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Así lo informó este viernes el gobierno nacional mediante un decreto. Se establecieron subas progresivas hasta junio.

El Gobierno nacional oficializó este viernes el nuevo esquema del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que contempla incrementos mensuales desde mayo hasta agosto de este año. La decisión fue tomada luego de que fracasara la última reunión del Consejo del Salario, llevada a cabo de manera virtual, donde “no hubo acuerdo” entre empresarios y representantes sindicales.

“Luego de un extenso intercambio de opiniones, durante el cual cada sector realizó sus exposiciones y deliberaciones, no hubo consenso en los términos de lo establecido en el artículo 137 de la Ley N° 24.013 y sus modificatorias”, se detalló en los considerandos de la Resolución 5/2025, publicada en la última edición del Boletín Oficial.

En el mismo texto se precisó que, ante la falta de consenso, el Gobierno actuó mediante un laudo obligatorio.

Nuevos valores mes a mes

Según la Resolución, el nuevo salario mínimo parte de una base de $302.600 para los trabajadores mensualizados a partir del 1° de abril de 2025, mientras que los trabajadores jornalizados perciben $1.513 por hora. Desde el 1° de mayo, la cifra asciende a $308.200 y $1.541 por hora, respectivamente.

La progresión continuará en los siguientes meses. El 1° de junio, el SMVM se incrementará a $313.400 para mensualizados y a $1.567 por hora para jornalizados. Luego, el 1° de julio, subirá a $317.800 y $1.589, respectivamente. Finalmente, el aumento previsto para el 1° de agosto llevará los valores a $322.000 para trabajadores mensualizados y $1.610 por hora para los jornalizados.

Las nuevas cifras alcanzan a los “trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador”.

Además de establecer los nuevos pisos salariales, el artículo 2° de la normativa regula los montos de la Prestación por Desempleo: “será equivalente a un 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo”.

La resolución también aclara que “en ningún caso, la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”. Este rango será aplicado tanto para trabajadores convencionados como no convencionados.

El Gobierno apunta a simplificar el sistema tributario y reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte para todo el país, un reclamo histórico de los contribuyentes. El nuevo tributo sumaría al actual impuesto al valor agregado (IVA) el impuesto a los ingresos brutos (IIBB), que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y representa la mayor fuente de ingresos de esos distritos después de lo que reciben por coparticipación. La iniciativa no contempla una reducción de la tasa del 21% actual del IVA. Ni tampoco del IIBB. El agente recaudador sería ARCA (la ex-AFIP). Preocupación entre los gobernadores.

La propuesta es revolucionaria. La idea está casi cerrada y solo resta pasar por el tamiz profesional de algunos técnicos que colaboran con su elaboración. Sabe el Gobierno que económicamente es más que viable y que cambiará para siempre no solo la recaudación impositiva sino también la relación política entre la Nación y las provincias, además de entre los gobernadores entre sí. Y que tiene, además, el aval del FMI, con el que el Ejecutivo se comprometió a avanzar en una reforma tributaria, a más tardar, en 2026. Políticos al fin, desde la sede del organismo saben que en Argentina Javier Milei no podría aprobar semejante cambio con este Congreso, y que obligatoriamente debe esperar a después de las elecciones de octubre para tener un Poder Legislativo que acceda, se anime y, obviamente, apruebe una modificación fiscal tan profunda como, supone el Presidente, imprescindible para que su “misión” para este mandato esté completa.

Se trata de la creación del “súper-IVA”, un esquema recaudatorio del impuesto al consumo, pero compartido entre la Nación y las gobernaciones. Administrado desde la ARCA (la ex-AFIP), que cobraría una parte de lo consumido con un nuevo tributo, y luego lo repartiría con las provincias, según el porcentaje de impuesto local que aplique cada región. Es un proyecto de calibres majestuosos para los ojos de los libertarios, que saldaría una de las grandes deudas y demandas de la sociedad argentina desde hace años. Quizá décadas. Y por la que, hay que reconocerlo, muchos de los votantes de todo el país eligieron en 2023 a Milei para que manejara los destinos del país. El propio Presidente ya había dado el visto bueno a la elaboración de la idea hacia octubre del año pasado, y la propuesta entró así en etapa de laboratorio, la que ya está prácticamente terminada. Para Milei, sería una de sus (varias) obras maestras económicas: una reforma impositiva integral, basada en la simplificación del sistema tributario argentino, con la intención de reducir las casi 140 tasas y contribuciones a no más de veinte. En todo el país. Como se dijo, un reclamo histórico de los contribuyentes, que deben lidiar con uno de los sistemas impositivos más retrógrados, irritantes e injustos del globo.

