Megaoperativo en Concordia: una trama de lavado que promete más sorpresas

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Secuestran vehículos de alta gama, embarcaciones y dinero en allanamientos simultáneos. Las líneas investigativas apuntan en potencial a conexiones políticas en Concordia y la región, con más ramificaciones delictivas por salir a la luz.

La División Investigaciones de la Jefatura Departamental Concordia, en coordinación con Prefectura Naval Argentina – Delegación Concordia, llevó adelante este viernes una serie de cuatro allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunta infracción al Artículo 303 del Código Penal: lavado de activos.

Los procedimientos alcanzaron dos viviendas vinculadas a un hombre de apellido Carniel: una ubicada sobre calle Ramírez, entre Alvear y Laprida, y otra en una propiedad sobre el Lago de Salto Grande, en la isla Salvatore. Los restantes operativos se desarrollaron en domicilios atribuidos a un sujeto de apellido Centurión: uno en D. P. Garat y Batalla de Cepeda, y otro en una vivienda de un barrio privado de la zona del lago.

Las medidas sobre Centurión —a quien algunos conocen por “el paraguayo”— generaron gran impacto en el ámbito judicial, ya que sería padre de un empleado de fiscalía y de un secretario de la justicia civil concordiense.

El origen de la pesquisa se remonta a hace aproximadamente cuatro años, cuando Prefectura Naval inició una investigación por presunta comercialización ilegal de divisas entre Argentina y Uruguay, en la que estarían involucrados Carniel y Centurión. Paralelamente, en 2023 la Policía de Entre Ríos desarrolló otra investigación luego del secuestro en Concordia de camionetas de alta gama que habrían sido robadas en otras provincias y luego comercializadas en la ciudad.

Bajo directivas de la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Josefina Minatta, ambas líneas confluyeron en una sospecha mayor: la posible existencia de una organización dedicada al ingreso, comercialización y posterior blanqueo de dinero proveniente de vehículos robados y operaciones cambiarias irregulares.

Aunque se mantiene un hermetismo estricto, trascendió que la investigación podría estar revelando conexiones insospechadas con maniobras de lavado de activos vinculadas en potencial a actores políticos de Concordia y la región. Incluso, habría más casos de público conocimiento que aún no trascendieron por encontrarse en plena etapa investigativa, lo que podría derivar en nuevas imputaciones.

El éxito operativo que llevan adelante el ministro Luis Roncaglia, el Comisario Rossatelli y los fiscales intervinientes se evidencia en los resultados alcanzados hasta el momento. También se destaca el trabajo de las áreas de investigaciones policiales, que ya manejan con precisión el análisis de los teléfonos celulares incautados, clave para reconstruir la red económica y personal que se investiga.

Las pesquisas en curso podrían dejar al descubierto sorprendentes ramificaciones delictivas en una ciudad que durante años fue conocida como la “Chicago de Entre Ríos”. Si las hipótesis se confirman, lo revelado hasta ahora sería apenas la punta del iceberg.

En Concordia muchos anticipan que este caso recién comienza… y que lo peor aún está por contarse.

El senador que encarna la resistencia del pasado político argentino

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El país cambió. Y cambió porque la sociedad —harta del derrumbe económico, la degradación institucional y los discursos que prometían justicia social mientras multiplicaban la pobreza— decidió cortar con la vieja Argentina del clientelismo y la impunidad. Sin embargo, algunos nombres y estructuras parecen resistirse al paso del tiempo, aferrándose a los micrófonos del Senado como si allí aún se decidiera el destino de un modelo agotado.

José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria y hombre clave del esquema político que gobierna Formosa hace casi cuatro décadas, salió nuevamente a escena con críticas durísimas al Presupuesto 2026 y a la Ley de Inocencia Fiscal. El discurso es conocido: soberanía en riesgo, endeudamiento, defensa de los más pobres. Los mismos argumentos que el peronismo repite desde hace 20 años mientras la pobreza, la dependencia económica y el éxodo juvenil se profundizaban en todo el país.

Desde su banca privilegiada, Mayans acusa recortes y desfinanciamiento, pero calló cuando su propio espacio consolidó un modelo que condenó al Norte Grande a ser rehén de los fondos nacionales y de la obediencia política al poder central. Hoy, da quórum para “no acompañar” y exige presencia de ministros como si el Senado no tuviera una enorme deuda con la transparencia y la responsabilidad fiscal.

El senador formoseño advierte que el presupuesto “beneficia a pocos”. La memoria reciente de los argentinos devuelve otra imagen: un país que durante dos décadas benefició a muy pocos —y fueron siempre los mismos. En esa película, Mayans no fue un actor secundario sino protagonista recurrente.

Su rechazo a la Ley de Inocencia Fiscal —mecanismo que busca ampliar la recaudación y reducir la evasión estructural heredada— aparece menos como una propuesta alternativa y más como una defensa del statu quo económico que dejó a la Argentina al borde de la hiperinflación.

Quién es José Mayans y su rol político

José Mayans es senador nacional por la provincia de Formosa desde 2001 y jefe del bloque de la coalición peronista que durante décadas dominó la escena legislativa con fuerte lealtad al kirchnerismo.
De larga trayectoria en el Congreso, Mayans construyó su carrera política no solo como representante provincial, sino como operador clave de las mayores estrategias de la coalición gobernante: defensa irrestricta de las gestiones de turno, control de acuerdos parlamentarios y alineamiento con las decisiones de los núcleos de poder del peronismo.

