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Un nuevo escándalo político podría estar desarrollándose en la ciudad de Concordia, más precisamente en el seno del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de CONCORDIA, que ahora tendría como protagonistas a una Concejal y a la propia Presidenta del Cuerpo.
En efecto, se habría conocido que la Srta. Yaiza PESSOLANI BECHET habría accedido al cargo de Concejal de manera fraudulenta en las últimas elecciones de 2023.
Se encontraría acreditado que esta joven, cuya residencia real sería en LA CRIOLLA, figuraba en el padrón electoral de dicha localidad, habría votado en LA CRIOLLA, pero, sin embargo, estaría ejerciendo el cargo de Concejal en CONCORDIA. Como consecuencia de ello, cobraría indebidamente como Concejal del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de CONCORDIA una suma de DOS MILLONES Y MEDIO DE PESOS.
El perfil de la concejal donde expone su pertenencia a La Libertad Avanza
Todo esto resultaría ser un claro absurdo y un posible monumento a la corrupción, bajo la tutela de la presidenta del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, Magdalena RETA DE URQUIZA, quien, lejos de llevar a cabo una investigación sobre un hecho tan grave, habría protegido a la cuestionada PESSOLANI BECHET.
Pero este escándalo, que podría socavar los cimientos del legislativo de CONCORDIA, no terminaría ahí. El Juez Federal de Paraná, con competencia electoral, Dr. Ríos, estaría tramitando una de las dos causas penales que tendría la Concejal, quien habría votado en LA CRIOLLA pero es Concejal en CONCORDIA (Yaiza PESSOLANI BECHET). Esta causa se identificaría con el número de expediente Expte Nro. 13713 / 2024, caratulada: IMPUTADA: PESSOLANI BECHET, YAIZA, s/FALSIFICACIÓN DE PADRONES Y SU UTILIZACIÓN (ART. 143 CEN), y estaría tomando medidas contundentes en contra de PESSOLANI BECHET.
El “caso Kueider” acaba de empezar. Y podría extenderse y complicar la situación procesal de muchos más políticos que se habrían enriquecido gracias a la misma red de cobro de sobornos que habría beneficiado al senador expulsado del Congreso esta semana. La caída de Kueider ocurrió después de que se conociera que había sido detenido intentando ingresar a Paraguay con 200 mil dólares no declarados ante las autoridades.
Bordet, Kueider y la causa Securitas
El ex gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hoy diputado nacional y ex jefe político de Kueider, es solo uno (entre varios dirigentes más), que están bajo pesquisa judicial en la misma causa del fuero federal en la que Kueider tiene un pedido de detención en la Argentina por ser considerado autor del delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Clarín pudo saber, en base a fuentes judiciales y por la lectura de documentos oficiales, que Bordet está mencionado, igual que Kueider, como uno de los funcionarios que entre el 2016 y el 2018 podrían haber recibido sobornos pagados por la empresa de seguridad Securitas.
El mega-expediente Securitas está siendo investigado desde el año 2020 por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, bajo instrucción del fiscal Federico Domínguez.
Es un caso de corrupción paradigmático y de consecuencias inesperadas y transversales a diferentes gestiones de Nación, Provincias y Municipios, entre otros ámbitos.
Ocurre que la causa se inició debido a que la propia compañía Securitas se autodenunció en la Justicia de la Argentina después de detectar, en una auditoría interna, que sus ejecutivos en nuestro país podrían haber ganado contratos y licitaciones amañadas con diversos organismos públicos nacionales, provinciales y hasta firmas privadas, para garantizarse negocios con el Estado.
Debido a que Securitas tiene sede en Suecia, y cumple con exigentes normas de transparencia, la firma terminó comprometiendo a los directivos que trabajaban en la Argentina.
La confesión del pago de sobornos provocó que varios de los “arrepentidos” fueran detenidos, algunos con arresto domiciliario. Kueider está mencionado en documentos de Securitas, y en comunicaciones entre sus autoridades, como uno de los destinatarios de la plata sucia otorgada a la política. En su caso, habría recibido sobornos cuando se desempeñaba como autoridad de la empresa de energía de Entre Ríos, ENERSA.
Quienes habrían pagado las coimas habrían sido los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, conocidos de Kueider, a quien le habrían facilitado dinero para adquirir tres departamentos de lujo en Paraná.
La misma pista es la que sigue el fiscal de Concordia, José Arias, quien investiga a Kueider también por enriquecimiento ilícito.
Arias también investiga a Bordet
El mismo fiscal tiene otro expediente que también avanza y que se podría conectar con la causa que se tramitaba en sigilo en San Isidro. Arias recopila información por el mismo delito de enriquecimiento ilícito al ex gobernador Bordet.
Ocurre que una vez que asumió como diputado nacional, se conoció que había registrado en su declaración jurada bienes por una suma mayor a los 150 millones de pesos.
Entre los bienes declarados, se encuentran varios inmuebles, y también cuentas bancarias en pesos y dólares. Arias profundizó pistas y detectó maniobras financieras de compleja defensa para Bordet.
En paralelo, y sin que se conocieran detalles de la megacausa Securitas, bajo control de Arroyo Salgado, la jueza también encontró entre la documentación interna de la empresa Securitas el nombre de Bordet.
En este caso puntual, las posibles coimas que pudo haber recibido Kueider como funcionario de ENERSA, en la gestión del gobernador Bordet, se vinculan, aunque las autoridades judiciales desconocen, al menos hasta ahora, la información sobre el crecimiento patrimonial del exgobernador que se replica, no de modo similar, pero sí con ciertas conexiones, en cada uno de los dos expedientes mencionados en esta nota.
Clarín pudo saber que Arroyo Salgado le había señalado al fiscal Domínguez que se debía profundizar sobre el rol de Bordet en esta trama delictual. El exgobernador es mencionado por los hermanos Tortul en un mensaje que dice esto: “Le deje normalizado todo para que próximos meses (sic) 2.500.000 más IVA por mes noviembre, diciembre y enero y febrero y marzo más el 21 de aumento serían más de 12,5 mil más IVA. ENERSA. Creo que hoy acordó pago cn Vecchi. Dsp vamos a hacer el negocio, si le dije q semana que viene tenemos que la pagar la parte de Bordet…”.
La magistrada también destacó que, en una declaración de otro de los involucrados en este caso de corrupción, llamado Oscar Sagasti, quien mencionó que “el caso ENERSA fue más complejo, algunos empleados no querían perder el favor del gobernador porque podría complicar los negocios en los cuales estaban relacionados. Que la cuenta de ENERSA era manejada por los hermanos Tortul, el Gobernador de Entre Ríos, el gerente general de ENERSA, el presidente de ENERSA estaban involucrados. En ese momento advirtió que la corrupción estaba extendida”.
Una vez conocida la detención de Kueider en Paraguay, la jueza Arroyo Salgado activó el pedido de detención y allanamientos a domicilios del antes senador con fueros. Bordet intentó despegarse en declaraciones públicos de este dirigente que no solo fue su funcionario en ENERSA, sino que también se desempeñó como secretario general de su gobernación.
Arroyo Salgado busca datos de la sociedad Edekom, de la que el exsenador es copropietario. Se trata de una firma de software “fantasma”.
En las tres causas que la Justicia tiene abiertas contra el exsenador Edgardo Kueider están en la mira una serie de personas que podrían configurarse como sus posibles testaferros. El grupo está conformado por Iara Gilsen Costa, su exsecretaria privada; Rodolfo Daniel González, un empleado de la Biblioteca del Congreso que es además socio de Kueider en la empresa Betail y Ernesto Javier Rubel, amigo y exsocio en esta última firma.