El problema para los gobernadores está en la idea base del proyecto de Milei, Caputo (ministro) y los técnicos libertarios que trabajan en la letra fina de la reforma. El lanzamiento de una especie de “súper-IVA”, que concentre no solo el impuesto al valor agregado, sino que sume además el denominado tributo a los ingresos brutos que cobran hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y que representa la segunda mayor fuente de ingresos de las regiones, después de la coparticipación. La idea sobre la que se trabaja es simple: al IVA del 21% (nadie piensa en una disminución) se le sumaría la tasa de ingresos brutos local, que según la provincia pasa de un 1,5% a un 5%. Suponiendo una alícuota provincial del 2%, la tasa pasaría al 23%; dinero que sería recaudado en su totalidad por ARCA y que pasaría a ser –luego de ingresado en el ahora organismo recaudador– girado a las provincias. Siempre respetando el monto de cada alícuota. El principal argumento a favor de la concentración en la recaudación es que la Nación obtendría todo el dinero con el mismo mecanismo que el IVA, con lo cual se simplificaría y desburocratizaría para los contribuyentes el pago del principal impuesto del sistema tributario argentino, abaratando los costos y mejorando la competitividad, uno de los principales reclamos de los privados en estos tiempos de análisis del “costo argentino”.

Todos ganan. Salvo unos interesados directos, a los que la sola idea del “súper-IVA” los aterra. Los mismísimos gobernadores, que ven con espanto la posibilidad de tener que derivar a la Nación la recaudación de la mayor fuente de dinero obtenido en el territorio. Esto pese a reconocer que Ingresos Brutos es el peor invento de la historia de los impuestos mundiales.

En definitiva, Ingresos Brutos (IIBB) es un tributo medieval. No es una metáfora o una opinión. Es una realidad. Se trata de un impuesto creado hace casi mil años (literal) por los alcaldes y barones feudales, buscando un mecanismo para incrementar su poder económico frente al de los reyes. Buscaba recaudar de manera directa, afectando la economía local a cambio de una mayor cantidad de dinero limpio y rápido para poder incrementar sus propios bienes y, eventualmente, armarse para contrarrestar las embestidas de otros barones. O invasiones de reinos externos.

Pasó el tiempo y la propia lógica de la evolución moderna de la ciencia tributaria (progresista o liberal) apuntó a la eliminación del impuesto y la aplicación de lo que en el país se llamó IVA. Un tributo que grava toda la cadena productiva y no el final. Con sus errores, ya no se trata de un impuesto “cascada” como Ingresos Brutos, sino a toda la línea de generación de riqueza; lo que lo hace más justo y efectivo. Hoy son pocos los sistemas tributarios que aplican IIBB. Solo alguno que otro país poco integrado y con sistemas impositivos regionales y nacionales sin vasos comunicantes. Salvo Argentina.

Milei busca dar vuelta la creación de la gestión Alberto Fernández, donde se aprobó el consenso fiscal, que avalaba la posibilidad de incrementar el tributo provincial hasta las nubes del 9% dependiendo del sector, y liberarlo para otros.

Es verdad que el tributo va al contrario de la modernidad tributaria mundial. Y un severo retroceso a la producción y el crecimiento. Sin embargo, priman otras cuestiones. Básicamente una. Que los gobernadores tengan más dinero, y que a partir de esta piñata apoyen a la Nación en la aplicación de una mayor carga impositiva que permita evitar los ajustes, que siempre reclama el FMI. De más está decir que desde este organismo se aplaude de pie la alternativa del “súper-IVA”.

Ingresos Brutos fue introducido en el sistema impositivo local en 1977, durante la última dictadura y en el marco de la reforma tributaria integral que el país aplicó con la creación del IVA, y en reemplazo del anterior impuesto a las actividades comerciales. Se aplica a todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con alícuotas que van del 1,5% al 5%; las que con la nueva autorización del Congreso pueden aún incrementarse más. Se aplica a las empresas involucradas en actividades comerciales, industriales, agrícolas, financieras o profesionales, y la alícuota depende del distrito y de la industria.

Hubo dos intentos fallidos por disminuir su presión o directamente eliminarlos de manera gradual. El primero, en 1993, con la firma del Segundo Pacto Federal, por el cual las provincias se comprometían frente al gobierno nacional a eliminar el impuesto a los ingresos brutos; algo que, obviamente, nunca ocurrió ni se aplicó. El segundo, en 2017, el que quedó enterrado el jueves pasado.

Es un lugar ya común que el IIBB sea el impuesto más rechazado, repudiado y odiado de todo el sistema tributario nacional, provincial o municipal. Algo notable teniendo en cuenta que Argentina es un país donde se combinan más de 125 clases diferentes de impuestos, con un promedio de creación de uno cada dos años en los últimos treinta. Todos los tributaristas, sin importar la escuela donde abreven, mencionan el IIBB como el primero en eliminar si se quiere modernizar y sanear un sistema tributario donde los promedios de evasión y elusión superan hoy el 35%. Y con cálculos conservadores.

Se lo considera como el culpable de gran parte de la distorsión en el momento de la medición de costos y valores finales de venta al público y como el principal conspirador en el momento de poder atacar la inflación o medir la competitividad de la producción local hacia el exterior. Especialmente cuando se lo mide con la propia comarca latinoamericana, donde el IIBB es historia pasada, antigua y olvidada. Ni hablar del mundo desarrollado, donde la eficacia en la recaudación de impuestos y la fiscalización para el consecuente gasto de ese dinero son norma pétrea.