En su provincia, Formosa —gobernada por Gildo Insfrán desde 1995— Mayans se consolidó como puente institucional entre el poder provincial y el poder central, sosteniendo pactos políticos y legislativos que le permitieron a ese esquema conservar privilegios presupuestarios y resistir reclamos de transparencia y federalismo. Esa misma lógica de poder personalista y de respaldo automático a las causas del espacio gobernante se vuelve evidente cada vez que, desde su banca, lanza advertencias grandilocuentes sin ofrecer alternativas claras al estancamiento económico y social que muchos argentinos viven hoy.

Este recorrido político explica tanto la visibilidad de Mayans en debates claves como el escepticismo que genera fuera de las estructuras de apoyo tradicionales: no es solo un senador crítico del presupuesto, sino un exponente de la vieja estructura que contribuyó a las distorsiones fiscales y a los lazos clientelares que el país ahora intenta desmontar.

Mientras el gobierno nacional busca reconstruir la credibilidad y ordenar lo que se desordenó a fuerza de populismo y emisión desbocada, la vieja política se permite pontificar desde el fracaso.

El país productivo, el que trabaja y paga impuestos todos los días, ya tomó una decisión: aquellos que gobernaron durante el derrumbe no pueden ahora pararse como guardianes del futuro.

Lo que se discute en el Senado no es solo un presupuesto.
Es si la Argentina seguirá atrapada en su versión más decadente…
…o si terminará, al fin, con los portavoces del pasado.

«Triunfo para los argentinos»: Diego Santilli estuvo en el Senado y celebró la aprobación del Presupuesto

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Luego de la votación en el Senado, Diego Santilli calificó la sanción del Presupuesto 2026 como un triunfo para los argentinos.

Diego Santilli celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y aseguró que se trata de un “triunfo para los argentinos”. “Después de tres años, la Argentina vuelve a tener una hoja de ruta”, afirmó el ministro del Interior tras la votación en el Senado.

“Es un gran triunfo para el Presidente, para el Gobierno y para todos los argentinos”, sostuvo Santilli. En ese sentido, remarcó que el Presupuesto 2026 “marca un camino de previsibilidad y de desarrollo”, al tiempo que destacó la importancia de recuperar una herramienta central para la gestión económica.

El funcionario subrayó que cerrar el año con el Presupuesto aprobado cambia el escenario para 2026. “Cerrar el año de esta manera conlleva que la Argentina tenga un 2026 mucho mejor de lo que podíamos prever antes”, enfatizó. Además, señaló que la ley brinda “orden fiscal y previsibilidad” para la planificación económica.

El respaldo del Congreso

Santilli vinculó el apoyo parlamentario con el resultado electoral del oficialismo. “El gran triunfo es la elección, porque la sociedad valoró contundentemente al Presidente”, expresó. Según indicó, ese respaldo social “luego se vio reflejado en el Congreso” durante el debate del Presupuesto 2026, más allá de la oposición dura.

Además, el ministro agradeció a quienes acompañaron la iniciativa. “Quiero agradecer a los senadores, a los diputados, a los bloques y a los gobernadores que acompañaron al Presidente”, destacó. También recalcó que “hubo un buen trabajo legislativo”, aunque reconoció que el proceso requirió negociaciones.

Las leyes que vienen

De cara a los próximos meses, Santilli anticipó un “verano intenso” en materia legislativa. “Tenemos modernización laboral, glaciares y el Código Penal, que es muy importante para la Argentina”, enumeró. Según explicó, esos proyectos se tratarán en sesiones extraordinarias.

Finalmente, destacó el rumbo del Gobierno y el liderazgo presidencial. “Si hay algo que tiene el Presidente es un ímpetu reformista”, afirmó Santilli. Y concluyó: “Vamos a acompañar ese camino y seguir trabajando en esa dirección”.

Reforma laboral : Comparativo de cómo cambiará nuestro trabajo si se aprueba el proyecto oficial

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El Gobierno impulsa un ambicioso proyecto de reforma laboral, cuyos ejes son la flexibilización para contratar y despedir personal y limitar el ejercicio del derecho a huelga, entre otros cambios que podrían modificar la manera en que los argentinos trabajan. La iniciativa oficial obtuvo dictamen en el Senado, pero la discusión se postergó para el 10 de febrero próximo ante la falta de apoyo de los aliados para darle media sanción antes del fin de año, el objetivo que se había trazado la senadora libertaria Patricia Bullrich. Estos son algunos de los principales puntos del proyecto oficial comparados con la legislación actual.

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JORNADA LABORAL

  • Ley actual El artículo 197 de la ley de contrato de trabajo (LCT) establece: “El empleador deberá abonar al trabajador que prestare servicios en horas suplementarias, medie o no autorización del organismo administrativo competente, un recargo del 50% calculado sobre el salario habitual, si se tratare del días comunes, y del 100% en días sábado después de las 13 horas, domingo y feriados de trabajo, respetando los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad en el trabajo”.
  • Propuesta del Gobierno Se habilita la creación mediante convenio colectivo de un banco de horas para distribuir la jornada laboral. En la iniciativa figura la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas. “El empleador y el trabajador podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias de trabajo, el cual deberá formalizarse por escrito, consignando la naturaleza voluntaria de la prestación de horas extras y sus límites. A tal efecto, se podrá disponer de un régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral”, dice la iniciativa. Además, prevé la creación de una figura nueva; contratos a tiempo parcial. Es decir, con menos carga horaria que la que establece la jornada laboral legal, de ocho horas diarias, o 48 semanales.
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SALARIOS

