La causa abierta contra Florencia Belén Aguirre, una enfermera de 28 años conocida por sus críticas virtuales al líder indiscutido de Misiones, encendió las alarmas en la provincia. Su caso se suma a otros, con similar modus operandi: allanamientos y detenciones a partir de denuncias hechas por altos funcionarios.
De la calle a los despachos judiciales. Del recinto de la Legislatura al feed de X. El 2024 será recordado como el año en que el escenario de la disputa política en Misiones se diversificó. El punto más álgido de ese nuevo estado de cosas ocurrió en mayo, cuando las protestas salariales de trabajadores estatales inundaron las calles y rutas de la provincia. Desde entonces, el foco de la atención pública nacional no se corrió de la tierra colorada, mientras el gobierno del “misionerista” Frente Renovador de la Concordia y su líder, el exgobernador Carlos Rovira, demostraban estar dispuestos a hacer todo lo que esté su alcance con tal de resguardar el edficio hegemónico que tan bien supieron construir a lo largo de más de dos décadas en el poder.
En medio de esa coyuntura cada vez más espesa, un dato novedoso comenzó a hacerse evidente: la creciente preocupación de Rovira por todo lo que se diga sobre él en las redes sociales. La conmoción generada por el caso del exdiputado provincial Germán Kiczka, detenido en agosto por tráfico de material de abuso sexual infantil, además de reavivar una vieja rencilla con su mentor Ramón Puerta, le permitió al mandamás provincial, desde su rol de diputado raso, avanzar con una iniciativa que encendió alarmas en la dirigencia opositora: la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, facultada para “disponer el secuestro y reserva de dispositivos móviles, informáticos, electrónicos o cualquier otro” en caso de “fake news” que afecten a “individuos o instituciones públicas”.
De inmediato, no faltaron quienes vieron en la aprobación de esa ley la institucionalización de un modus operandi. Es que son varios los tiktokers críticos del gobierno provincial, por lo general de orientación libertaria, que en los últimos meses sufrieron represalias judiciales tras ser denunciados por altos funcionarios de la Renovación, como también se conoce al espacio político provincialista que gobierna Misiones desde el año 2003.
El más reciente de todos fue el de Florencia Belén Aguirre, una enfermera de 28 años con una gran repercusión en TikTok, cuyo domicilio fue allanado hace pocas semanas. Según su propio relato, los policías que irrumpieron en su casa el sábado 2 de noviembre por la mañana, mientras dormía junto a su familia, lo hicieron con una especial violencia. “Destrozaron la puerta de adelante, y enseguida un policía se lanzó sobre mí, presionándome la espalda con su rodilla”, describió Aguirre en un audio que se viralizó a las pocas horas de lo sucedido, en el que también relata un fuerte cruce con uno de los efectivos: “Al lado mío estaba el bebé, y le dije: ‘Pará, estoy con el bebé’. Me respondió: ‘Callate la boca o le vamos a llevar a tu bebé con un asistente social’”.
“En algún momento me encapucharon la cabeza. Mi pareja estaba esposada, y mi hijo de 13 años, Jaime, estaba en el piso. Lo tenían en posición de sospechoso, con las manos en la espalda, como si fuera un criminal”, continuó Aguirre, quien en el último tiempo tuvo un rol muy activo en la defensa en redes de los ocho policías detenidos desde septiembre —entre ellos Ramón Amarilla, el referente de las protestas de mayo— tras ser acusados de “sedición” y “conspiración”.
Aguirre relata que recién después de cuatro horas de operativo fue trasladada a la Jefatura de Policía sin que, según ella, se le “explique nada”. “Pasé ahí toda la mañana, me tomaron las huellas, me sacaron fotos y grabaron varios videos. Al final, simplemente me dijeron: ‘Andate‘. No sé qué buscaban, y lo único que me advirtieron fue que no podía usar las redes sociales”, finalizó la mujer, a la que le secuestraron tres teléfonos. Los medios provinciales titularon que además se llevaron de su domicilio un frasco con marihuana y una escopeta, objetos que en realidad pertenecían a uno de sus vecinos.
