Entre 2022 y 2024, la Municipalidad de Chajarí sumó 33 reclamos de vecinos que pretendieron renovar su licencia de conducir y se toparon con el inconveniente de que al tener infracciones de tránsito en otras jurisdicciones su trámite quedaba atascado. Diez de esas personas lo resolvieron yendo a la Justicia.
Por eso, el 8 de noviembre del año último el Municipio envió una carta documento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al Sistema Nacional de Administración de Infracciones y denunció un acuerdo firmado en 2012 y en particular un apartado que establece el cobro interjurisdiccional de las multas de tránsito.
Ahora, ya el Municipio de Chajarí no pone como requisito estar libre de infracciones para renovar la Licencia de Concudir.
De ese modo, Chajarí denunció la cláusula 15º del cobro de infracciones de tránsito estipulada en el Convenio de Cooperación entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la provincia de Entre Ríos y el Municipio de Chajarí, para la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, que habían suscripto entre las partes el 19 de septiembre de 2012.
Por intermedio de estos documentos se solicitó que deje de estar operativa esa cláusula, así como cualquier otra que establezca la exigencia, con carácter previo a la emisión o renovación de la Licencia Nacional de Conducir, por parte del Centro de Emisión de Licencias de la ciudad de Chajarí. Esto establecía el previo pago, por parte del interesado, de las infracciones informadas en el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT).
Esa situación, según se argumenta en la Carta enviada por el intendente Marcelo Borghesan (Juntos) había generado reiterados pronunciamientos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, quien consideró inconstitucional la exigencia establecida.
El Municipio de Chajarí, por su parte, recibió por esta razón diferentes reclamos administrativos de vecinos que, ante la necesidad de tramitar la obtención o renovación de la licencia nacional, se les exigía el pago de infracciones registradas en otras jurisdicciones de la Nación.
El antecedente inmediato se había dado en Nogoyá orge Ianuzzo. En noviembre último, el asesor legal de la Municipalidad de Nogoyá contó de la medida. «Teníamos tres convenios firmados con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y dimos de baja uno, que es el que incide específicamente en esta cuestión. Rescindir ese acuerdo nos permitió poder ofrecer a los ciudadanos que renueven la Licencia Única de Conducir, sin que figuren las multas de otras jurisdicciones -contenidas por el Sistema de Cooperación Interjurisdiccional para el Cobro de Infracciones-. Eso era lo que establecía como requisito obligatorio para renovar la Licencia de Conducir, que la persona no tuviera multa, que obtuviera previamente el Certificado Nacional Negativo. Sino no podía continuar con el trámite».
Al respecto, destacó: «Una de las razones por las cuales los Amparos procedían contra los municipios, es que el requisito de tener las multas pagas no surge de la Ley Nacional de Tránsito, sino que se sustenta en un convenio que las Municipalidades firman con el ente nacional».
Es por ello que dar de baja ese convenio “fue relativamente sencillo, porque en el mismo acuerdo está previsto que se pueda rescindir, sin más requisitos que el aviso con 30 días de anticipación. Más que nada nos costó hacer la recopilación del convenio, del alcance, los detalles de lo que se había firmado en su momento, en otra gestión. Lo estudiamos y a partir de allí fue un documento sencillo de confeccionar, porque ni siquiera hace falta expresar una causa. La Agencia tiene que dejarlo sin efecto a los 30 días. De hecho, enviamos la Carta Documento el 27 de septiembre y para el 28 de octubre, nos notificaron que había operado el cese del convenio. Desde entonces, funcionamos como cuando no existía. Cuando pedimos los certificados, ya vienen negativos, sin multas en otras jurisdicciones», comentó el profesional que propició la implementación legal de esta decisión de la gestión municipal.
En tanto, en diciembre último la Justicia ordenó a la Municipalidad de Paraná que “remueva los obstáculos técnicos que invoca como impedimento para continuar con el trámite” por un ciudadano para renovar la licencia de conducir, objetivo que se vio imposibilitado por cuanto desde el Municipio le exigieron previamente que cancelara multas de tránsito que aparecían en el sistema.
Al respecto, en un fallo que dictó la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná se dispuso que la Municipalidad “se abstenga de exigir el pago previo y/o cancelación de las infracciones de tránsito reflejados por el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito a los fines del otorgamiento de la Licencia Nacional de Conducir al actor”.
En la resolución –que lleva las firmas de los vocales Adriana Acevedo y Hugo González Elías- la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió anoticiar “a la Dirección del Sistema Nacional de Licencias de Conducir, dependiente de la Dirección Nacional de Licencia de Conducir y Antecedentes de Tránsito, que de manera provisoria deberá remover los obstáculos que el sistema informático genera -requiriendo abonar la multa que informa el CENAT- que impiden continuar el procedimiento de renovación de la licencia de conducir promovido por el Sr. Bernabé Agustín Batut ante el Municipio de Paraná. La confección y el diligenciamiento del despacho pertinente quedará a cargo del actor”.
El abogado Batut, con el patrocinio de su colega Federico Fenés, acudió a la Justicia luego de que no consiguiera remover ese obstáculo administrativo en la Municipalidad de Paraná para conseguir la renovación de su licencia de conducir. El letrado solicitó una “medida autosatisfactiva y/o medida cautelar autónoma”, y recordó que procuró resolver su trámite ante la Municipalidad.