  • Ley actual El salario debe ser satisfecho en dinero, especie, habitación, alimentos o mediante la oportunidad de obtener beneficios o ganancias. Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste o quien él indique o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial. Dicha cuenta especial tendrá el nombre de cuenta sueldo y bajo ningún concepto podrá tener límites de extracciones, ni costo alguno para el trabajador.
  • Propuesta del Gobierno El salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se habilita el pago de la remuneración a través bancos o instituciones habilitados por el Banco Central. Es decir, se podría cobrar a través de billeteras virtuales, por ejemplo. Además, amplía los ítems no remunerativos a beneficios como transporte, prepaga y celular, por ejemplo. La iniciativa habilita las negociaciones “dinámicas”, un atajo retórico al que ya había apelado Domingo Cavallo cuando el gobierno de Carlos Menem limitó por decreto los aumentos y los ató a la productividad. Podría condicionar las paritarias.
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INDEMNIZACIONES

  • Ley actual En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. Dicha base no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable, en el caso de que hubiera más de uno. Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio al que pertenezcan o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste servicios, si éste fuere más favorable. El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo. Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable.
  • Propuesta del Gobierno Se prevé una reducción del cálculo indemnizatorio porque se excluyen del conteo final el aguinaldo, las vacaciones, los premios y todo lo que no integre el salario normal. Como lo establece la normativa vigente, se toma el salario más alto como referencia, pero solo de los ítems mensuales y habituales. No se establece un tope y se habilita el pago en cuotas. Además, se busca dar certeza en los juicios laborales y se establece un criterio de actualización atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), más un 3% anual. Se prohíbe que se devenguen intereses sobre los intereses. Hoy, este cálculo depende del juez laboral que intervenga en el litigio, no existe un criterio común. En la ley Bases, el Gobierno impulsó el Fondo de Cese Laboral como alternativa a la indemnización tradicional. Como no tuvo éxito, dispuso ahora la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se alimentará del 3% del aporte obligatorio de los empleadores. Ese monto, que dejará de percibir el sistema previsional, será administrado por la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministerios de Economía y Capital Humano. Con esa caja, se financiarían las indemnizaciones del sector privado.
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VACACIONES

  • Ley actual El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril. La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser comunicada al trabajador con una anticipación no menor a los 45 días, sin perjuicio a que los convenios colectivos puedan establecer esquemas distintos. La autoridad de aplicación, mediante resolución fundada, podrá autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos a los fijados.
  • Propuesta del Gobierno El empleador deberá conceder el goce de vacaciones de cada año dentro del período comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque se habilita una instancia para poder de mutuo acuerdo disponer de otro período. Reduce de 45 a 30 días la notificación del inicio del período de vacaciones y habilita el fraccionamiento de las mismas, siempre que cada periodo no se inferior a los siete días.
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CONTROL POR ENFERMEDADES

  • Ley actual El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador. Actualmente no existe obligación legal de que el trabajador presente certificado (solo debe dar aviso) y el empleador tiene la facultad de ejercer control, si no lo ejerce no puede cuestionar ni afectar el salario.
  • Propuesta del Gobierno En caso de enfermedad, obliga la presentación de certificado médico. Los certificados médicos que el trabajador presente para justificar inasistencias por enfermedad o accidente inculpable, deberán contener el diagnóstico médico, el tratamiento y la cantidad de días de reposo laboral indicados, y ser emitidos en todo el territorio nacional por profesionales médicos habilitados para el ejercicio de la medicina y firmados digitalmente a través de las plataformas electrónicas autorizadas por la Ley N° 27.553 y su Reglamentación. El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado por el empleador.
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CASAS PARTICULARES

  • Ley actual Período de prueba: el contrato regulado por esta ley se entenderá celebrado a prueba durante los 30 días de su vigencia respecto del personal sin retiro. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresión de causa y sin generarse derecho a indemnización con motivo de la extinción. El empleador no podrá contratar a una misma empleada/o más de una vez utilizando el período de prueba.
  • Propuesta del Gobierno Extiende el período de prueba de uno a seis meses. “Permitir un mayor período de prueba hace que pueda emplearse a la persona”, argumentó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a la hora de defender la medida.
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DERECHO A HUELGA

  • Ley actual Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
  • Propuesta del Gobierno Se amplía la cantidad de actividades consideradas esenciales y trascendentes. Es decir, las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre el 50 y el 75 % en caso de estar en conflicto. Entre las esenciales, figuran el transporte aéreo, la educación y la recolección de residuos, entre otros. Entre los servicios “trascendentes”, aparecen la industria y la gastronomía, por ejemplo. Cuando Milei intentó avanzar con esta medida mediante un decreto, su decisión fue objetada en la Justicia y se frenó por un amparo de la CGT. Hay abogados que consideran que afectan el ejercicio del derecho a la huelga y que sería “inconstitucional” porque violaría el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. También se limita la acción sindical, con más restricciones para realizar asambleas y agudización de las sanciones.
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA

  • Ley actual Las normas originadas en las convenciones colectivas que sean homologadas por el Ministerio de Trabajo en su carácter de autoridad de aplicación, regirán respecto de todos los trabajadores de la actividad o de la categoría dentro del ámbito a que estas convenciones se refieran; cuando se trate de un acuerdo destinado a ser aplicado a más de un empleador, alcanzarán a todos los comprendidos en sus particulares ámbitos. Todo ello sin perjuicio de que los trabajadores y los empleadores invistan o no el carácter de afiliados a las respectivas asociaciones signatarias. Los convenios colectivos de trabajo de empresa o de grupo de empresas, deberán observar las condiciones establecidas en el párrafo precedente.
  • Propuesta del Gobierno Se busca eliminar el concepto de ultraactividad para allanar el camino a que prevalezcan los acuerdos por empresa por sobre los que pacte el gremio principal de la actividad, como sucede en la actualidad. Se establece que los convenios colectivos de ámbito mayor no podrán modificar ni disponer el contenido de los convenios de ámbito menor. Deroga la ultraactividad de las cláusulas obligacionales. Este cambio se había intentado incorporar de manera idéntica en 2000, con la denominada “Ley Banelco”.
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LA CAJA SINDICAL