“Calumnias”, “injurias” y “amenazas” resultó ser el motivo por el cual el juez posadeño Juan Manuel Monte, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal 2, habilitó el allanamiento a Aguirre. Su denunciante fue ni más ni menos que el titular del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, un polémico funcionario conocido por ser una de las espadas preferidas de Rovira en el terreno virtual. “Soy asperoso y chicanero, pero jamás me meto con la condición social ni física, jamás digo ‘sos un chorro, sos un atorrante, son todos drogadictos’, como sí lo hizo esta chica”, fue la justificación que dio durante una entrevista con la radio local Eldópolis, en la que también exhortó a “regular” el uso de las redes sociales.
Para Gervasoni, el accionar de Aguirre solo apuntaba a “embarrar, desprestigiar, denostar, difamar y calumniar” al gobierno provincial, por lo que ante ello decidió presentar “denuncia penal, civil y en ciberdelito”. “Solo pedí que se abstenga de seguir con las agresiones”, añadió en un descargo que realizó en su cuenta de Facebook.
“Pueden decir de mí lo que se les ocurra, pero me asiste el derecho a defender mi buen nombre y honor, y de los compañeros y funcionarios del Frente Renovador, de nuestro conductor [Carlos Rovira]. Cuando se trata de gente que tras la máscara inocente una usuario/a de redes sociales pretenda solo embarrar, desprestigiar, denostar, difamar, calumniar, siendo funcionales a algún interés en particular”, culminaba su posteo.
“Cacería de brujas”
El primer caso resonante de hostigamiento a voces críticas en Misiones fue el de Ramiro “Quito” Barrionuevo, un gomero y tiktoker libertario de la localidad de Eldorado, conocido por sus publicaciones en contra de la “corrupción” del gobierno provincial. En abril, le sustrajeron todos sus aparatos electrónicos y debió pasar un fin de semana tras las rejas luego de que la subsecretaria de Coordinación General del gabinete de Hugo Passalacqua, Micaela Gacek, lo denunciara ante la Justicia. Al igual que Aguirre, fue acusado de incurrir en “intimidación pública y amenazas”, además de “incitación a la violencia”, en una causa tramitada también en el juzgado del juez Monte, en Posadas.
“¡Mirá cómo se llevan a tu soldado, Milei!”, gritó Barrionuevo mientras lo subían a un patrullero de la policía, imagen que quedó inmortalizada en un video que se hizo viral. Un tiempo después, en diálogo con elDiarioAR, el influencer detalló: “Vinieron a mi casa, allanaron, se llevaron todas las cosas de mi hijo, mis cosas, mi vehículo, mi moto”. Según sus propias palabras, en la provincia se vive “una cacería de brujas”. “Un día le toca a uno, un día le toca al otro, y eso lo que está demostrando es la debilidad que tienen los rerobadores (sic)”, lanzó el gomero, que en julio pasado formalizó su salto a la política: logró juntar 500 firmas para la creación de un nuevo partido “libertario” provincial que lo tiene a él como referente, el Movimiento Yaguareté Libre.
Por aquel entonces, quien tampoco perdió la oportunidad de subirse al affaire Quito fue Gervasoni. En sus redes sociales, el funcionario que luego denunciaría a Aguirre no dudó en difundir falsamente la información de que Barrionuevo supuestamente contrabandeaba neumáticos y que en su teléfono celular habían encontrado “conversaciones y mensajes” con el entorno de “un diputado provincial”, en alusión a Germán Kiczka. Aunque el ahora exdiputado provincial aún no estaba involucrado en la causa por la que hoy está preso, ya había ocurrido el allanamiento a la casa de su padre en Apóstoles por indicios de una red internacional de pedofilia.
La detención de Quito fue la prueba piloto. Dos meses más tarde, otro hecho de iguales características sacudió a la opinión pública misionera. El de Cristian Cabral, un joven de 30 años referente del barrio Sur de Misiones Tres de Posadas que exponía problemas de la comunidad, como la inseguridad o la falta de infraestructura. En junio, su activismo le costó caro. Una madrugada, el grupo GOE ingresó a su casa mientras dormía junto a su mujer y sus hijas de 7 y 2 años. “Un jueves a las 4 de la mañana me reventaron la puerta de la casa, me tiraron al piso y revolvieron todo”, relató en una entrevista con el sitio mandioca.ar.
