El ataque evitado contra la infraestructura estratégica habría buscado provocar una explosión de gran magnitud.
Las fuerzas federales lograron evitar un grave ataque terrorista contra una instalación crítica de gas de alta presión el pasado 31 de enero en la zona de los Bosques de Ezeiza, en el sur del conurbano bonaerense.
El hecho es investigado por la Justicia Federal como un “atentado terrorista” dirigido a un objetivo estratégico, debido a la naturaleza del blanco elegido, el tipo de armamento utilizado y la disposición de los explosivos hallados en el lugar.
Según fuentes de seguridad con acceso a la investigación, el episodio se desencadenó a partir de un alerta por la presencia de personas armadas en un sector sensible. Un cabo de la Gendarmería Nacional Argentina detectó a dos individuos que circulaban en una moto negra en las inmediaciones de un gasoducto troncal. Al advertir la presencia del uniformado, los sospechosos emprendieron la fuga y efectuaron disparos con armas calibre 9 milímetros.
La División Explosivos de la Policía Federal Argentina
Para los investigadores, esos disparos no tuvieron únicamente el objetivo de garantizar la huida. La principal hipótesis sostiene que buscaban detonar el material inflamable previamente colocado en el lugar para provocar una explosión masiva, una modalidad relacionada con ataques terroristas contra infraestructura estratégica.
Tras la huida de los sospechosos, se desplegó un operativo de rastrillaje que permitió dimensionar el alcance del ataque planificado. En sectores clave del sistema, claramente identificados con carteles de “peligro: gas de alta presión”, se encontraron dos granadas listas para detonar.
Además, se hallaron botellas con combustible colocadas de manera estratégica sobre los caños de alivio de la tubería principal, junto con vainas servidas de munición 9 mm a escasa distancia de los explosivos.
La selección del blanco y la disposición del material son consideradas determinantes para encuadrar el hecho como terrorismo. Según fuentes con acceso a la investigación, se trató de un intento deliberado de provocar daños masivos, generar pánico social y afectar el suministro energético.
Las granadas encontradas en el lugar.
El gasoducto involucrado forma parte de la red crítica que abastece a amplias zonas del Área Metropolitana, por lo que una detonación habría tenido consecuencias catastróficas en términos humanos, ambientales y económicos.
Por el impacto potencial sobre la seguridad nacional y por tratarse de un hecho ocurrido en un área protegida, la causa quedó en manos de la Justicia Federal. Interviene el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de la jueza Vanesa Rocuso, quien ordenó el despliegue inmediato de la División Explosivos de la Policía Federal Argentina, además de Bomberos y personal de Policía Científica, con el objetivo de neutralizar riesgos y avanzar con las pericias.
En paralelo, se desarrolla un operativo de búsqueda intensiva en la zona sur del conurbano para identificar y detener a los responsables del atentado frustrado, cuyas motivaciones y eventuales vínculos aún son materia de investigación.
Una escena llamativa y poco frecuente se volvió viral en las últimas horas: trabajadores brasileños, en un contexto informal y lejos de cualquier acto partidario, manifestaron una devoción abierta y espontánea hacia el presidente argentino Javier Milei. Cantos, gestos de admiración y referencias directas a su figura política aparecen en el video que circula en redes y que sorprende tanto por el escenario como por el perfil social de sus protagonistas.
No se trata de militantes rentados ni de un armado comunicacional clásico. El registro muestra a integrantes de la clase trabajadora brasileña expresando simpatía por un mandatario extranjero, algo inusual en una región históricamente atravesada por discursos nacionalistas y por liderazgos de signo estatista o progresista. El dato no es menor: Milei despierta adhesiones incluso fuera de las fronteras argentinas y, sobre todo, en sectores populares que durante décadas fueron considerados patrimonio exclusivo de la izquierda regional.
El fenómeno interpela varios prejuicios instalados. Primero, que las ideas de ajuste fiscal, reducción del Estado y confrontación con la “casta política” solo seducen a sectores medios o empresariales. Segundo, que la clase trabajadora latinoamericana es refractaria a los discursos antisistema cuando estos no provienen del progresismo tradicional. El video parece mostrar lo contrario: hay un hartazgo transversal con la política clásica y una búsqueda de liderazgos disruptivos que prometan orden, previsibilidad y ruptura con estructuras que ya no ofrecen movilidad social.