La Justicia ahora posa su mirada sobre otra persona, de la que hasta ahora no hay demasiada información: el hijo del exlegislador. Se trata de Iván Haidar Kueider, socio junto con su padre en una firma ahora en la mira de la Justicia cuyos domicilios fueron allanados el pasado jueves por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
La magistrada lleva adelante una causa que se desprendió del expediente Securitas, que investiga el pago de coimas por parte de esta firma a organismos provinciales y nacionales para quedarse con contratos de seguridad. Una de las compañías a las que se le habría pagado dádivas es Enersa, la empresa de seguridad estatal de Entre Ríos, de la que Kueider era directivo.
La empresa en cuestión es Edekom S.A., que se dedica al servicio de consultoría en tecnología de la información como actividad primaria y a la publicidad y procesamiento de datos como actividades secundarias. La compañía fue fundada en diciembre de 2022, según registros a los que accedió TN y posee dos domicilios, uno en avenida Belgrano al 1200 y otro en Cerrito 1320. A ambos llegó la Gendamería en busca de documentos y elementos electrónicos de utilidad para el caso pero se confirmó lo que se preveía: la compañía en cuestión no funciona allí.
La Justicia investiga a una empresa del hijo de Edgardo Kueider y tiene en la mira al contador de la familia Edekom se fundó en el año 2022 y ese no es dato menor. Kueider no presentó sus declaraciones juradas correspondientes a ese año ni la de 2023, es decir, esta empresa se mantenía oculta hasta que estalló el escándalo de los U$S200 mil que el exsenador intentó ingresar sin ningún tipo de documentación a Paraguay. Fuentes judiciales le dijeron a TN que esta firma tiene similitudes con Betails: no tiene balances presentados ni actividad real. Serían empresas fantasmas.
Haidar Ivan Kueider, de 31 años, es monotributista categoría F, y se dedica a los servicios de publicidad y al hospedaje de datos. La Justicia busca determinar si el joven también se pudo haber utilizado para ocultar el patrimonio de su padre.
En esta historia también cobra protagonismo un contador llamada José Carlos Nogueras. La Justicia también allanó un domicilio en Ercilla al 6200 que estaría vinculado a este hombre. La investigación lo sindica como el contador que aprobó los balances de Betail cuando se presume que en rigor en una empresa sin actividad ni giro comercial. En ese domicilio las autoridades esperaban hallar documentos clave sobre las empresas en la mira.
Durante el jueves se llevaron adelante 13 allanamientos a diversas propiedades vinculadas a Kueider. La lista de inmuebles se compone de la siguiente manera:
Departamentos en Santiago del Estero al 500, Paraná. Estas unidades fueron adquiridas por la empresa Betail, de la que Kueider es dueño en un 50%. Las expensas de este departamento a partir de agosto comenzaron a estar a nombre de Iara Gilsen Costa, la secretaria privadal exsenador.
Inmueble en Rodríguez Peña al 1900, en Capital Federal. Es propiedad de Rodolfo Daniel González, socio de Kueider en Betail y el dueño de la camioneta en la que fue detenido el exsenador con los 200 mil dólares sin declarar.
Departamento en Araoz Alfaro al 400, en Capital; y otro en Bartolomé Mitre al 800, en Morón. Este último pertenece a Ernesto Javier Rubel, amigo y exsocio de Kueider en Betail. Es un monotributista categoría C, sin actividad comercial previa conocida.
Ituzaingó al 1000, Concordia, sede de BETAIL S.A.
Ercilla al 6200, CABA, vinculada al contador José Carlos Nogueras.
Una oficina en Belgrano al 1200, en donde funcionaría Edekom. También se allanó otro inmueble ubicado en Cerrito al 1300, CABA, también vinculado a esta compañía.
Inmueble en Fincas de Iraola de Berazategui.
GRUPO CDS, ubicado en Ernesto Bavio al 90, Paraná. Es el fideicomiso que construyó el edificio LIVE en Paraná en donde la empresa Betail compró tres departamentos y también poseen unidades los hermanos Tortual, investigados en el caso Securitas.
Ernesto Bavio 97, Paraná (escribanía en la que se habrían llevado a cabo operaciones y gestiones de las sociedades vinculadas al exsenador Kuider); San Luis 673, propiedad vinculada a la madre de Iara Guinsel Costa.
El senador peronista cumple prisión domiciliaria en Paraguay, donde fue detenido tras entrar con más de US$200 mil sin declarar. Para que eventualmente Kueider sea detenido, en la causa por enriquecimiento ilícito a cargo de Arroyo Salgado, la Cámara Alta primero debería determinar su desafuero, para lo que hacen falta dos tercios de los votos.
En 2019, una auditoría interna en la empresa de seguridad y vigilancia privada Securitas Argentina detectó el pago de coimas a funcionarios públicos, al menos, desde 2013, para garantizarse contratos con empresas y organismos estatales en todo el país, o cobrar servicios adeudados en gestiones anteriores. La entonces filial argentina de Securitas AB, cuya casa matriz está en Suecia, se autodenunció en febrero de 2020 y ofreció colaborar con la investigación judicial, en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
Esa autodenuncia derivó en una megacausa que instruyó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, junto al fiscal Fernando Domínguez y Diego Velazco de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por el pago de sobornos y favores para maximizar las ganancias de la empresa. “Con Securitas se repitió la misma matriz de corrupción en todas las provincias, tanto en el sector público como privado. Sobornos a funcionarios, tanto nacionales como provinciales, y pago de favores a responsables de compras en las empresas privadas para quedarse con los contratos”, advirtió un funcionario judicial que participó de la investigación de esta causa, según la nota de Mariel Fitz Patrick en Infobae.
Entre las empresas y organismos públicos implicados aparecen AySA, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), la Oficina General de Contaduría del Ejército Argentino, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de diversas provincias, el Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, y el Registro Nacional de Armas (RENAR). Los delitos detectados por la Justicia Federal fueron cohecho, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos.
Para conseguir los contratos, la empresa y sus filiales en las distintas provincias recurrieron a la sobrefacturación o a la simulación de servicios nunca prestados. Según los investigadores, “se diseñó un sistema contable marginal (denominado “caja 2″) en el cual registraron a proveedores fraudulentos o que no prestaban servicio alguno y, a través de los pagos de las respectivas facturas, obtuvieron sendas sumas de dinero que, a su vez, eran utilizadas para, entre otras cosas, el pago a funcionarios de organismos públicos y de empresas públicas y privadas”.
En esta causa ya hay 11 acusados con procesamientos dictados por Arroyo Salgado, confirmados el 4 de diciembre último por la Cámara Federal de San Martín. Entre los procesados, figuran ex directivos de Securitas Argentina y un ex gerente de Logística de ENERSA, Alejandro Javier Cis.
Kueider no estaba en un principio implicado directamente en este expediente. Las alertas se encendieron tras la denuncia en su contra realizada el 2 de julio último por el periodista Christian Sanz por presunto enriquecimiento ilícito ante el mismo Juzgado de Arroyo Salgado, en base a notas en el sitio El Disenso y la revista Análisis sobre la compra de varios departamentos en Paraná.
Los investigadores comenzaron a conectar las coimas pagadas por Securitas a la empresa de energía provincial ENERSA con el crecimiento patrimonial de Kueider, quien ingresó a la política en 1999 como concejal de Concordia, con su rol como ex secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, entre 2015 y 2019, durante el mandato del peronista Gustavo Bordet.
En parte de ese período, más precisamente entre 2016 y 2018, la Regional Litoral de esa empresa de seguridad privada estaba a cargo de los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, luego de que esta empresa adquiriera su firma El Guardián SA en 2008. De acuerdo a la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados por la magistrada y los fiscales a partir del material incautado en distintos allanamientos, los hermanos habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de ENERSA, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio concreto.
Es en esa operatoria de pagos y cobros ilegales entre Securitas y ENERSA donde los investigadores creen que habría tenido algún tipo de participación Kueider, por su rol de secretario general de la Gobernación de Entre Ríos.
