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Pese al voto unánime del PJ en la última sesión por la reforma laboral, la interna en el interbloque está en su peor momento y el Gobierno se muestra agazapado para sacar provecho en el último tramo de las sesiones extraordinarias.

El voto unánime del PJ en el Senado en contra de la reforma laboral el pasado miércoles intentó ocultar o disimular un entramado de crisis dentro del interbloque, donde los pases de factura y las amenazas de intervención son moneda corriente.

De cara a una nueva sesión prevista para finales de febrero, momento que se tratará la baja de la edad de imputabilidad, entre otros temas, el peronismo enfrenta otra vez el fantasma de la fractura.

Ese sector, identificado en los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, sostiene que la ausencia en las comisiones debilitó la capacidad de incidencia del peronismo en debates centrales, como el Presupuesto 2026 y la reforma laboral.

El bloque que conduce Fernando Salino considera que esa postura terminó reduciendo el peso institucional del interbloque, por lo que ya entabla diálogo con el oficialismo.

Las tensiones se agravaron tras la intervención del PJ de Jujuy, que derivó en la suspensión de la senadora Carolina Moisés. El quiebre se hizo más visible cuando Moisés, junto con Sandra Mendoza y Guillermo Andrada, votaron a favor del Presupuesto alineados con el oficialismo.

En los últimos días hizo alusión a esto el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. “Hay gobernadores, senadores y diputados que han sido hasta amenazados, diciéndoles que les iban a intervenir el Partido Justicialista en sus distritos -como ya lo han intervenido en Salta, en Misiones, en Jujuy- de acuerdo a cómo votaban ese día los legisladores, sabiendo que el PJ es la única herramienta electoral que tienen en sus provincias”, aseguró.

El 24 de febrero es el día de la sesión preparatoria, que determine las autoridades de la cámara. En Convicción Federal evalúan un posible quiebre del interbloque, que actualmente ocupa la vicepresidencia del Senado.

Por ahora, la primera señal clara es que este bloque dentro del PJ solicitó formar parte de las comisiones de Acuerdos y de Relaciones Exteriores, rebelándose contra la postura que impulsa el kirchnerismo.

Mientras tanto, en la Casa Rosada toman nota. Fuentes libertarias se muestran ansiosos de seguir explotando esa grieta, con el objetivo de que el peronismo pierda sus 24 senadores, que le permite tener una fuerte representación en las negociaciones parlamentarias. Ya hubo contactos oficiales con Convicción Federal. Esta semana la tucumana Sandra Mendoza visitó a funcionarios en Balcarce 50. Se trató de una reunión con total hermetismo.

Se trata de tres puntos clave del proyecto y que impactarán en los distintos empleos. Los detalles de la iniciativa que obtuvo la luz verde de la Cámara Alta

Estos no sufrieron modificaciones durante las negociaciones de las últimas semanas entre el Gobierno, las empresas y los gremios, pero en el texto final se puede visualizar en detalle lo que votaron los legisladores.

Vacaciones

En primer lugar, de acuerdo a la norma, las vacaciones anuales se deben conceder entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Trabajadores y empleadores pueden, por mutuo acuerdo, disponer el goce de vacaciones fuera del período establecido.

La fecha de inicio de las vacaciones debe ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días. Las Convenciones Colectivas de Trabajo pueden establecer sistemas diferentes de notificación, de acuerdo con las particularidades de cada actividad.

La fecha de inicio de las vacaciones debe ser notificada por escrito al trabajador con una antelación no menor a 30 días. Las Convenciones Colectivas de Trabajo pueden establecer sistemas diferentes de notificación, de acuerdo con las particularidades de cada actividad.Las vacaciones anuales se deben conceder entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como novedad, el empleador y el trabajador pueden convenir el fraccionamiento del período vacacional. Cada uno de los tramos no debe ser inferior a siete días corridos.

Cuando las vacaciones no se otorgan de manera simultánea a la totalidad de los trabajadores de un establecimiento, lugar de trabajo, sección o sector, y se acuerdan en forma individual o por grupos, el empleador debe organizarlas de manera que cada trabajador goce de sus vacaciones, al menos una vez cada tres años, durante la temporada de verano.

