2023, donde se mencionó un presunto entramado de sobornos que involucraría a funcionarios y operadores financieros vinculados al Frente Renovador. La causa, que cayó en el juzgado del juez Eduardo Taiano, no prosperó por falta de pruebas, pero, según se pudo saber , sería retomada por la Justicia en los próximos días.

Pagni dio a conocer en ese entonces denuncias que investigaba la Justicia sobre un presunto sistema de coimas millonarias que habría funcionado durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

El presunto sistema de coimas y los facilitadores

Según los cálculos expuestos en el programa y luego en una nota en La Nación, el esquema habría movilizado cerca de 3.200 millones de dólares solicitados al BCRA por autorizaciones de importaciones a través del esquema de las SIRA, por un período estimado de 16 meses.

Entre los presuntos operadores señalados en la causa que se reabriría aparece el nombre de José Sebastián Jabbaz, un exfuncionario procesado en la causa de “La ruta del dinero K”, quien habría tenido un rol clave en el manejo de los fondos. También se menciona a Matías Tombolini, el entonces secretario de Comercio, cuya gestión habría estado marcada por desprolijidades. Entre ellas se incluyen reuniones con empresarios que lo habrían esperado con valijas y maletines en distintos lugares e incluso en el domicilio de su madre.

En la cúspide de la estructura de decisiones figurarían tres hombres de extrema confianza de Tombolini: el jefe de asesores, Raúl Pérez, y el secretario privado, Franco Mollo.

En la denuncia de la Coalición Cívica figura que el circuito para aprobar las SIRA incluía a cuatro organismos: la Secretaría de Comercio, la AFIP, la Dirección General de Aduanas y el BCRA, que finalmente entregaba los dólares oficiales.

El final de una causa y una frase que quedó

“Cada autorización requería el visto bueno de esas cuatro terminales, lo que habría abierto paso a un esquema de facilitadores y gestores que cobraban por agilizar los trámites, y el dinero de la coima se entregaba en dólares billete, con una tarifa que arrancaba en el 10% del valor total autorizado”, dice la denuncia realizada por los diputados de la Coalición Cívica.

Los facilitadores eran abogados, despachantes de aduana o personas ligadas a la política. En la denuncia se mencionan domicilios en barrios privados (La Damasia, en San Fernando), hoteles de lujo en Puerto Madero como el Hilton, el Faena y el Alvear Icon, e incluso bares donde se realizaban las entregas de dinero.

La causa tramitada por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Carlos Taiano solo duró entre cinco y seis meses antes de perder impulso. Una de las dificultades para avanzar es que muchos empresarios que habrían pagado sobornos temían convertirse en cómplices.

Si bien existen presentaciones judiciales, como la de diputados de la Coalición Cívica que impulsaron una causa y solicitaron aplicar la Ley del Arrepentido, hasta el momento no se logró avanzar, aunque la Justicia volvería a insistir.

Hay que destacar que Pagni dejó una frase que muchos periodistas recordaron luego: “Dicen que hay un hotel chiquito, en Puerto Madero, donde, aparentemente, desde la Secretaría de Comercio que dirige Matías Tombolini, alguien le dice al que necesita importar: ‘Pedí la llave, andá a tal cuarto, que nosotros no vamos a estar. Entrá en el cuarto y dejá la plata… Que no haya contacto físico, asepsia total’”. A través de ese sistema se habrían ido unos 3.500 millones de dólares que el BCRA vendió al valor del dólar oficial para importaciones que nunca se realizaron.