Desde el entorno del ex senador refutaron esa sospecha y aseguraron a Infobae que Kueider “no tuvo nada que ver con la gestión de ENERSA y no intervenía en el directorio” de la empresa energética entrerriana. Su abogado, Maximiliano Ruiz, le dijo a este medio que el ex senador “no entiende por qué lo vinculan con esa causa (Securitas), que no tiene nada que ver” y que “no recuerda haber ejercido esas funciones que dicen que ejerció en ENERSA”. Y agregó: “Se están mezclando las cosas, y se está forzando la vinculación con la causa por los departamentos en Entre Ríos, para sumar impacto mediático”.
Esto fue ratificado por el ex gobernador Bordet en diálogo con este medio: “El Poder Ejecutivo provincial no forma parte de la administración de la empresa, ni participa de sus decisiones. Hay diferentes sociedades anónimas en la provincia, que tienen un presidente y un directorio”. Actual diputado nacional por Unión por la Patria y al frente de la gobernación entrerriana entre 2015 y 2023, aseguró que “Kueider no formaba parte del directorio ni era síndico de ENERSA”. Explicó que su participación se limitó a “firmar las actas de la asamblea anual de la empresa, en representación del estado provincial”.
En el expediente, hay un mensaje que intercambian Claudio Tortul, su hijo Ramiro y su hermano Marcelo el 28 de enero de 2019 en el que se habla de “pagar la parte de bordet” (sic), en una conversación en la que hablan de “ir a casa de gobierno para cerrar el negocio” con ENERSA. Identificados como “CT”, “RT” y “MT”, mencionan el precio acordado a cobrar a ENERSA por el servicio de seguridad entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Ese mes, el contrato de Securitas con ENERSA se renovó por dos años , con una actualización del monto. También hacen referencia al “negro”, quien sería José Gervasio Laporte, secretario Legal de Técnico de la Provincia de Entre Ríos hasta su fallecimiento en julio de 2020, a quien le habrían “pagado” una parte con un vehículo Ethios.
Bordet desmintió ante Infobae haber cobrado dinero de los Tortul o Securitas, y respecto de ese mensaje entre los hermanos Tortul, señaló: “Puede que se haya invocado mi nombre para obtener algún tipo de beneficio”. Y aseguró: “Solo me reuní con el presidente o algún director de ENERSA cuando fui gobernador para fijar cuestiones de política energéticas, de los valores de la atrofias, de obras de infraestructura, pero jamás tuve reuniones referidas a la seguridad. Las contrataciones en materia de seguridad son, si se quiere, un tema menor. Se realizaban dentro de la empresa, las decidía el directorio, integrado por cinco miembros y un presidente, y eran revisadas por los cinco síndicos. La empresa Securitas ya venía prestando el servicio cuando llegué a la gobernación. Nunca nadie me consultó sobre el contrato de seguridad, no tuve ninguna participación en esa decisión, ni en la renovación en 2019″.
En ese sentido, también negó cualquier vinculación con los hermanos Tortul: “Nunca tuve trato, ni crucé Whatsapp, ni email, ni me reuní con ellos. Y no quise tenerlo nunca. Era habitual que ellos buscarán tener acceso al círculo de poder. Siempre mantuve distancia. En una provincia todos nos conocemos. Solo pude haber coincidido en algún evento social”.
La vinculación entre Kueider y los Tórtul
Para los investigadores, la vinculación de la causa Securitas con Kueider surgió a partir del análisis del patrimonio de eso dos empresarios de la construcción, dueños de la desarrolladora inmobiliaria que construyó el edificio Live en la ciudad de Paraná, ubicado en Santiago del Estero 511 esquina Tejero Martínez, y donde Claudio Tortul tiene dos departamentos y tres cocheras. El inmueble fue allanado el jueves por la mañana la jueza Arroyo Salgado.
En ese mismo edificio, a través de la sociedad Betail SA que usó como pantalla, Kueider compró a su vez, en 2021, tres departamentos y dos cocheras. La adquisición se realizó a través del Fideicomiso Santiago Tejeiro (por el nombre de cruce de calles del edificio), según figura en el Balance de ese año de Betail SA, al que accedió Infobae. El valor de los tres inmuebles supera los USD 650.000, sin considerar el valor de las cocheras. En diciembre, las expensas totalizaron $255.000, como reveló Infobae esta semana.
Uno de los departamentos de Betail SA/Kueider es el semipiso del 13 “A”, cuyo vecino de enfrente es justamente Claudio Tortul, titular del 13 “A”. La propiedad de esos departamentos salió a la luz por la titularidad de las expensas del edificio a nombre de Betail SA, como reveló la revista Análisis el 6 de junio último.
El ahora ex senador no incluyó estos inmuebles en la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al 2021. Adeuda las declaraciones juradas posteriores, cuya presentación exige la Ley de Ética Pública a los funcionarios nacionales.
Otro dato que alertó a los investigadores es que, a partir de junio, las expensas de los departamentos de Kueider/Betal SA en el edificio Live pasaron a estar a nombre de Iara Guinsel Costa, la secretaria que lo acompañaba cuando fue descubierto en Paraguay con USD 211.000 y sería su compañera afectiva. Ese cambio de titularidad se dio después de los allanamientos ordenados por Arroyo Salgado en el capítulo ENERSA de la causa Securitas, y fue uno de los motivos – según pudo saber Infobae – por el que la magistrada resolvió pedir el desafuero y detención el jueves pasado.
En el requerimiento fiscal de octubre pasado en la causa por enriquecimiento ilícito, Domínguez evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.
El ex senador es el dueño del 50% de Betail SA, firma a la que ingresó en diciembre de 2019 a poco de asumir su banca en la Cámara alta. El otro 50% figura originalmente a nombre de su amigo Rodolfo Daniel González, un puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. Luego González le transfirió sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. La empresa, constituida como una agropecuaria, no registra ningún tipo de actividad comercial en sus balances presentados ante la IGJ.
Para Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador.
Causas conexas
A principios de octubre, el fiscal Domínguez presentó un requerimiento de instrucción para que a Kueider se lo investigue por el posible delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.
En la imputación, Domínguez consideró que el hoy ex senador “podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público”. Según el representante del Ministerio Público, se podría “estar frente a un escándalo perpetrado por un servidor público, de un lado, y de la asociación ilícita” investigada en el marco de la causa Securitas.
El fiscal pidió a la Inspección General de Justicia los estatutos y balances de la empresa Betail SA; a la Oficina Anticorrupción, las declaraciones juradas del senador; a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe sobre su actividad económica e ingresos, y un detalle de sus cuentas bancarias y bienes; y a los Registros, informes sobre sus inmuebles. Además, solicitó que se levante el secretario fiscal y bancario.
El 8 de octubre pasado, Arroyo Salgado resolvió la conexidad de la causa de Securitas y la nueva denuncia por enriquecimiento ilícito contra Kueider. Esto implicó que, si bien son dos expedientes diferentes, corren por “cuerdas paralelas” como suele decirse en el ámbito tribunalicio, por lo que la jueza puede usar pruebas de una y otra para avanzar con la investigación.
A la causa por enriquecimiento se sumó la investigación preliminar (IP) que abrió la PROCELAC de oficio, para saber de dónde venían los USD 211.000 que se le incautaron a Kueider y su secretaria en Paraguay. Ese informe ya fue entregado el viernes a Arroyo Salgado y a Domínguez, bajo extremo hermetismo, por el fiscal Velazco. La detención de Kueider hace 10 días en Paraguay con esa suma de dinero en efectivo sin declarar abrió, además, la hipótesis de maniobras de lavado de dinero con dinero proveniente de la corrupción.
Actualmente, hay una disputa de competencia que debe resolver la Cámara entre la causa que tramita en el Juzgado de Arroyo Salgado, y la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider que se sustancia en Concordia, impulsada por el fiscal José Arias.
Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión preventiva en Paraguay por intento de contrabando de divisas. Arroyo Salgado pidió su desafuero con fines de detención. El Senado lo expulsó el jueves por amplia mayoría en una sesión envuelta en polémica porque la presidió Victoria Villarruel, cuando ya estaba de viaje en el exterior el presidente Javier Milei. Su abogado presentó un amparo para impugnar la sesión y reclamar su invalidez. Ayer, Ruiz viajó a Paraguay para reunirse con su defendido.
Según pudo saber Infobae, la nueva estrategia de Kueider sería “redoblar el ataque” e iniciar una serie de denuncias. “Estamos evaluando recusar a Arroyo Salgado por haber cursado los oficios de desafuero y allanamientos en el momento en que se estaba haciendo la sesión. Quiso torcer la votación y marca una enemistad manifiesta contra el acusado”, sostuvo Ruiz en diálogo telefónico con Infobae desse Paraguay. “Y vamos a ir contra el Poder Ejecutivo porque, en ultima instancia fue el Ejecutivo encabezado por Villarruel el que interfirió con la sesión, por lo que correspondería demandarlo, porque es de donde provino el acto lesivo que generó toda la situación”.
El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) concretó este sábado su ceremonia de premiación en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En su sexta edición, el festival se consolidó como el más grande hasta la fecha, con una amplia programación de películas nacionales, regionales, entrerrianas, cortometrajes y proyectos, además de actividades especiales, charlas y talleres.
Esta edición del Ficer fue posible gracias a la decisión del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, de darle continuidad a una política cultural de relevancia. En la ceremonia de premiación estuvieron presentes el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello; el director del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), Maximiliano Schonfeld; el director artístico del Ficer, Eduardo Crespo; y la diputada nacional Carolina Gaillard.
Sobre el escenario, Crespo expresó que ver la sala gigante llena de gente lo puso contento. “Es algo que logramos entre todos. Este año el Festival tenía que crecer y tuvimos la voluntad política de un gobierno que entendió que se venía haciendo un trabajo muy importante con el cine en la provincia”.
Premios y distinciones
El jurado de la Sección Oficial, presidido por Rodrigo Moreno, otorgó el premio Fernando Ayala a la película “Senda India”, dirigida por Daniela Seggiaro, como mejor película del festival. La película recibirá un premio de un millón y medio de pesos por parte del Gobierno de Entre Ríos.
Daniela Seggiaro, visiblemente emocionada, agradeció al equipo del festival y a todos los que hacen posible el cine argentino: “Realmente es increíble, en este tiempo de oscuridad, encender pantallas para vernos, encontrarnos para pensar, para brillar, con nuestras pasiones por el cine; es algo maravilloso”.
Por primera vez en el Ficer, el premio Ojo Pez, otorgado por el público, coincidi{o con el del jurado, reconociendo a “Senda India” como la mejor película de la Sección Oficial. Una sola primavera, de Joaquín Pedretti, recibió esta distinción en la sección Panorama Regional; Una ciudad de provincia, de Rodrigo Moreno, en Cine Entrerriano; y El viento que arrasa, de Paula Hernández, en Correntada de Cine Argentino.
También en la categoría Cortos Entrerrianos el público coindició con el jurado. De esta forma, la estatuilla Ojo Pez y el premio Fernando Ayala fueron para “El río siempre fue un color”, de Floriana Lazzaneo y Mariana Lombard. El cortometraje recibirá 800 mil pesos del Gobierno de Entre Ríos.
Además de los premios principales, se entregaron reconocimientos a otros proyectos cinematográficos destacados. El Fondo Nacional de las Artes (FNA) premió a Gastón Calivari por la dirección de su cortometraje “Mientras tanto estoy acá” y el Premio Género DAC reconoció a Laura Casabé por su dirección en “Álbum de familia”.
A su vez, Marilyn Contardi recibió el Premio Tilda Thamar a la trayectoria, por su labor y compromiso con el cine. Esta distinción también fue otorgada a José Luis Rebordinos, director del Festival Internacional de San Sebastián; a la actriz Adriana Aizemberg; y al historiador de cine Fernando Martín Peña.
El Mercado Regional del Ficer también otorgó premios a proyectos en desarrollo y work in progress, impulsando la producción audiovisual en la región. Los ganadores en el primer caso fueron Aguas del Paraná de Martín Servente de Misiones; Los amigos de mis papás, de Romina Tamburello de Santa Fe; Metele suela, de Verónica Gentili, de Misiones; y Ocaso, de Malena Fontana, de Entre Ríos. Los seleccionados en el segundo caso fueron La gente de la ruta, de Lucas Koziarski, de Misiones; y República, prueba y error, de Emiliano Goyeneche, de Entre Ríos. Este último también fue acreedor del Premio Estudio Silver, consistente en un subtitulado al inglés, francés o portugués.
Luego de la gala de premiación, Celina Murga presentó su reciente película El aroma del pasto recién cortado, en la sala mayor del CPC y la noche cerró con la presentación de Silvina López y Marcia Müller en Cancionero Litoral Expandido.
Es el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal. Le envió un oficio esta mañana a Victoria Villarruel para el que cuerpo trate el pedido. La magistrada pidió también la detención, previa extradición, de la secretaria, Iara Guinsel Costa. Ambos están con prisión domiciliaria en Paraguay
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió esta mañana el desafuero del senador Edgardo Kueider en un oficio enviado por mail a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”. Lo hizo en el marco en el marco de la causa contra el legislador por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro. Más temprano, le había adelantado la medida por celular a la vicepresidenta.
La magistrada no puede pedir su extradición directamente porque Kueider tiene fueros como senador nacional, por lo que la solicitud deberá ser tratada por el pleno del cuerpo y requiere los dos tercios de los votos para ponerlo a disposición del juez competente. El Senado tendrá hoy una sesión especial en la que la Cámara alta tiene que resolver si lo expulsa, como reclama el kirchnerismo, o si lo suspende en sus funciones como promueve el ofiailismo y aliados, hasta que haya una definición en la causa judicial que afronta en Paraguay por tratar de ingresar con USD 211.000 y $600.000 en efectivo sin declarar, desde Brasil ,en un camioneta la madrugada del 4 de diciembre.
Al pedido de desafuero debe asignársele un número de expediente para que tenga un trámite formal, lo que está a cargo de la Secretaría Parlamentaria. Según pudo saber que se estaba concretando en el transcurso de esta mañana. Luego debe ser girado inmediatamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales que tendrá 60 días para emitir dictamen. Pese a estar en período de sesiones extraordinarias, esa Comisión se puede reunir por tratarse de un tema disciplinario. Paradójicamente, el presidente de Asuntos Constitucionales es el propio Kueider. Para poder tratarlo directamente sobre tablas en el recinto, sin dictamen de Comisión, se necesitan dos tercios de los votos. El cuerpo tiene 180 días para tratarlo.
En el marco de esta misma causa por enriquecimiento contra Kueider, Arroyo Salgado pidió, además, la detención de Iara Guinsel Costa, la secretaria que lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay, para lo que pedirá su extradición por la vías diplomáticas correspondientes.
Iara Guinsel Costa y Edgardo Kueider en la puerta del departamento donde cumplen prisión domiciliaria
La joven – de 34 años y con quien Kuieder mantendría una relación afectiva – es oriunda de Concordia, al igual que el senador. Fue nombrada en su despacho en el Senado en febrero, y en junio, transferida al bloque de Unidad Federal que integra el legislador entrerriano. Fue dada de baja en agosto, luego de que empezaran a conocerse las investigaciones en contra de Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, y en la que ella está sospechada de actuar como una posible testaferro.
Ante los fiscales paraguayos, la joven dijo que el dinero se lo había dado una misteriosa empresa paraguaya – Golsur SA – en Ciudas del Este. Primero habría dicho que fue para comprar productos “cosméticos”, “perfumes” y “electrónicos”, y luego para hacer “inversiones” en ese país, sin mayores especificaciones.