Indemnizaciones por despidos

El proyecto sostiene que, en caso de despido sin justa causa, el empleador debe abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses. La base de cálculo debe ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

Sin embargo, a diferencia del esquema actual, no se incluyen en la base de cálculo conceptos de pago no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario o premios que no sean de pago mensual.

El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad. Para quienes no estén bajo convenio colectivo, se aplica el tope del convenio más favorable del establecimiento. La indemnización no puede ser inferior al 67% de la remuneración mensual normal y habitual, y nunca menor a un mes de sueldo.El monto de la indemnización no puede exceder tres veces el salario mensual promedio previsto en el convenio colectivo aplicable, excluida la antigüedad (Imagen ilustrativa Infobae)

La percepción de esta indemnización implica la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, excepto las acciones basadas en delitos penales. Asimismo, la ley prevé que, mediante convenio colectivo, las partes pueden sustituir este régimen por un fondo o sistema de cese laboral a cargo del empleador.

En caso de muerte del trabajador, los beneficiarios (cónyuge, conviviente, hijos menores o con discapacidad, y en su defecto, otros familiares directos) tienen derecho a una indemnización igual a la de despido.

El empleador y quienes tengan responsabilidad solidaria son los únicos responsables del pago de las indemnizaciones. Si el empleador decide utilizar recursos de un Fondo de Asistencia Laboral, debe cumplir un procedimiento de notificación y documentación, y la transferencia al trabajador debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Por otra parte, el texto establece que, en caso de sentencia judicial condenatoria por indemnizaciones laborales, el empleador puede abonar el monto en cuotas. Para grandes empresas, el máximo permitido es de seis cuotas mensuales consecutivas; para micro, pequeñas y medianas empresas, hasta doce cuotas mensuales consecutivas. Estas cuotas deben ser ajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%,

Cuando el contrato es a plazo fijo y el despido se realiza antes del vencimiento, la indemnización se calcula considerando la antigüedad que se habría acumulado hasta el final del plazo original. Para contratos eventuales, se aplican los mismos criterios generales.

Banco de horas

Según el proyecto que obtuvo media sanción en el Senado, el régimen de compensación de horas extraordinarias podrá formalizarse por acuerdo entre el empleador y el trabajador, siempre que ambas partes lo suscriban por escrito. La normativa establece que la prestación de horas extras debe ser voluntaria, contar con límites claros y un sistema de control que permita registrar las horas trabajadas y las disponibles para el goce del trabajador.Según el proyecto, el régimen de compensación de horas extraordinarias podrá formalizarse por acuerdo entre el empleador y el trabajador, siempre que ambas partes lo suscriban por escrito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas de compensación, se incluyen el régimen de horas extras, el banco de horas y los francos compensatorios, según el marco de la jornada laboral vigente.

De acuerdo con la legislación laboral, este tipo de acuerdos también puede celebrarse entre el empleador y la representación sindical de la empresa. En todos los casos, el régimen debe respetar los descansos mínimos exigidos por la ley, con el objetivo de garantizar la protección y el beneficio del trabajador.

Respecto a la jornada reducida, la norma señala que solo podrá implementarse cuando así lo dispongan las leyes vigentes, los contratos individuales, los Convenios Colectivos de Trabajo o acuerdos colectivos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer métodos de cálculo de la jornada máxima sobre la base de promedios, de acuerdo a las características de cada actividad, siempre que se respeten los descansos mínimos de doce horas entre jornadas y de treinta y cinco horas para el descanso semanal.

El sistema de banco de horas permite compensar una jornada mayor en determinados días con una menor en otros, siempre que no se supere el máximo legal de la semana o el que determine el régimen laboral específico, ya sea por ley especial o por convenio colectivo.

Licencias por enfermedad

La reforma incorpora criterios diferenciados para los casos de enfermedad o accidente sin relación con el trabajo. Si el evento tiene origen en una conducta voluntaria y riesgosa, la persona empleada accederá al 50% del salario básico durante tres meses, o seis si tiene personas a cargo. Cuando no se verifica ese tipo de conducta, el pago será del 75% en los mismos plazos.

