Este martes de mañana se llevó a cabo una asamblea, en la planta baja del palacio comunal. El reclamo estuvo centrado en el cese de contratos en distintas áreas del municipio de Concordia.
La asamblea fue convocada por la seccional Concordia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), aunque cuando comenzó el reclamo, poco después de las 10 de la mañana, se pudo ver a representantes de otros sindicatos.
Al frente del reclamo estaban los dirigentes locales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Pedro Pérez y Cristian Selva. Luego de una breve reunión en la planta baja del municipio, intentaron subir al primer piso, con la intención de llegar hasta el despacho del intendente Francisco Azcué.
Pedro Pérez dialoga con la directora de Ceremonial y Protocolo.
Fue allí donde entró en acción un cordón de seguridad integrado por efectivos policiales y efectivos de la Seguridad Urbana. La prohibición de paso generó un momento de tensión, lo que derivó en cánticos en contra del intendente Azcué.
Luego de algunos minutos, se hizo presente en la planta baja la directora de Ceremonial y Protocolo, Fátima Arce, quien transmitió la decisión del intendente de recibir a un grupo de los manifestantes. Finalmente, ascendieron los mencionados y un dirigente de otro gremio.
Pese a que el máximo tribunal tiene previsto reunirse a las 16, dos magistrados se adelantaron y enviaron sus decisiones a la Secretaría Penal
La ex presidenta Cristina Kirchner encabezó una reunión en la sede del PJ en medio de la expectativa por la decisión de la Corte Suprema en la causa Vialidad. De confirmarse este fallo, la ex presidenta será condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El máximo tribunal tiene previsto reunirse a las 16 para adoptar una decisión sobre el caso. Sin embargo, dos de sus integrantes, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, ya emitieron su voto.
Cristina Kirchner continúa en la sede del PJ y la militancia comenzó a reunirse en la calle. También hay amenaza de varios gremios de convocar a medidas de fuerza por tiempo indeterminado.
La verdad es una sola: el aeropuerto Pierrestegui, tal como está planteado, es un fracaso anunciado. Por más entusiasmo que le pongan los intendentes de Concordia, Federación o Colón, ningún turista va a volar desde Buenos Aires —a cuatro horas en auto— o desde Rosario —a la misma distancia— para visitar una zona que, si bien tiene encanto, no ofrece ni la masividad ni la necesidad que justifique una línea aérea regular.
¿Quién va a usar este aeropuerto? ¿Quién va a llenar esos vuelos? ¿Alguien hizo un estudio de mercado real o solo se guiaron por la ilusión de aparecer en una feria turística?
El turismo que recibe la región de Salto Grande no alcanza para sostener una heladería abierta todo el año, mucho menos una terminal aérea con personal, seguridad, mantenimiento, bomberos y vuelos que, si llegan a operar, serán a pérdida desde el primer día. Y ya sabemos cómo termina eso: con subsidios estatales, déficit y abandono.
Lo más grave es que el crédito del BID se otorgó para desarrollar un aeropuerto de cargas, no un capricho turístico. Se pensó para facilitar exportaciones, mejorar la logística de la producción local y conectar al Litoral con el mundo. Pero los gestores del proyecto lo convirtieron en una obra para “recibir turistas”, una idea tan desconectada de la realidad como costosa para el país.
La región tiene potencial exportador. Cítricos, miel, vinos, arándanos, madera, arroz, productos agroindustriales… todo eso necesita una terminal de carga eficiente, no una pista de aterrizaje para selfies institucionales.
El aeropuerto debería ser una herramienta para producir, no un decorado turístico para justificar más discursos vacíos. Hay que reformular el proyecto urgente. Recuperar el rumbo. Convertir Pierrestegui en un verdadero hub de carga regional, como corresponde. Si no, será una nueva postal del despilfarro nacional: otra pista vacía, otra terminal sin vuelos, otro monumento al fracaso planificado.
El gobierno provincial promueve créditos del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinados a monotributistas vinculados a economías regionales. Desde que el Ministerio de Desarrollo Económico, se informó que ya suman cerca de un centenar los pequeños productores y emprendedores que completaron formularios; y que más de la mitad pasaron a la instancia de evaluación siguiente, que es revisada desde el Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer).