Ambos están con prisión domiciliaria detenidos en un departamento de lujo en Asunción, mientras la Justicia paraguaya avanza en la investigación en la que están imputados por presunto contrabando, por el intento de ingresar una cantidad de divisas muy por encima de lo permitido por la ley sin declarar, monto fijado USD 10.000. Están alojados en el edificio Tierra Alta, en Villa Morra, un barrio donde proliferan los desarrollos inmobiliarios, en muchos casos de argentinos que buscan llevar su dinero a Paraguay. A pedido de los fiscales de Ciudad del Este, el juez Humberto Otazú determinó que deberán permanecer como mínimo hasta el 5 de abril, el plazo dado al Ministerio Público Fiscal paraguayo para concluir la investigación.
El lujoso complejo de departamentos donde Kueider está con prisión domiciliara en Asunción, junto con su secretaria
La Constitución Nacional le impide a la Justiciadetener a los legisladores nacionales, allanar sus domicilios o lugares de trabajo, o interceptar sus comunicaciones. Esta inmunidad está garantizada por el artículo 68 que dice que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”; y el 69 que establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.
Para que Kueider pueda ser indagado y/o detenido, la Cámara respectiva deberá votar su desafuero previamente con dos tercios de los votos, para concretar la suspensión en sus funciones. No se trata de una expulsión, ya que si la Justicia no lo hallara culpable, podría hipotéticamente reintegrase al cuerpo. Hoy no está claro si el Senado reuniría los votos exigidos, ya que tanto el kirchnerismo – que tiene una mayoría de 33 – como el oficialismo y aliados están enfrentados respecto de qué hacer con el senador pescado in fraganti en Paraguay.
La detención fue dispuesta por la magistrada luego de que tras los allanamientos dispuestos en abril en el marco de la causa de Securitas que lleva adelante la magistrada, detectó que el senador realizó varios viajes a Paraguay, y cambió la titularidad de las expensas del edificio donde tiene tres departamentos y dos cocheras en Paraná. En ese expediente, Arroyo Salgado investiga el pago de coimas de esta empresa de seguridad privada a organismos públicos nacionales y provinciales, entre los cuales se encontraba la empresa estatal de energía de Entre Ríos ENERSA, cuando el senador Kueider la tenía bajo su órbita como Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, bajo el mandato del peronista Gustavo Bordet. Esas decisiones tomadas por Kueider a partir de mayo fueron interpretadas por la Justicia Federal como “evasivas” para ocultar pruebas y dieron pie al pedido de detención.
En ese edificio, según reveló la revista Análisis de Paraná el 6 de junio pasado, Betail SA figuraba hasta mayo de este año como titular de las expensas de cinco unidades, según reveló la revista Análisis el 6 de junio pasado. Se trata de dos departamentos – el 6 “D” y 6 “E” – con un valor de aproximadamente USD 150.000 cada uno; dos cocheras; y un semipiso en el 13 “A” de tres dormitorios, con un valor de mercado de USD 350.000. En total, en mayo, las expensas sumaban $118.000. En diciembre, ascendieron a $255.000.
En ese mismo inmueble de lujo también tiene departamentos los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, que estaban al frente de la filial de Paraná de Securitas y fueron procesados por Arroyo Salgado por el pago de sobornos a funcionarios de Entre Ríos para conseguir o mantener los contratos de seguridad privada de ENERSA. La magistrado dispuso su prisión preventiva, pero la Cámara Federal de San Martín revocó luego esa medida.
El fiscal Leandro Dato planteó ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) el rechazo del recurso de impugnación extraordinaria contra lo resuelto el 19 de noviembre por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que dispuso la prisión preventiva de ambos y su encierro en la Unidad Penal ante el riesgo de fuga. De ese modo, revocó una resolución del Tribunal de Juicios y Apelaciones e hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal. Urribarri fue condenado en 2008 en el megajuicio a 8 años de cárcel; también su cuñado, Juan Pablo Aguilera, a 6 años y 6 meses.
Esas condenas no se encuentran firmes. Hay un recurso extraordinario federal que trata la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto el encarcelamiento de ambos es en forma preventiva en la Unidad Penal. Los abogados de Urribarri -Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa- al igual que los representantes de Aguilera -Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende- pidieron mediante la impugnación que se revoque lo resuelto por la Casación y que se orden la libertad de sus asistidos.
La cuestión deberá ser resuelta por un tribunal conformado por Miguel Giorgio, Germán Carlomagno y Gisela Schumacher, que tiene un plazo de 20 días hábiles para expedirse.
Fiscal Leandro Dato
En el escrito que Dato presentó ante la Sala Penal pidió que las peticiones de Urribarri y de Aguilera sean «desestimados, en atención a que no cumplen con las exigencias que esta etapa requiere, ya sea por falta de agravio federal suficiente, como así también por defectos en el abordaje de su cometido». Y suma: «En efecto, no se advierte agravio federal alguno sobre lo resuelto por la Sala I de Casación, ya que la decisión adoptada lo ha sido con sobrados y fundados argumentos basado en las constancias de la causa como así también apoyado en normas procesales, nacionales y convencionales y precedentes relacionados directamente con el objeto de tratamiento».
En su argumentación, el funcionario judicial sostiene que «entender- erróneamente- que por haber sido concedido el recurso extraordinario federal los condenados Urribarri y Aguilera no pueden ser detenidos cautelarmente, proponiendo una falsedad argumental a partir de ello. En ese sentido, resultan atinados y razonados, como así también ajustados a normas procesales, constitucionales y convencionales los argumentos por los cuales la Sala I de Casación decidió por unanimidad dictar la prisión preventiva en establecimiento carcelario de los condenados Urribarri y Aguilera. No escapa a esta parte y debo resaltar que para ambas instancias de análisis- Tribunal de Juicio y Cámara de Casación- no hubo dudas con respecto a la existencia de riesgos procesales suficientes- riesgo de fuga- para extremar las medidas de coerción».
Arguye el fiscal que «no es cierto que los recursos interpuestos por las defensas hayan sido concedidos por cada uno de los hechos por los que fueran condenados, por tanto, como ya explicitaré varios de los hechos se encuentran firmes». Y cita el voto de la vocal de la Sala Penal Gisela Schumacher que concedió el recurso ante la Corte y al respecto hace notar que «la vocal Schumacher hizo lugar y concedió recurso extraordinario con respecto a Urribarri y Aguilera por arbitrariedad en el caso de la conformación del voto de mayoría de la vocal y el doctor Giorgio, pero decidió el rechazo del recurso extraordinario por lo demás, con lo cual se puede sostener que al decir de la misma magistrada los argumentos de las defensas son reiteraciones de lo ya rechazado».
«En consecuencia, una sola parte del planteo defensista – con lo criticable del fallo de la vocal Schumacher – no se encuentra firme. Ninguna de las defensas, sostuvo a partir del rechazo de los planteos que no fueran por arbitrariedad, queja para intentar revertir lo resuelto», hace notar Dato.
A ese respecto, plantea: «Esto no es menor, por cuanto, se cae el propio argumento de las defensas que la decisión del tribunal de juicio confirmada por Casación y con queja denegada por esta Sala en la instancia provincial no se encuentra agotada por haber sido concedido parcialmente recurso extraordinario».
Sostuvo en su escrito que «se encuentran dadas las condiciones necesarias para que se dictara la prisión preventiva de Urribarri y Aguilera».
La decisión de Casación
El Tribunal de Casación –integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo-, entendió que había “riesgos” procesales luego de la durísima condena aplicada a Urribarri y a Aguilera. “De allí que, encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”, dice el voto de la jueza Davite, al que adhirieron Badano y Bruzzo.
