EE.UU. sube la presión sobre Brasil tras la condena por golpismo contra Bolsonaro
Lula indicó que “las acusaciones contra Brasil son todas falsas y el presidente Trump lo sabe”. Los abogados de Bolsonaro apelarán, incluso en el plano internacional, la condena a 27 años de prisión.
Estados Unidos elevó este viernes la presión sobre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva luego de que legisladores republicanos pidieran “severas sanciones” contra Brasil por la condena a 27 años de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Los legisladores demócratas, en cambio, acusaron a la administración de Donald Trump de “interferir” en Brasil. Lula rechazó las amenazas de sanciones y las críticas del gobierno estadounidense, mientras que la defensa de Bolsonaro adelantó que apelará la condena “incluso en el ámbito internacional”.
Las acusaciones republicanas
El congresista federal Carlos Giménez, quien representa a Miami y es miembro del Comité de Fuerzas Armadas de EE.UU., advirtió en la red social X que “Lula y sus cómplices tendrán que recurrir a sus amigos en la Cuba comunista, pues aplicaremos severas sanciones contra ellos”. Giménez se sumó a las advertencias del secretario de Estado, Marco Rubio, quien dijo que Washington responderá a la condena contra el exmandatario, aliado de Trump, aunque no detalló las medidas. La representante María Elvira Salazar también eligió el tono de amenaza: “El mundo está observando. Debemos ponernos de pie con la democracia de Brasil y en contra de este desgraciado abuso de poder“.
En la otra vereda, los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes exigieron a Trump que levante el arancel del 50 por ciento que impuso en agosto a productos brasileños exportados a EE.UU. en represalia por el proceso contra Bolsonaro. También denunciaron, en un pronunciamiento, que el magnate republicano socavó el camino de Brasil hacia la democracia por sus sanciones, que también incluyen haber prohibido la entrada al país al juez Alexandre de Moraes, instructor del caso contra el expresidente brasileño y acusado por la Casa Blanca de una “caza de brujas”.
El diputado Eduardo Bolsonaro, que está en Estados Unidos desde hace meses, sugirió que el gobierno de Trump podría ahora sancionar a los jefes de las cámaras legislativas de Brasil, por su negativa a discutir un proyecto de amnistía que beneficie a su padre. Sería una presión similar a la que Estados Unidos ejerció, sin éxito, contra los jueces del Tribunal Supremo Federal, que aun así condenaron a Bolsonaro. Los próximos pasos de EE.UU. son una incógnita.
“No temo nuevas sanciones”
En una entrevista televisiva, Lula subrayó que las presiones externas de Trump y Rubio no cambiarán la posición de Brasil ni la independencia de su sistema judicial frente a la condena contra Bolsonaro. “No temo nuevas sanciones. Las acusaciones contra Brasil son todas falsas y el presidente Trump lo sabe (…) no hay déficit comercial, es arrogancia de él no querer que la justicia brasileña juzgue a alguien que cometió un crimen”, sostuvo en declaraciones a la cadena Bandeirantes.
“El presidente de un país no puede quedarse interfiriendo en las decisiones de otro país soberano. Si él va a tomar otras actitudes, es un problema de él”, agregó el también líder del PT ( Partido de los Trabajadores), quien enfatizó que “en Estados Unidos necesitan saber que no están tratando con una republiqueta bananera”. Lula también respondió a las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien advirtió que Washington está dispuesto a “usar medios militares para proteger la libertad de expresión en el mundo”, en referencia al proceso contra Bolsonaro.
“No tengo preocupación porque no puedo tomar muy en serio la posición de un portavoz, no le responderé a un portavoz”, afirmó el tres veces presidente de Brasil. Previamente el ministerio de Exteriores de Brasil había remarcado en un comunicado que el poder judicial llevó a cabo el proceso “con la independencia que le asegura la Constitución de 1988” y sostuvo que los acusados tuvieron un amplio derecho de defensa.
En Brasilia un grupo de estudiantes brasileños desfiló con un muñeco inflable de Bolsonaro vestido de recluso. La protesta, convocada por la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y otros movimientos sociales, pasó cerca de la Explanada de los Ministerios, donde se concentran las sedes de los poderes públicos del país. “Nuestro sentimiento hoy aquí es de justicia. La condena de Bolsonaro representa nuestro compromiso con la defensa de la democracia”, dijo Letícia Holanda, directora de Comunicación de la UNE.
Apoyo regional
La intervención de Washington tuvo respuesta también de otros presidentes latinoamericanos, como el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien definió a Brasil “como un país libre y soberano en una América latina que es una zona de paz”. “Amenazar con utilizar el poder económico y militar, en supuesta defensa de la libertad de expresión en favor de Bolsonaro, se constituye en una intromisión colonialista e inaceptable en los asuntos internos de una nación soberana y viola el Derecho Internacional”, denunció Arce en un mensaje en X.
Citando de igual manera la amenaza de Marco Rubio a las instituciones brasileñas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en un escueto posteo en sus redes sociales: “Todo golpista debe ser condenado. Son las reglas de la democracia”. Por su parte el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó en otra publicación: “Mis respetos a la democracia brasileña que resistió un intento de golpe de Estado y hoy juzga y condena a sus responsables. Trataron de destruirla y hoy termina fortalecida. Democracia siempre”.
La defensa piensa en la apelación
Mientras tanto los abogados defensores de Bolsonaro, Celso Vilardi y Paulo da Cunha Bueno, afirmaron que apelarán la decisión de los jueces de la Corte Suprema incluso en el ámbito internacional. En una nota divulgada a la prensa, expresaron que consideran las penas “absurdamente excesivas y desproporcionadas”, y que analizarán la sentencia para posteriormente presentar un recurso. “La defensa del expresidente de la República, Jair Bolsonaro, recibe con respeto la decisión de la Sala Primera del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, no puede dejar de manifestar su profundo desacuerdo e indignación con los términos de la decisión mayoritaria“, reza el comunicado divulgado por los letrados tras el fallo.
Cuatro de los cinco jueces que integran este brazo del máximo tribunal votaron a favor de condenar al líder de la ultraderecha. Solo el magistrado Luiz Fux optó por absolverlo de todos los cargos. En ese contexto, los abogados reiteraron la inocencia de su defendido, asegurando que no atentó contra la democracia ni participó de ningún plan, incluida la intentona golpista del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes bolsonaristas invadieron y vandalizaron las sedes de la presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia. Además afirmaron que dispusieron de poco tiempo para analizar las pruebas en su contra, lo que consideraron que limitó su defensa.
Según la Corte Suprema, el juicio debe ser convalidado primero en una audiencia prevista el 23 de septiembre. Luego el máximo tribunal tiene 60 días para publicar un documento que compile todas las deliberaciones del proceso. A partir de entonces la defensa tendrá cinco días para apelar. En Brasil las condenas mayores a ocho años de prisión requieren de cumplimiento a régimen cerrado. Sin embargo, por sus problemas de salud y edad avanzada, el exjefe de Estado podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, algo que ya ha sido considerado por su defensa, según declaraciones públicas.
Junto a Bolsonaro fueron condenados también el exministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro de Justicia Anderson Torres, el excomandante de la Armada Almir Garnier, el exjefe de Seguridad Institucional Augusto Heleno, el también exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, y el exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagem. Entre los siete suman un total de 157 años de cárcel. Por su parte el exayudante de Bolsonaro convertido en colaborador durante el caso, Mauro Cid, recibió, en virtud del acuerdo de culpabilidad firmado, una pena de dos años de prisión abierta.