  • Ley actual Los empleadores estarán obligados a actuar como “agente de retención” de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial. Para que la obligación indicada sea exigible, deberá mediar una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará a solicitud de la asociación sindical interesada. El ministerio citado deberá pronunciarse dentro de los 30 días de recibida la misma. Si así no lo hiciere, se tendrá por tácitamente dispuesta la retención.
  • Propuesta del Gobierno Se busca en la iniciativa que las empresas no tengan la obligatoriedad de hacer de agentes de retención de la cuota sindical. Hoy, por ley, lo deben hacer, en caso de que el empleado quisiera realizar su aporte al sindicato de la actividad. En el proyecto se habla de una “conformidad expresa y de un acuerdo entre las partes”, pero no se precisa quiénes deberían ser, si el trabajador con su empleador o la empresa con el gremio. Se pretende la eliminación o que se pacte nuevamente entre las partes la denominada cuota solidaria, que es la contribución que hace el empleado que no está afiliado al sindicato por la actividad gremial. Hoy se pacta a través del convenio colectivo, con el acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato principal de la actividad, y la homologación de la Secretaría de Trabajo.

Cómo serán las vacaciones de los empleados según el proyecto de reforma laboral con el que el Gobierno debatirá en el Congreso

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La propuesta promueve modificaciones en el régimen de licencia paga, introduce condiciones para dividir el descanso y establece formalidades sobre los avisos a los trabajadores

La reforma laboral en la que trabaja el Gobierno de Javier Milei, y que por el momento gira alrededor de un proyecto presentado por Romina Diez, contempla cambios concretos en el modo en que los empleados podrán tomar sus vacaciones dentro de la Ley de Contrato de Trabajo en Argentina. Este proyecto, enviado al Congreso para su discusión, aborda una de las instituciones históricas del derecho laboral argentino al ajustar aspectos clave de la llamada licencia anual ordinaria, conocida como vacaciones. El texto incorpora modificaciones de fondo al artículo 154 de la Ley N° 20.744.

El nuevo esquema establece que el empleador podrá otorgar el goce de las vacaciones en cualquier momento del año, hasta el 30 de abril del año siguiente, lo que introduce mayor flexibilidad en la organización de los descansos. Al ampliar el período durante el cual las empresas pueden conceder licencias, el proyecto elimina restricciones estacionales y extiende el margen temporal disponible para el descanso anual.

Una de las modificaciones centrales es la creación de la posibilidad de fragmentar el período vacacional, siempre que cada parte no sea menor a una semana completa. Es decir, la licencia paga no se limitará a una sola vez por año, sino que podrá dividirse en segmentos de al menos siete días corridos. Esta estructura marca un contraste con el esquema anterior, en el que las vacaciones usualmente se tomaban completas en una única ocasión durante el ciclo anual.

Las 5 claves que se proponen:

  1. Fraccionamiento de vacaciones: Los empleados pueden dividir sus días de descanso en períodos no menores a una semana.
  2. Flexibilidad en el calendario: El empleador puede otorgar las vacaciones en cualquier momento del año, incluso hasta el 30 de abril del año siguiente.
  3. Aviso anticipado obligatorio: La fecha de inicio debe comunicarse al trabajador por escrito, con al menos veintiún días de anticipación.
  4. Vacaciones en verano cada dos períodos: El empleador debe garantizar que cada trabajador reciba el goce total de vacaciones durante una temporada de verano, al menos una vez cada dos ciclos, salvo que el empleado decida lo contrario.
  5. Vacaciones conjuntas para familias: Si trabajadores unidos por matrimonio o vínculo familiar trabajan en la misma empresa, pueden solicitar disfrutar las vacaciones juntos y el empleador está obligado a concederlo si ambos lo requieren.

Según el texto del artículo 10 del proyecto, las empresas estarán obligadas a comunicar la fecha de inicio del período vacacional por escrito y con una anticipación mínima de veintiún días al trabajador. Esta formalidad busca garantizar que los empleados cuenten con tiempo suficiente para organizar sus compromisos personales y familiares de acuerdo al cronograma definido por el empleador. El proyecto sostiene esta medida como estándar, aunque admite que los convenios colectivos pueden negociar otras condiciones adaptadas a la realidad de cada sector.

La comunicación anticipada incorpora tres elementos importantes: debe ser escrita, realizada al menos veintiún días antes de la fecha de inicio del descanso y especificar el período que le corresponde a cada trabajador. Estos requisitos resultan relevantes porque ofrecen previsibilidad tanto a los empleados como a los departamentos de recursos humanos de cada empresa.

En paralelo al derecho del empleador para establecer el cronograma, el proyecto introduce una excepción para que los sindicatos, a través de convenciones colectivas, delimiten otros esquemas que se adapten a las características de sectores específicos. Así, se preserva la función negociadora de los sindicatos y la posibilidad de acuerdos diferenciados.

El sistema de fraccionamiento de vacaciones tiene como límite que cada segmento del descanso dure por lo menos una semana. El empleador puede distribuir las licencias en varios tramos, pero nunca dividirlas en lapsos menores a siete días corridos. Esta medida impide el exceso de fragmentación, al tiempo que amplía la capacidad de planificación conjunta entre trabajadores y empresas.El proyecto presentado por RominaEl proyecto presentado por Romina Diez es un punto de partida, los cambios están siendo negociados con distintos sectores (Reuters)

Además, el texto aclara que cuando las vacaciones no se otorguen de forma simultánea a toda la plantilla, cada empleado debe recibir el período íntegro de vacaciones en al menos una temporada de verano cada dos ciclos, salvo que exprese voluntad en contrario. Este punto garantiza que los trabajadores puedan disfrutar de sus días en la época tradicionalmente más buscada para el descanso, aunque la ley contempla la excepción cuando el propio trabajador opte por otro período del año.