Davite dijo compartir “con los vocales del Tribunal de Juicio en que nuestro régimen procesal fue pensado y diseñado con la idea de la prisión preventiva como última ratio para casos graves como los que aquí se han investigado, juzgado y sancionado; y con las ideas, en tensión, de la necesidad de la averiguación de la verdad y el aseguramiento de los fines del proceso, para lo cual le da pautas al juez para que ante la sospecha de frustración de tales fines, dicte la medida en consecuencia”.
En ese marco, entendió que “toda decisión que prive provisionalmente de la libertad a un imputado, o condenado, debe indicar las razones objetivas que permitan sostener como probable que existe peligro de que el imputado ´no se someterá al procedimiento o que entorpecerá la averiguación de la verdad´(…). La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional; de allí que, como principio general, las restricciones a la libertad durante el proceso deben encontrar sustento en el conjunto de pautas que surgen del caso concreto, que demuestren su necesidad en pos de los fines cautelares previstos en nuestra legislación procesal penal”.
El Tribunal de Casación: Marcela Badano, Marcela Davite y María Evangelina Bruzzo.
“Por ello –apuntó-, el análisis de la necesidad de la prisión preventiva debe conciliarse con la gravedad del hecho que se investiga, y con la obligación internacionalmente asumida por el Estado argentino de prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos de corrupción. Desde este marco teórico, y luego de haber analizado detenidamente el recurso interpuesto por la Fiscalía, las contestaciones de las Defensas y la resolución cuestionada, entiendo que le asiste razón a la Fiscalía en cuanto a que la resolución impugnada, en los votos que conforman la mayoría, resulta arbitraria porque carece de sustento normativo, no valora los elementos de juicio propuestos y resulta exigua frente a la entidad de los riesgos que se pretenden conjurar”.
El Ministerio Público Fiscal había pedido la prisión de Urribarri y de Aguilera en abril último pero esa petición siguió un larguísimo derrotero judicial hasta que, en septiembre, fue rechazado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones, integrada la mayoría por los jueces Castagno y Vergara, y la disidencia de Elvio Osir Garzón.
“Como hemos visto –sentenció la jueza Davite-, según los votos de la mayoría, la Fiscalía demostró la existencia de un latente riesgo procesal que es el peligro de fuga, pero no logró justificar que ese encierro preventivo fuera la única medida posible de adoptar para cautelarlo. Esta conclusión la extrajeron los vocales de la mayoría de vincular los elementos objetivos que se relevaron con los comportamientos evidenciados por los condenados durante el proceso, en tanto, a su juicio, los condenados no han dado muestras de sustraerse a la acción de la justicia hasta el día en el que se dictó la resolución. Por ello, entendieron que la prisión preventiva resultaba desproporcionada, pudiendo ese latente riesgo de fuga ser conjurado con las medidas sustitutivas”.
Y agregó: “En definitiva, el principal motivo del rechazo de la prisión preventiva fue el comportamiento procesal de los condenados a lo largo del proceso. Entiendo correctas todas las consideraciones del Dr. Garzón. Si nos atenemos estrictamente a la legislación procesal, comprobamos que el primer requisito previsto en el artículo 353 del CPPER se ha cumplido en grado superlativo: los hechos por los que resultaron condenados Urribarri y Aguilera quedaron acreditados con el grado de certeza en la sentencia del Tribunal de Juicio, que fue confirmada por esta Cámara de Casación, que a su vez rechazó el recurso de impugnación extraordinaria, cuya queja también fue rechazada por la Sala Penal del STJER (porque, conforme surge de la resolución que hizo lugar al recurso extraordinario ante la Corte Suprema, tal recurso fue concedido únicamente en lo que respecta a la causal de arbitrariedad por la falta de conformación de mayoría en dicho pronunciamiento). Frente a este parámetro, entiendo que la afirmación en la que se fundan los votos de la mayoría, que puede sintetizarse en ´el buen comportamiento procesal de los condenados´, frente las constancias de la causa, no resulta acertado”.
A ese respecto subraya que tal como lo destacó la Fiscalía, “Urribarri sólo estuvo presente en su declaración de imputado y luego participó de las audiencias de manera remota, sin que se haya podido comprobar fehacientemente dónde se encontraba. Por otra parte, se ha podido comprobar -como de manera detallada se verá más adelante- que la audiencia de prisión preventiva no se pudo concretar por las innumerables maniobras dilatorias de la defensa durante más de cuatro meses. Dichas maniobras, se llevaron a cabo durante toda la tramitación del proceso. Tal como puede comprobarse con la demora que hubo para poder llegar a realizarse las audiencias de juicio y de casación, cuya fijación se dificultó por la presentación de recusaciones por causales inexistentes y recursos que no están previstos”.
“También forma parte del comportamiento posterior de Urribarri la persistente negación de la condena, al punto de realizar denuncias insólitas en extrañas jurisdicciones tachando de ´mesa judicial´ a los magistrados que intervinieron en las causas”, agregó.
Casación entendió luego que “acerca del peligro de fuga” , el monto de pena fijado para ambos condenados es elevado lo que, como se ha dicho de manera sostenida, resulta por sí mismo indicativo del peligro de fuga. Por otra parte también han quedado comprobadas las facilidades que tienen los imputados para abandonar el país o permanecer ocultos: se trata de personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.
“De allí que no pueda resultar desproporcionado y menos irracional, pronosticar que, así como se sirvieron de los cargos públicos que detentaban y de la estructura que crearon para cometer los delitos, se servirán de esas mismas circunstancias, más la disponibilidad de los elevados montos de dinero (de los que siguen disponiendo, porque el Estado aún no los recuperó), para eludir el cumplimiento de la condena, fugándose”, añade.
Y subrayó que de la valoración integral de todas las pautas que exige la ley para el dictado de la prisión preventiva, “se puede inferir, sin dificultad alguna, que los condenados seguirán intentando por cualquier medio, incluida la fuga, eludir la acción de la justicia; sin que tenga ninguna relevancia el modo concreto en el que podrían llevarlo a cabo”.
Avances y retrocesos
La jueza Davite enumeró los numerosos recursos presentados en medio de la presentación del pedido de prisión formulado por Fiscalía, y lo hace del siguiente modo:
“Así, vemos que :
* El pedido de prisión preventiva de Urribarri y Aguilera, y la detención de Baéz, fue solicitada el 18/4/24 por la Fiscalía ante OGA (Oficina de Gestión de Audiencias).
* Ese mismo día, el Defensor de los condenados Giacopuzzi y Corina Cargnel, presenta recusación contra los jueces Santiago Brugo y Juan Malvasio.
* El mismo día obra inhibición del Dr. Brugo.
* El 19/04/24, – 1 día más tarde- el Dr. Malvasio contesta el informe ante la recusación efectuada.
* El mismo 19/04/24, se pone a despacho y se integra con los Dres. Vergara y Garzón- estaba presidiendo la Dra. Castagno-.
* Ese mismo día, se les comunica a las partes la integración del tribunal.
* El 22/04/24, se presenta el abogado (defensor de Urribarri, Leopoldo) Cappa, y formula recusación contra el Dr. Malvasio.
* También, en la misma fecha, el defensor de Tamay, Dr. Méndez, se presenta y formula recusación contra el Dr. Malvasio.
* Al día siguiente, el Dr. Malvasio presenta el informe referido a estas últimas recusaciones.
* El 23/04/24, se fija la audiencia para resolver las recusaciones planteadas, por el tribunal integrado por los Dres. Castagno, Vergara, y Garzón, audiencia que se fija para el 25/04/25. El mismo día se presenta el Dr. Cullen y solicita reprogramación.
* El 24/4/24 se reprograma, para el día 29/4/24.
* A continuación, se presenta el Dr. Mendez, solicitando reprogramación. No se le hace lugar.
* El 29/4/24, se presentan (los defensores de Urribarri, Javier) Baños y (Fernando) Burlando, recusando al Dr. Vergara y al Dr. Garzón.