Las recaídas de enfermedades crónicas solo se reconocerán como episodios independientes si pasan más de dos años entre cada uno. A la vez, la normativa otorga mayor margen al empleador para realizar controles y convocar juntas médicas. Las suspensiones económicas o disciplinarias no impactarán en el derecho a cobrar la remuneración parcial en estos casos.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es un mecanismo establecido para garantizar que las empresas privadas puedan afrontar los pagos indemnizatorios derivados de la finalización de relaciones laborales.

Está dirigido exclusivamente a trabajadores registrados con al menos un año de antigüedad y no cubre casos de empleo informal.

Cada empleador debe aportar de manera mensual a una cuenta administrada por entidades habilitadas, destinada exclusivamente a cubrir obligaciones laborales en caso de despido. Estos recursos son inembargables y solo pueden utilizarse para los fines previstos en la normativa. Si el saldo en la cuenta resulta insuficiente para cubrir las indemnizaciones, la responsabilidad de completar el pago recae sobre el empleador.

El régimen no reemplaza el sistema indemnizatorio general ni cubre a trabajadores no registrados. Además, los recursos del fondo están exentos de impuestos, salvo por la comisión mínima que puede cobrar la entidad administradora.

Con ausencias del peronismo y de representantes de Santa Cruz, el oficialismo consiguió 38 senadores para el quórum. Se esperan más de 12 horas de tratamiento en el recinto

El Gobierno enfrenta este miércoles su primera gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral. Para llegar a la sesión tuvo que aceptar más de 20 cambios al proyecto original con el que pretende dinamizar el mercado de trabajo y dejar atrás la industria del juicio.

Los ganadores de las últimas negociaciones fueron los gobernadores, a quienes se les aseguró que no habrá recortes en Ganancias, impuesto coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales.

Los gremios también se anotaron una victoria al asegurarse los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario, aunque continúa la resistencia a otros puntos de la iniciativa y por eso este sábado habrá movilizaciones al Congreso y protestas en distintos sectores.

En esta nota, se actualizarán a lo largo de la jornada todas las novedades vinculadas al debate de la reforma laboral en el Congreso Nacional.

Recalde denunció que la reforma laboral es “un plan de despidos” y la comparó con las AFJP

Reforma Laboral – Senado – Recinto (RS Fotos)

El senador peronista Mariano Recalde cuestionó duramente el proyecto de reforma laboral que se debate en el Senado y sostuvo que se trata de una ley “absolutamente desequilibrada”, orientada a beneficiar a las empresas en detrimento de los trabajadores. En una extensa intervención, afirmó que a lo largo de todo el debate el oficialismo no pudo señalar “un solo artículo” que mejore la situación de los trabajadores y advirtió que la iniciativa avanza sobre derechos consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, en particular el artículo 14 bis.

Recalde puso el foco en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que calificó como “el punto más escandaloso” del proyecto, y lo comparó con el sistema de las AFJP. Sostuvo que el fondo desprotege frente al despido arbitrario, subsidia los despidos y desfinancia a la Anses, mientras beneficia a administradoras privadas y a grandes empresas. Según explicó, el esquema perjudica especialmente a las pymes, que necesitarían años de aportes para cubrir una indemnización, mientras que las grandes compañías podrían hacerlo en pocos meses.

El senador rechazó el argumento oficial de que la reforma generará empleo y recordó que durante anteriores procesos de flexibilización laboral —como en los años noventa, durante el gobierno de la Alianza o con la reciente Ley Bases— no se crearon puestos de trabajo registrados. Por el contrario, citó cifras que dan cuenta de la pérdida de empleo formal y el cierre de empresas en el último año y medio. En contraste, reivindicó el período 2003-2015, cuando, según señaló, se crearon millones de puestos de trabajo y más de 230 mil empresas, aun con mayores derechos laborales y doble indemnización.

