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La ex presidenta fue atendida primero en el departamento en el que cumple prisión domiciliaria, pero los médicos decidieron realizarle estudios más exhaustivos en el Sanatorio Otamendi. La Justicia autorizó el procedimiento

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada durante la tarde de este sábado al Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires para una evaluación médica exhaustiva tras presentar una dolencia abdominal. Allí fue operada por un cuadro de apendicitis, confirmaron fuentes cercanas a la exmandataria 

La decisión de trasladar a la ex mandataria se tomó luego de que profesionales de la salud acudieran a San José 1111, el departamento en el que cumple prisión domiciliaria y, tras una revisión inicial, consideraran necesario realizar estudios adicionales en el centro médico.

El procedimiento se realizó con la autorización judicial correspondiente. Según informaron fuentes cercanas a la ex mandataria, la intervención quirúrgica “salió bien”.

El Sanatorio Otamendi es de la confianza de la ex mandataria dado que fue allí donde concurrió para ser atendida tiempo atrás. En 2021 Cristina Kirchner fue sometida a una histerectomía en la clínica donde habitualmente recibe atención médica, siendo esta la última intervención quirúrgica de la jefa del Partido Justicialista (PJ) que se hizo pública.

En 2013, la exmandataria fue intervenida en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro para remover una colección subdural crónica en la cabeza. Un año antes, en 2012, se le extirpó un tumor de la glándula tiroides en el Hospital Universitario Austral de Pilar.

Además, en distintas ocasiones, Cristina Kirchner permaneció internada varios días en centros de salud del AMBA por patologías de menor gravedad.

A poco de conocerse la nueva intervención quirúrgica a la ex mandataria, los militantes no tardaron en acercarse alrededor del Sanatorio Otamendi. Durante la tarde noche de este sábado, muchos acudieron con carteles y pancartas para expresar su apoyo a Cristina Kirchner quien fue operada de apendicitis. De hecho, una de las primeras banderas en instalarse frente al sanatorio, se hizo con el lema “Nunca caminarás sola”.

Cristina Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

Esta semana, la Corte Suprema dejó firme la decisión que le ordenó a la ex presidenta la utilización de una tobillera electrónica.Cristina Kirchner desde el balcón donde cumple prisión domiciliaria (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

En el fallo firmado este jueves, los jueces de la Corte también dieron respuesta a los pedidos de recusaciones, y resolvieron: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, rechazar lasin limine recusaciones planteadas contra los jueces Horacio Daniel Rosatti, Carlos Suprema Fernando Rosenkrantz y Ricardo Luis Lorenzetti; II) Desestimar por falta de fundamentación autónoma el recurso de apelación dirigido contra la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y III) En lo restante, declarar inoficioso un pronunciamiento del Tribunal en estos autos”.

En el marco de la ejecución de esa condena, el TOF N.º 2 de CABA dispuso dos medidas vinculadas a su cumplimiento. Por un lado, ordenó la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico y, por otro, impuso la obligación de solicitar autorización fundada al tribunal para las visitas que no estuvieran incluidas en la nómina de familiares, médicos y abogados definida por CFK. La decisión se basó en las constantes visitas que la ex presidenta recibe en el domicilio donde cumple arresto domiciliario.

Esa resolución fue recurrida por la ex mandataria y confirmada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Frente a ello, CFK interpuso un recurso extraordinario que fue denegado, lo que motivó la presentación de una queja ante el máximo tribunal.

La defensa argumentó que estas medidas generaban un perjuicio concreto y actual, constituyendo restricciones arbitrarias a los derechos constitucionales de la ex presidenta, en particular a los principios de intimidad, razonabilidad y proporcionalidad.

La otra decisión judicial respecto de las condiciones de detención de la exmandataria la tomó el martes el juez del TOF2, Jorge Gorini, quien resolvió mantener el régimen de encierro en el departamento de San José 1111, pero autorizó que la ex presidenta pueda acceder a la terraza del inmueble por un máximo de dos horas diarias, un beneficio equiparado a la salida al patio prevista para los internos alojados en establecimientos penitenciarios.

CFK puede salir sin restricciones al balcón de su departamento y ahora se agrega la terraza del edificio, bajo esas condiciones.