En Brasil, donde el debate político sigue fuertemente polarizado entre el lulismo y el bolsonarismo, la figura de Milei aparece como un actor externo que encarna una rebeldía distinta: la del ajuste brutal presentado como sinceramiento, la del Estado mínimo como promesa de libertad y la del discurso frontal como antídoto frente a la corrupción estructural. Que ese mensaje cruce fronteras y encuentre eco en trabajadores es, cuanto menos, un dato político a observar con atención.
Más allá del entusiasmo circunstancial, la escena funciona como termómetro regional. Milei no solo gobierna Argentina: su narrativa empieza a circular como símbolo de una reacción social más amplia frente al fracaso de modelos económicos repetidos durante décadas. La pregunta abierta es si esta devoción espontánea es apenas una curiosidad viral o el anticipo de un cambio de clima ideológico en América Latina.
Si algo le faltaba al manual del desgobierno municipal en Federación, era el capítulo final: endeudarse después de vaciar la caja. Y ese capítulo acaba de ser anunciado con sonrisas, fotos institucionales y un silencio tan espeso como preocupante.
El gobierno del intendente Ricardo Bravo vuelve a quedar en el centro de la escena tras comunicar gestiones para acceder a créditos bancarios, luego de haber aplicado aumentos de hasta el 400% en las tasas municipales, una carga que golpeó de lleno a vecinos, comerciantes y pymes locales. El dato no es opinable: las ordenanzas están ahí y los recibos también.
Lo llamativo —o directamente alarmante— es el timing. Durante años, el municipio recaudó como nunca. Sin embargo, el balance visible en la ciudad es desolador: servicios deteriorados, obras inconclusas, mantenimiento ausente y un parque automotor municipal prácticamente inoperante. Máquinas fuera de servicio, equipos abandonados y una capacidad operativa que hoy parece más un recuerdo que una herramienta de gestión.
Frente a ese escenario, la respuesta oficial no fue una auditoría, ni un informe detallado de gastos, ni un plan de recuperación con recursos propios. La respuesta fue salir a buscar crédito.
La reunión con el Banco Hipotecario fue difundida con prolijidad comunicacional, pero sin un solo dato esencial: no se informaron montos, tasas, plazos, garantías ni destino específico de los fondos. En cualquier administración ordenada, esa omisión sería grave. En una gestión cuestionada por sus resultados, es una señal de alerta.
Porque la pregunta no es ideológica ni partidaria. Es básica: 👉 ¿Para qué necesitan endeudarse si durante años cobraron más que nunca? 👉 ¿Dónde está ese dinero? 👉 Qué se hizo con los recursos que debían sostener servicios, maquinaria y obras?
Federación no necesita más deuda sin explicaciones. Necesita rendición de cuentas, controles externos, informes públicos y transparencia real. Endeudar una ciudad que ya fue exigida al límite no parece una solución: parece una huida hacia adelante, un intento de trasladar el problema a los vecinos del futuro y a las gestiones que vendrán.
Gobernar no es patear el desastre para adelante con un crédito debajo del brazo. Gobernar es hacerse cargo.
Y hoy, la pregunta que flota en el aire ya no es si este camino puede terminar bien. La pregunta es cuánto más puede soportar Federación antes de pagar una factura que nadie explica.
La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no es un hecho menor ni meramente administrativo. En un contexto de reconfiguración profunda del Estado y de redefinición del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei, la salida del funcionario abre un interrogante central: quién y con qué credibilidad deberá conducir el organismo estadístico más sensible del país.
Lavagna presentó este lunes su dimisión, comunicándola internamente al personal del organismo. Su alejamiento se produce poco después de la puesta en marcha de la nueva canasta de consumo para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que comenzó a aplicarse este mes y tendrá su primer impacto visible con el dato de inflación de enero.
Designado en diciembre de 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández, Lavagna logró sostenerse en el cargo tras el cambio de signo político en diciembre de 2023, gracias a un perfil técnico que le permitió atravesar gobiernos sin quedar atrapado en la disputa partidaria. Sin embargo, su origen político —ligado al massismo y al peronismo no kirchnerista— nunca dejó de ser un dato relevante, especialmente en una etapa donde la confianza en las estadísticas oficiales es un activo tan valioso como frágil.