Los últimos dos encuentros de promoción de la iniciativa fueron en María Grande y Cerrito, con la presencia de los intendentes Héctor Solari y Ulises Tomassi, respectivamente. Se sumaron las presidentas comunales de Estación Sosa, Gloria Vittor, y María Grande II, Patricia Romero. Participaron, en representación del gobierno provincial, la coordinadora de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, Valeria Mosetich, junto al equipo técnico integrado por Belén Niz y Luciana Danielli. Asimismo, participó Germán Schönfeld por parte de la Dirección de Agricultura.
Los productores interesados están ligados a ganadería, apicultura, avicultura, huerta y vivero; como también prestadores de servicios agropecuarios, emprendedores en textiles, cuero y metal. En el marco de ambas reuniones, también se difundieron otras herramientas para el sector que ofrece la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, como el programa Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE), y diversas líneas de beneficios, exenciones, capacitaciones, asesoramiento técnico y financiamiento.
La línea de créditos para monotributistas, que funciona en el marco de la línea de Reactivación Productiva del CFI, está destinada a pequeños productores agropecuarios dedicados a economías regionales y financia hasta cinco millones de pesos en inversiones productivas. Ofrece una tasa de interés bonificada y un plazo de amortización hasta 48 meses, con 6 meses de gracia. Cuenta con la evaluación y aval del Fogaer. Además, el CFI ofrece otras líneas de crédito que permiten solicitar montos mayores. Estas herramientas crediticias están diferenciadas por temática y sector: mujeres productoras, desarrollo de prácticas sustentables, prefinanciación de exportaciones. Se pueden destinar a inversión productiva como maquinarias, construcciones, equipamiento, modernización y capital de trabajo.
Los canales de comunicación para consultas sobre los créditos para monotributistas y las otras herramientas son el teléfono (0343) 4840710 y el correo electrónico desarrollorural.er@gmail.com. Para información sobre las líneas crediticias del CFI, también se puede contactar con la Secretaría Desarrollo Productivo y Emprendedor, al teléfono (0343) 4840964, o consultar su Ventanilla Única de Financiamiento: https://www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/ventanilla_unica.php
En un nuevo acuerdo de cooperación institucional, la Representación del Gobierno de Entre Ríos en CABA firmó un convenio con la empresa de transporte Rápido-Tata para ofrecer un descuento del 25% en pasajes entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Entre Ríos.
El acuerdo fue rubricado por José Moulia, representante del Gobierno de Entre Ríos, y por Gabriel Fernández, apoderado de la empresa.
El beneficio alcanza a grupos específicos: ciudadanos entrerrianos con domicilio en la provincia que acrediten su residencia mediante DNI; empleados de la Casa de Entre Ríos que vivan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sean originarios de la provincia
El descuento podrá tramitarse de distintas formas: en ventanilla (Terminal de Ómnibus de Retiro), mediante una base de datos compartida entre las instituciones o a través de un código de venta exclusivo operado por la agencia ENI, dependiente de la Casa de Entre Ríos.
Este convenio busca fortalecer los lazos entre la provincia y su comunidad residente en la capital del país, al tiempo que brinda un respaldo concreto a quienes necesitan viajar por motivos personales, laborales o de salud.
La ciclógenesis volvería a hacerse presente en Argentina en la semana venidera, donde especialistas confirmaron qué efectos tendría en Entre Ríos.
Una ciclogénesis, es decir, la formación de un sistema de baja presión en superficie, se está gestando hacia el este de Argentina y tendría sus respectivos efectos en Entre Ríos. Este fenómeno atmosférico puede desencadenar lluvias y tormentas de variada intensidad, y se espera que tenga su mayor impacto entre el viernes 13 y el sábado 14 de junio.
Las condiciones meteorológicas ya muestran signos de cambio, con un marcado aumento de la humedad y la nubosidad. El evento es particularmente significativo porque marcará el regreso de las precipitaciones tras un período relativamente seco en gran parte del centro y noreste del país.
Las proyecciones actuales, elaboradas por organismos meteorológicos nacionales, indican que los valores acumulados de lluvia podrían oscilar entre los 25 y 50 milímetros en zonas como Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. En áreas puntuales, especialmente en el noreste bonaerense, no se descartan tormentas intensas con ráfagas de viento, indicó Meteored.
