El periodista y director de ANALISIS, Daniel Enz, acaba de publicar su libro La banda de los contratos, sobre el desvío de más de 53 millones de dólares en la Legislatura entrerriana, entre 2008 y 2018. Son diez capítulos más un anexo documental, de una larga crónica sobre el caso de corrupción más grave de la historia de esta provincia, a través de casi 300 páginas. Aquí el primer capítulo del libro número 17 del autor.
Al vicegobernador Adán Humberto Bahl le sonó temprano el celular, esa mañana de septiembre de 2018. En pocos segundos quedó pálido y empezó a transpirar como pocas veces por lo que le contaba un alto funcionario, desde un importante despacho de la Gobernación.
–Esto no está sucediendo. Por favor, tenés que parar todo. No hay que dejar que avance. Me va a cagar la carrera política eso. Decime por favor que se podrá hacer algo. Te lo pido por mi mujer y mis hijos -repetía, mientras caminaba en círculos en el living de su siempre oculta mansión de calle Maipú.
–No, Beto. No se puede hacer nada. La investigación está en marcha desde ayer, cuando detuvieron a esta gente con esa cantidad de tarjetas de débito y bolsas de dinero. Con mucha plata extraído de los cajeros del banco y a la vista de todos. Una locura. Y los tres dijeron que eran empleados del Senado de Entre Ríos y administraban dinero de contratados legislativos que no podía ir a cobrar su mensualidad por diferentes motivos. Eso dijeron cuando apenas los interceptó la Policía.
–Por favor. Decime con quién tengo que hablar para que esto no trascienda y que se desvíe la investigación. Me va a acabar… ¿Bordet sabe de esto? Porque también lo va a afectar.
–Si, ya lo sabe el gobernador. Pero dijo que tendrás que hacerte cargo vos y luego se verá políticamente, porque los tipos te complican a vos como autoridad del Senado.
Gustavo Bordet hacía no más de cuatro días que había regresado al país, después de una gira oficial por Estados Unidos, que le demandó algo más de una semana en el exterior. Bahl cortó la comunicación y se desplomó en el amplio sillón del living. Su mujer, que lo observaba atentamente, le alcanzó un vaso de agua y no entendía demasiado lo que estaba ocurriendo. Pero pocas veces lo había visto tan mal de semblante y con la camisa totalmente transpirada en escasos segundos.
–¿Me podés contar algo o es todo muy reservado? -alcanzó a preguntar su esposa, Claudia Silva, quien había dejado de trabajar en la delegación local de la AFIP, para sumarse como asesora del Senado, por pedido de Bahl, aunque sin ninguna función específica, como había sucedido con demasiada gente que ingresó en su gestión.
–No, dejame digerir esto y pensar qué hacer. Porque la situación nos va a arrastrar a varios. Y el escándalo será tanto o más que lo que está pasando con Sergio Varisco y el narcotráfico.
Por esos tiempos, la opinión pública de Paraná y buena parte de la provincia estaba prácticamente concentrada en la conmoción que había provocado el allanamiento al municipio de Paraná, a partir de una relación de negocios y de acuerdos políticos del intendente Sergio Varisco con uno de los jefes narcos de Entre Ríos, como Daniel Tavi Celis, quien fuera quizás el principal aportante para la campaña 2015 del dirigente paranaense.
Bahl, como hábil contador público y exauditor del Tribunal de Cuentas, nunca había sido rozado por un caso de corrupción en el Estado, pese al rol de poder que ostentaba y la serie de negociaciones que llevaba adelante con empresarios de diferentes sectores y en especial de la construcción. Y esta situación surgida imprevistamente en una sucursal bancaria lo cruzaba de lleno, más allá de los manotazos que podía dar, tratando de alivianar su realidad o, en todo caso, viendo cuánto afectaba también a otros principales referentes políticos del peronismo entrerriano y no solamente a él. Buena parte de ese dinero que le secuestraron a los detenidos era manejada por gente de su sector y de su estrecha confianza. Pero además era parte del goteo de un plan de ejecución donde el verdadero jefe de la distribución del dinero de los contratos legislativos era Sergio Urribarri y sus allegados más directos.
