En el marco de la megacausa que investiga el desfalco multimillonario con la operatoria de los Contratos Truchos en la Legislatura -en el período que va desde 2008 hasta 2018- este miércoles, a las 9, habrá una audiencia preliminar ante la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, previa al inicio del proceso de remisión a juicio de esa investigación penal, que arranca el 22 de este mes, que se desarrollará de lunes a jueves y por el término de cuatro meses, hasta el 13 de septiembre de 2025.

El pedido de remisión de la causa a juicio fue presentado el 31 de mayo de 2021 por el Ministerio Público Fiscal ante la jueza Barbagelata. Pero el trámite se vio demorado porque en medio surgió un pleito de competencia.

En marzo último, y luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el pedido de intervención en el caso por parte de la Justicia Federal de Paraná, y confirmara la competencia de los Tribunales entrerrianos, la jueza Barbagelata puso a andar nuevamente la maquinaria judicial de la megacausa Contratos Truchos en la Legislatura.

La investigación penal se abrió en septiembre de 2018. Se trata de una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desafalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.

Los contratos bajo la luga son 771. Y son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.

La reforma constitucional de 2008 eliminó la figura del Estado como querellante y por eso el lugar que ocupa es el de actor civil, «una representación que tiende enmendar el daño patrimonial que ha tenido al Estado una maniobra que se califica de delictiva, y por eso se apunta al recupero del perujuicio ocasionalmente ocasionado».

Acosta aseguró que si en la Justicia se confirma la hipótesis fiscal, «habilitaría a aavanzar en lo que sería el recupero lo que son los activos que el estado hubiera perdido. Tenemos un interés fundamental, que es la acreditación de los hechos. Para nosotros lo importante es que el hecho se acredite. No tenemos el interés por la condena. Eso es parte del trabajo de la Unidad Fiscal. En cambio, el actor civil lo que busca es el recupero del activo, la reparación del daño y para eso lo que se necesita es acreditar el hecho. Es fundamental para nosotros en esta audiencia de remisión a juicio lograr que se acrediten los hechos. Si logramos con las pruebas que se discutan acreditar la existencia del hecho, nos da pie al reclamo posterior de la cuestión económica».