Esta normativa registra un matiz importante respecto del anterior sistema, en el que existía una preferencia por los meses de verano pero sin obligatoriedad para el empleador de agrupar a todo el personal en la misma época. El texto distingue entre la administración general del calendario de vacaciones por la empresa y el derecho individual a gozar de la temporada estival, lo que responde a realidades laborales dentro de distintos rubros y actividades.

Otro punto clave que incorpora la reforma involucra a los trabajadores casados o en unión familiar que se desempeñan bajo las órdenes del mismo empleador. En esos casos el empleador debe otorgar las vacaciones en forma conjunta y simultánea, siempre que ambos así lo soliciten. Esta previsión apunta a garantizar la posibilidad de coincidir los períodos de descanso para las familias, un derecho que mantiene continuidad respecto de la normativa precedente.

El articulado señala que los grupos familiares poseen la facultad de requerir el uso conjunto del descanso, mientras que la empresa queda obligada a concederlo cuando la solicitud se formula en común. La redacción contempla tanto los matrimonios como otras formas de unión familiar reconocidas legalmente.

El nuevo artículo, al permitir el fraccionamiento del período vacacional, busca reflejar las modalidades actuales del mundo del trabajo y la necesidad de adaptar la regulación a estructuras más flexibles y dinámicas. Al mismo tiempo, impone límites claros para preservar el derecho a un verdadero descanso: los periodos jamás deben dividirse en tramos inferiores a una semana.

Estos cambios generan nuevas responsabilidades para los empleadores, que no solo deben definir el cronograma sino también cumplir con la notificación formal anticipada. El manejo de recursos humanos deberá contemplar estos requisitos en coordinación con la operatividad de la empresa y los acuerdos internos con los trabajadores.

De este modo, la reforma propone una estructura en la que tanto la empresa como el trabajador incorporan herramientas para negociar y adaptar las vacaciones a las demandas de producción y personales. La notificación previa y el fraccionamiento se combinan con el derecho a disfrutar del verano en cada ciclo de dos años, lo que representa una transformación con relación al marco tradicional.

Por otra parte, el texto mantiene la referencia a la posibilidad de que los convenios colectivos modifiquen la modalidad establecida, para que actividades con ciclos estacionales, demandas especiales o pautas internas consensuadas ajusten el régimen a su propia realidad. Esa puerta abierta intenta que la norma general no se convierta en obstáculo para los sectores que requieren excepciones por las características propias de su funcionamiento.

La normativa prevé que, cuando sea necesario otorgar vacaciones a los empleados en fechas diferentes, el empleador asegure que todos tengan la oportunidad de descansar en temporada alta al menos una vez cada dos ciclos. Este punto resulta particularmente relevante en actividades en las que la demanda incrementa durante ciertos meses y la empresa no puede parar la operatoria en un solo período. Ofrece una solución de equilibrio entre la organización interna y el derecho individual a tomar vacaciones.La reforma impulsada por JavierLa reforma impulsada por Javier Milei introduce nuevos criterios para la organización del descanso anual de los trabajadores y amplía la flexibilidad en la planificación de las vacaciones (Reuters)

El texto incluye elementos respecto de la forma y contenido de la notificación que los empleadores deben entregar a sus trabajadores. Es requisito que la comunicación sea escrita y que precise los datos básicos para organizar el período de descanso. La anticipación de veintiún días responde a la necesidad de asegurar que el trabajador disponga de tiempo suficiente para planificar viajes, actividades familiares o reordenamiento de obligaciones personales.

La propuesta de reforma abarca a aquellas personas que cumplen tareas bajo el régimen de dependencia en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los trabajadores alcanzados por regímenes especiales o estatutos sectoriales puede haber disposiciones adicionales, siempre que no contradigan el núcleo de los derechos reconocidos en esta iniciativa.

El cambio más relevante para el calendario de vacaciones es la alternativa de dividir el descanso en periodos de al menos una semana, lo que no existía como opción en el diseño tradicional. Esta posibilidad resulta especialmente significativa en actividades de alta rotación o en empresas que requieren cubrir servicios durante la mayor parte del año.

El proyecto busca articular el interés de las empresas para una organización dinámica, las necesidades de producción y el derecho de los empleados a un período de descanso anual que conserve su sentido reparador. Representa, en ese sentido, un intento de adaptar la legislación a nuevas formas de organización pero condicionado por garantías mínimas como la extensión de cada tramo del descanso y el derecho a la notificación previa.

La coexistencia entre la regla legal y la posibilidad de acuerdos sectoriales responde a la presencia en el mundo laboral argentino de ramas que operan con distintas lógicas internas. Con este mecanismo se impulsa la flexibilidad, pero también se incluye la administración colectiva como resguardo de derechos, siempre que la decisión se encuentre amparada en los convenios.

La reforma establece que las personas que comparten relación familiar y tienen el mismo empleador pueden pedir sus vacaciones en conjunto, y el empleador tiene la obligación de concederlo. Se contemplan tanto los matrimonios como otras uniones legalmente reconocidas, lo que amplia la protección para distintos tipos de familias.

El nuevo marco desarrolla de manera específica el derecho al descanso y los mecanismos que deben seguirse tanto desde la perspectiva del trabajador como del empleador. La antelación en la notificación formal, la posibilidad de acomodar el calendario y el respeto a las particularidades de cada sector conforman los elementos principales de la iniciativa que analiza el Congreso.