En 2018 Sergio Urribarri era el presidente de la Cámara de Diputados, después de dos años de mandato como gobernador y se había sentado sobre esos fondos de contratos legislativos, a poco de llegar a la Gobernación, en 2008, aunque el sistema funcionaba desde fines de 2007, ideado por el entonces vicegobernador Pedro Guillermo Pemo Guastavino y su mano derecha, el cordobés Jorge De Breuil. Ambos se conocieron en plena dictadura, como detenidos políticos por su militancia en Montoneros. Y se sumó el perfeccionamiento de parte del contador concordiense Juan Domingo Orabona, que tomó varias mañas legislativas cuando acompañó al senador provincial Mario Yedro (PJ), en el segundo gobierno de Jorge Busti y disponía de un amplio conocimiento.
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Bahl había tenido su despegue político a partir de la última etapa de la administración de Jorge Busti, cuando lo empezó a reemplazar a Urribarri, como ministro de Gobierno, a mediados de 2007. Nacido en Paraná 1967, se había iniciado políticamente en el sector del exgobernador Mario Armando Moine. Ingresó en el Tribunal de Cuentas a principios de 2000 (se había recibido de contador el 8 de octubre de 1999, después de más de 10 años de carrera) y en 2004 fue designado como director del Servicio Contable de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, donde fue ascendido a titular del área en 2006. Acordeonista, autor de 30 temas registrados en SADAIC, tocó en cinco grupos chamameceros y tropicales y también en la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por Luis Gorelik, en tiempos en que Bahl era además ministro de Gobierno de la provincia.
Una de las primeras cosas que más le llamó la atención a Bahl, cuando llegó a ese lugar de poder, fue la forma en que Urribarri se apropiaba mensualmente de los fondos reservados que tenía disponible el Ministerio de Gobierno. Nadie lo controlaba. Nadie le reclamaba nada. Ni siquiera tenía advertencia del gobernador Busti, ni del secretario de Seguridad y Justicia, José Carlos Halle, quien también había conseguido una partida de fondos reservados, que, en especial, se utilizaban para los viajes de búsqueda que hacía la madre de Fernanda Aguirre (secuestrada y desaparecida el 25 de julio de 2004) o para los informantes que podían aportar algún dato del caso. Las partidas más importantes de fondos reservados eran las que disponía Busti, Urribarri y el jefe de Policía, Héctor Roberto Massuh. La de Massuh y Halle eran mucho menor. Y muchas veces Bahl no ocultaba su bronca entre los más cercanos, porque cuando Urribarri se quedaba sin fondos reservados del cupo presupuestario que podía tener, acudía a los de la Policía. Lo propio hacía con los vehículos nuevos que compraba la fuerza policial: si le gustaba un auto flamante y sofisticado, que no había visto nunca, ordenaba que de inmediato pasara a la flota de la Gobernación.
En realidad, Bahl no había descubierto nada, porque la mayoría de los funcionarios con gastos reservados nunca rendían cuenta y por lo general se apropiaban de lo que siempre quedaba en caja. Incluso, jamás era tema de debate en la clase política porque siempre fue mejor no hacer olas. El único que alguna vez lo contó públicamente como si fuera lo más normal del mundo fue el exvicegobernador Domingo Daniel Rossi, cuando trató de justificar con tales desvíos de dinero su crecimiento patrimonial y sus fondos en el exterior. “Yo siempre me quedo con los fondos reservados de la Vice”, dijo con total impunidad en el juicio oral y público, en 2006, antes de ser condenado.
–¿Y cómo es esto? -preguntó Bahl, apenas llegó a Gobierno, al contador Hugo Céspedes, que era quien manejaba tales fondos como director del Contable del Ministerio y falleciera en 2021, en pleno desarrollo del denominado Megajuicio, después de batallar contra un cáncer.
–No hay límites. Usted puede usar 50 mil pesos o cien millones. Nadie le dirá nada. No tiene que dar explicaciones. Lo hizo Urribarri, lo hicieron otros y también lo puede hacer usted. Los fondos están a su disposición. Buena parte de su fortuna personal, que nunca mostró ni exhibió y ocultó afanosamente detrás de un alto frente de su domicilio de calle Maipú, aunque atrás le anexó otra vivienda y el galpón de una fábrica. Bahl la hizo de esa manera, según aquellos más cercanos, que estuvieron con él en esos tiempos y hoy ya están jubilados. También, mediante testaferros de extrema confianza que solía utilizar. O sea, esquivando todo tipo de control de gasto, precisamente porque sabía cada vericueto y atajo de la administración pública.
