Sergio Urribarri y Cardona Herreros, a juicio en la causa por coimas

5 junio, 2025 por Redacción

El juez Julián Vergara definió que el ex gobernador Sergio Urribarri, el empresario Cardona Herreros y seis exfuncionarios afronten el juicio por coimas.

El juez Julián Vergara definió que el ex gobernador Sergio Urribarri, el empresario Cardona Herreros y seis exfuncionarios afronten el juicio por coimas. Este jueves, con alguna demora, se realizó la audiencia en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA). Allí el juez de Garantías, Julián Vergara, resolvió elevar a juicio el legajo que involucra tanto a Urribarri como al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamientos Catastrales S.A.

Acusación contra Sergio Urribarri y Cardona Herreros

La acusación sostiene que Urribarri, “en su calidad de Ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”.

Además de Urribarri, los otros ex funcionarios imputados fueron Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Laporte, secretario Legal y Técnico; Alfonso Luis Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; el exministro de Trabajo de la Provincia, Guillermo Smaldone; y José Flores, secretario de Hacienda de la Provincia.

Las defensas

En la causa, Urribarri es defendido por el abogado Miguel Ángel Cullen. En tanto que Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa representan a Erbes; Ignacio Esteban Díaz y José Velázquez patrocinan a Cardona Herreros; Leopoldo Lambruschini a Flores; Gaspar Reca y Sebastián Ludi, defensores oficiales, a Ulrich; Juan Antonio Méndez a Haidar; y el exministro Guillermo Smladone se representa solo.

Cullen, al igual que otras defensas, sostienen que la causa comienza con un dato falso: Urribarri no era ministro de Gobierno en el período que Fiscalía afirma que ocurrieron los hechos. Además, cuestiona la figura que se le endilga de negociaciones incompatibles, puesto que esta exige que el imputado sea funcionario público y el acto administrativo impugnado ilegal. Así, planteó que Urribarri no era funcionario y que los actos bajo sospecha eran legales, y no irregulares como entienden los fiscales.

La defensa también sostiene que todos los ex funcionarios que están vinculados a la investigación pertenecían al Ministerio de Economía. Al momento del período investigado el ministro era Diego Valiero –que en un primer relato de los hechos fue mencionado pero luego, desvinculado-, y no al de Gobierno puesto que Uribarri pidió licencia el 14 de septiembre de 2006, se la concedieron al día siguiente y ya no regresó al Ministerio porque el 19 de marzo de 2007 se le aceptó la renuncia y el 10 de diciembre asumió su primer mandato como gobernador.

Antecedentes

Condenado en 2022 por corrupción, el exgobernador y exembajador Sergio Urribarri deberá afrontar un nuevo juicio oral, esta vez en el marco de la causa conocida como “Coimas”. En el primer proceso fue condenado a 8 años de cárcel (apelada ante la Corte Suprema) y ahora la Fiscalía pidió que sea sentenciado a 10 años de prisión por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

Ahora deberá afrontar un nuevo proceso. La última audiencia del mismo, que se extendió durante casi un año, tuvo lugar el 31 de marzo. En ese momento, tanto la fiscalía como las defensas esperaban una decisión en un plazo de 20 días, pero ya pasaron 66. Finalmente, Vergara anunciará una resolución inapelable. Si el expediente es remitido a juicio, quedará por fijar la fecha del debate oral.

La demora se explica, en parte, por los intentos de las defensas de apartar al juez Vergara, alegando supuesta parcialidad. Además de definir si hay mérito para el juicio, el magistrado deberá pronunciarse sobre planteos de nulidad y pedidos de sobreseimiento presentados por los abogados defensores.

Durante la investigación, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano detallaron supuestos pagos de dádivas por parte de Cardona Herreros a funcionarios del gobierno de Urribarri, a cambio de contrataciones con el Estado entrerriano. También expusieron viajes al exterior que el empresario habría financiado con fondos de origen ilícito para Urribarri, su familia y allegados.

Trump habló con Putin sobre la guerra en Ucrania: descartó una “paz inmediata” y adelantó que Rusia responderá a la Operación Telaraña

4 junio, 2025 por Redacción

El mandatario estadounidense también dialogó con el ruso sobre las negociaciones con Irán para avanzar con un nuevo acuerdo nuclear

Donald Trump confirmó este miércoles que conversó con su par ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania y el acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán, dos de las prioridades de la agenda internacional de la Administración republicana.

Trump precisó que la llamada duró cerca de una hora y 15 minutos y si bien fue “buena”, reconoció que “no va a conducir a una paz inmediata” con Ucrania.