Chagas quedaría afuera de la CTM: el “efecto Kueider” en Paraguay acelera los tiempos políticos en Entre Ríos

El reciente mazazo judicial contra Edgardo Kueider en Paraguay produjo consecuencias directas en Entre Ríos. La máxima instancia penal del país vecino dejó firme la elevación a juicio oral del ex senador —acusado por intentar ingresar divisas sin declarar— y con ello se desmoronó el entramado político que sostenía la permanencia de Juan Carlos Chagas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

La decisión del Gobierno provincial ya estaría tomada: Chagas seria removido del cargo a fines de enero de 2026. Se trata de una definición política con sello personal del gobernador Rogelio Frigerio, quien busca marcar una línea clara de renovación y transparencia en los organismos que administran recursos estratégicos.

El golpe institucional para Chagas no llegó solo. La caída judicial de su principal sostén político actuó como punto de inflexión definitivo. La gestión actual, que viene realizando una revisión exhaustiva de designaciones y beneficios económicos en entes y organismos binacionales, concluyó que ya no existían razones —ni respaldo— para sostener a un dirigente cuya legitimidad pública estaba severamente cuestionada.

En la Casa Gris reconocen que el reemplazante seria Andrés Romero, referente de La Libertad Avanza en Gualeguaychú, quien asumiría la representación entrerriana con un perfil alineado al nuevo esquema de control político y gestión austera.

Del padrinazgo político al aislamiento

La influencia de Chagas en diferentes etapas de la política entrerriana fue innegable. Supo ocupar cargos de relevancia durante varias gestiones y mantuvo un lugar privilegiado gracias al acompañamiento de actores con peso nacional. Pero el presente lo encuentra sin red de contención.

Según versiones que circulan en ámbitos oficiales, un intento de recomponer vínculos con Frigerio fue rechazado sin margen de negociación. La tensión interna creció luego de que trascendieran públicamente detalles de los altos ingresos que percibe en la CTM, en un contexto provincial marcado por el ajuste y la discusión de cada partida presupuestaria.

Cambio de época

Más allá de los nombres propios, la salida de Chagas simboliza el cierre de un ciclo político que se sostuvo durante décadas en acuerdos de poder informales, respaldos silenciosos y espacios de discrecionalidad en áreas sensibles del Estado.

El escenario que se abre pretende avances hacia una administración más controlada, con decisiones que —al menos en el plano discursivo— buscan estar alineadas a la demanda social de transparencia y austeridad.

La provincia atraviesa un tiempo de reacomodamientos, donde incluso figuras históricas deben asumir que nada está garantizado. El tablero político entrerriano ya se está reordenando, y la salida de Chagas será recordada como la consecuencia directa de esa nueva lógica de poder.

Tiene fecha el juicio al ex senador Kueider en Paraguay

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La Sala Penal del máximo tribunal denegó un recurso de apelación presentado por la defensa del exsenador y se dio a conocer la fecha del juicio. La Corte paraguaya aún tiene que resolver un planteo sobre su extradición

Tiene fecha el juicio. La Sala Penal consideró que el reclamo que llevaron los abogados de Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel, no reunía los requisitos mínimos. Los letrados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo intentaron que la Corte revea una decisión que había sido tomada en primera instancia y confirmado por otro tribunal.

El razonamiento de los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera fue que se estaba intentando una “apelación de la apelación”. Y razonaron que se trataba de una vía procesal inexistente, informó el sitio local El Observador de Paraguay.

En ese sentido, los integrantes de la Sala concluyeron que el recurso no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, lo que tornó innecesario el análisis de los demás presupuestos formales. Kueider y Guinsel enfrentan una acusación por contrabando en grado de tentativa. El caso se abrió luego de que en la madrugada del 4 de diciembre del 2024 ambos intentaran ingresar a Paraguay USD 200 mil sin declarar. Desde ese momento permanecen con detención domiciliaria.

¿Cuál fue el planteo defensivo?

Los abogados Arévalo y Bogado intentaron que se anule la acusación del Ministerio Público Fiscal del Paraguay. En relación con esto, solicitaron que se dicte el sobreseimiento definitivo de ambos acusados. Además, requirieron que el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024 sea excluido como prueba. Los registros muestran todo el operativo en el que se detuvo su camioneta cuando intentaba ingresar al Paraguay desde Brasil y se le secuestró el dinero.

El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos. La decisión del magistrado fue confirmada luego por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado.

En sintonía, la Corte expuso que darle la razón al planteo de los abogados del exsenador y su secretaria hubiera implicado habilitar un uso abusivo de recursos. Esto, agregaron, está en contra de los principios de economía procesal y buena fe. Además, traería aparejado el riesgo de paralizar de forma indefinida el avance de los procesos penales.

¿Cuál es la pena que podría recibir Kueider y cuándo comenzará el juicio?

El cargo de contrabando en grado de tentativa tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, a partir de los 2 años de condena las sanciones son de cumplimiento efectivo.

Con su decisión, la Sala Penal de la Corte paraguaya dejó firme la convocatoria a juicio. Las audiencias estaban previstas para octubre pasado. Pero fueron postergadas primero a noviembre y luego al lunes 20 de abril del 2026. (APFDigital)

La Justicia imputó a “Chiqui” Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

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La decisión judicial también alcanzó al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por la supuesta retención ilegal de aportes jubilatorios de la entidad.

La decisión la tomó el fiscal Claudio Navas Rial, que acusó formalmente a los dos dirigentes de la AFA, en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000 millones en aportes jubilatorios.

La causa está en manos del juez Diego Amarante, y es la primera vez en la que Tapia y su mano derecha son imputados.

La denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI) en los primeros días del mes de diciembre avanzó y cuenta ya con la imputación de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

En aquel entonces, la subdivisión que responde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) había estimado un perjuicio fiscal de $7.000 millones, entre retenciones impositivas y tributos a la seguridad social, mientras que actualmente el monto denunciado ascendió a los $19.000 millones, únicamente en cuanto a aportes jubilatorios impagos.

La causa investiga a la entidad madre del fútbol argentino por los delitos mencionados en los artículos 4 y 7 de la ley 27.430 del Régimen Penal Tributario, en los cuales se califica como infracciones a la “apropiación indebida de tributos” y de “recursos de la seguridad social”, con plazos de 30 días para depositar, total o parcialmente, el dinero evadido.__IP__

En caso de no hacerlo, los artículos mencionados indican penas de entre dos y seis años de prisión para el “agente de retención”, el principal responsable del dinero retenido y administrador de la clave fiscal, quien en este caso es Claudio “Chiqui” Tapia.

Además del presidente de AFA y su tesorero, la magnitud de la estructura económica de la asociación genera que se amplíe la investigación hacia otros dirigentes vinculados, entre los cuales se encuentran Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, secretario de la entidad, y Gustavo Lorenzo, director general de la mesa directiva de la asociación acusada.

El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 y comenzó el debate por los artículos

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La ley sancionada por el Senado obtuvo 46 adhesiones en la votación en general, a dos voluntades de los dos tercios. Hubo guiños desde el interbloque peronista, que no respetó la orden de Cristina Kirchner. En la particular avanzaron también todos los capítulos, como el que contenía el artículo 30, que permitiría recortes educativos

Durante la definición en general del proyecto, el mismo obtuvo 46 adhesiones a favor -con dos más, llegaban a dos tercios, ya que estaban todos presentes-, 25 rechazos y una abstención. Lo más importante fue la votación en particular de la iniciativa, que también avanzó y, de esta manera, la ley será promulgada. Es decir, hubo guiños en todos los capítulos, incluido el segundo -por el artículo 30-, criticado por la oposición por eventuales recortes en diversas áreas de educación. Consiguió 42. Más que suficiente y hasta en sintonía de “paliza”.La jefa libertaria en laLa jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. A su izquierda, su colega de bancada y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche

Para tener una idea de cómo se arribó a dicho resultado en la votación en general, hay que sumar a los 21 integrantes de La Libertad Avanza, los diez del radicalismo, tres del PRO, y un puñado trascendental de silvestres provinciales. Más la sorpresa -por romper con la orden cristinista- de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy). Esta mecánica, con algunas objeciones en el capítulo dos, se repitió en la particular. Se abstuvo en todo la justicialista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), mientras que otros lo hicieron en un par de secciones de la ley, como Julieta Corroza (La Neuquinidad).

El plan de gastos e ingresos para 2026 prevé un crecimiento económico de 5% del Producto Bruto Interno (PBI); inflación anual de 10,1%; y un dólar que para el Ejecutivo rondará, en diciembre del año que viene, $1.423. Según la Casa Rosada, el superávit primario será de 1,5% del PBI; el financiero, de 0,2%. Además, se estiman que las exportaciones se incrementarán 10,6%.Diego Santilli, Lule Menem yDiego Santilli, Lule Menem y Martín Menem en un palco del Senado

Debate en el recinto

Como miembro informante de La Libertad Avanza, el exjefe del oficialismo en el Senado -ahora es Patricia Bullrich– y titular de la comisión de Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), aseguró: “En los últimos 13 años no se había podido cumplir un Presupuesto que tenga un déficit cero y es muy importante generar confianza interna y externa. Eso es algo que este país no tenía hace mucho tiempo”.

El legislador recordó la situación que se encontró Milei en el poder central, como el riesgo país “encima de 1900 puntos” y un “30% de deuda pública con vencimientos a un día”, la que calificó de “una bola de intereses que se pudo desarmar con mucho esfuerzo”. Luego, sumó el escenario de pobreza e indigencia y cómo la Casa Rosada sacó, siempre según Atauche, “a más de 10 millones de personas” de esa realidad.

Ante las dudas que surgieron por el artículo 12 -potestad de reclamar información a universidades para determinar ciertos gastos o envío de fondos-, Atauche fue tajante: “El mismo se presentó tanto en la época de los Kirchner como de Macri y hoy lo volvemos a incluir en el Presupuesto”.El legislador del kirchnerismo JorgeEl legislador del kirchnerismo Jorge Capitanich recomendó literatura en pleno recinto

Desde el interbloque kirchnerista, el primero en responder fue el exgobernador chaqueño Jorge Capitanich. Apuntó a cuestiones políticas y, sobre todo, técnicas. Muy pocos le prestaron atención. Su discurso se extendió hacia bifurcaciones diversas y, en el tramo final, erró en una frase del Martín Fierro –José Hernández-, entre otras obras literarias que mostró “Coqui” como guía moral. Sí habló de “coacción y coerción a las administraciones provinciales y municipales” a la hora de la discrecionalidad para derivar recursos.

Más concreto fue el peronista pampeano Pablo Bensusán. Para graficar una preocupación sobre las transferencias a cajas previsionales -dijo que es “el mismo importe asignado para 2023”-, expresó: “Se establece, como anticipo a cuenta, sólo para aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, provisorio o definitivo correspondiente al ejercicio 2021 o posterior”. Es decir que, de las 13 en esta zona, sólo su distrito sería el beneficiado.

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el bonaerense Maximiliano Abad manifestó que “un Presupuesto aprobado es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”. No obstante, denostó el artículo 30. En ese sentido, señaló: “Lo llamo ‘escoba’, porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir”.El senador radical Maximiliano AbadEl senador radical Maximiliano Abad (Gustavo Gavotti)

La defensa oficialista volvió a ser observada por la justicialista riojana Florencia López. En primer lugar, mostró la “contradicción” entre “la inflación que proyecta el Gobierno, de 10,1% anual, con la de los últimos meses, que superó los dos puntos”. En esa línea, añadió: “Es mala fe y a propósito”.

