La renuncia de Marco Lavagna a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no es un hecho menor ni meramente administrativo. En un contexto de reconfiguración profunda del Estado y de redefinición del modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei, la salida del funcionario abre un interrogante central: quién y con qué credibilidad deberá conducir el organismo estadístico más sensible del país.
Lavagna presentó este lunes su dimisión, comunicándola internamente al personal del organismo. Su alejamiento se produce poco después de la puesta en marcha de la nueva canasta de consumo para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que comenzó a aplicarse este mes y tendrá su primer impacto visible con el dato de inflación de enero.
Designado en diciembre de 2019 durante la presidencia de Alberto Fernández, Lavagna logró sostenerse en el cargo tras el cambio de signo político en diciembre de 2023, gracias a un perfil técnico que le permitió atravesar gobiernos sin quedar atrapado en la disputa partidaria. Sin embargo, su origen político —ligado al massismo y al peronismo no kirchnerista— nunca dejó de ser un dato relevante, especialmente en una etapa donde la confianza en las estadísticas oficiales es un activo tan valioso como frágil.
La continuidad del INDEC bajo la administración Milei requiere algo más que prolijidad técnica. Exige una conducción que no solo garantice transparencia metodológica, sino que además sea percibida por la sociedad, los mercados y los organismos internacionales como plenamente independiente de las prácticas que durante años erosionaron la credibilidad del sistema estadístico argentino.
En su carta de despedida, Lavagna destacó los avances logrados durante su gestión y el compromiso del equipo técnico del organismo. Señaló la necesidad de seguir fortaleciendo el sistema estadístico nacional y valoró a los trabajadores como el principal activo del INDEC. No explicitó los motivos de su renuncia, aunque desde sectores sindicales la vinculan al congelamiento salarial y a la creciente dificultad para retener cuadros técnicos en la administración pública.
La salida de Lavagna se suma a una serie de renuncias relevantes dentro del organismo. En 2025 dejaron sus cargos Georgina Giglio, directora de Índices de Precios al Consumo, y Guillermo Manzano, responsable de Estadísticas de Condiciones de Vida y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Este escenario refuerza una preocupación estructural: sin salarios competitivos ni horizonte institucional claro, el riesgo de vaciamiento técnico es real.
Mientras tanto, el subdirector Pedro Ignacio Lines quedó a cargo de manera interina. Pero la discusión de fondo no pasa por la transición, sino por la definición política que deberá tomar el Gobierno nacional. El próximo titular del INDEC deberá reunir condiciones innegociables: solvencia técnica, trayectoria verificable, independencia real y sintonía con el proceso de sinceramiento económico que impulsa la actual gestión.
La reciente actualización de la canasta del IPC —basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018— es una muestra de los desafíos que enfrenta el organismo. La nueva metodología incrementa el peso de servicios como tarifas, transporte, comunicaciones y educación, reflejando de manera más fiel el consumo real de los hogares. Esto implica, también, asumir el costo político de mostrar una inflación potencialmente más alta cuando los servicios aumentan, algo incompatible con cualquier intento de manipulación estadística.
Justamente por eso, el INDEC se convierte en una pieza estratégica del nuevo esquema económico. No para maquillar números, sino para consolidar un diagnóstico crudo pero honesto de la realidad. Sin estadísticas creíbles no hay reforma posible, ni programa económico sostenible.
La renuncia de Lavagna cierra una etapa de transición. Lo que viene será decisivo. El Gobierno de Javier Milei tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de nombrar a un director del INDEC que marque un quiebre definitivo con el pasado, refuerce la confianza pública y acompañe, con datos reales, el rumbo de transformación que la Argentina discute.
El desafío no es menor: sin credibilidad estadística, no hay verdad económica; y sin verdad, no hay futuro.