Ciclogénesis: ventajas y desventajas
Aunque estos sistemas pueden resultar peligrosos, su aparición no siempre es negativa. La ciclogénesis prevista podría traer un alivio hídrico importante, especialmente para regiones que venían registrando déficits de lluvias durante el otoño. La humedad es clave para mejorar las condiciones de los suelos y favorecer cultivos de invierno como el trigo.
Sin embargo, el rápido desarrollo de estas bajas presiones también puede estar asociado a tormentas eléctricas, granizo y ráfagas que superen los 60 km/h.
Por este motivo, se insiste en la necesidad de tomar precauciones y evitar circular por zonas descubiertas durante el pico del evento.
La lista encabezada por Sebastián Macías, del oficialista Frente Renovador de la Concordia, obtuvo el 28,6 por ciento de los votos. La Libertad Avanza quedó en segundo lugar, con el 21,9 por ciento. Sólo fue a votar el 57 por ciento del padrón.
El Frente Renovador de la Concordia se impuso en las urnas: ratificó su hegemonía de más de 26 años en Misiones con el 28, 6 % de los votos en una elección marcada por dos factores clave: la baja participación y la dispersión de la oferta electoral. La Libertad Avanza compitió por primera vez con sello propio y se consolidó como segunda fuerza provincial. El tercer lugar fue para el expolicía Ramón Amarilla —detenido por sedición, que logró una banca desde la Unidad Penal VIII de Cerro Azul— y detrás quedó el Partido Agrario y Social (PAyS). Pero el dato más elocuente no estuvo en los porcentajes sino en la desafección: la participación apenas alcanzó el 57 %, con un piso histórico del 51 % en San Pedro, una de las zonas más golpeadas por la desregulación del sector yerbatero. La carga de datos se detuvo por largo en el 45% y hubo denuncias de la oposición de manipulación.
Si bien el rovirismo celebró el triunfo anunciando que “la Renovación se posiciona nuevamente como la fuerza más elegida en la provincia de Misiones” con el 45 % de las mesas escrutadas, en el centro de campaña el clima no fue de festejo. Una conferencia de prensa, muy entrada la noche, reemplazó a los tradicionales actos de celebración. “Los misioneros ya estamos acostumbrados a hacer oir nuestra voz, una voz tierna, manza pero determinante, que muchas veces no se escucha pero resuena en todo el país”, dijo Rovira desde el escenario triunfante, como en tantos otros turnos electorales desde hace más de 20 años en Misiones.
En el búnker de La Libertad Avanza no hubo representantes del Gobierno nacional, pero sí mensajes de denuncia. El candidato Diego Hartfield publicó en su cuenta de X: “Las planillas que vimos nos dan muy competitivos en todas las ciudades grandes”, y reclamó la publicación de los datos completos. Adrián Núñez, presidente del partido en la provincia, fue aún más tajante: “El resultado no está cerrado y vamos hacia una definición que va a marcar un giro histórico en la provincia”. Para los libertarios misioneros el resultado final confirmará protagonismo en los grandes centros urbanos. Desde la UCR, los reclamos por irregularidades habían comenzado más temprano. Ariel Pianesi, presidente del bloque de diputados radicales, denunció que en muchas escuelas no se permitió el ingreso de fiscales para el conteo de votos y cuestionó que se sigan repitiendo “las mismas mañas, propias de un sistema electoral arcaico”.
Los mismos de siempre
“Aquí siempre son los mismos”, resumió un remisero de la terminal de ómnibus en diálogo con este diario. No pensaba ir a votar. No se sintió interpelado ni por los intentos de renovación dentro del oficialismo —que impulsó candidaturas jóvenes como la del titular de Vialidad, Sebastián Macías, bajo el sello “Renovación Neo”— ni por la alianza con referentes mileístas que se integraron bajo la etiqueta de “Renovación Blend”. La participación fue la más baja en años, por debajo del 71,1 % registrado en 2023 y del 59,9 % de la salida de la pandemia en 2021. Ni siquiera el leve crecimiento del padrón —que aumentó un 2,23 % y superó por primera vez el millón de electores— logró revertir la tendencia al ausentismo.
