Redacción

Se reanudó la audiencia de elevación a juicio en la causa por los “contratos truchos” de la Legislatura. La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, retomó la instancia intermedia ante los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) y los abogados defensores.

“La Fiscalía logró describir los hechos de manera clara y circunstanciada”, valoró la magistrada que controla el proceso. Retomó la “maniobra general” narrada por la Fiscalía en la Investigación Penal Preparatoria (IPP) y fue respondiendo uno a uno los cuestionamientos de los defensores.

Estafa calculada en 53 millones de dólares

En la causa se investiga una estafa al Estado provincial, calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias.

La instancia de elevación a juicio comenzó en abril pasado, tras el requerimiento que presentó el MPF en 2021, después de una investigación que llevó tres años. Los fiscales que están a cargo son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano.

Hay 18 imputados

Los abogados que intervienen son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani.

De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado; y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.

Los que asumieron la culpabilidad

A mediados de abril, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.

Barbagelata. Se detuvo en las críticas planteadas en cuanto al supuesto monto de dinero desviado, a los cálculos y las actualizaciones posteriores. “Sin perjuicio de ser criticables, los montos son estimados y su actualización no cambia nada de la plataforma fáctica”, sostuvo.

En relación a las quejas sobre la ausencia de contratantes responsables en el requerimiento de elevación a juicio y las imputaciones, Barbagelata recordó: “En esta audiencia se explicó que en la mayoría de los contratos no estaban los contratantes. Y por eso se señalaba a quienes habían actuado como autoridades de Cámara en esos períodos. Algunos contratos no estaban firmados por autoridades, pero todos tenían la misma rúbrica sin aclaración. No escapa a este Tribunal que los hechos que constituyen la plataforma fáctica, difícilmente pudieron cometerse sin la autorización de las autoridades legislativas. Si estuvieran identificadas tales personas, serian coimputados de los actuales. Eso no significa establecer una concreta intervención de cada uno. La Fiscalía refirió que en la investigación se intentó que las Cámaras mandaran la información, con poco éxito. Y toda la información, la totalidad de la información incompleta estuvo a disposición de las defensas”.

Este lunes, la magistrada que controló toda la investigación inicial y, actualmente, se ocupa del pedido para que la causa vaya a juicio oral, indicó que las defensas realizaron “interpretaciones” que no se ajustan al sentido de lo precisado por Fiscalía. “Del análisis de la actividad defensiva se desprende que comprendieron perfectamente la acusación”, apuntó. “Los contratos no consistieron en otra cosa que la utilería para la sustracción, para que la maniobra perdure en el tiempo, y el destino del desvío fueron cuestiones personales. No se contraprestaron tareas por los contratos. Esta no es una instancia en la que se muestra la prueba”, acotó después.

“La licitud o ilicitud en la hipótesis de Fiscalía no se asiento en la existencia de un decreto”, contestó. Los cuestionamientos de los defensores fueron numerosos y diversos, y Barbagelata se ocupó de cada uno. Hace algunas semanas atrás, en la última audiencia adelantó que esta decisión le tomaría varios días, dado que se ocuparía de responder a cada abogado.

“Advierto que las circunstancias que en su investigación la Fiscalía decidiera correr el velo para conocer los contratos de obra y saber si algunos enmascaraban un desvío, nada tiene que ver con la licitud o ilicitud de los actos administrativos. El inicio de la investigación fiscal es relevante en este aspecto, el telón se corrió porque un funcionario policial vio a dos mujeres sacando dinero con muchas tarjetas de débito”, marcó.

Luego, agregó que “la investigación inició pensando que era la defraudación a titulares de tarjetas de débito. La sospecha de delito surge por el funcionario policial permitió descubrir lo que dentro de la Legislatura tenía apariencia de legalidad. Los fiscales no se pusieron a investigar actos ilícitos, sino actos con apariencia de licitud. Resultan como mínimo una desmesura la envestida contra los fiscales. Se vio acá un trabajo responsable que permitió a los fiscales traer hasta acá la investigación”, manifestó también.Fuente: Análisis Digital.

El Consejo General de Educación (CGE) dejó cesante a la docente María Alejandra Popp, directora de la Escuela Primaria Nº 82 Emilio Gouchón, de Colón, luego de un complejo procedimiento de investigación interna que incluyó cruce de denuncias y alertas por los “vicios” que se sucedieron a lo largo del proceso.

La cesantía está contemplada en la resolución Nº 1.739, dictada el 19 de junio, y que lleva las firmas de la presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese, y de los tres vocales políticos, Elsa Chapuis, Carla Duré y Santiago Laumann, no así de la vocal gremial Susana Cogno.