Precisamente, el líder del Kremlin se refirió a la Operación Telaraña, el último golpe importante de Kiev sobre sus aviones, y aseguró “con mucha firmeza, que tendrá que responder” a él.

Trump, por su parte, también abordó con su homólogo sus ataques sobre instalaciones civiles en Ucrania, que han dejado decenas de inocentes muertos.

Sobre Irán, el estadounidense advirtió que “se está acabando el tiempo” para que el régimen persa “tome una decisión sobre las armas nucleares”, algo que, insiste, el país no puede poseer y en lo que Putin coincidió.

Asimismo, Trump sumó que “Putin sugirió que participará en las conversaciones con Irán y que tal vez podría ser útil para llegar rápidamente a una conclusión”.

Por su parte, el Kremlin también señaló que el intercambio fue “positivo y muy productivo” y aseguró que ambos mandatarios “confirmaron su deseo de mantener un contacto permanente”.

Asimismo, el asesor diplomático de Putin, Yuri Ushakov, sumó que Trump confirmó que Ucrania no había notificado a Estados Unidos previo a su ataque del domingo.

Negociaciones poco exitosas y maniobras militares

Rusia y Ucrania no han logrado, aún, coincidir en una propuesta de alto el fuego (REUTERS)

Rusia y Ucrania retomaron esta semana las negociaciones de paz en Turquía, aunque con pocos resultados.

La segunda ronda de reuniones, celebrada en el Palacio de Ciragan, se centró, más que en un alto el fuego, en el retorno al país de cientos de menores ucranianos y otros civiles, víctimas de la guerra.

La delegación ucraniana entregó a la parte rusa una lista con 339 nombres de menores cuya repatriación exige, a la par que el jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Andrí Yermak, subrayó que el retorno de los niños constituye un elemento esencial para cualquier acuerdo de paz duradero y una prueba de la buena fe de Moscú.

“La pelota está en el tejado de Rusia. Buena fe no son palabras, sino acciones. Y ahora es el momento de demostrarlo”, afirmó.

Por su parte, el negociador jefe ruso Vladimir Medinsky recibió la lista y aseguró que su gabinete analizará cada caso sin excepción, aunque remarcó que la cifra presentada por Ucrania dista mucho de los números previamente denunciados, que superaban los 20.000 menores.

“Por fin, recibimos la lista completa. Como pueden ver, no tiene 1,5 millones de nombres, no 20.000”, declaró ante la prensa.

Sin embargo, en el marco de estos diálogos, Ucrania confirmó la ejecución de la “Operación Telaraña” durante la noche del domingo, en la que una flota de drones atacó simultáneamente cuatro bases aéreas rusas en territorio profundo, desde Siberia hasta el Ártico.

Consecuencia de ella, más de 40 aeronaves resultaron destruidas o dañadas, incluyendo bombarderos estratégicos Tu-95 y Tu-22, empleados por el enemigo para lanzar misiles de largo alcance sobre ciudades ucranianas.

La maniobra fue la más amplia y letal contra la aviación rusa desde el inicio del conflictoe implicó el despliegue de drones camuflados y transportados en camiones que llevaban estructuras móviles de madera.

Según funcionarios del SBU, llevó más de un año y medio de preparación, y contó con la supervisión directa del presidente Volodimir Zelensky.

Negociaciones con Irán

Estados Unidos busca un nuevo acuerdo nuclear con Irán (REUTERS)

Los esfuerzos de Estados Unidos no se centran, sin embargo, solo en la guerra en Ucrania. Otra de las prioridades de la Casa Blanca en estos momentos es alcanzar un acuerdo nuclear con Irán que permita limitar su programa atómico y lo aleje de las capacidades para hacerse con un arma de este tipo.

Las partes han mantenido ya cinco encuentros indirectos en los que cada bando planteó sus condiciones para un pacto, que de momento tendría su principal centro de conflicto en el enriquecimiento de uranio de la nación persa.

Durante el fin de semana, Estados Unidos envió a sus homólogos una propuesta para avanzar hacia un acuerdo, que Teherán dijo con cautela que revisaría.

Sin embargo, Trump manifestó el lunes a través de su red social Truth Social que bajo un eventual nuevo acuerdo nuclear, no se permitirá ningún tipo de enriquecimiento de uranio por parte de Irán, lo que alejaría las posibilidades de un entendimiento.

“Bajo nuestro potencial Acuerdo, ¡NO PERMITIREMOS NINGÚN ENRIQUECIMIENTO DE URANIO!”, escribió, antes de responsabilizar a su predecesor, Joe Biden, por la situación actual, argumentando que debió haber impedido que la nación continuara con su programa de enriquecimiento.