Sin embargo, para los gobernadores el IIBB es aire fresco en tiempos de asfixiantes ajustes. Ya son muchos los gobernadores que, en alerta, comenzaron a watsapearse para asegurar una posición contraria a la idea. Sin embargo, lo saben, no es fácil tener a Milei por delante. Más en un año electoral, sin Presupuesto y con la dependencia absoluta de la firma de recursos por parte de Luis Caputo. O, aun peor, la de su primo, con el que comparte apellido y que habita como asesor de lujo en el edificio de enfrente del Palacio de Hacienda.

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El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a los monotributistas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una serie de cambios que afectan directamente a quienes se encuentran inscriptos en el régimen simplificado, conocidos como monotributistas. Las medidas incluyen una nueva obligación semestral, la digitalización de remitos y una exención para un grupo específico de contribuyentes con ingresos por alquileres.

Recategorización obligatoria en dos períodos fijos

Uno de los principales cambios que comunicó ARCA es la modificación en el calendario para la recategorización de los monotributistas. Hasta el momento, la recategorización se realizaba una vez al año, pero con la nueva normativa será obligatoria en enero y julio, es decir, dos veces al año. La próxima fecha límite para cumplir con esta obligación será julio de 2025.

La entidad remarcó que esta actualización debe reflejar el nivel de ingresos y actividad del semestre anterior. Para quienes no presenten la declaración correspondiente dentro del plazo estipulado, ARCA aplicará una recategorización de oficio que podría derivar en una sanción económica. Las multas pueden alcanzar el 50% del monto del impuesto no ingresado, lo que incluye no sólo el componente impositivo sino también el previsional y el de obra social.

Desde el organismo señalaron que esta medida apunta a una mayor correspondencia entre el volumen de facturación real y la categoría registrada, para evitar desequilibrios en la carga tributaria. Además, enfatizaron que el sistema cruzará información con datos bancarios, declaraciones juradas y consumos con tarjetas de crédito, lo cual permite verificar automáticamente inconsistencias.

Digitalización de los remitos para traslado de productos

Otro de los puntos destacados del anuncio es la implementación obligatoria del remito digital. Esta herramienta ya está disponible y permite a los contribuyentes emitir comprobantes electrónicos para el transporte de productos. El remito digital tiene validez legal y reemplaza a los formularios en papel que se utilizaban tradicionalmente.

El sistema estará disponible para todas las categorías del monotributo, siempre que realicen operaciones de entrega o distribución de bienes muebles. Los contribuyentes deberán generar el documento desde el portal oficial de ARCA o mediante su app móvil, lo que representa una simplificación operativa y una mejora en el control fiscal.

El organismo destacó que esta digitalización forma parte de un plan más amplio de modernización, que busca reducir la evasión y facilitar la trazabilidad de las operaciones comerciales. Además, el remito digital quedará vinculado automáticamente al comprobante de facturación, lo que permitirá auditorías más ágiles y transparentes por parte del fisco.

Desde ARCA explicaron que quienes trasladen bienes sin el remito correspondiente se exponen a sanciones. Estas van desde retenciones de la mercadería hasta multas por infracción al régimen de control, sobre todo en el caso de productos sujetos a regulación sanitaria o con impacto fiscal relevante.

Exención del pago para locadores con hasta dos propiedades

Una tercera medida que comunicó ARCA en el mismo paquete de reformas impacta en quienes obtienen ingresos por el alquiler de inmuebles. El organismo informó que los monotributistas que sólo tengan ingresos provenientes de uno o dos alquileres urbanos podrán acceder a una exención del pago mensual del monotributo. La condición principal es que no desarrollen ninguna otra actividad económica registrada.

Para acceder a este beneficio, los locadores deben registrar sus contratos de arrendamiento ante la AFIP y presentar una declaración jurada especial ante ARCA. Una vez cumplidos estos requisitos, el sistema automáticamente suspende el cobro del monotributo durante los meses en que se mantenga dicha condición.

Los locadores con hasta dos propiedades y sin otra actividad podrán dejar de pagar el monotributo

Desde ARCA argumentaron que esta decisión busca aliviar la carga tributaria sobre pequeños rentistas, especialmente en un contexto donde los costos de mantenimiento y las regulaciones de precios afectan la rentabilidad de los inmuebles en alquiler. Además, destacaron que la medida podría incentivar una mayor formalización del mercado locativo, en la medida en que obliga al registro transparente de los contratos.

Esta exención no incluye a quienes alquilan propiedades rurales, comerciales o industriales, ni a quienes superen el límite de dos unidades funcionales, aunque estén ubicadas en el ámbito urbano. Tampoco será aplicable si se detecta otro tipo de facturación en nombre del mismo contribuyente, incluso si se encuentra suspendida o en baja temporal.

La entidad también indicó que hará controles cruzados con el padrón inmobiliario y registros catastrales provinciales, por lo que recomendó a los interesados revisar su situación fiscal y patrimonial antes de solicitar la exención.