El entonces vicegobernador, que ya había sido precandidato a gobernador (en una definición de entrecasa donde perdió con Bordet, por pedido expreso de la esposa de Urribarri, Ana Lía Aguilera, con quien tenía una relación algo tirante) pretendía ser primero intendente de Paraná en 2019 y desde allí volver a intentar con la Gobernación. Precisaba armar un colchón de fondos de dinero para sus respectivas campañas y no estaba dispuesto a sacar de su recaudación política. O sea, tal como hicieron buena parte de los candidatos a gobernador en esta provincia, en las últimas décadas. Y los desvíos de dinero que se hacían de los contratos legislativos eran para bolsillos propios, pero también para sostener las campañas políticas. Aunque nadie lo quería reconocer y tampoco figuraba en los papeles. Era un tema de estricta reserva. Jamás se podía contar, ni decir de paso. Había un pacto a rajatablas. Pero era algo que siempre se afirmaba y servía para el pase de facturas si esos montos no llegaban o se incorporaban en menor medida a lo hablado con anterioridad. Porque las picardías existían. Más de una vez, ciertos candidatos se guardaban el dinero aportado para sus bolsillos, solo gastaban una parte ínfima, pero “rendían” al comité de campaña por el total de lo aportado. Siempre había alguien que sabía dibujar los números.
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Esa mañana del viernes 21 de septiembre de 2018 era un tembladeral Casa de Gobierno. Pero todos preferían hacer silencio de radio por el temor que imperaba en la Legislatura. Los empleados de ambas cámaras eran los que iban y venían con información reservada por las oficinas y todos querían saber quién había sido el suboficial policial que había desbaratado semejante banda y cómo seguiría la historia. El policía César García no era uno más. Estaba en la fuerza de seguridad desde mayo de 1995 y participó de momentos complejos. Llegó a la emblemática Comisaría Quinta de Paraná pocas semanas después de la denuncia periodística del viejo diario Hora Cero, sobre el rol que habían tenido buena parte del personal de esa dependencia en el secuestro y desaparición de los jóvenes Martín Basualdo y Héctor Gómez, sucedido un 16 de junio de 1994 en calle Salta y nunca fue esclarecido, por el pacto policial que existió. La serie de notas periodísticas reactivó una causa que nunca había tenido movimientos y puso en foco el accionar y las libertades que tenían los integrantes de una estructura policial de la Comisaría, que hasta disponía de una casa quinta en las cercanías de Paraná, que se usaba para reuniones sociales, pero también para torturar gente y en plena democracia. El suboficial García también estuvo en la custodia del exjefe narco, Julio Godoy, cuando lo detuvieron en proximidades del Túnel Subfluvial y derivaron a la mencionada sede policial. Pasó por la Comisaría 12 y en el 2002 lo trasladaron a la Jefatura Departamental Nogoyá, en castigo por haber votado candidatos del peronismo, a raíz de ese sistema de voto cantado impulsado por el montielismo para el personal de la fuerza. Retornó a Paraná varios años después, tras pasar incluso por la Comisaria de Hernández y fue derivado a la sección Bancaria de la Departamental. Arrancó en la sede del Banco de Entre Ríos en Dupuy y Ramírez y en el 2010 fue derivado a la sucursal Don Bosco.
Hacía ya un buen tiempo que venía observando “algo raro” en los movimientos de tres personas en el sector de cajero automático del Nuevo BERSA. O sea, en plena avenida Ramírez, entre Colón y La Paz, en la que hay una circulación permanente de vehículos. A dos de ellos, el suboficial García los había visto en el anterior destino, entre 2009 y el 2010, cuando caían con parvas de cheques, a cobrar por ventanilla. Y ahora venían repitiendo un mismo modus operandi con tarjetas de débito. Los movimientos no eran tan intensos como en esta oportunidad, pero comenzaron a llamar la atención.