Tras estas declaraciones, el ayatollah Alí Khamenei criticó la propuesta inicial de Estados Unidos, describiéndola como “100% en contra de la idea de ‘nosotros podemos’”, en referencia a un lema del gobierno iraní, y acusó a la Casa Blanca de buscar el desmantelamiento total de la industria nuclear iraní.

“Si no tenemos enriquecimiento, entonces tendríamos que extender nuestra mano (mendigando) a Estados Unidos (…) Los líderes estadounidenses descorteses e insolentes siguen repitiendo esta demanda con diferentes formulaciones”, aseguró.

El río Uruguay comenzará su descenso este jueves 5 de junio

4 junio, 2025 por Redacción

El nivel del río Uruguay creció y este martes superó los 10 metros en horas de la tarde en Concordia. El agua cubrió el tradicional paseo costanero de la zona baja. Aún no se superaron los niveles de alerta ni evacuación, pero continúa el monitoreo.

Desde la Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil se indicó que se mantiene un monitoreo constante de las zonas ribereñas. Además, se emitieron recomendaciones tanto para navegantes como para los vecinos de áreas vulnerables, aunque aún no se activaron los niveles de alerta, que se establecen a partir de los 11,20 metros, ni los de evacuación, fijados en 12,20 metros.

Este fenómeno responde a las intensas lluvias registradas aguas arriba del embalse de Salto Grande, que incrementaron el escurrimiento hacia el sistema del río Uruguay.

COMUNICADO COMISIÓN TÉCNICA MIXTA DE SALTO GRANDE

GERENCIA GENERAL – ÁREA HIDROLOGÍA

FECHA: 04/06/2025

Aporte Últimas 24hs: 15471 m3/s.

Evacuado a la hora 08:00: 14715 m3/s.

Nivel del embalse hora 08:00: 35.43 m.

Hasta la hora 15:00 del día de mañana, el caudal medio diario evacuado variará entre 14.000 y 15.000 m³/s.

Cotas máxima y mínima referidas al puerto de Concordia: 10,20 y 9,50 metros, respectivamente.

Cotas máxima y mínima referidas al puerto de Salto: 10,50 y 9,80 metros, respectivamente.

El jueves 5 de junio el nivel del río estará descendiendo.

El nivel del embalse tenderá a 35,50 m.

Vertederos Abiertos

La Corte Suprema rechazó la recusación de Cristina Kirchner contra Lorenzetti y ya puede definir la causa Vialidad

4 junio, 2025 por Redacción

Ahora los tres jueces deben decidir si rechazan el recurso de la ex presidenta para que quede firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, o si revisan el caso

La Corte Suprema decidió hoy rechazar la recusación que Cristina Kirchner presentó contra el juez Ricardo Lorenzetti. La decisión permite al tribunal avanzar en la llamada causa “Vialidad”, que ya cuenta con un fallo de un tribunal oral confirmado por la Cámara de Casación Penal, que condena a CFK a la pena de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La defensa de la ex presidenta había recusado a Lorenzetti con el argumento de que habría mostrado su postura en el caso, al asegurar públicamente que la causa Vialidad debía resolverse antes de las elecciones, entre otros hechos mencionados en la recusación. En respuesta, el juez solicitó a sus colegas Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que rechacen la recusación sin más análisis, calificándola como improcedente y carente de sustento normativo.

En el centro de esta causa se encuentra la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, que sentenció a Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Este fallo, relacionado con la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, fue ratificado en 2024 por la Cámara de Casación Penal. Sin embargo, el fiscal Mario Villar pidió que se incorpore el delito de asociación ilícita, lo que podría elevar la condena a 12 años, una postura que recibió el apoyo del Procurador General, Eduardo Casal.Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los tres jueces que deben definir el caso Vialidad.

Los argumentos de la Corte para rechazar la recusación fueron, entre otros, los siguientes:

– De acuerdo con la doctrina del tribunal, cuando las recusaciones planteadas por las partes son “manifiestamente inadmisibles” deben ser desestimadas de plano.

– La decisión señala también que las circunstancias que dieron lugar a los argumentos de la recusación no fueron denunciadas de manera oportuna y que carecen de la fundamentación necesaria establecida, tanto por las normas legales como por los antecedentes del tribunal en estos casos.

– Muchos de los hechos denunciados son anteriores a la presentación del recurso y eran conocidos públicamente entonces, por lo que debieron haber sido planteados, en todo caso, cuando el caso llegó a la Corte. Los hechos posteriores a esa fecha fueron denunciados recién en el escrito de recusación, de fecha de 5 de mayo pasado, lo que excede el plazo legal desde que se produjeron.