“El ausentismo es apatía traducida en ausencias”, sintetizó el exgobernador Maurice Closs, quien interpretó el resultado como un mensaje para todo el arco político, en sintonía con lo que ocurre en otras provincias del país. Según datos de la Policía provincial, el mayor porcentaje de participación se dio en la zona céntrica de Posadas, con un 61 %, mientras que en municipios del interior los números fueron más bajos: Apóstoles marcó un 53,3 %, San Pedro 51 % y Aristóbulo del Valle un porcentaje similar. En esas regiones viven pequeños productores agropecuarios que son el corazón económico de la provincia. Cultivan yerba mate, té y tabaco, y muchos de ellos fueron golpeados por el DNU 70/23, que le quitó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de fijar precios de referencia. Hace apenas unos días, Martín Menem y Karina Milei fueron increpados por productores en Oberá, centro cooperativista y económico del agro misionero. “Nos duele —admitió un funcionario provincial— porque intentamos explicar la problemática y el vínculo con el Gobierno nacional”.
La baja participación en esos territorios expone que el votante no distingue con precisión la política nacional de la provincial y castiga por igual no yendo a votar.El plan del gobernador Hugo Mario Passalacqua empieza a mostrar fisuras: la estrategia de mostrarse leal al gobierno de Javier Milei, incluso cuando la motosierra recorta de lleno en su provincia, genera tensiones internas y desconcierto en parte de su electorado. Si bien Misiones fue, hasta mayo de 2025, la provincia que más fondos recibió por Aportes del Tesoro Nacional (ATN), los recortes en otras áreas son significativos. Según estimaciones del Consejo Federal de Inversiones (CFI), la provincia perderá este año unos 73 mil millones de pesos por caída en los fondos de coparticipación. El doble discurso entre el ajuste nacional y el relato local de defensa de la gestión comienza a resquebrajarse.
Los libertarios blue
“Los libertarios se metieron en todas las listas”, murmuraban por lo bajo en el centro de campaña oficialista. La afirmación no exagerada. En Misiones distintas listas intentaron apropiarse del sello violeta que Javier Milei consolidó en 2023, cuando obtuvo más del 42 % en primera vuelta y el 56,7 % en el balotaje. Con astucia, el oficialismo a cargo de la impresión de las boletas las entregó en blanco y negro. El Frente Renovador de la Concordia incorporó figuras afines al oficialismo nacional, el Partido Libertario presentó una lista encabezada por Martín Arjol —uno de los “radicales con peluca” expulsados de la UCR— y el Partido Por la Vida y los Valores postuló a Ramón Amarilla, quien, pese a estar detenido, logró una banca. Fuentes de LLA aseguraban, con malicia, que si se unificaran todas las expresiones libertarias, superarían al oficialismo por más de cinco puntos.
A esa fragmentación se sumó la polémica de la jornada: la confusión sobre si las fuerzas de seguridad estaban habilitadas para votar o no que generó tensiones en distintas localidades. Una decisión del Tribunal Electoral provincial había excluido del padrón a más de 16 mil efectivos —alrededor del 1,5 % del electorado—, impidiéndoles votar en los comicios. La medida fue duramente cuestionada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien denunció la situación en sus redes sociales con una frase provocadora: “¡El mundo del revés! En Misiones pueden votar los presos y los extranjeros, pero no los gendarmes ni los policías”. Su posteo desató una reacción institucional: el Procurador General presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, que intervino de inmediato y dejó sin efecto la restricción. Finalmente, se garantizó el derecho a voto de los efectivos.
En estas elecciones, el peronismo misionero no compitió con lista propia. El PJ local continúa intervenido por decisión de la conducción nacional, y resolvió respaldar al frente “Confluencia Electoral por la Patria”, que lleva como principal candidata a Mónica Gurina, dirigente docente y referente de la CTA Autónoma en la provincia.
El oficialismo apeló a reforzar el llamado a las urnas desde temprano. Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua sufragaron en escuelas públicas y destacaron el valor del voto como un derecho y una obligación. “Tenemos un menú muy bueno y amplio de candidatos”, señaló Passalacqua, en un intento por reforzar la legitimidad del proceso.