La continuidad del INDEC bajo la administración Milei requiere algo más que prolijidad técnica. Exige una conducción que no solo garantice transparencia metodológica, sino que además sea percibida por la sociedad, los mercados y los organismos internacionales como plenamente independiente de las prácticas que durante años erosionaron la credibilidad del sistema estadístico argentino.
En su carta de despedida, Lavagna destacó los avances logrados durante su gestión y el compromiso del equipo técnico del organismo. Señaló la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema estadístico nacional y valoró a los trabajadores como el principal activo del INDEC. No explicitó los motivos de su renuncia, aunque desde sectores sindicales la vinculan al congelamiento salarial y a la creciente dificultad para retener cuadros técnicos en la administración pública.
La salida de Lavagna se suma a una serie de renuncias relevantes dentro del organismo. En 2025 dejaron sus cargos Georgina Giglio, directora de Índices de Precios al Consumo, y Guillermo Manzano, responsable de Estadísticas de Condiciones de Vida y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este escenario refuerza una preocupación estructural: sin salarios competitivos ni horizonte institucional claro, el riesgo de vaciamiento técnico es real.
Mientras tanto, el subdirector Pedro Ignacio Lines quedó a cargo de manera interina. Pero la discusión de fondo no pasa por la transición, sino por la definición política que deberá tomar el Gobierno nacional. El próximo titular del INDEC deberá reunir condiciones innegociables: solvencia técnica, trayectoria verificable, independencia real y sintonía con el proceso de sinceramiento económico que impulsa la actual gestión.
La reciente actualización de la canasta del IPC —basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018— es una muestra de los desafíos que enfrenta el organismo. La nueva metodología incrementa el peso de servicios como tarifas, transporte, comunicaciones y educación, reflejando de manera más fiel el consumo real de los hogares. Esto implica, también, asumir el costo político de mostrar una inflación potencialmente más alta cuando los servicios aumentan, algo incompatible con cualquier intento de manipulación estadística.
Justamente por eso, el INDEC se convierte en una pieza estratégica del nuevo esquema económico. No para maquillar números, sino para consolidar un diagnóstico crudo pero honesto de la realidad. Sin estadísticas creíbles no hay reforma posible, ni programa económico sostenible.
La renuncia de Lavagna cierra una etapa de transición. Lo que viene será decisivo. El Gobierno de Javier Milei tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de nombrar a un director del INDEC que marque un quiebre definitivo con el pasado, refuerce la confianza pública y acompañe, con datos reales, el rumbo de transformación que la Argentina discute.
El desafío no es menor: sin credibilidad estadística, no hay verdad económica; y sin verdad, no hay futuro.
El Gobierno de Entre Ríos informa que, a partir de ahora, todos los empleados de la administración pública provincial pueden consultar sus recibos de sueldo de manera digital a través de la plataforma Mi Entre Ríos, unificando el acceso a la información personal en un único entorno seguro y disponible las 24 horas.
Esta medida forma parte del proceso de modernización del Estado que impulsa la provincia, con el objetivo de simplificar trámites, eliminar el uso de papel y mejorar la experiencia de los trabajadores públicos. Desde ahora, los recibos estarán disponibles en formato digital, permitiendo su consulta, descarga y resguardo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
El acceso se realiza ingresando a www.mientrerios.gob.ar, donde cada agente puede identificarse de manera segura y visualizar su información salarial de forma rápida y transparente. La digitalización de este servicio no solo mejora la accesibilidad, sino que también optimiza los procesos administrativos y reduce tiempos y costos asociados a la gestión en papel.
Desde la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación destacaron que este avance se enmarca en una estrategia integral que busca poner la tecnología al servicio de las personas, cuidando el tiempo de los trabajadores y fortaleciendo un Estado más eficiente, ágil y cercano.
Con esta incorporación, Mi Entre Ríos continúa consolidándose como la plataforma central de trámites y servicios digitales de la provincia, ampliando sus funcionalidades y facilitando el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.