Eran dos mujeres y un hombre que permanecían por varios minutos. Era como que se adueñaban por un espacio irregular de tiempo, cubriéndose unos a otros, para que nadie pudiera verlos desde afuera cómo iban colocando diversas tarjetas, retiraban cifras importantes de dinero y las iban guardando en el bolso de una de las mujeres. Y quedaba claro que a ninguno le importaba las camaritas que podían haber estado filmando. Daba la sensación de que se sentían tranquilos o impunes y vivían ese momento con totalidad normalidad. Cada uno se ubicaba en un cajero y retiraban el dinero en forma simultánea. Nunca se detenían a contar el dinero. Era sacar y guardar. Eso sí: siempre iban mirando sus celulares; como que a la vez recibían algunos mensajes para dar alguna que otra explicación o dudas que podían aparecer de imprevisto. García siempre vio las mismas personas. Una, dos, tres, seis veces en ese tiempo. Iba el muchacho flaco, la joven veinteañera con pelo teñido de rubio y la señora un poco mayor. Salían y subían al mismo vehículo de siempre: una camioneta Hilux color gris, que era manejada por otro joven. Dos meses antes, el policía empezó a anotar datos, horarios y patente. Y acudió a uno de los comisarios de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos que vive frente a su casa, para contarle lo que estaba observando.
–Es muy sospechoso todo lo que hacen. Hay algo raro que ustedes deberían ver y actuar -le acotó, después de hacerle un minucioso relato.
–Cuando los veas de nuevo, me llamás o me enviás un mensaje, así trato de interceptarlos. El jueves 20 de septiembre de 2018 los tres individuos concurrieron nuevamente a la sucursal bancaria. Era de mañana y había un movimiento intenso en la ciudad y en especial en Avenida Ramírez. Entendieron que nadie los miraba, pero se equivocaron. Apenas entraron al sector de las cajas automáticas el sargento García llamó al oficial de Delitos Económicos para que acudiera urgente. Pero llegó tarde. Cuando estuvo cara a cara con el suboficial se disculpó por la demora. “No importa; acá tengo el número de la patente y la dirección donde está registrada. Hace un mes los pedí al 911 y ese es el domicilio”, le dijo. “Es aquella camioneta Hilux que va llegando a la esquina”, le indicó García, señalándole el vehículo, que ya estaba cerca de la mencionada intersección. Lo que resultaba inentendible era la escena casual: de repente, quedaron a escasos metros dos camionetas Hilux del mismo color. Una siguió derecho por Ramírez; la otra, dobló a la derecha. El comisario ya tenía preparada su gente para ver la forma de interceptarlos. Pero le erraron en el cálculo. Siguieron a la camioneta que siguió derecho (que era una mujer que no tenía nada que ver) y no a la restante. Pero lograron activar todo lo que tenían desplegado y los detuvieron en la intersección de las calles División Los Andes y O‘Higgins. O sea, a escasas cuadras de la vivienda de uno de los “coordinadores” de la banda, que precisamente no estaba en la camioneta. Los estaba esperando en su casa de calle Isidoro Almeida, ansioso por ver y controlar la recaudación. Los detuvieron a no más de 2000 metros de la casa del entonces vicegobernador Adán Bahl.
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La conducción de Delitos Económicos de la Policía de Entre Rios había coordinado la situación con quien estaba de turno en la Unidad Fiscal de Respuestas Rápidas, la doctora Evangelina Santana y estaba al tanto de la situación la fiscal Patricia Yedro. Pero cuando los interceptaron, justo la doctora Yedro estaba en una audiencia y le había dejado el celular al fiscal Ignacio Arramberry. Fue el fiscal quien resolvió al respecto. Nadie calculaba que detrás de la historia estaba buena parte de la conducción política de la Casa de Gobierno. Es más: con los datos que había aportado el suboficial García, se entendía que podía ser una “estafa” de las tantas que se venían investigando en la capital entrerriana. No hubo ninguna resistencia. Pusieron el vehículo a un costado de la calle y empezaron a descender uno a uno. Las tres personas que iban en la camioneta eran Esteban Scialocomo (31), María Victoria Alvarez (31) y Flavia Marcela Beckman (49). Los tres tenían el mismo domicilio de calle Almeida.
–¿Nos pueden mostrar lo que llevan en los bolsos? –preguntó el oficial de la Policía de Entre Ríos.