– Respecto de los hechos ocurridos dentro del plazo legal, los mismos requieren que se funden en alguna de las causales previstas, lo que -a criterio de los jueces- no ha ocurrido, ya que el planteo se limitó a invocar en forma genérica que el juez Lorenzetti carecería de imparcialidad. Todo lo cual sirve para sostener el rechazo de la recusación planteada por la defensa de la ex mandataria.

Los tiempos, un punto clave

En un plazo aún no definido, la Corte deberá decidir entre rechazar las apelaciones sin analizarlas, confirmando las decisiones previas del Tribunal Oral Federal 2 y la Cámara de Casación Penal, o abrir el caso para un análisis más profundo, lo que podría extender el proceso de manera indefinida.

La decisión que tome el tribunal no solo definirá el futuro judicial de Fernández de Kirchner, sino que también podría tener un impacto significativo en el escenario político argentino.

Ocurre que el calendario electoral tiene una importancia clave en esta causa. Esta semana, CFK confirmó que competirá por la Tercera Sección Electoral del Conurbano bonaerense en las elecciones del 7 de septiembre. Como su condena no está firme, Cristina puede ser candidata a cargos provinciales y nacionales. El 19 de julio cierra la presentación de listas y el 7 de septiembre las elecciones para elegir diputados y senadores provinciales, concejales y consejeros escolares de un padrón de más de 13 millones de electores.

Por eso, la decisión de la ex presidenta achica aún más el período en que la Corte podrá hacer efectiva la condena, en caso de que se incline por rechazar el recurso. Ocurre que la fecha límite para presentar candidaturas para las elecciones nacionales del 26 de octubre es el 17 de agosto. En cambio, para las elecciones provinciales es casi un mes antes (19 de julio).

El tema es de vital importancia porque en cuanto CFK inscriba su candidatura contará con inmunidad de arresto, por una aparte, y tampoco se haría efectiva la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los detalles de la causa

El 15 de mayo, el Procurador Casal le pidió a la Corte Suprema que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa de Vialidad por la obra pública en Santa Cruz. El jefe de los fiscales presentó un dictamen de 13 páginas en el que mantuvo la postura del fiscal Villar de agravar la actual condena de la ex mandataria de seis años de prisión por administración fraudulenta. También para que el monto de lo que se le decomise a todos los condenados sea de 5.321.049.272,42 de pesos.

El máximo tribunal tendrá para resolver la postura de la Fiscalía y el pedido de la defensa de Cristina Kirchner, que solicitó su absolución, lo mismo que el resto de los condenados en el juicio, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad José Periotti y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.Lázaro Báez

El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py había condenado en diciembre de 2022 a Cristina Kirchner por administración fraudulenta, y la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ese fallo en noviembre del año pasado. En ambos casos fue por mayoría 2 votos a 1 porque hubo magistrados que entendieron que la ex presidenta debía ser condenada por la asociación ilícita. Fueron Andrés Basso en el Tribunal Oral y Gustavo Hornos en la Cámara de Casación.

Así lo habían pedido los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, y el fiscal de Casación, Villar, con una condena de 12 años. Pero el tribunal oral y la Casación señalaron que no hubo asociación ilícita porque tomaron como un único hecho las irregularidades en las 51 obras públicas que de 2003 a 2015 -los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner- recibieron las empresas de Báez. Para los jueces no hubo una pluralidad de delitos que lleven a una asociación ilícita.

El dictamen de Casal no es vinculante para la Corte, es decir, que tiene en cuenta sus argumentos pero podría no aceptar el planteo de modificar la condena actual, así como tampoco de rever las absoluciones que ya se dictaron en esta causa.

Los antecedentes similares

Amado Boudou, Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Menem, todos con casos que llegaron a estudio de la Corte Suprema

La causa Vialidad cuenta con lo que se denomina “doble conforme”, es decir, una condena del tribunal oral confirmada por la Cámara de Casación. En muchos casos, la Corte rechaza estos planteos sin entrar a analizar la causa, y entonces la condena queda firme. Así, por ejemplo, resolvió el llamado caso Ciccone, donde resultó condenado el ex vicepresidente Amado Boudou.

Tres de los cinco jueces que firmaron esa decisión, Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz, se encuentran actualmente en el alto tribunal. Los otros dos, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, están retirados.

Otro caso de altísimo peso político que tuvo la Corte, el del ex Presidente Carlos Menem, fue diferente al de Boudou porque no contaba con el “doble conforme”, pero sí tuvo sus condimentos de trascendencia institucional y año electoral. En 2017, La Corte Suprema se desprendió de las resoluciones que tenía a estudio en materia electoral y penal sobre el ex presidente y las remitió a los tribunales inferiores para que tomaran una nueva decisión.