Suele decirse, con un toque de ironía, que “todo parecido con la realidad es pura coincidencia”. Esa frase, que en la ficción funciona como un descarga de responsabilidad, en la Argentina de las últimas décadas operó como un blindaje simbólico . Fue la coartada perfecta para negar lo evidente, relativizar el saqueo y maquillar un daño estructural profundo bajo la estética de la épica militante.
Sin embargo, lo que hoy cruje en los cimientos del país no es el resultado de una gestión ineficiente ni de una racha de mala suerte. Lo que enfrentamos es un patrón sistémico . No hubo errores, hubo métodos. El Estado no fue una herramienta de ascenso social, sino una caja de resonancia para una élite política que confundió el patrimonio público con la billetera propia.
El Relato vs. El Dato
El sistema fue tan aceitado como perverso: se habló de ampliar derechos mientras se multiplicaba la pobreza; se declamó soberanía mientras se hipotecaba el futuro de tres generaciones. El costo de esta “justicia social” de cartón pintado quedó a la vista:
Infraestructura fantasma: Millas de millones licuados en obras inconclusas.
Cajas políticas: Un entramado de subsidios sin control y contratos amañados diseñados para alimentar la estructura, no para solucionar problemas.
La cultura de la corrupción: Quizás el daño más corrosivo. Se instaló la idea de que el robo estatal era un “mal necesario” o un acto de rebeldía contra poderes fácticos. Así, exigir transparencia pasó a ser visto como un acto de “antipatria”.
La Herencia del Estado Presente (y Ausente)
El “Estado presente” resultó ser un gigante con pies de barro, omnipresente en el discurso pero ausente en lo esencial. El ciudadano de a pie heredó una inflación crónica que devora el salario antes de llegar a la góndola, un endeudamiento asfixiante y una fractura social que divide a quienes producen de quienes son rehenes del clientelismo.
Donde más se necesitaba la mano del Estado —en educación de calidad, seguridad jurídica y empleo genuino— solo hubo abandono. La decadencia no fue ruidosa; Fue un goteo constante de recursos hacia bolsos, hoteles y testaferros, mientras el país real se apagaba.
Memoria para no repetir
Hoy, el escenario político intenta reciclarse. Aparecen nuevos nombres, frentes amplios y discursos moderados que pretenden borrar el pasado reciente con un barniz de pragmatismo. Pero la memoria no es un acto de revancha, es una herramienta de supervivencia.
El ajuste que hoy duele no empezó con un cambio de gobierno; lo venimos pagando hace años en forma de desinversión y pérdida de oportunidades. Aceptar que todo esto fue una consecuencia directa de un modelo de rapiña es el primer paso para no volver a tropezar con la misma piedra. Porque en Argentina, el parecido con la realidad no es coincidencia: es la prueba del delito.
El accidente ocurrido este domingo al mediodía en la zona sur de Concordia, a la altura del kilómetro 248,5 de la autovía, volvió a exponer una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar: cuando la vida está en riesgo, no siempre quienes cobran el peaje están a la altura de las responsabilidades que asumieron.
Una pareja que regresaba hacia Estancia Grande sufrió la caída de su motocicleta tras el reventón del neumático delantero. El saldo fue una mujer de 28 años, Melisa Alegre, con diversas escoriaciones que debió ser hospitalizada, y el conductor con lesiones leves. Un siniestro vial más en las estadísticas, sí, pero con un trasfondo que no puede pasar inadvertido.
Mientras la nueva concesión de Autovías del Mercosur, en manos de Cartellone S.A., exhibe una preocupante falta de previsión y compromiso operativo, fue el Estado el que volvió a dar la cara. Ante la ausencia total de móviles de seguridad, auxilio mecánico y ambulancias propias de la empresa concesionaria, una unidad del sistema público de salud debió intervenir para asistir a la víctima y trasladarla al hospital Delicia Concepción Masvernat.
Y aquí reside el núcleo del problema: Cartellone S.A. no cuenta con ambulancias, no dispone de auxilio vial y carece de móviles de seguridad, servicios que sí estaban garantizados bajo la concesión anterior. Es decir, administra una autovía clave, cobra peaje regularmente, pero no cumple con los estándares mínimos de seguridad vial. Una concesión que recauda, pero no responde.