Tras ello, la exvicegobernadora, que conoce a fondo lo que implica una ley de gastos, confió: “Con esa inflación -proyectada hacia abajo- habrá mayor recaudación y, como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad”. López marcó, con preocupación, que el Ejecutivo envió una ley con un sistema de bandas que modificó “sobre la marcha” y con “una resolución”, una vez que el texto ya estaba ingresado en el Congreso y que, en Diputados, ni siquiera lo adecuó.La senadora peronista Florencia LópezLa senadora peronista Florencia López (Fotos: Jaime Olivos)

Cierres

En su debut, Corroza (La Neuquinidad) utilizó gran cantidad de su tiempo en halagar la resentida gestión de su terminal política y gobernador, Rolando Figueroa. La siguió la salteña Flavia Royón, que fue directo al grano y dejó en claro que “sin Presupuesto no hay planificación, previsibilidad, inversión, desarrollo y, por sobre todas las cosas, no hay reglas claras que requieren las provincias para conducir sus planes de gobierno”.

Necesitamos orden financiero”, sentenció Royón, aunque tampoco olvidó de resaltar que “acompañar no es callar”: habló de “supuestos macroeconómicos frágiles y, en exceso, optimistas”. Al final, sostuvo que la solución sobre la puja en educación no es “derogar”, sino “tener una propuesta más constructiva”.Los peronistas disidentes Flavia RoyónLos peronistas disidentes Flavia Royón y Carlos Espínola (Jaime Olivos)

Por su parte, el líder del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara (Misiones), enfatizó que “el Estado no genera riqueza, sino que administra lo que generan los argentinos”, y reforzó el concepto de la “responsabilidad para gobernar”. Segundos después, opinó: “Apoyar y dar una nueva herramienta no significa un cheque en blanco. Exige responsabilidad, más que nunca, y cumplir los acuerdos con las provincias y los fallos de la Corte Suprema”.

“No se puede imponer. Menos, cuando se tienen minorías parlamentarias. Vamos a marcar límites cuando haya atropellos. El respeto a las instituciones no es optativo, es una obligación”, advirtió Goerling Lara.

Sobre ello coincidió su par de la UCR, Eduardo Vischi, que direccionó la lupa hacia la “gran inversión social” del Ejecutivo y subrayó que “es inexplicable” que haya “menos situaciones de conflicto”, si antes “gobernaban los que decían que defendían a los pobres”, en clara referencia al kirchnerismo.El presidente del PRO enEl presidente del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling Lara (Prensa Senado)

El jefe del interbloque kirchnerista “Popular”, José Mayans, fue directo a los “250.000 puestos de trabajo” que se perdieron y preguntó “de dónde saca los datos” el Ejecutivo, que muestra otro panorama. Lo mismo para la deuda: según el formoseño, “era de USD370.000 millones y hoy es de USD445.000 millones″. También mencionó los valores actuales de las canastas básicas para contrarrestar los datos de pobreza y las varias travesías judiciales con las que ya carga la Casa Rosada.

La encargada de concluir la discusión fue Bullrich. Lo concretó en términos políticos. “Hoy definimos si la Argentina vuelve a creer en sí misma”, arrancó, y se refirió a un “punto de partida para refundar una historia emocional”, ya que durante “muchos años” se pasó a “desconfiar, resignarse y vivir en ciclos tóxicos, una y otra vez”.

“El fracaso era el destino. El esfuerzo no valía la pena”, siguió la exministra de Seguridad, y denostó las “valijas llamadas ‘obra pública’”. Y evaluó que se eligió “cambiar el método, el sistema”, dejar “los problemas debajo de la alfombra para enfrentarlos” y “volver a sentir que el esfuerzo tiene sentido, que el cambio no es más una palabra vacía”.Victoria Villarruel comandó la sesiónVictoria Villarruel comandó la sesión extraordinaria y fue reemplazada en varias ocasiones por el senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (Maximiliano Luna)

Según Bullrich, el Presupuesto 2026 “no improvisa, no engaña y no promete lo que se no se puede cumplir”. Después, conjeturó que “no había margen para la tibieza“, que ”había que ir a fondo, animarse“, y que ”gobernar no es prometer“, sino ”decidir cuando duele“. Y culminó: “El superávit no es una meta circunstancial, es una regla. El déficit es la línea roja que separa el futuro del desastre”.

Sesión en el Senado: debaten el Presupuesto 2026

Sesin en el Senado debaten el Presupuesto 2026

El Senado argentino realiza una sesión clave en la que se definirán dos proyectos centrales para el Gobierno: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. El oficialismo libertario busca cerrar el año legislativo mostrando al mercado señales de control político y capacidad de gestión, aunque enfrenta tensiones con sectores de la oposición dialoguista.

El debate, que comenzó pasadas las 12:20, se realiza en el marco de un período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. Uno de los puntos que genera mayor controversia es el artículo 30 del proyecto de presupuesto, que elimina pisos mínimos de financiamiento para educación, ciencia y defensa, lo que ha motivado reclamos desde distintas provincias.

Además, el artículo 12 introduce nuevas exigencias para las universidades, que deberán presentar información detallada sobre el uso de fondos bajo amenaza de interrupción de transferencias si no cumplen con los requisitos. El Gobierno estima para 2026 un crecimiento económico del 5%, una inflación anual del 10,1% y un dólar en torno a los $1.423 en diciembre.

Ampliaremos

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