La norma ordena “proceder a la baja automática” de la docente del Sistema Administrativo de Gestión Educativa (SAGE)” y deja establecido en su legajo personal la sanción que se le impuso. También la medida disciplinaria alcanza a la denunciante, la maestra orientadora Mónica Lilian Miotto, que le había reprochado a Popp por maltrato, violencia y falta de decoro en el trato diario. A Miotto el CGE le aplicó apercibimiento y baja de 20 puntos en el concepto anual profesional “en virtud de haberse acreditado conductas impropias para el ejercicio de la función docente como manifestaciones agraviantes hacia una autoridad institucional en presencia de colegas y padres, y una actitud reiteradamente conflictiva que contribuyó a deteriorar el clima institucional”.

También fueron sancionadas las dos vicedirectoras. A Mariana Virginia López le aplicaron la sanción de amonestación y la baja de 10 puntos en el concepto anual profesional “por no intervenir oportunamente ni con la debida firmeza ante situaciones de  conflicto y presunto maltrato institucional por parte” de la directora Popp, “limitándose a acciones que resultaron insuficientes para resguardar el clima escolar”.

También a la vicedirectora Verónica Natalia Germanier se le aplicó amonestación y la baja de 10 puntos en el concepto anual profesional por “no intervenir oportunamente ni con la debida firmeza ante situaciones de conflicto y presunto institucional” por parte de Popp.

En la investigación previa habían intervenido el director departamental de Escuelas de Colón, Eduardo Paredes, y la directora de Educación Primaria del Consejo General de Educación (CGE), Marisa Creolani, “con diversas denuncias realizadas por padres, tutores y docentes” de la Escuela Primaria Nº 82 Emilio Gouchón. Pero de todas esas denuncias, “sólo consta en el expediente la realizada por la docente Mónica Miotto”, refiere la resolución de cesantía.

Miotto denunció a Popp por “violencia verbal y hostigamiento”, por cuanto la directora la trataba de “mentirosa”, “manipuladora” y que “debería hacer terapia”. Que esas situaciones se extendieron a lo largo de dos años, y tuvieron su inicio en 2019, cuando Popp toma el cargo de directora. Fue entones que se ordenó que las dos vicedirectoras intentaran mediar en el conflicto entre ambas, sin suerte.

Popp a su vez reprochaba a Miotto sus llegadas tarde y por divulgar situaciones personales de los alumnos, “que contaba a todo el mundo”. En su declaración ante el Tribunal de Disciplina del CGE, la directora ahora cesanteada refirió que la maestra integradora le decía: “Hay que ser muy hija de puta para ensañarse con los niños”.

Como la situación áspera entre ambas fue escalando, Miotto fue hasta la Policía y denunció a la directora por violencia laboral, aunque el caso fue archivado luego por la Justicia. El conflicto entre ambas se extendió insólitamente sin que ninguna autoridad acertara a ponerle coto.  Hacia 2023, el Área de Niñez de la Municipalidad de Colón y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) recibieron solicitudes de intervención “confusas, descontextualizadas y mal elaboradas” por la Escuela Emilio Gouchón, lo que dio lugar a la presencia del entonces director departamental de Escuelas de Colón, Eduardo Paredes.

La docente Popp hizo pública su cesantía y cuestionó severamente el procedimiento, que según relató a Entre Ríos Ahora sólo fue votado por los vocales políticos del Tribunal de Disciplina, no así por los representantes gremiales. En su posteo en Facebook contó que “he sido cesanteada por el CGE, cosa que con mi abogado esperábamos por las serias irregularidades, falsas denuncias, filtración de información, apriete de testigos, política de por medio, porque hasta un intendente preguntaba y pedía mi cabeza, pero ahora podemos ir a la Justicia, donde habrá imparcialidad, donde no podes falsear ni testificar con mentiras y demás”.

“La única realidad es que me han dejado sin sueldo, sin mi sustento económico, una mujer con 50 años que toda la vida vivió de su profesión, criando tres hijos sola”, señaló, y agregó: “Los que realmente me conocen saben lo que soy como maestra y lo que amo mi profesión, cómo he defendido siempre la Escuela Pública”

Y apuntó: “Ahora, en la instancia judicial voy con todo y contra todos los que me han truncado mi carrera, mi sustento económico, mi salud y mi buen nombre”.

Su abogado, Alejandro Guidotti, adelanta que van a efectuar una presentación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay. «Creemos que hubo serias irregularidades en el expediente administrativo,  que van contra todo derecho de defensa», sostuvo.

Entre Ríos Ahora