Resulta inadmisible que una empresa privada que explota una traza altamente transitada no tenga un sistema propio de emergencias, trasladando esa carga —y ese riesgo— a los municipios y al sistema público de salud, que terminan cubriendo un vacío que no les corresponde. En materia de accidentes, cada minuto cuenta. Y cada demora puede costar una vida.
En este contexto, corresponde destacar la intervención del gobierno de Estancia Grande, que, aun sin jurisdicción directa sobre la autovía, respondió ante la emergencia. Cuando la concesión privada se ausentó, el Estado estuvo presente. Una vez más.
Las preguntas son inevitables: ¿quién controla a la nueva concesionaria?, ¿quién exige el cumplimiento de sus obligaciones contractuales?, ¿cuántos accidentes más serán necesarios para que se entienda que la seguridad vial no es un gasto, sino una responsabilidad ineludible?
La autovía no puede transformarse en tierra de nadie. Mucho menos en una ruta donde el peaje se cobra sin demoras, pero la asistencia brilla por su ausencia. Cartellone S.A. debe dar explicaciones. Y rápido. Porque cuando la ambulancia no llega, las consecuencias no se miden en balances ni contratos, sino en vidas.
Mientras gran parte del empresariado argentino atribuye sus dificultades exclusivamente al costo laboral, la apertura económica y la caída del consumo también dejaron al descubierto un problema menos mencionado: la incapacidad de adaptarse a las reglas de la competitividad global. La experiencia de Mercado Libre funciona como contraste elocuente. La compañía logró expandirse con éxito en América Latina, invertir en logística, tecnología y marketing, leer anticipadamente los cambios en los hábitos de consumo y ahora explora nuevos nichos de mercado con proyección hacia Europa. En un escenario de competencia abierta, el caso demuestra que no todo se explica por salarios o impuestos, sino por estrategia, innovación y capacidad de escalar modelos de negocio. La reforma laboral aparece así como una condición discutida, pero no suficiente, frente a un mundo empresario que enfrenta el desafío de reinventarse o quedar fuera de juego.
El duro enfrentamiento del Gobierno con el grupo Techint dejó un mensaje claro: la apertura económica no tiene marcha atrás. Aun con evidencias de sobreoferta global de acero y presiones chinas para liquidar stock a cualquier precio, la posibilidad de avanzar en denuncias por dumping es prácticamente nula. Techint perdió una licitación clave por ofertar un 40 por ciento más caro, empató luego el precio ganador y aun así el consorcio privado decidió respetar la oferta inicial. La señal fue contundente incluso para los grandes jugadores: competir ya no es negociar reglas, sino adaptarse a ellas.
Este escenario se replica en todos los sectores de bienes transables. Autos chinos ganan mercado, las plataformas internacionales modificaron hábitos de compra y la indumentaria, el calzado y la electrónica enfrentan una competencia directa que deja al descubierto falencias históricas en diseño, comercialización, logística y atención al cliente. Durante años, muchas empresas trasladaron ineficiencias al precio final sin invertir en profesionalización, marketing digital o lectura de tendencias. Hoy ese esquema dejó de funcionar.
La apertura económica era necesaria tras décadas de cepos y controles extremos que derivaron en corrupción estructural, especialmente durante el último gobierno de Alberto Fernández. Importar implicaba pagar coimas por permisos y por acceso a dólares. El levantamiento de esas trabas saneó el sistema, pero también pasó factura. La industria manufacturera está un 12 por ciento por debajo del año pasado y la construcción continúa muy lejos de los niveles previos al cambio de gobierno. Ambos sectores son intensivos en empleo, lo que impacta de lleno en el mercado laboral. El comercio mayorista y minorista, otro pilar del empleo formal, también cae cerca de un 6 por ciento interanual.
La presión sobre los márgenes es generalizada. Algunas empresas ya operan en rojo y otras apenas sobreviven. La necesidad de vender obligó a bajar precios y competir de verdad. En rubros como línea blanca, las caídas llegaron al 25 por ciento en términos reales. Mientras algunos segmentos como autos o electrodomésticos repuntaron por financiamiento y precios, el consumo masivo sigue deprimido, condicionado por la caída del salario real.