La resolución ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales, pero introdujo otra modificación a las visitas sin necesidad de permiso incluidas en un listado que aportó la ex presidenta. Se recortó un porcentaje de quienes tenían autorizado ingreso irrestricto y en esos casos tendrán que detallar los motivos de las visitas. Abarca algunos abogados, médicos, contadores y familiares.

El peronismo impugnó la conformación de las comisiones que comenzarán a tratar la propuesta del gobierno nacional. Además adelantó que no participará de las reuniones y que judicializará todo. Asoma un escenario de alta conflictividad en la Cámara Alta .El Senado enfrenta un momento de alta tensión con el tratamiento del proyecto de reforma laboral que comienza a analizarse hoy en la Cámara alta. La decisión de avanzar con el debate de leyes en sesiones extraordinarias, sin el aval de todos los bloques, profundizó la crisis y dejó en evidencia la fractura política en la Cámara Alta.

El primer chispazo se produjo en la conformación de las comisión de Trabajo y Previsión Social para tratar la iniciativa que impulsa el oficialismo. Y los protagonistas fueron Patricia Bullrich (LLA) y el peronista José Mayans, quien impugnó el procedimiento utilizado para conformar las comisiones, denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

“Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”, expresó José Mayans al abrir el debate sobre la conformación de las comisiones. “Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente”, advirtió el referente peronista.

José Mayans habla acompañado por Juliana Di Tullio (Fotos: Mario Mosca/Comunicación Senado)

El senador recordó antecedentes recientes de conflictos similares y criticó la falta de consenso; para impugnar, se ampara en que no hubo ninguna sesión en la que se solicitara la conformación de las comisiones: “Ayer llamaron a una reunión de emergencia, por ejemplo, hoy, y se salvaba todo esto. En una reunión de emergencia se podía haber hecho. Fue la propuesta que le hicimos, con todos los votos y con todos los que quieran consentir esto. Esto ya nos funcionó el año pasado. Ya el año pasado esa resolución nos sacó a nosotros un senador por comisión”.

Desde el bloque peronista, Martín Soria reforzó la postura de impugnación y rechazo al procedimiento: “Desde nuestro bloque no vamos a convalidar esta vulneración totalmente compulsiva y arbitraria del reglamento y de la Constitución que hoy están haciendo. Y que todos los argentinos tomen nota. Por eso no vamos a estar formando parte, seguramente, de esta integración y de esta convocatoria que es totalmente ilegal y viola el reglamento y la Constitución Nacional”.

u inhabilitaciónSe constiuyó la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en la que designaron a Patricia Bullrich como presidente, que en la imagen discute con Juliana Di Tullio

En respuesta a las acusaciones, Patricia Bullrich desestimó los argumentos y defendió la legalidad del proceso y la continuidad de las actividades parlamentarias: “Simplemente, Presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión. Muchas gracias”.

Tras ser elegida presidenta de la comisión, Bullrich anunció la convocatoria al debate de manera contundente, mientras Mayans (a su lado) gesticulaba y se quejaba en voz alta, pero sin el micrófono activado y gritó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“. Nada de eso le interesó a la senadora de LLA, que cerró la reunión: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.

En ese marco, el peronismo ratificó su decisión de no participar en las reuniones y de judicializar el proceso, argumentando que la ley en discusión carece de legitimidad desde su origen y que la conducción parlamentaria ha incurrido en graves irregularidades.

En el país de las corporaciones silenciosas —esas que casi nunca aparecen en la tapa de los diarios pero deciden más de lo que admiten— el Gobierno abrió una de las discusiones más profundas de los últimos años: la eliminación de la matriculación obligatoria para profesionales. Abogados, escribanos, médicos, contadores… todos atravesados por un sistema que, lejos de mejorar la calidad del ejercicio, terminó convirtiéndose en un peaje institucionalizado.

Desde Análisis Litoral venimos señalando hace tiempo que esta reforma no solo es necesaria: es de sentido común. Y que, a pesar de eso, muchos eligen no verla por conveniencia, silencio cómplice o defensa de privilegios.