Cabral estuvo dos semanas preso en la comisaría 20 sin explicaciones claras. Durante los primeros días, ni siquiera sabía de qué se le acusaba: “Recién al quinto día de estar detenido, me enteré de que supuestamente le había mandado un mensaje amenazante al ministro de Educación, ¡a quien ni siquiera conocía!”. Efectivamente, luego se confirmó que la Justicia actuó a partir de una amenaza anónima que recibió a su Whatsapp Ramiro Aranda, el titular de esa cartera. En teoría, el mensaje había salido del celular de Cabral. Sin embargo, los peritos no le pudieron encontrar ninguna vinculación con esas supuestas intimidaciones.
Cinco meses después de su calvario, Cabral sospecha que las verdaderas razones de su detención fueron sus críticas hacia ciertos sectores de poder. “Se me vinculó con algunas discusiones en Facebook con diputados, a quienes simplemente llamé ‘ñoquis’”, comentó, aunque se diferenció de Barrionuevo y Aguirre al señalar que “no era una figura pública o influencer”. “Yo me dedicaba a gestionar cuestiones políticas en el barrio. Si buscan, encontrarán notas y fotos mías relacionadas con reclamos colectivos”, aclaró.
De hecho, Cabral intuye que la causa judicial en su contra fue fabricada. “Mientras yo aún no tenía respuestas, ya el mismo jueves y viernes mis vecinos sabían que me habían armado una causa”, indicó en el último tramo de la entrevista, para después rematar: “Eso no es un detalle menor, porque significa que el pueblo ya conoce la verdad, y no es que la realidad le es indiferente”.
Preocupación opositora
El arco político opositor en Misiones, conformado principalmente por la UCR y el PRO, salió a expresar su “profunda preocupación” por las detenciones de ciudadanos críticos al gobierno provincial. Lo hizo través de un comunicado, firmado por 53 concejales, dirigentes sociales y legisladores, donde se sostiene que los casos de Barrionuevo, Cabral y Aguirre configuran un ataque a la “libertad de expresión” y una “persecusión política”, por lo que instan a las autoridades a “ajustarse al Estado de derecho”.
“En nuestro país, la libertad de expresión es un derecho fundamental”, reza el texto rubricado, entre otros, por los diputados nacionales Martín Arjol (UCR) y Florencia Klipauka (Activar), además de los legisladores provinciales Horacio Loreiro, Miguel Núñez, Rosy Kurtz, Mikaelia González Coria y Analia Labandoczka. Los dirigentes citan el artículo 14 de la Constitución Nacional y tratados internacionales, y acusan al gobierno de la Renovación de “vulnerar” estas garantías “al perseguir y detener a quienes disienten públicamente”.
Además, la oposición misionera asegura que la reciente creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos “no deja de generar estupor” ya que “atenta contra el debido proceso, fomenta la censura previa y abre la puerta al espionaje”. Y advierte acerca de que estas prácticas representan “un retroceso para nuestras libertades” y que “el debate de ideas debe promoverse sin temor a represalias judiciales”.
Pero a Rovira parecen desvelarlo temas más urgentes. Aliado permanente de cada inquilino de la Casa Rosada, su energía está puesta hoy en evitar por todos los medios posibles la emergencia de un referente “libertario” capaz de capitalizar en 2025 el cada vez más palpable desencanto con la política, en una provincia en la que Javier Milei no bajó el año pasado del 40% de los votos. Una vez neutralizado el potencial peligro que representaba la figura de Pedro Puerta, arrastrado por los infortunios de su exaliado Kiczka, al mandamás solo le resta terminar de demostrarle a los enviados de La Libertad Avanza que en Misiones nada se hace sin su consentimiento. Como si hiciera falta aclararlo.
PL