También cuestionó los cambios en materia de litigiosidad laboral y denunció que la reforma endurece las sanciones para los trabajadores que reclaman derechos mientras elimina penalidades para los empresarios con conductas temerarias o evasivas. Advirtió que se limita el principio del in dubio pro operario, se altera la norma más favorable y se priorizan convenios por empresa aun cuando resulten menos beneficiosos que los sectoriales, afectando pilares centrales del derecho laboral.

Recalde sostuvo además que el proyecto amplía los períodos de prueba, facilita los despidos sin preaviso, debilita la protección de trabajadoras de casas particulares y excluye a sectores como los trabajadores de plataformas y quienes firman contratos de locación de servicios del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese marco, alertó que se refuerza la idea de que “vale más lo que se firma en un papel que lo que ocurre en la realidad”, en contradicción con la doctrina constitucional.

En el tramo final de su exposición, el senador negó que la iniciativa tenga algo de “moderna” y afirmó que retoma contenidos de la Ley Banelco y de reformas laborales del pasado. También advirtió que el problema central de los trabajadores no es la falta de flexibilización, sino la caída del poder adquisitivo, con salarios pisados, paritarias limitadas y aumentos por debajo de la inflación. “Esta ley busca equiparar para abajo y legalizar incumplimientos”, sostuvo, y adelantó que Unión por la Patria votará en contra, con la expectativa de que en la discusión en particular algunos artículos puedan ser rechazados.

Quiénes dieron el quórum para tratar la reforma laboralReforma Laboral – Senado – Recinto (RS Fotos)

El quórum para iniciar la sesión en el Senado se construyó con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR y un conjunto de bloques provinciales y aliados. Además del oficialismo, aportaron senadores el Frente Cívico de Córdoba, Provincias Unidas, Independencia, La Neuquinidad, Primero los Salteños, Despierta Chubut y el Frente Renovador de la Concordia, además del Frente PRO, que sumó varias bancas clave para alcanzar el número reglamentario.

La Unión Cívica Radical también fue determinante para habilitar el debate, con la presencia de sus senadores, mientras que el oficialismo aportó la totalidad de su bloque. El quórum se alcanzó sin la participación del interbloque peronista y con una mayoría armada sobre la base de acuerdos con gobernadores y fuerzas provinciales, que se convirtieron en un actor central para que el Gobierno pudiera abrir la sesión y avanzar con el tratamiento de la reforma laboral.

El Ministerio de Justicia ordenó la centralización de legajos sin movimiento de los últimos 15 años, una medida que profundiza la digitalización del sistema registral y reduce tareas en las dependencias, en el marco de la reforma que impulsa el oficialismo

La mayor complejidad que debe enfrentar la reforma del sistema Registral del automotor para poder lograr la transformación prometida por el Gobierno que le permita eliminar los Registros de la Propiedad Automotor está en la digitalización de miles de legajos que todavía están en poder de las diferentes dependencias distribuidas en todo el país.

Este lunes, a través de la disposición 58/2026 del Ministerio de Justicia publicada en el Boletín Oficial, se estableció que todos los Registros del Automotor deben separar y enviar los Legajos B de dominio de automotores que no hayan tenido ningún movimiento en los últimos quince años a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor. Esto contempla a los dominios que no hayan solicitado una reimpresión de patentes, informe de dominios, cédulas de conductores autorizados (ex cédula azul), y que, por supuesto, tampoco hayan registrado la venta y transferencia de los vehículos entre otros trámites registrales.

El procedimiento dispuesto implica varias etapas. En primer lugar, el Departamento Registros Seccionales de la Dirección Nacional comunicará a cada Registro Seccional, mediante correo electrónico oficial, la nómina de Legajos B alcanzados por la medida. A partir de esa notificación, cada Registro Seccional contará con un plazo de quince días hábiles para apartar, ordenar y embalar adecuadamente estos legajos, con el objetivo de su posterior traslado y guarda centralizada por parte de la Dirección Nacional.