Tras estos fallos, técnicamente la condena contra Menem en la llamada causa por el contrabando de Armas a Ecuador y Croacia no quedó firme, y, por tanto, el entonces Senador pudo competir en los comicios de octubre de ese año.

Esta es la tercera opción que tiene la Corte, además del rechazo sin analizar el planteo o la demora: puede optar por “abrir el recurso”, entender que se deben revisar algunos aspectos del proceso y devolver el expediente para una nueva sentencia. Las próximas semanas podrían ser decisivas para desentrañar qué camino va a tomar la Corte.

Sería inminente la suspensión de las internas del peronismo entrerriano, y el Congreso decidiría los candidatos

4 junio, 2025 por Redacción

La interna del PJ de Entre Ríos, prevista para el próximo 6 de julio, se encuentra en un limbo de incertidumbre y tensión. La Junta Electoral del partido ha advertido sobre serias «dificultades financieras, logísticas y operativas» que ponen en jaque la realización de los comicios, una postura que ha desatado la furia de sectores internos que denuncian «ineptitud» presentando amparos en la justicia electoral que hasta ahora vienen siendo rechazados con el argumento de que no se meten en la vida de los partidos.

Los distintos sectores estaban a “la caza” de los avales necesarios para presentar las listas este viernes, unas 6 mil firmas en total distribuidas de manera proporcional en cada departamento. Seguramente se esperará hasta esa fecha, y si no se presentan otras listas para competir, se proclamará la lista Michel– Bahl; pero si se presentan, se convocará al Congreso Provincial para evitar la internas por el tema económico y este deberá definir la lista definitiva, descartándose que el oficialismo sería ampliamente favorecido.

La controversia se hizo pública tras un comunicado emitido por la Junta Electoral del PJ provincial, en el que se detallan una serie de obstáculos que, según el órgano partidario, complican de sobremanera la organización de las elecciones internas. Entre los argumentos esgrimidos se encuentran la falta de financiamiento adecuado para afrontar los costos del proceso, problemas logísticos para la distribución de urnas y material electoral en toda la provincia, y una «complejidad operativa» que dificultaría garantizar la transparencia y normalidad del acto. Se estima que el costo total rondaría los 350 mil dólares, y que, de presentarse tres listas, como estaba previsto, cada una debería aportar aproximadamente 120 mil dólares.

El documento de la Junta, que lleva la firma de su presidente y vocales, no habla de una suspensión definitiva, pero deja entrever que la viabilidad de los comicios está seriamente comprometida. «Advertimos sobre las diversas dificultades para realizar internas partidarias», señala el texto, que fue elevado al Consejo Provincial del partido para su evaluación. Esta situación ha sido interpretada por muchos como la antesala de una cancelación, una medida que evitaría una confrontación en las urnas pero que a su vez podría profundizar las divisiones internas.

La reacción de los sectores que impulsan la contienda electoral no se hizo esperar. Desde la novel agrupación PAR, aunque la integren dirigentes con largo recorrido, uno de los espacios que ya tiene la listas preparadas encabezadas por el intendente de Feliciano, Damián Arévalo, y el dirigente paranaense Gustavo Guzmán, respectivamente, calificaron la advertencia de la Junta Electoral como una «excusa» y denunciaron una maniobra para evitar la voluntad de los afiliados. «Es una muestra de ineptitud y una falta de respeto a los miles de compañeros que quieren expresarse», manifestaron a través de un duro comunicado.

Este sector, que se referencia a nivel nacional con el peronismo disidente, acusó a la conducción actual del partido de no querer someterse al escrutinio de las bases. Afirman que «temen a la renovación y a la participación», aunque la mayoría de sus integrantes fueron parte de las gestiones anteriores de Urribarri y Bordet, como legisladores, funcionarios, intendentes, autoridades partidarias, y no abrieron la boca.

Un dato de color se conoció que en las últimas horas: el kichnerismo provincial, encabezado por el diputado camporista Tomás Ledesma, al ser rechazada su aspiración de ir por una reelección en la lista oficial, comenzó a llamar a intendentes y referentes de la provincia del sector opositor PAR, ofreciéndose para un lugar en las listas, chapeando con el con el aval de Maximo y Cristina Kirchner. Es más, dicen que Ledesma se comprometía a denunciar públicamente como tesorero del PJ que el partido tenía la plata para llevar adelante las internas y no la quería poner, pero parece que sus propuestas y ruegos no fueron escuchados.