* Ese día, se suspende la audiencia.
* El mismo día, se hace saber que los Dres. Garzón y Vergara rechazan la recusación, y queda integrado el tribunal con las Dras. Bacaluzzo y Zilly.
* El 30/4/24, se inhibe la Dra Zilly. El mismo día se integra con la mencionada Bacaluzzo y el Dr. Zoff.
* Se fija audiencia para el 3/5/24.
* Finalmente, obra resolución del 7/5/24, donde se acepta la inhibición de la Dra. Zilly y se rechaza la recusación de los Dres. Vergara y Garzón.
* El 17/5/24 se integra el tribunal con la Dra. Bacaluzzo por licencia de enfermedad del Dr. Garzón.
* El 29/5/24 se hace la audiencia de recusación de los Dres. Brugo y Malvasio.
* El 31/5/24, se dicta resolución aceptando la inhibición del Dr. Brugo y aceptando la recusación del Dr. Malvasio.
* Contra esa resolución, los abogados Cappa, Burlando y Baños, interponen recurso de reposición, aduciendo que debía respetarse el reglamento de OGA, invocando la acordada del 8/08/23, por que era ese organismo el que debía proceder a la integración del tribunal, según señalan. Así, vemos que luego de haberse aceptado la excusación del Vocal del Tribunal de Juicio Nº4 Dr. Santiago Nicolás Brugo, resolución del 31/5/2024 -fs. 1245/1255- mencionada, y luego de hacerse lugar a las recusaciones planteadas por los defensores Dres. Miguel Cullen, Juan M. Méndez y Leopoldo Cappa, a la intervención del Sr. Vocal, Dr. Juan Francisco Malvasio, se conformó el Tribunal con la Sra. Vocal Dra. Ma. Carolina Castagno y los Sres. Jueces Dres. Julián C. Vergara y Elvio O. Garzón.
* Contra esa resolución, los Dres. Cappa, Burlando y Baños interpusieron un recurso de reposición. Esto motivó que el Tribunal volviera a reunirse para resolverlo. Allí señaló que de ningún modo ese recurso estabahabilitado, que no había ninguna inobservancia formal, y que la resolución se había dictado con sustanciación, lo que efectivamente había sucedido, porque la defensa estaba en conocimiento de la integración del Tribunal, al punto que habían interpuesto formal recusación contra los Dres. Vergara y Garzón.
* El 19/06/24, el tribunal resuelve rechazando el recurso de reposición.
* El 2/07/24 se presentan los mismos abogados recurrentes- Cappa, Burlando y Baños- interponiendo recurso de casación contra la denegatoria del recurso de reposición dictada el 19/06/24.
* El 3/7/24, el tribunal declaró inadmisible el recurso de Casación. El Tribunal volvió a reunirse y resolvió así, declarar inadmisible el recurso de casación, ratificando nuevamente el punto II de la resolución del 31/5/2024 (integración del tribunal).
* El 31/7/24, se fija audiencia para resolver todas las peticiones, para el 6/08/24.
* El mismo día se presenta el abogado Cappa, solicitando la suspensión de la audiencia, indicando que se encontraba pendiente un recurso de queja interpuesto ante esta Casación.
* El 1/08/24, se deniega la suspensión de audiencia solicitada por el abogado Cappa, indicando que el recurso de Queja no suspende el trámite, y se le hace saber que se reprograma la audiencia, por lalicencia por enfermedad del Dr. Garzón, para el día 22/08/24.
* El 14/08/24, se presenta nuevamente el abogado Cappa, solicitando la suspensión de la audiencia, haciendo saber que han presentado ante la Cámara de Casación un recurso de impugnación extraordinaria, ante la denegatoria de la queja por parte de este organismo. En el escrito solicita la suspensión de la audiencia hasta tanto el Tribunal que debe decidir el pedido de medidas requeridas por el MPF, no quede firme y/o se ordene la constitución de otro con Vocales de Juicio como lo requiere la defensa).
* El 5/8/2024 a fs. 1278, se dispone estar a lo resuelto en 1/8/2024 (esto es CONFIRMA La AUDIENCIA para 22/8/2024), reiterándole en la providencia, que la interposición de un recurso de queja no paraliza el trámite de la causa, señalando que así lo ha sostenido el STJ.
* El 19/08/24 se presentan nuevamente los abogados Burlando, Cappa y Baños interponiendo un recurso de reposición con revisión en subsidio, por considerar que la resolución de 15/8/24, emitida por la Directora de OGA (que no paralizó el trámite y sostuvo la audiencia para el 22/8/24) es contradictoria. Solicitan así, mediante esa presentación, la suspensión de la audiencia, fijada para el 22/8/2024, hasta tanto se resuelva la reposición y se garantice la integración del tribunal; y piden se suspenda cualquier trámite procesal y/o ejecución de medidas restrictivas de la libertad hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario federal.
* El 19/8/2024 se agrega correo electrónico del Dr. Ignacio Díaz, defensor de Báez, solicitando suspensión de audiencia por licencia médica, adjunta resolución del Colegio de la Abogacía, concediendo la misma. En consecuencia se suspende la audiencia señalada para el 22/8/2024.
* En 20/8/2024 y ante la notificación de la suspensión de la audiencia el Dr. Marcos Rodriguez Allende informa que le ha sido otorgada licencia del 1 al 13 de septiembre de 2024.
* El 26/8/24 se suspende la audiencia, fijándose nueva audiencia para el 29 de agosto de 2024. El mismo día, 26/8/2024, agrega correo electrónico de esa fecha, por el cual el abogado Cappa comunica que ha presentado un recurso de queja directo, por lo que no está firme la composición del Tribunal y solicita la suspensión de la audiencia reprogramada para el 29/8/2024.
* En igual fecha (26/8/2024) se provee no hacerle lugar al pedido y mantener la audiencia señalada para el 29/8/2024.
* El 28/8/2024 a las 07:19 am, se recibe correo electrónico del abogado Cappa, solicitando nuevamente la suspensión de la audiencia del 29/8/2024 hasta que la composición del tribunal quede firme, pedido que es nuevamente denegado (fs. 1308) por el Tribunal conformado por la Dra. Castagno, y los Dres. Garzón y Vergara, por considerar que el recurso que se invoca interpuesto ante la Sala Penal del STJ carece de efecto suspensivo. El mismo día, 28/08/24, obra otro correo electrónico del defensor Cappa, enviado a las 12:47 hs., en el cual expresa que está pendiente de resolución el pedido de suspensión de la audiencia del 29/8/2024 y añade en dicho correo que esa defensa no tiene conocimiento del contenido de las medidas requeridas por el MPF, por no habérsele corrido traslado. Aduce conocerlas por los medios de comunicación.
* En la misma fecha se dispone estar a la audiencia fijada, destacándose que el abogado peticionante tiene pleno conocimiento del objeto, y ha sido debidamente notificado.
Al respecto, en su voto Davite subraya: “Esta reseña demuestra el aprovechamiento de poner en dificultades a la OGA, presentando los abogados numerosos escritos que debía el organismo mencionado poner a despacho (algunos, presentados en el mismo día), y demuestra el desgaste inútil al que se expuso a los jueces. Todo esto, como se ve, redundó en que la audiencia para decidir sobre las medidas cautelares, solicitadas el 18/04/24, pudo realizarse 4 meses después, a pesar de tener establecido el tribunal que debía intervenir, desde el 31/05/24. Esta última resolución, se dispuso además, luego de una audiencia que se logró realizar a pesar de las múltiples presentaciones y pedidos de reprogramación. Finalmente, luego de la mencionada hiper actividad recursiva, se realizó la audiencia, el 29/08/24. Y es que, como se vio luego del ´escrito inicial´ -aunque deba recordarse que no se trata de un proceso escritural- los condenados a través de sus abogados han dilatado el proceso con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad ex professo de no respetarla, indicadoras en sí del riesgo de frustración de los fines del proceso penal”.