Domingo Cavallo coincidió con el Gobierno en que la remonetización vía compra de reservas es el camino más sólido para la reactivación, aunque admitió que el efecto no se siente aún en la calle. La inflación desacelera, pero sigue por encima del 2 por ciento mensual, y las tasas altas junto con la apreciación cambiaria agregan presión sobre empresas con rentabilidades cada vez más ajustadas.
En este contexto, la reforma laboral aparece como la gran apuesta empresaria. La consigna es nivelar la cancha frente a países con impuestos más bajos y esquemas laborales más flexibles. Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Diego Santilli encabezan la estrategia política para lograr su aprobación en el Congreso. Pero incluso si la reforma avanza, persiste una preocupación central: la industria del juicio, con récord de litigios, fallos millonarios y abusos en licencias laborales.
El debate de fondo sigue abierto. La pregunta no es solo si el costo laboral es alto, sino si el empresariado está dispuesto a competir en serio, incorporando innovación, marketing, eficiencia y comprensión del nuevo consumidor, o si volverá a apostar únicamente a cambiar reglas sin transformar prácticas.
El debate oral se reanuda el martes y la expresidenta, en plena recuperación tras su internación, lidera una avanzada judicial de funcionarios y empresarios contra el proceso; su abogado contará con 90 minutos para exponer
El megajuicio de los Cuadernos de las Coimas reanudará el martes próximo su marcha tras la feria judicial de enero. Ese día, Cristina Kirchner, todavía restableciéndose de un bajón en su salud que la tuvo internada durante el fin de año, encabezará la ola de objeciones que exfuncionarios y empresarios dirigirán contra el proceso en general, con pedidos de nulidad y otros planteos que buscarán minar las bases del debate judicial.
Confinada en su domicilio de San José 1111 por la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad, la expresidenta se encuentra aún recuperándose del complejo cuadro de apendicitis que la mantuvo internada en el Sanatorio Otamendi los últimos días de 2025 y los primeros de este año. Quienes la frecuentaron en el último tiempo la notaron algo disminuida y con los ánimos replegados, e incluso un poco “más flaca” de lo habitual tras la intervención. Pero en su entorno remarcan, sin embargo, que la exjefa del Estado pudo superar el cuadro de desánimo y mira hoy hacia adelante para afrontar las causas judiciales en su contra.
Su año en los tribunales asoma complejo. Acusada de ser la jefa de la asociación ilícita bajo estudio del Tribunal Oral Federal N°7, será el principal foco de atención durante todo el juicio por los Cuadernos de las Coimas que, por ahora, seguirá vía Zoom con dos audiencias semanales, a partir de este martes.
A su calendario judicial, la expresidenta deberá sumar dos nuevas fechas sensibles: el inicio del juicio por Hotesur-Los Sauces y el del Memorándum con Irán, dos procesos que también la ubican en el centro de las acusaciones. Sobre ese escenario de desgaste judicial se posará el desafío político de conservar peso dentro de un peronismo en proceso de reconfiguración.
La expresidenta ya dejó atrás un bajón anímico, dicen quienes la visitaronSantiago Oroz
Por lo pronto, para este martes en el juicio por Cuadernos de las Coimas está previsto que su abogado defensor, Carlos Beraldi, inaugure las “cuestiones preliminares”, liberando una catarata de cuestionamientos contra el proceso.
Se trata de una instancia previa a las indagatorias, en la que los abogados suelen jugar sus primeras cartas defensivas, con pedidos de sobreseimiento incluidos. En principio, está diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, pero cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar allí y suele ser un espacio abierto para que los defensores desplieguen sus estrategias.
Beraldi se hará cargo de la exposiciónNicolás Suárez
Se descuenta que las presentaciones durarán todo de febrero y buscarán, de mínima, “entorpecer” la dinámica del debate, coinciden las fuentes judiciales consultadas por LA NACION. Habrá, casi con seguridad, planteos sobre las declaraciones de los arrepentidos, pedidos de nulidades y algún cuestionamiento sobre “cosa juzgada” por parte de los exfuncionarios.
Sonpor lo menos 25 las defensas que anticiparon al Tribunal que harán uso de la palabra. Pero el resto de los 61 imputados podrá acoplarse a esas presentaciones con argumentos propios. “Se verá”, dijo un abogado que, en principio, no tiene pensado levantar la mano, pero escuchará con atención a sus colegas.