Fuentes cercanas a la conducción partidaria argumentan que la situación económica general y la falta de recursos genuinos del partido hacen «irresponsable» llevar adelante un proceso electoral costoso en este momento. Sostienen que los esfuerzos deberían centrarse en la reorganización interna y en la construcción de una oposición sólida al gobierno provincial de Rogelio Frigerio.

Por otro lado, los sectores que exigen la realización de las internas replican que la falta de fondos no puede ser un impedimento para el ejercicio de la democracia partidaria y que existen mecanismos para llevar adelante una elección austera. Para ellos, la suspensión no es más que una demostración de debilidad de la actual dirigencia y un intento por mantener el control del aparato partidario sin legitimidad democrática.

En los próximos días, se espera una definición por parte del Consejo Provincial del PJ, que deberá tomar una decisión sobre la base del informe de la Junta Electoral y de las presiones de los distintos sectores internos. Con este traspié electoral, se destiñe la democratización de la elección de candidatos, ya que el oficialismo impondría los nombres que ya resuenan, y se abriría la puerta para que algún sector del peronismo “vaya por afuera”.

Volvio el fiat 128

3 junio, 2025 por Redacción

Aunque no hay noticias al respecto para el mercado local, no dejamos de sorprendernos con este nuevo lanzamiento de la marca italiana.

En el mes del periodismo : Clamor y exigencia por la liberación de 16 trabajadores de prensa en Venezuela

3 junio, 2025 por Redacción

El gremio periodístico venezolano reclama la excarcelación de comunicadores detenidos tras las elecciones, en medio de denuncias de represión y censura que afectan la libertad de expresión en el país

Con ocasión del Día del Periodista en Venezuela, el CNP emitió un mensaje a través de su cuenta en X, donde resaltó “la valentía de quienes informan con verdad frente a la adversidad”, refiriéndose a los desafíos que enfrentan estos profesionales en un país donde la libertad de prensa está, según el gremio, “bajo asedio”. En este férreo clima de censura y control, 16 periodistas y trabajadores de prensa permanecen encarcelados de manera arbitraria según denuncias del CNP.

Dentro de los arrestados antes de los comicios presidenciales figuran nombres como Gabriel González, Carlos Julio Rojas, Luis López y Ramón Centeno. Posteriormente, tras las elecciones, se sumaron a esta lista José Camero, Víctor Ugas, Biagio Pilieri, Roland Carreño, Julio César Balza, entre otros. Asimismo, se incluye a opositores políticos como el exdiputado Juan Pablo Guanipa, detenido junto a Raúl Amiel y Carlos Marcano poco después de las elecciones legislativas y regionales del 25 de mayo, donde el chavismo logró un amplio dominio al ganar 253 de los 282 escaños parlamentarios y 23 de las 24 gobernaciones del país.

El Gobierno venezolano sostiene que estas detenciones, que involucran a más de 70 personas, se deben a intentos de sabotaje durante el proceso electoral del 25 de mayo. Sin embargo, organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos continúan exigiendo la revisión de estas acusaciones y la protección de la libertad de expresión en Venezuela.

Desaparecidos políticos

Más de dos mil presos políticos civiles y militares hay en Venezuela

Juan Pablo García, miembro prominente de la dirección de Vente Venezuela (VV), ha alzado la voz para denunciar la prolongada detención de tres colaboradores de su partido. Según consignó García este sábado en su cuenta de X, han transcurrido ya 16 meses desde que Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López fueron arrestados, siendo acusados por las autoridades de estar vinculados con una supuesta trama terrorista en 2024. Dicha detención precede a las elecciones presidenciales en las que el candidato oficialista Nicolás Maduro fue declarado vencedor, a pesar de las denuncias de fraude.

De acuerdo con lo expresado por García, los detenidos han sido objeto de “tratos crueles e inhumanos” y afirma que su “único delito” ha sido su lucha en pro de la democracia y la libertad. El dirigente de VV, formación liderada por la destacada opositora María Corina Machado, exige la liberación inmediata de los trece colaboradores detenidos y exhorta a la comunidad internacional a intervenir frente a estas situaciones que califica como “crímenes”.

El Ministerio Público de Venezuela en enero de 2024 formuló cargos contra Freites, Camacaro y López, quienes ocupaban posiciones clave en la campaña electoral en los estados La Guaira, Yaracuy y Trujillo. Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, los hombres fueron arrestados por cuerpos de seguridad al ser parte de una estructura que supuestamente proporcionaba apoyo logístico a un grupo con la intención de asaltar cuarteles militares antes de las elecciones presidenciales.