Una vez que los Legajos B sean retirados de los Registros Seccionales, se procederá a su migración en el Sistema Único de Registración de Automotores (SURA), incorporándolos al inventario del Registro centralizado. De esta manera, la trazabilidad y el acceso a la información se mantendrán vigentes a través de los sistemas digitales, aun cuando la documentación física se encuentre bajo custodia central.La medida establece un procedimiento para migrar documentación al sistema digital

En caso de que se solicite un trámite sobre un dominio cuyo Legajo B haya sido archivado centralmente, el Registro Seccional deberá requerir, a través del Sistema de Asignación Electrónica (ACE), la remisión de un “Certificado Dominial” conforme lo prevé la normativa vigente.

Aunque se haya intentado hacer en menor tiempo, la transformación del sistema registral automotor argentino está articulado en un esquema de funcionamiento histórico que incluye una interacción con el ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), cuestionado por administrar recursos y recaudar por la venta de formularios y distribución de material registral que debería corresponder al Ministerio de Justicia.

Paso a paso

Parte del trabajo para desmantelar el viejo sistema, que generó durante décadas grandes cajas utilizadas con fines políticos a partir de la asignación de titulares de Registros del Automotor, comenzó en 2024 con el cierre e intervención de dependencias, y con la eliminación de trámites y formularios que permitieron reducir el costo para los usuarios y limitar las ganancias extraordinarias de los Registros.

El proceso incluyó la creación del RUNA (Registro Único Nacional Automotor), primero para motos y después para automóviles, por medio del cual se permite (no es obligatorio sino optativo para los compradores) centralizar el trámite en las concesionarias mismas, sin tener que recurrir a un Registro del Automotor para tramitar el alta de un vehículo 0km y retirar la documentación registral como el título de propiedad y las chapas patente.

Este sistema todavía no está funcionando totalmente y tiene ajustes para hacer, especialmente en muchas localidades del interior donde en los concesionarios toman el trámite pero no lo completan, generando que los usuarios tengan que recurrir igualmente al Registro Automotor. Probablemente sea parte del proceso de instaurar un mecanismo digital, pero en la actualidad incluso genera una sobrecarga de trabajo es las dependencias, que deben tomar el alta de las unidades que siguen tramitándose por el canal convencional pero rastrear cada inquietud de usuarios que requieren completar los trámites iniciados en una concesionaria.

El desafío, sin embargo, no radica únicamente en generar el ecosistema totalmente digital, sino también establecerlo como modo de funcionamiento para usuarios, concesionarios y Registros. La migración a la digitalización ya comenzó con la Licencia Nacional de Conducir, con la autorización de manejo a terceros y con la cédula de identificación del automotor digital en la app MiArgentina, que ya funcionan sin inconvenientes después de un período de tiempo que implicó la migración de un modo analógico a uno digital.

Comenzar con la guarda y centralización de los legajos de dominios sin actividad en los últimos 15 años es un paso mucho más importante de lo que parece. Significa empezar a tener el control de toda la documentación que está en poder de los Registros del Automotor y que impide dar el primer paso para su transformación.

No es la ropa importada el problema.
El problema es el negocio oscuro que durante años se escondió detrás del discurso de la “industria nacional”, mientras entraban contenedores por el paraná, se falsificaban marcas y se vendía sin impuestos.
hoy lloran los mismos que hicieron fortunas con la intermediación, la evasión y el contrabando tolerado.

¿La industria nacional? ¿El trabajo argentino? Eso es decorado para el discurso, no una prioridad real.

Sí, la ropa es cara. Nadie lo niega.
Pero el debate debería ser cómo achicar esa brecha sin destruir la producción ni los puestos de trabajo, no avanzar alegremente hacia el industricidio mientras se agita la bandera del “consumidor beneficiado”.

Hablemos claro y pongamos las cosas en su contexto.

En estos días, muchos supuestos “empresarios textiles” —sobre todo del Gran Buenos Aires— pusieron el grito en el cielo por la llegada de indumentaria importada. Dicen que el negocio se les volvió inviable. Lo curioso es que ese mismo negocio fue, durante años, extraordinariamente rentable, sostenido más por la intermediación y la evasión que por la producción genuina.

La población no tiene por qué conocer todos los vericuetos, intereses ocultos y trampas de una economía que hoy intenta reacomodarse a una época distinta. Pero en el caso del negocio textil, el silencio también es una estafa.