Los 90 minutos de CFK
Cristina Kirchner cuenta con una hora y media para desplegar sus objeciones, tal como lo dispuso el Tribunal para aquellas personas involucradas en más de uno de los 6 tramos que forman parte de esta parte del caso. Quienes lo estén solo en una, en cambio, dispondrán de 45 minutos.
De acuerdo a lo estipulado, a Cristina Kirchner la seguirá el mismo martes la defensa del exministro Julio de Vido, que contará también con 90 minutos. Luego será el turno de Roberto Baratta, mano derecha del exministro en el presunto esquema de recaudación ilegal, y luego cerrarán la jornada el exfuncionario Julio Daniel Álvarez, acusado de encubrimiento; el empresario del rubro energético, Mauricio Balan, acusado de pagar coimas; y el financista Ernesto Clarens, que, según la fiscalía, las recibía, y oficiaba muchas veces de nexo entre los hombres de negocio y los Kirchner. Estos últimos dos, al declarar como arrepentidos, aportaron precisiones sobre el esquema de recaudación.
No forman parte de la nómina inicial figuras de relieve en la causa, como el chofer Oscar Centeno, en cuyas anotaciones precisó fechas, nombres, autos y montos relativos al circuito de recolección; o José López, el exsecretario de Obra Pública que fue detenido con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez y admitió luego que eran de la “recaudación”.
Al término de las presentaciones, posiblemente en marzo, la fiscal Fabiana León deberá pronunciarse y luego los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán si alguno de los argumentos volcados por las defensas debe ser atendido.
En caso de que esta etapa consuma más tiempo del previsto, el tribunal buscará compensarlo con más audiencias u horas adicionales, para no atrasar el cronograma. Concluidas las cuestiones preliminares, se comenzará así a las indagatorias. Se da por descontado que el juicio podría durar años.
La operación se concretó antes de un vencimiento que no admite postergación y ocurre en la antesala de la segunda revisión del programa por US$20.000 millones, con las reservas como eje central y una misión del Fondo prevista para febrero
La Argentina compró la semana pasada Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos por US$808 millones para afrontar un pago de intereses con el Fondo Monetario Internacional (FMI) previsto para este domingo 1° de febrero, que se hará efectivo en las próximas horas, según supo LA NACIÓN de fuentes oficiales y de personas con conocimiento directo del tema. Los DEG son un activo global creado por el propio organismo multilateral de crédito, del que cada país miembro tiene sus tenencias.
De acuerdo con el calendario del FMI, el país enfrenta un vencimiento por intereses por un monto similar al mencionado, un tipo de obligación que no puede ser unificada con otras, ni su cumplimiento puede ser postergado para fin de mes, como sí ocurre con los pagos de capital. Al cierre de esta nota, la operación no figuraba aún en los balances del Banco Central (BCRA) ni del Tesoro argentino, ni en los registros públicos de tenencias de DEG del FMI, lo que refuerza el carácter puntual y de corto plazo de la maniobra. Sí aparece registrada en la página del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Según explicaron a este diario fuentes oficiales con conocimiento directo de la operación, no se trató de una nueva activación del swap (intercambio) de monedas con ese país, sino de una compra habitual de DEG para cumplir con un vencimiento.No se precisó si la adquisición fue realizada directamente por el BCRA o por el Tesoro, pero sí se afirmó que el Gobierno cumplirá con el compromiso.
El Gobierno descartó una nueva activación del swap con Estados Unidos.Marcos Brindicci
Otra fuente detalló que se trata de “la operatoria que se utiliza desde 2018: el Tesoro necesita comprar DEG para pagarle al FMI y el mayor vendedor de DEG del mundo es el ESF del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.
No es la primera vez que Estados Unidos vende unidades de la moneda del FMI a la Argentina en la antesala de un vencimiento con el Fondo. El 10 de octubre pasado, el Departamento del Tesoro había transferido US$872 millones antes de otro pago. La diferencia central es que aquella operación sí formó parte del swap de monedas, mientras que la concretada la semana pasada no estaría encuadrada en ese acuerdo.