Durante la jornada electoral, los misioneros eligieron 20 diputados provinciales titulares y siete suplentes, renovando la mitad de la Cámara de Representantes. Además, diez municipios votaron concejales y en Oberá se eligió al defensor del pueblo. Hubo 457 centros de votación y 2.935 mesas distribuidas en toda la provincia. La jornada transcurrió con normalidad, pero deja al descubierto una provincia con nuevos actores, viejos fantasmas y una ciudadanía cada vez más distante de las urnas.
La ex presidente habló en la sede del PJ Nacional ante dirigentes y militantes que se reunieron ante un inminente fallo del máximo tribunal en la causa Vialidad, que significaría tener que cumplir con prisión domiciliaria y no poder competir en las elecciones. Además, con Kicillof presente, envió un mensaje a la interna: “Ya sabemos qué pasa cuando hay gente que llega por procesos colectivos y se asume en nombre de proyectos personales”
La ex presidenta Cristina Kirchner participó este lunes en la histórica sede del Partido Justicialista junto a dirigentes, sindicalistas, artistas, diputados y senadores de un acto en conmemoración de los 69 años de los fusilamientos de José León Suárez. La imágen que se buscó era mostrar unidad en el marco del posible fallo de la Corte Suprema por la causa vialidad.
La sorpresa de la jornada se dio tras la confirmación de la participación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien en un principio no iba a estar presente y finalmente terminó asistiendo a la cumbre.
Parte de la militancia espera en las afueras de la sede del PJ (RS Fotos)
Durante su discurso, la ex mandataria apuntó contra el Gobierno de Javier Milei, criticó a la Corte Suprema de Justicia y volvió a enviar un mensaje a la interna peronista, en el marco del llamado de unidad que hizo hace algunos días.La militancia en las inmediaciones de la sede del PJ (RS Fotos)
Hubo una participación variada, con dirigentes que apoyan a los gobernadores, referentes vinculados al massismo, intendentes de la provincia de Buenos Aires y diversos grupos de la coalición Unión por la Patria.
El Gobierno de Entre Ríos, a través de instrucciones del gobernador Rogelio Frigerio a la Fiscalía de Estado, promovió dos demandas contra la Nación, por casi 1.000 millones de dólares, una suma que no registra precedentes en la historia entrerriana y convierte a Entre Ríos en una de las jurisdicciones que más reclama al Estado Nacional.
Ambos juicios se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se tratan de la demanda contra Anses y el reclamo histórico por los incumplimientos a las obligaciones asumidas por al Estado Nacional a raíz de la Construcción de la Represa de Salto Grande. Esta semana, la Fiscalía de Estado amplió la demanda y precisó que la suma retroactiva reclamada asciende a 724 millones de dólares.
Juicio con Anses
El primer juicio contra Anses es por la falta de cumplimiento de los Pactos Fiscales de 2017.
El objeto de la demanda es que se condene a la demandada al pago de las sumas de dinero resultantes de las diferencias adeudadas derivadas de la obligación de asistencia financiera nacional a los regímenes previsionales no transferidos a la Nación, los cuales están regidos en el Consenso Fiscal de 2017, y aprobado por ley nacional y provincial.
La deuda, que ascendía estimativamente a la suma total de más de 154 mil millones de pesos ($154.606.298.614,49), al momento de interponer la demanda ya supera los 200 mil millones de pesos, si se la actualiza conforme criterios jurisprudenciales.
Las diferencias reclamadas derivan de los siguientes conceptos: 1) Desde 2017 a la fecha: diferencias resultantes de la revisión de la tasa de contribución patronal utilizada para la determinación del déficit anual (en Entre Ríos es ponderada con un valor del 16%, en lugar de la tasa reducida que rige para dicho concepto para las cajas transferidas), con más intereses. 2) Desde 2020 a la fecha: a) diferencias entre lo devengado y lo efectivamente transferido a la Caja Provincial por la obligación de asistencia financiera referida, resultantes de la actualización de la base de cálculo para el pago de anticipos provisorios posteriores (determinación del déficit definitivo del año inmediato anterior), b) actualización de dichos importes en virtud del índice de movilidad del SIPA, c) pago tempestivo de dichas erogaciones, sin atrasos y sin dilaciones administrativas arbitrarias, d) todo ello con más intereses.
