El líder libertario de Argentina busca una reforma fiscal y laboral tras su victoria de mitad de mandato
El gobierno de Argentina ve el año 2026 como su “oportunidad de oro” para aprobar una importante reforma económica antes de las elecciones presidenciales del año siguiente, según el ministro encargado de implementar la agenda de desregulación “motosierra” del presidente Javier Milei. Milei, que ha dependido en gran medida de los poderes ejecutivos para recortar el gasto y la regulación, perdió docenas de votos en el Congreso en 2025 mientras la campaña para las elecciones intermedias de octubre desgastaba las alianzas entre su partido La Libertad Avanza y los partidos moderados. Pero tras haber más que duplicado su bloque parlamentario en dichas elecciones , el gobierno cree que ahora puede aprobar reformas laborales y tributarias, así como un nuevo código penal de línea dura.
Dichas reformas han sido resistidas durante mucho tiempo por la oposición peronista de izquierda del país, que obtuvo el 32% en las elecciones intermedias, en comparación con el 41% de la LLA. «Hay un nuevo clima político», declaró al Financial Times el ministro de desregulación, Federico Sturzenegger, autor de muchas de las reformas previstas. «El resto del sistema político mira al partido que obtuvo el 40%, lo que facilitará el trato con el Congreso». “Hay que centrarse en lograr resultados en 2026, porque 2027 ya es, de nuevo, año electoral”, añadió Sturzenegger, de 59 años, exdirector del banco central y considerado un partidario de la línea dura en el equipo de Milei . “El año que viene es la oportunidad de oro”.
En su primera prueba en el Congreso desde las elecciones intermedias, el gobierno obtuvo la semana pasada la aprobación de la Cámara Baja para su proyecto de ley de presupuesto para 2026. Sin embargo, no logró revertir los aumentos de gasto aprobados en el Congreso anterior, lo que sugiere que aún se requerirán intensas negociaciones para aprobar las reformas. El primer objetivo es el mercado laboral argentino , donde el número de empleos formales en el sector privado se ha mantenido prácticamente sin cambios durante 14 años. Aproximadamente la mitad de los trabajadores tienen empleo informal.
Las empresas culpan a los altos impuestos sobre la nómina, a los pagos de indemnización a veces descomunales y a los acuerdos salariales a nivel nacional entre sindicatos y cámaras empresariales que pueden invalidar las conversaciones a nivel de empresa. Tras haber más que duplicado su bloque en el Congreso en las elecciones intermedias de octubre, el gobierno de Milei cree que ahora puede aprobar reformas laborales y fiscales, así como un nuevo código penal de línea dura.
El proyecto de ley laboral reduciría las cuotas sindicales pagadas por quienes no son miembros, limitaría la discreción de los tribunales laborales en materia de indemnizaciones por despido y haría que las negociaciones salariales de las empresas prevalecieran sobre los acuerdos nacionales. También permitiría una jornada laboral de hasta 12 horas y limitaría el derecho de huelga al ampliar la categoría de empleos considerados esenciales. Sturzenegger afirmó que los cambios «corregirían la rigidez que ha expulsado a la gente del mercado laboral formal». Una mayor flexibilidad en las negociaciones salariales, argumentó, permitiría a las empresas más pequeñas y a las de las regiones más pobres contratar más personal e impulsar un aumento del 15% al 20% en los empleos formales.
Los críticos afirman que el proyecto de ley beneficiaría más a las empresas que a los trabajadores. El centro de investigaciones laborales de la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires lo calificó de “regresión” que reduciría los ya bajos salarios de los argentinos. También criticaron la medida de redirigir fondos de la seguridad social argentina a un nuevo fondo que ayuda a las empresas a realizar los pagos de indemnizaciones. Los opositores de Milei también señalan que sus medidas para recortar el gasto público y eliminar las barreras comerciales proteccionistas han perjudicado hasta la fecha el empleo formal.
El país tiene 280.000 empleos formales menos que cuando asumió el cargo, según un análisis de datos gubernamentales realizado por el centro de estudios de izquierda CEPA. El gobierno dice que los sectores exportadores de rápido crecimiento, incluidos la minería, la energía, la agroindustria y la tecnología, se expandirán para llenar el vacío, aunque actualmente representan sólo el 14 por ciento del empleo, en comparación con el 19 por ciento en la manufactura. “Si logramos pasar de una economía que exporta e importa el 10% del PIB a una que exporta e importa el 30% del PIB, el aumento del nivel de vida será inconmensurable”, afirmó Sturzenegger. “Si el gobierno mantiene esta trayectoria, puede lograrse en una generación”.
Es probable que el proyecto de ley laboral se debata en el Congreso a partir de febrero. LLA es actualmente el partido con mayor representación en la Cámara Baja, con 95 de los 257 escaños.