El Banco Central informó que en diciembre canceló completamente el swap de monedas con el Departamento del Tesoro, en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por US$20.000 millones anunciado en octubre de 2025. El propio Tesoro estadounidense precisó que el monto utilizado de ese swap había sido cercano a US$2500 millones, activado en un contexto de tensión financiera y presión cambiaria antes de las elecciones legislativas. El Gobierno de Javier Milei finalmente se impuso en esos comicios, en un escenario de respaldo explícito dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Ni el Banco Central ni el Departamento del Tesoro informaron las condiciones financieras del swap, la tasa de interés aplicada, ni el costo efectivo que tuvo para la autoridad monetaria argentina. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, sostuvo públicamente que la operación generó ganancias para el pueblo de su país, aunque sin divulgar detalles técnicos.
Tampoco se hizo oficial cómo se canceló el swap. Desde el Banco Central se limitaron a señalar que se realizó mediante un préstamo con un organismo internacional distinto del FMI. En el mercado y en la oposición se mencionó al Bank for International Settlements (BIS) como posible contraparte, e incluso se sugirió que podría haberse utilizado oro como garantía, una hipótesis que explicaría la reticencia oficial a dar mayores precisiones.
El Exchange Stabilization Fund (ESF) —Fondo de Estabilización Cambiaria— es un activo administrado por el Departamento del Tesoro estadounidense, creado en la década del 30, que tiene como objetivo preservar la estabilidad financiera y cambiaria. Entre otras funciones, el ESF interviene en mercados de divisas y opera con activos internacionales, incluidos los DEG del FMI, lo que lo convierte en el principal proveedor global de este instrumento para países que necesitan cumplir pagos con el organismo.
El pago de este domingo se produce en la antesala de la segunda revisión del programa con el FMI por US$20.000 millones, firmado en abril de 2025. El Gobierno espera que la evaluación técnica se realice en algún momento de febrero, con la llegada de una misión del organismo a la Argentina, y de su aprobación depende un desembolso de US$1000 millones.
En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro informal con la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, durante el Foro Económico Mundial de Davos. La titular del organismo elogió públicamente “el progreso en la acumulación de reservas” y el desempeño reciente de la economía argentina.
Más allá de esas señales, la cuestión de las reservas será uno de los ejes centrales de la revisión. Si bien la Argentina cumplió la meta fiscal de 2025, incumplió de manera significativa el objetivo de acumulación de reservas internacionales netas, que cerraron 2025 muy por debajo de lo pactado.
La cuestión de las reservas será central en la nueva revisión con el FMI. La cuestión de las reservas será central en la nueva revisión con el FMI. Según datos del BCRA medidos con la metodología del programa, las reservas netas cerraron 2025 en torno a –US$14.100 millones, frente a una meta revisada de –US$1000 millones, lo que implicó un desvío negativo superior a US$13.000 millones. El incumplimiento se produjo pese a que el FMI había flexibilizado el objetivo en US$6500 millones, al pasar de +US$5500 millones a uno negativo. En ese marco, el Gobierno prevé solicitar una dispensa (waiver) y avanzar en una reformulación de las metas.
La mejora financiera reciente, con un riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos, reabrió el debate sobre un eventual retorno al mercado internacional de deuda. Sin embargo, el Ministerio de Economía descartó por ahora esa opción, por tres motivos: reducir la dependencia soberana de Wall Street para dar espacio al sector privado, evitar convalidar tasas que no reflejan los fundamentos actuales, y analizar otras alternativas de refinanciamiento.
La dificultad del Tesoro para acceder al refinanciamiento de la deuda externa también conspira contra la recomposición de reservas. Como reconoció el propio Banco Central en un informe reciente, el aumento efectivo de reservas dependerá de que el Tesoro pueda refinanciar vencimientos en el mercado, ya que de lo contrario las compras de divisas terminan siendo utilizadas para pagar deuda.
Esa dinámica ayuda a explicar por qué, pese a las compras del Banco Central durante enero por más de US$1100 millones, y la actualización mensual y por inflación pasada de las bandas entre las que flota el dólar oficial, las reservas siguen bajo tensión. Esas adquisiciones resultan equivalentes a los pagos que debió realizar el Tesoro argentino por más de US$1200 millones en el mismo período, lo que diluye el impacto neto de las compras de la autoridad monetaria.