Al voto de Davite se sumaron las juezas Badano y Bruzzo y dispusieron revocar la resolución dividida del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná del 5 de septiembre újltimo , y así dispuso la prisión preventiva efectiva del exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. El primero fue condenado a 8 años de cárcel; el segundo, a 6 años y medio.
El Tribunal también resolvió la «inmediata detención y posterior traslado a la Unidad Penal Número 1 de Paraná de Urribarri y de Aguilera.
La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado pidió esta mañana el desafuero del senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider en un oficio enviado a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, con el objeto de “proceder a su detención por los canales diplomáticos correspondientes”. Lo hizo en el marco de la causa contra el legislador por enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal de San Isidro. Más temprano, le había adelantado la medida por celular a la vicepresidenta.
La magistrada no puede pedir su extradición directamente porque Kueider tiene fueros como senador nacional, por lo que la solicitud deberá ser tratada por el pleno del cuerpo y requiere los dos tercios de los votos para ponerlo a disposición del juez competente. El Senado tendrá hoy una sesión especial en la que la Cámara alta tiene que resolver si lo expulsa, como reclama el kirchnerismo, o si lo suspende en sus funciones como promueve el oficilismo y aliados, hasta que haya una definición en la causa judicial que afronta en Paraguay por tratar de ingresar con USD 211.000 y $600.000 en efectivo sin declarar, desde Brasil ,en un camioneta la madrugada del 4 de diciembre.
En el marco de la causa, Arroyo Salgado pidió, además, la detención de Iara Guinsel Costa, la secretaria que lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay, para lo que pedirá su extradición por la vías diplomáticas correspondientes.
La joven – de 34 años y con quien Kuieder mantendría una relación afectiva – es oriunda de Concordia, al igual que el senador. Fue nombrada en su despacho en el Senado en febrero, y en junio, transferida al bloque de Unidad Federal que integra el legislador entrerriano. Fue dada de baja en agosto, luego de que empezaran a conocerse las investigaciones en contra de Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, y en la que ella está sospechada de actuar como una posible testaferro.
Ante los fiscales paraguayos, la joven dijo que el dinero se lo había dado una misteriosa empresa paraguaya – Golsur SA – en Costa del Este. Primero habría dicho que fue para comprar productos “cosméticos”, “perfumes” y “electrónicos”, y luego para hacer “inversiones” en ese país, sin mayores especificaciones.
Ambos están con prisión domiciliaria detenidos en un departamento de lujo en Asunción, mientras la Justicia paraguaya avanza en la investigación en la que están imputados por presunto contrabando, por el intento de ingresar una cantidad de divisas muy por encima de lo permitido por la ley sin declarar, monto fijado USD 10.000. Están alojados en el edificio Tierra Alta, en Villa Morra, un barrio donde proliferan los desarrollos inmobiliarios, en muchos casos de argentinos que buscan llevar su dinero a Paraguay. A pedido de los fiscales de Ciudad del Este, el juez Humberto Otazú determinó que deberán permanecer como mínimo hasta el 5 de abril, el plazo dado al Ministerio Público Fiscal paraguayo para concluir la investigación.
La Constitución Nacional le impide a la Justicia detener a los legisladores nacionales, allanar sus domicilios o lugares de trabajo, o interceptar sus comunicaciones. Esta inmunidad está garantizada por el artículo 68 que dice que “ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador”; y el 69 que establece que “ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho”.
Para que Kueider pueda ser indagado y/o detenido, la Cámara respectiva deberá votar su desafuero previamente con dos tercios de los votos, para concretar la suspensión en sus funciones. No se trata de una expulsión, ya que si la Justicia no lo hallara culpable, podría hipotéticamente reintegrase al cuerpo. Hoy no está claro si el Senado reuniría los votos exigidos, ya que tanto el kirchnerismo – que tiene una mayoría de 33 – como el oficialismo y aliados están enfrentados respecto de qué hacer con el senador pescado in fraganti en Paraguay.
La detención fue dispuesta por la magistrada luego de que tras los allanamientos dispuestos en abril en el marco de la causa de Securitas que lleva adelante la magistrada, detectó que el senador realizó varios viajes a Paraguay, y cambió la titularidad de las expensas del edificio donde tiene tres departamentos y dos cocheras en Paraná. En ese expediente, Arroyo Salgado investiga el pago de coimas de esta empresa de seguridad privada a organismos públicos nacionales y provinciales, entre los cuales se encontraba la empresa estatal de energía de Entre Ríos ENERSA, cuando el senador Kueider la tenía bajo su órbita como Secretario General de la Gobernación de Entre Ríos, bajo el mandato del peronista Gustavo Bordet.
Esa decisiones tomadas por Kueider a partir de mayo fueron interpretadas por la Justicia Federal como “evasivas” para ocultar pruebas y dieron pie al pedido de detención.
Arroyo Salgado ordenó hoy también una docena de allanamientos en las ciudades entrerrianas de Paraná y Concordia, que concretaron a partir de las 7 de la mañana efectivos de Gendarmeía. A su vez, hubo un operativo en el edificio donde la empresa de Kuider – BETAIL SA – es dueño de tres departamentos: el 6 “D”, el 6 “E” y un semipiso en el 13 “A”, además de dos cocheras.
Los operativos dispuestos por Arroyo Salgado alcanzaron a una escribanía y a la casa de la madre de Guinsel Costa en Concordia, y otro domicilio en Paraná. Varias medidas seguían en curso al publicarse esta nota.
Según noticias de investigación que estarían llegando a Paraná desde San Isidro, pareciera que el Senador Edgardo Kueider decía la verdad que el dinero incautado no sería propiedad de él.
En una supuesta y exautiva investigación por peritos bonaerenses se habrían encontrado con unas documentaciones de testaferros en el medio.
Todo habría saltado desde que fue detenido en la triple frontera el Senador. La suma millonaria habría sido de alquileres y ventas de departamentos en el edificio ubicado en la esquina de Santiago del Estero y Tejeiro Martinez de la ciudad de Paraná.
Según la información ese edificio sería de propiedad de Edgardo Kueider, del ex gobernador Gustavo Bordet, de José Carlos Halle y de los famosos hermanos Tortul implicados en el caso ENERSA, pero el edificio estaría a nombre de la secretaria personal del Senador y que también lo regentaría como testaferra.
Dos días después de dar a conocer el cronograma de continuidad de las audiencias de remisión a juicio de la causa por supuesto pago de coimas que involucra al exgobernador Sergio Urribarr, para quien Fiscalía pide una condena de 10 años de cárcel, el Poder Judicial rearmó las fechas y dispuso que ese trámite no se haga en diciembre de 2024 sino en febrero de 2025.
Se trata del segundo juicio oral y público contra Urribarri, ya condenado en 2022 en el megajuicio a 8 años de cárcel y ahora con prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná.
El miércoles 4 la Justicia fijó las fechas de audiencias para seguir tramitando la remisión a juicio del caso que empezó a ventilarse el último 20 de febrero. Ese día miércoles la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) indicó que «conforme lo dispuesto por el señor juez de Garantías Nº 4 Dr. Julián Vergara, hágase saber que queda establecida la continuidad de la audiencia dispuesta en el presente legajo»: serán los días 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, a partir de las 9, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Pero ese esquema cambió según una resolución que se conoció este viernes 6.
A pedido de los abogados defensores Miguel Cullen, Ignacio Díaz, Guillermo Smaldone y Franco Azziani Cánepa, se reprogramaron las audiencias para los días 17 de febrero de 2025; 18 de febrero, 19 de febrero, 20 de febrero, 24 de febrero, 25 de febrero y 26 de febrero de 2025. También se fijaron los días 27 y 31 de marzo de 2025.