Gran parte de la ropa que consume la clase media y baja en todo el país no se produce en la Argentina. Tampoco en Paraguay o Bolivia, aunque así se la haga pasar. Esos países no tienen capacidad industrial para abastecer los volúmenes gigantes que circulan en América Latina.

La verdad incómoda es otra:
esa indumentaria proviene mayoritariamente de China, Indonesia y otros países asiáticos. Entra por el río Paraná, apretada en contenedores que pasan frente a los ojos argentinos con una naturalidad obscena.

Una vez en destino, el circuito se bifurca.
O se distribuye “limpia”, sin marca.
O entra en manos del gran mayorista primario, que le agrega un logo, etiquetas truchas y una identidad ficticia.

Después, el recorrido es conocido: Flores, Once, La Salada.
Venta inmediata, precios “competitivos”, cero impuestos, y márgenes de ganancia exorbitantes si se los compara con el costo real de cada prenda.

Existe otro circuito, más prolijo en apariencia, para las marcas conocidas. Pero el esquema de fondo no cambia demasiado: intermediación, opacidad y una rentabilidad que nada tiene que ver con la defensa de la industria nacional.

Este es el verdadero drama de estos días.
No la importación en sí.
No el precio de la ropa.
Sino una cultura criolla sostenida en la viveza del comerciante que hace de la intermediación su forma de “hacer la América”, tal como lo aprendieron muchos inmigrantes que no conocían otra cosa que vender, revender y volver a vender.

Qué país distinto seríamos si hubiera millones de emprendedores con mentalidad productiva, capaces de atender las demandas de un mercado globalizado.
Eso fue lo que entendieron los chinos hace no tanto tiempo: primero inundaron el mundo con productos baratos y de baja calidad; hoy compiten en tecnología, volumen y sofisticación, y disputan el liderazgo económico global.

Acá seguimos discutiendo slogans, mientras el negocio real —el de siempre— sigue pasando en contenedores por el Paraná.

4️⃣Datos duros

– más del 70% de la indumentaria que se comercializa en el país tiene componentes importados directos o indirectos.
– el empleo textil formal viene cayendo desde hace más de una década, incluso en períodos de fuerte proteccionismo.
– los principales polos de venta informal concentran altísimos niveles de evasión fiscal y laboral, lo que explica precios bajos sin necesidad de “competencia desleal importada”.
– países sin gran industria textil, como paraguay o bolivia, funcionan en muchos casos como plataformas logísticas, no productivas.

estos datos no invalidan la necesidad de una industria nacional fuerte. la exponen.
porque sin controles, sin reglas claras y sin producción real, no hay industria que defender: hay relato.

El Renaper oficializó el nuevo formato a partir del segundo mes del año.

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció a partir de este 1° de febrero un nuevo formato para los DNI y pasaporte personales. En ese sentido, se conocieron quiénes deberán actualizar y adaptarse a las modificaciones impuesta por el Gobierno.

Quiénes tendrán que actualizar el DNI

Según revelaron, la actualización apunta a reforzar la seguridad y modernizar los documentos, en línea con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Quienes ya cuenten con un documento vigente no deberán renovarlo ni reemplazarlo (salvo que esté la fecha de vencimiento), mientras que aquellos mayores de 14 años, que lo hayan emitidio en 2011, deben renovarlo porque tienen una validez de 15 años a partir de su fecha de emisión.

El mismo criterio cuenta para el acceso al trabajo, a la educación, a la salud pública y a distintos beneficios sociales, lo que convierte a la renovación en un paso clave para evitar inconvenientes.

En el caso de los menores, la actualización debe realizarse entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14. La fecha de vencimiento puede consultarse fácilmente en el frente del DNI.

Así se puede tramitar el nuevo DNI

• Seleccioná un Registro Civil dentro de tu jurisdicción o sacá turno en un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina.
• Presentate en la fecha asignada con la constancia de turno, en caso de corresponder.
• Conservá la constancia de solicitud para hacer el seguimiento del trámite online en mitramite.renaper.gob.ar mediante el ID.
• El DNI será entregado en tu domicilio o en la oficina elegida; deberá recibirlo el titular o un mayor de 18 años con la constancia.
• Si el trámite es para menores de 14 años, deben asistir acompañados por su representante legal, con DNI.