La mujer mayor fue la primera que tomó la iniciativa. Los policías se sorprendieron con la cantidad de dinero y las tarjetas de débito Visa del Banco de Entre Ríos, que llevaban. En total eran 271.920 mil pesos: 26 fajos de 10.000 pesos, más 11.920 pesos aparte. Estaba claro que habían empezado a organizarlo apenas salieron del banco.
–¿Qué explicación tienen de este dinero? –se les preguntó.
–Nosotros trabajamos para el Senado de la Nación y a la vez en la Cámara de Senadores de la provincia. Y creo que lo mejor sería que no nos hagan problemas, porque van a ser ustedes los que quizás puedan tener algunos inconvenientes… -les dijo Beckman, una mujer de fuerte personalidad.
Todo indicaba que ella era la jefa operativa de los tarjeteros. Los policías dejaron demorados a los tres en un patrullero y acudieron al domicilio de calle Almeida. Cuando llegaron, se sorprendieron cuando vieron en los alrededores de la puerta cuatro cámaras de video que tenía instaladas la propiedad. El jefe del operativo, avezado en esos temas, entendió que era demasiado para una casa de apariencia humilde, de clase media, con un acceso principal y un garaje.
Flavia Beckman, apenas entró, empezó de modo desesperado a enviar mensajes, como dando directivas a alguna gente, en torno a lo que iba sucediendo en su casa, en una zona ubicada a por lo menos 10 kilómetros de la Casa de Gobierno provincial. Hugo Mena no estaba en la vivienda. Fue su mujer la que le mandó también un mensaje, ante la llegada de los policías a la casa. Mena desapareció de la escena, para no quedar inmediatamente detenido, como sucediera luego con los otros integrantes de la banda.
Los policías encontraron en la casa numerosos contratos de ciudadanos con la Legislatura entrerriana firmados por sus beneficiarios y otro lote importante sin firmar. Según el detalle, había 12 contratos que estaban ordenados por el exdiputado provincial y actual diputado nacional Juan José Bahillo, quien presidió el bloque del Frente para la Victoria durante 2016 y 2017, antes de renunciar para asumir en el Congreso de la Nación. También había 6 contratos a nombre del diputado Pedro Báez (Paraná), como así también entre uno y dos contratos de los legisladores Juan Navarro (Tala), Rubén Vázquez (Paraná Campaña), Gustavo Osuna (Paraná), Leticia Angerosa (Gualeguaychú), Silvio Valenzuela (Uruguay), Daniel Ruberto (Paraná), Marcelo Bisogni (Uruguay) y Juan Carlos Darrichón (Diamante). Lo extraño del caso era que los contratados tenían residencia en la capital entrerriana, pese a que buena parte de los legisladores mencionados eran del interior de la provincia. Además, encontraron 25 contratos del Senado provincial. La mayoría no tenía nombre de senador alguno, pero sí indicaban “autoridades del Senado”.
–¿Y por qué tienen esto ustedes? –preguntó uno de los oficiales del operativo.
–Es para hacerle la gauchada a los muchachos. Les cobramos nosotros y luego le entregamos el dinero, porque ellos no pueden ir muchas veces hasta el centro –explicó Beckman.
–¿Y desde cuándo hacen esto?
–Desde hace mucho tiempo. Los ayudamos así, a los que no pueden ir a cobrar.
–¿Y ellos cobran todo el dinero? –insistió.
–Por supuesto -dijo sin titubear la mujer, que era la única que daba algún tipo de respuesta, como haciéndose cargo de la situación. Mientras transcurría el allanamiento varios de los supuestos beneficiados de las inmediaciones de la casa de calle Almeida empezaron a recibir los pedidos desesperados telefónicos por parte de Flavia Beckman para que acudieran lo antes posible al lugar. Y a la vez les acotaba: “Cuando les preguntan si nosotros les pagamos la totalidad del dinero que figura en el contrato mensual, ustedes digan que sí”. La mujer quería obligarlos a que in situ les dijeran eso a los policías y de esa manera liberar sus culpas. Ninguno de ellos acudió a la casa de los Mena-Beckman. Dejaron que se las arreglaran como pudieran con la Policía y la justicia.