El contexto político en Venezuela ha sido tenso, y aunque el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, proclamó el triunfo de Maduro, la oposición mayoritaria reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia. Además, el viernes precedente a las elecciones regionales y legislativas, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, denunció un plan para boicotear los comicios, lo que resultó en la detención de alrededor de 70 personas, entre ellas el exdiputado Juan Pablo Guanipa, conocido aliado de Machado.

Nación llama a licitación para concesionar por 20 o 30 años la Ruta Nacional 14

2 julio, 20253 junio, 2025 por Redacción

El plazo dependerá si la oferta del oferente que sea adjudicado es menor o mayor a lo planteado por el gobierno nacional. El mapa en la región incluye los 15 kilómetros que comunican la represa Salto Grande con la Ruta 14.

En el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC), la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía mediante la Resolución 29/2025 realizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, la explotación, administración y mantenimiento de los llamados Tramos Oriental y Conexión.

El Tramo Oriental está compuesto por las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 (acceso a represa de Salto Grande) y 117 atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes; mientras que el Tramo Conexión lo compone el Puente Rosario-Victoria (RN 174), que conecta las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

En esta Etapa I, se licitará la concesión de 741 kilómetros que se agregarán, posteriormente, a los tramos a concesionar en las subsiguientes etapas hasta conformar una extensión de más de 9.000 kilómetros para integrar la Red Federal de Concesiones.

Desde el gobierno se subraya que “el desarrollo de la Red Federal de Concesiones es posible gracias a que se generaron las condiciones para que los capitales privados puedan invertir en la operación y mantenimiento de estas trazas nacionales y de esta manera, reducir los gastos que esto genera al Tesoro nacional”.

Asimismo, se recuerda que “el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.

Vialidad Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Transporte, será la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesión actuales y futuros, “asegurando su cumplimiento en beneficio de los usuarios y el desarrollo de la infraestructura vial”.

Según lo que se señala en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el plazo del contrato de concesión puede ser con un piso de 20 años o un tope máximo de 30 años. Dependiendo de la oferta que realice el oferente interesado.

La fiscalía pidió que Lázaro Báez regrese a la cárcel a cumplir su condena

3 junio, 20253 junio, 2025 por Redacción

Lo solicitó el fiscal federal Abel Córdoba; el empresario cumple arresto domiciliario en la Patagonia

El fiscal federal Abel Córdoba pidió que el empresario Lázaro Báez regrese a la cárcel para cumplir la condena de 10 años de prisión que le fue impuesta por lavado de dinero.

Báez cumple arresto domiciliario en una de sus estancias en la Patagonia. Su condena quedó firme porque la Corte Suprema de Justicia rechazó todos sus recursos.

Por eso, el fiscal del juicio, Abel Córdoba, presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 4 en el que pide que se haga el cómputo del tiempo que lleva detenido Báez y solicita que lo que falta por cumplir lo cumpla en la cárcel.

Ahora debe decidir el juez Norberto Costabel, que está cargo de la ejecución de la condena.

El fiscal también pidió que vayan a la cárcel Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez, respectivamente, condenados a seis años de prisión.

Con respecto a Martín Báez, el hijo del empresario, el fiscal entendió que corresponde que se disponga su libertad condicional por el plazo que lleva detenido desde 2016. Su condena fue de seis años y seis meses de prisión. La libertad condicional se obtiene con los dos tercios de la condena cumplida y buena conducta.

Tras el fallo de la Corte, ayer se presentaron y quedaron detenidos Fabián Rossi, extitular de la financiera SGI; César Fernández, síndico de Austral; Carlos Molinari, empresario del sector inmobiliario; Eduardo Castro, apoderado de empresas ligadas con el lavado, y Juan Alberto de Rasis, de la firma suiza usada para el lavado, condenado a cuatro años y seis meses de prisión.

En tanto, Julio Mendoza, exgerente de Austral Construcciones, sentenciado a cinco años de prisión, dijo que está internado desde el viernes pasado por una descompensación de su salud.

La Justicia le puso un policía de consigna junto a la puerta de la habitación de la clínica de Resistencia, en Chaco, donde está internado.

El juez Costabel comenzó a tramitar los pedidos de arresto domiciliario y analizará los informes médicos de los detenidos, tanto los que aportaron ellos como los que realizarán las autoridades del Servicio Penitenciario Federal. Costabel le dio intervención al cuerpo médico forense.

La semana pasada, la Corte dejó firme la condena a diez años de prisión contra Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero. En este caso, la Justicia determinó que Báez blanqueó fondos por unos 60 millones de dólares que se originaron en una evasión fiscal.