El juicio por los excedentes de Salto Grande
La segunda demanda planteada persigue el cabal cumplimiento del Pacto Intrafederal rubricado a través del Acta Acuerdo en 1998 que dispone, con un sentido reparatorio, que los excedentes de la explotación de la Represa Salto Grande, una vez deducidos los gastos de operación y mantenimiento, se deben distribuir entre las provincias afectadas por la construcción de la represa, estableciendo la conformación del Fondo Especial de Salto Grande.
Ese juicio se basa en el hecho que la Nación Argentina modificó unilateralmente ese acuerdo por disposiciones de la Secretaría de Energía, disminuyendo ostensiblemente el flujo de excedentes destinados a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Puntualmente, se solicitó que con relación a Entre Ríos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare la inconstitucionalidad de las Resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que directa o indirectamente, menoscaban los derechos de la provincia sobre todo si resultan dictadas por el Gobierno Nacional en forma unilateral, inconsulta y discrecional, ya que regulan a la baja el precio de la energía de Salto Grande, y que reducen deliberadamente los excedentes, afectando el equilibrio económico reparatorio previsto por el pacto en beneficio del Gobierno Nacional y en perjuicio de las provincias contratantes.
Esta semana, el gobernador Rogelio Frigerio y el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, firmaron la ampliación de la demanda y precisaron la suma reclamada en 724 millones de dólares.
El gobernador encabezó un encuentro del Foro de Intendentes y Concejales con el objetivo de consolidar la articulación entre gobiernos locales y Ejecutivo.
Este sábado, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó en Crespo un encuentro del Foro de Intendentes y Concejales de Juntos por Entre Ríos, con el objetivo de seguir consolidando el trabajo conjunto y la articulación permanente entre los gobiernos locales y el Ejecutivo provincial.
La jornada tuvo como sede principal la Asociación Civil Crespo, donde sesionó el Foro de Intendentes, presidido por el intendente de Concordia, Francisco Azcue, con la participación de más de 25 presidentes municipales de distintos puntos de la provincia. En paralelo, en el Instituto Comercial de la ciudad, se reunió el Foro de Concejales, encabezado por Beltrán Cepeda, con la presencia de más de 60 ediles. El gobernador fue recibido por el intendente anfitrión, Marcelo Cerutti.
Durante el encuentro, Frigerio agradeció la hospitalidad de la ciudad de Crespo y destacó el esfuerzo de intendentes y concejales que se trasladaron desde distintos departamentos para participar de la convocatoria. Al referirse a la coyuntura actual, el mandatario sostuvo: “Seguimos gestionando con enorme compromiso y transparencia, sin plata”. Y añadió: “Estamos atravesando un año muy duro, muy complicado desde el punto de vista de los ingresos, pero no vamos a aumentar impuestos. Eso no va a volver a pasar más en nuestra provincia”. En ese marco, remarcó que “todos los impuestos provinciales están creciendo por debajo de la inflación o cayendo en términos relativos, como corresponde para impulsar el sector privado y generar empleo de calidad, que es lo que nos va a sacar adelante”.
Por su parte, Francisco Azcue resaltó el valor de estos espacios de trabajo como “una herramienta que nos permite ser más eficientes, porque también es un nexo directo con el gobierno provincial”. Subrayó que durante la jornada se abordaron temas de gestión municipal, así como políticas públicas provinciales vinculadas al desarrollo social, programas de salud, deporte, producción y articulación territorial. “Se requiere un análisis profundo y una actuación coordinada”, afirmó.
En cuanto a la obra pública, Frigerio defendió la búsqueda de mayor participación del sector privado en proyectos de infraestructura, pero aclaró que “allí donde no existe un claro incentivo para la inversión privada, la obra pública en manos del Estado es insustituible”.
A lo largo de ambas reuniones, el eje común fue la necesidad de optimizar el trabajo articulado entre la provincia y los municipios. Los intendentes y concejales expresaron un firme respaldo a las decisiones adoptadas por el gobernador y coincidieron en la importancia de sostener la transformación cultural en la gestión pública.
La militancia en las inmediaciones de la sede del PJ (RS Fotos)
