Litoral

Por: Luis Edgardo Jakimchuk

Bajo el discurso de la eficiencia, la equidad y la transparencia, el intendente Francisco Azcué expone un corrimiento político cada vez más explícito hacia la lógica libertaria, con un presupuesto municipal que consolida el ajuste, debilita lo social y traslada a Concordia las consecuencias del modelo económico nacional. Ingresos dependientes de la coparticipación, salarios atados a una inflación irreal, recortes en políticas sociales y promesas de inversión sujetas a deuda y condicionamientos financieros conforman un esquema donde el relato de la planificación choca con una realidad de desigualdad persistente. Entre números, narrativas y silencios, el presupuesto deja al descubierto no solo una forma de administrar, sino una concepción de Estado que desprecia el diálogo, los consensos y la ciudadanía como sujeto político.

En las últimas intervenciones públicas, el intendente Francisco Azcué exhibe, sin rodeos, un corrimiento político hacia perfiles esquizofrénicos libertarios y más crueles de lo que prometía en campaña. Utiliza a menudo los conceptos de eficiencia, equidad, transparencia y racionalidad. No obstante, estos criterios, tan frecuentemente utilizados, se han vuelto ambiguos. De tal manera que se prestan a múltiples interpretaciones.

La eficiencia y eficacia en el contexto de la gobernanza se traducen en la capacidad de escuchar y asistir con efectividad las demandas ciudadanas, garantizando una adecuada dirección y respuesta a intereses colectivos aceptables y, por lo tanto, desde ese punto de vista resulta ser un problema si no hay diálogos y consensos.

En una Concordia tan desigual, lo que ha mostrado hasta ahora el intendente es que desprecia el diálogo y los consensos políticos. Lejos de matizar, usa el escenario del “duro”, del “disruptivo”, del “planificador”. Hay un deseo permanente de “demostrar” una mentalidad innovadora en materia de liderazgo político. No demostró nada. Solo muestra narcisismo, megalomanía. Un simple charanguero de la lógica libertaria que cree que la política no crea orden sino que lo perturba. Qué lejos está del ethos de la UCR que dice representar.

Hay que prestar mucha atención al principio ordenador cuando plantea eficiencia, eficacia, equidad y transparencia. La planificación, que es un sistema de decisiones, se plasma en el presupuesto aprobado. Pero lo más interesante es observar las construcciones narrativas que acompañan a la planificación.

No se puede hablar del presupuesto sin hablar previamente del proceso de planificación. La planificación permite modelar un futuro deseado mediante la definición de objetivos. Eso tiene un costo y esos costos son la base de los recursos que se habrán de adquirir o generar para asignar a las responsabilidades del Estado.

Del lenguaje a los hechos

Los ingresos municipales estimados son 124 mil millones, es decir, de cada 100 pesos que ingresarían, 57 pesos son de origen coparticipable: provincia y Nación. Solo 37 pesos son propios. La estimación se basó en lo que proyectan Frigerio y Milei. Recordemos que los ingresos del año pasado, en la Nación y la provincia, fueron los peores de los últimos años y es de esperar que este año sigan en baja sin una recuperación genuina del consumo y la actividad productiva.

El equilibrio fiscal, que tanto defiende con fanatismo Azcué, seguirá dependiendo exclusivamente de la poda sobre la seguridad social, los servicios públicos y de los ingresos coparticipables, que tuvieron una mayor caída que los no coparticipables el año pasado, según informó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Por esa razón, el intendente dice que estima con prudencia los ingresos. Esa prudencia del intendente, que no lo dice, es por la transferencia de recursos a los más ricos. El año pasado el Estado perdió recursos por 2,5 billones de pesos. Desde que asumió Milei se acumula un desfinanciamiento de 12 billones de pesos. Esto inevitablemente se traslada a recortar recursos para los más postergados en las provincias y los municipios. El apoyo a la política económica libertaria le vuelve, otro año más, a dar una bofetada a la fantasía de «atacar la estigmatización de la pobreza de nuestra ciudad». Una de las tantas chantadas electorales de Frigerio-Azcué.

“Las rodillas gastadas” del intendente y del gobernador, apoyando leyes que los desfinancian, encuentran la salida: el mercado de deuda, el costo que hunde cada vez más el futuro de los entrerrianos y concordienses en particular. De esto el gobernador Frigerio ha dejado una huella indeleble en la gestión Macri.

Discurso, por un lado; realidad, por otro. Ilusiones y promesas

Al observar la estructura y composición del gasto público, se destina la mitad de todos los ingresos anuales a sueldos del trabajador. Azcué lo proyecta en base al 10,1 % de inflación anual estimado por el presupuesto nacional 2026, un número que da risa. Mientras el trabajador siente que sus ingresos pierden contra la inflación, el intendente se fija como objetivo que “no pierdan el poder adquisitivo”, pero, a renglón seguido, aclara que está sujeto a la evolución de la recaudación y a las posibilidades financieras, no constituyendo de ninguna manera una obligación de otorgar los aumentos. Lo que dice, con música de bandoneón, es: no se ilusionen, trabajadores. En tanto, la discusión de la pérdida del salario tras dos años de su gestión va a parar al arcón del olvido.