Los montos para sacar el DNI

• DNI recién nacido (0 a 6 meses): sin cargo.
• Primer DNI y actualizaciones obligatorias (5/8 y 14 años): $7.500.
• Ejemplar nuevo por cambios o rectificaciones: $7.500.
• Rectificación de identidad de género: sin cargo (desde la segunda, con costo).
• CPI: sin cargo.
• DNI exprés: $18.500.
• DNI 24 hs: $29.500.
• DNI al instante: $40.500.
• Reposición por error u omisión: sin cargo.

Extranjeros

• Primera identificación y actualizaciones: $14.000.
• DNI exprés: $25.000.
• Reposición por error u omisión: sin cargo.

ANSES busca proponer un proyecto para refinanciar deudas con tarjetas y créditos no bancarios, con cuotas accesibles y un esquema totalmente digital.

Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley que busca reactivar una línea de asistencia financiera a través del préstamo ANSES de $1.500.000, pensado para ayudar a miles de familias argentinas a cancelar deudas acumuladas con tarjetas de crédito y préstamos no bancarios. La iniciativa surge como respuesta al fuerte nivel de endeudamiento que afecta a distintos sectores sociales.

La propuesta impulsa la creación de un programa de desendeudamiento, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, con el objetivo de refinanciar compromisos bajo condiciones más accesibles. El foco está puesto en quienes recurrieron a créditos con tasas elevadas para afrontar gastos básicos y hoy enfrentan serias dificultades para cumplir con los pagos.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que el dinero no se entregará en efectivo al solicitante. En su lugar, el organismo previsional cancelará de manera directa las deudas con las entidades acreedoras informadas, garantizando que el crédito se utilice exclusivamente para salir del endeudamiento y no para consumo.

Cómo funcionaría el préstamo ANSES de $1.500.000 para cancelar deudas

El esquema prevé que ANSES abone los montos adeudados y luego recupere el dinero mediante cuotas mensuales descontadas automáticamente de los ingresos del beneficiario. El financiamiento provendría del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sin comprometer su equilibrio financiero.

Entre las principales condiciones del programa se destacan:

• Tasa de interés basada en la TAMAR más 10 puntos porcentuales.
• Cuota mensual con un tope del 30% del ingreso.
• Plazo de devolución ajustado a la capacidad de pago.
• Trámite 100% digital, sin intermediarios ni efectivo.

Las deudas alcanzadas incluirían saldos de tarjetas de crédito bancarias, préstamos personales otorgados por fintechs, créditos de cooperativas y mutuales, y compromisos con cadenas comerciales fuera del sistema financiero formal.

Quiénes podrían acceder al crédito de desendeudamiento

El proyecto contempla un universo amplio de beneficiarios, entre los que se encuentran:

• Jubilados y pensionados que cobren hasta seis haberes mínimos, incluidos titulares de Pensiones No Contributivas.
• Titulares de la AUH y de la Asignación por Embarazo.
• Trabajadores registrados con ingresos de hasta seis salarios mínimos.
• Personal de casas particulares, cualquiera sea su modalidad de contratación.
• Monotributistas de las categorías A, B, C y D.

Cada solicitante deberá cumplir con los requisitos de ingresos y demostrar la existencia de deudas previas, ya que el crédito no podrá utilizarse para nuevas compras ni retiros de dinero.

En qué estado se encuentra el proyecto

Pese al alcance de la iniciativa, su avance no está garantizado. El Gobierno nacional mantiene una postura contraria al uso de fondos de la seguridad social para financiar préstamos personales y eliminó los créditos del organismo mediante el Decreto 421/2025.

Desde el oficialismo anticiparon que no acompañarían la propuesta, aunque sus impulsores consideran clave reabrir el debate legislativo. El tratamiento podría comenzar a partir del 1° de marzo, con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, donde se definirá si el proyecto avanza o queda frenado.