El fallo de la Corte

La Corte tomó la decisión por mayoría. Votaron por confirmar la condena Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti y dos conjueces. En disidencia votó el juez Carlos Rosenkrantz, que se pronunció por enviar el caso a la Procuración.

La maniobra consistió en haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal.

El caso es recordado por las imágenes en televisión que presentó el periodista Jorge Lanata. Se veía allí a uno los principales acusados contando dólares en “La Rosadita”, como se conocía a la financiera clandestina de Puerto Madero que movía el dinero al exterior.

La instrucción determinó que existió una organización criminal que entre los meses de diciembre del 2010 y abril del 2013 realizó maniobras de lavado de dinero implicados principalmente del manejo de la empresa Austral Construcciones que dirigía Báez, a través de la financiera SGI, mediante un entramado que funcionó en el país y en el exterior, y que logró la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso por US$ 54.872.866,69.

Cristina Kirchner junto a Lázaro Báez, saliendo del mausoleo de Néstor Kirchner

El dinero salió del país, fue depositado en el extranjero y ingresó a las cuentas de diversos bancos internacionales –generalmente con bajos controles fiscales- a nombre de otras empresas. Luego se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en la plaza local, simulando una supuesta inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de la empresa Austral Construcción SA (ACSA).

El juicio oral ocurrió entre 2018 y 2021. El 26 de febrero de 2021, el Tribunal Oral Federal 4, a cargo de los jueces Costabel, Adriana Palliotti y Gabriela López Iñiguez, decidió por mayoría condenar a Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de activos agravado. También recibieron penas otras 21 personas. Entre ellas los cuatro hijos del empresario -Martín, Leandro, Melina y Luciana-, Pérez Gadín, Chueco, Federico Elaskar y el arrepentido del caso, Leonardo Fariña.

Médicos de los hospitales San Roque y San Martín realizaron una cirugía inédita

3 junio, 2025 por Redacción

Equipo de médicos de los hospitales San Roque y San Martín implantó un cardiodesfibrilador a una paciente de 12 años con riesgo de muerte súbita

Este lunes, un equipo médico de los hospitales San Roque y San Martín de la provincia de Entre Ríos implantó un cardiodesfibrilador a una paciente de 12 años con alto riesgo de muerte súbita. La cirugía fue un éxito y la adolescente permanece en observación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

A partir de un trabajo interdisciplinario, desde el diagnóstico de la alteración genética hasta el tratamiento quirúrgico, en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná se llevó a cabo una cirugía sin precedentes en la salud pública entrerriana: la implantación de un cardiodesfibrilador subcutáneo a una paciente pediátrica, oriunda de Nogoyá, a quien se le diagnosticó una miocardiopatía genética conocida como displasia arritmogénica del ventrículo derecho.

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Se trata de un procedimiento quirúrgico que, dada su complejidad, era llevado adelante sólo en Buenos Aires, por derivación. En la oportunidad, el equipo interdisciplinario que participó tanto del diagnóstico de la afección como del tratamiento quirúrgico, no sólo contribuyó a reducir el riesgo de muerte súbita sino que también evitó el traslado; el desarraigo familiar y el impacto económico de la transferencia a un centro especializado en otra provincia.

La intervención, que no registró complicaciones, se realizó para prevenir la muerte súbita cardíaca, ocasionada por esta enfermedad genética del corazón y el caso se inició en el seguimiento y control realizado por el Servicio de Cardiología del nosocomio, a partir de distintos antecedentes familiares. Además la enfermedad fue constatada por un test genético positivo, y se realizó un estudio holter de 24 horas. En ese marco, los especialistas electrofisiólogos indicaron la colocación del dispositivo bajo la piel con la asistencia de un profesional de la empresa proveedora del equipo y la participación del Servicio de Cirugía del establecimiento.

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La electrofisióloga pediátrica y arritmóloga, Melina Canteli, destacó el trabajo conjunto entre el Centro de Referencia Epidemiológica de Malformaciones Congénitas de Entre Ríos (Cremcer), a cargo de Mariel Bordenave; el servicio de Cardiología, que lidera el cardiólogo Fernando Olmedo; y las áreas de Electrofisiología y de Miocardiopatías del Hospital San Martín, a cargo de los doctores Agustín Picolini y Brenda Miglioli, respectivamente.

“Es un avance poder brindar este tipo de terapias, es la primera vez que se coloca un cardiodesfibrilador subcutáneo en un paciente pediátrico en la provincia y el tratamiento representa un alivio para la familia”, valoró Canteli.

De esta manera se conformó un equipo de trabajo que continuará atendiendo a la familia en función de los diagnósticos detectados y las necesidades de tratamiento.