La iniciativa —que, como era previsible, lleva la impronta de Federico Sturzenegger— propone algo elemental: que un profesional habilitado por una universidad pueda trabajar con su solo título, sin estar obligado a pagar tributos permanentes a un colegio profesional que, en la práctica, no le devuelve nada concreto. Hoy, en Argentina, tener un título no alcanza. Para ejercer se exige una matrícula periódica y, en muchos casos, el pago de bonos por cada trámite, acto jurídico o intervención profesional. El resultado es una red de cajas millonarias sostenidas por la obligación de aportar, no por la confianza ni por la utilidad real.

Lo llamativo es que, cuando se busca justificar ese esquema, las respuestas giran siempre en torno a frases como “garantizar derechos”, “cuidar la ética” o “proteger a la sociedad”. Consignas repetidas hasta el cansancio que se desarman cuando se observa cómo funcionan los colegios en la vida real y a quiénes terminan beneficiando.

El ejemplo más contundente fue la pandemia. Mientras miles de abogados reclamaban poder trabajar —literalmente, para no pasar hambre—, los propios Colegios de Abogados se presentaron en los expedientes judiciales en contra de sus matriculados, sosteniendo que no tenían legitimidad para defender su derecho al trabajo. Una escena surrealista pero real: la institución que debía representarlos terminó boicoteándolos. Esa contradicción deja al descubierto lo esencial: los colegios profesionales dejaron de ser órganos de representación y pasaron a funcionar como estructuras de poder.

El rol político de estas entidades es tan visible que sorprende que aún se intente negarlo. Autoridades colegiadas que luego buscan lugares en el Consejo de la Magistratura, dirigentes que saltan a listas legislativas, estructuras internas dominadas por sectores partidarios tradicionales. Lo que debería ser un ámbito de actualización técnica, debate profesional y defensa corporativa se transformó en una maquinaria de financiamiento político sostenida por matrículas obligatorias. Por eso no sorprende que figuras como Jimena de la Torre salgan a defender el statu quo con discursos sobre “garantizar derechos”: más que derechos, lo que se defiende es el control de las cajas.

El verdadero debate no pasa por eliminar colegios, sino por terminar con la afiliación forzada. La propuesta apunta a convertirlos en lo que siempre debieron ser: asociaciones voluntarias. El que quiera aportar, participar y sostener un colegio profesional, que lo haga. El que no, que pueda ejercer igual. Mientras el profesional tenga su título debidamente asentado en el organismo correspondiente —un consejo de educación, un registro oficial o el ministerio que regule la actividad— no existe razón objetiva para impedirle trabajar. El título habilitante debería ser suficiente; todo lo demás es carga adicional sobre la labor profesional.

Esa carga no es solo burocrática. Es económica y previsional. Las leyes provinciales de matrícula obligan, además, a aportar a cajas previsionales profesionales cerradas, sin posibilidad de elección. Allí también se juega una parte central del debate: la libertad del profesional para decidir dónde aportar para su jubilación. Hoy, muchos están atados a sistemas que exigen aportes elevados y, aun así, garantizan jubilaciones mínimas. Cuando se plantea la posibilidad de elegir, aparecen los sectores que viven “prendidos como sanguijuelas” de esas cajas, aferrados a un esquema que solo se sostiene por imposición legal. Cuando el aporte deja de ser obligatorio, muchos deberán salir a buscar legitimidad donde antes solo había obligación.

Por eso la resistencia es tan feroz. No es ideológica. Es económica. Es política. Es la reacción lógica de estructuras que nunca tuvieron que competir ni demostrar utilidad real. De allí surge la pregunta que desvela a muchos dirigentes colegiados: ¿cuántos matriculados quedarían si la inscripción dejara de ser obligatoria? La respuesta, probablemente, explique la urgencia por frenar el proyecto.

La eliminación de la matrícula obligatoria no es solo una reforma normativa. Es una reforma cultural. Termina con el monopolio histórico de sectores que sobrevivieron no por eficiencia ni representación, sino por obligación legal. En tiempos donde la sociedad exige menos castas, menos intermediarios y menos estructuras opacas, este debate es inevitable.

Desde Análisis Litoral sostenemos que permitir trabajar sin peajes corporativos es un acto básico de justicia. La reforma no elimina derechos, no destruye profesiones ni desprotege a nadie. Elimina privilegios. Y deja expuesto quiénes se beneficiaron durante décadas de un sistema cerrado, caro y profundamente desconectado de la realidad de los profesionales.

Es lógico que algunos griten.
Es saludable que, esta vez, no puedan frenar el debate.