La planta de empleados municipales está compuesta por 1.910 empleados de planta; 585 contratados con aportes; 184 sin aportes y 173 funcionarios (muchos que no funcionan). Si miramos la relación empleados/habitantes para cumplir con todos los servicios, es baja. El intendente dispone de un asesor en Buenos Aires, ¿qué aporta a la comunidad? Este rubro del gasto público es lo que demoniza Azcué. Los trabajadores despedidos serían el origen de todos los males del Estado municipal: un promedio de 600 mil pesos de paga por cada uno, un número casi insignificante si medimos el costo social de 140 familias a la deriva.

El mal no es otro que el modelo que él apoya, que estanca, que funde pymes y comercios, que despide trabajadores y profundiza la pobreza y la marginación estructural.

El Ejecutivo municipal sostiene que va mejorando la distribución de los recursos fortaleciendo los gastos en inversiones productivas, mejorando los servicios públicos, proyectando para eso el 15 %  del presupuesto (18.850 millones de pesos), de lo cual está previsto que el 70 % correspondan a recursos propios. Pero remarca el Ejecutivo que dicha promesa está condicionada a si recauda más y consigue financiamiento. TODO ES POTENCIAL, TODO ES CONDICIONAL, NADA ES UN COMPROMISO REAL. También promete que está buscando diversas fuentes de financiación (deuda) para infraestructura productiva. Sorprende ese término porque lo productivo no está en su lenguaje, ni lo social.

En el rubro de Bienes y Servicios No Personales, que representa el 20,97 % del presupuesto, 26 mil millones de pesos. Para estimar este monto se proyectó en base a lo presupuestado en 2025. Este rubro engloba, entre tantos gastos, combustibles, medicamentos, alimentos, servicios de limpieza y todos los gastos para el funcionamiento del Estado. Si nos atenemos a lo que el intendente pregona permanentemente —transparencia, eficiencia y eficacia—, sería interesante que especifique cuánto destina para los sectores más vulnerables: cuánto de ayuda dineraria para la infancia, cuánto es el monto que se paga a las cooperativas de trabajo, cuánto para atender el funcionamiento del Estado.

Vale recordar que en el presupuesto 2025 se destinó para la ayuda alimentaria a los pobres e indigentes, medidos por el INDEC: 260 pesos por día. Vergüenza total.

Con el argumento de la “eficiencia y transparencia”, mientras desfinanciaba comedores y programas sociales y además reducía personal por falta de recursos, Azcué firmó un convenio hasta junio de 2026 por más de 54 millones de pesos con una “franquicia solidaria” de la Fundación Maximiliano Kolbe, presidida por Stella Maris Micucci, esposa del funcionario de Desarrollo Humano, Roberto Niez. La Fundación mencionada una entidad dirigida por el pediatra Abel Albino, célebre por su pertenencia al Opus Dei y sus polémicas afirmaciones sobre salud sexual y pobreza. El convenio tiene como fin realizar un relevamiento social-nutricional dirigido a niños y embarazadas. Hasta ahora no se transparentaron los resultados parciales del relevamiento ni cómo es utilizado ese dinero de las arcas municipales.

Hay que decir, además, que no llama la atención ni escandaliza lo suficiente cuando habla con total cinismo de la participación de los vecinos y del presupuesto participativo, instrumento que permite al ciudadano participar activamente en la toma de decisiones, elaboración, gestión y control del presupuesto. Esto ayuda a “la asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos”, lo titula el intendente Azcué, sin embargo, destina el 0,24 % al presupuesto participativo, lo que significa 30 millones de pesos anuales, es decir que si realmente participan los vecinos de los 100 barrios, son 25 mil pesos por mes y por barrio. Según Azcué, esto avanza en reducir la brecha territorial, mejorando la calidad de vida con un criterio de equidad y sostenibilidad. Da un poquito de vergüenza cómo lo anuncia.

No hay dudas sobre la legitimidad de origen del intendente, pero la democracia no se agota en el acto electoral. El voto es condición necesaria, aunque nunca suficiente, para garantizar políticas públicas que no profundicen desigualdades ni consoliden retrocesos sociales. La experiencia histórica demuestra que también desde gobiernos formalmente legítimos pueden desplegarse procesos de regresión económica, social y democrática.

El intendente no es el único ordenador de la vida colectiva. La sociedad no funciona como un software que se actualiza por decreto ni como una planilla de Excel que se ajusta con tijera. Gobernar implica diálogo, construcción de consensos y reconocimiento de la ciudadanía como sujeto político activo, no como una variable de costo. Naturalizar el relato de la eficiencia sin discutir sus consecuencias reales es una forma de convalidar un modelo que traslada el ajuste a quienes menos tienen.

En Concordia, cada vez más vecinos y militantes comienzan a interpelar el contenido real de la gestión libertaria local, que se presenta como el camino hacia “una ciudad normal, con parámetros normales”. Frente a ese discurso, la tarea política y ciudadana es seguir de cerca no solo la planificación presupuestaria, sino también su ejecución concreta: qué se cumple, qué se posterga y qué directamente se abandona.

Este informe es apenas una primera aproximación. En una segunda parte, que se publicará próximamente, seguiremos analizando en detalle la ejecución de los fondos municipales de la gestión libertaria, el destino real de las partidas sociales y productivas, el impacto del endeudamiento proyectado y las herramientas institucionales —como la banca del pueblo— que distintos sectores evalúan utilizar para visibilizar las urgencias económicas y sociales que el relato oficial intenta minimizar.

° Ex presidente del Concejo Deliberante en dos gestiones municipales. Ex diputado provincial.