Germán Bonelli fue detenido en medio de un operativo de la Policía Federal Argentina de película, cuando estaba en su casa de la ciudad de Chajarí. Lo presentaban como un prófugo de un caso de corrupción internacional en Venezuela, por lo que este país pedía su extradición. El hombre de 38 años que trabaja con caballos de repente se vio envuelto en un caso de criminalidad organizada en el robo de hidrocarburos y lavado de activos. Estuvo preso y luego con domiciliaria. Nueve meses después de dar pelea en la Justicia, logró que la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, archive el expediente por la falta de precisiones sobre el procesamiento de parte del Estado venezolano.
El caso
Es “un caso emblemático en defensa de los Derechos Humanos y el debido proceso”, destacó la abogada que llevó adelante la defensa de Bonelli, Mariana Barbitta, luego de conocer la resolución de la magistrada este viernes 27 de diciembre, y destacó: “Valientemente y en un compromiso absoluto con las garantías constitucionales, resolvió archivar el proceso de extradición de Germán Bonelli y ordenar su inmediata libertad”.
Según publicó Análisis y se publicó en un informe en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), la historia se remonta una década atrás. Bonelli estaba trabajando en el campo con la especialidad del cuidado de caballos. Por intermedio de un tercero, consiguió trabajar para un empresario italiano que tiene un equipo de polo en Inglaterra, como petisero. Pero hace unos años decidió regresar a Chajarí y siguió con su vida. Hasta que el pasado 21 de marzo efectivos de la Policía Federal entraron a su casa y lo detuvieron.
Se hablaba de que estaba fugitivo hacía un año y medio, cuando vivía en Chajarí como un vecino más. Hasta el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo presentó como un “delincuente” internacional.
El Ministerio Público de Venezuela, en el marco de una investigación compleja por contrabando de petróleo de PDVSA, lo señala a Bonelli como testaferro del principal sospechoso, el empresario italiano Alessandro Bazzoni, quien lo había contratado para cuidar sus caballos. Bonelli niega haber jamás firmado un papel, un documento ni constituido alguna empresa en el exterior. Su vida cotidiana y su patrimonio no parecen tener relación con un delincuente de guante blanco que vendió miles de millones de dólares en hidrocarburos.
La autoridad que pedía por Bonelli está presidida por el fiscal general Tarek William Saab, el mismo que tiene privado de su libertad al gendarme argentino Nahuel Gallo, acusado de “acciones desestabilizadoras y terrorismo”.
La abogada Barbitta tomó la defensa e insistió en una serie de planteos para evitar la medida judicial. “Germán no tiene ni idea de petróleo, de nada que tiene que ver con lo empresarial. Él ni siquiera tiene una formación académica. Es una persona de campo, que nació, se crio y ama el campo. Cuando lo vi por primera vez que estaba en situación de detención, en la Unidad Penal de Paraná, me encontré con un joven de bombacha de campo, muy asustado, muy angustiado, no entendía nada de la situación, no podía creer nada de lo que estaba sucediendo”, había manifestado en una entrevista con Cuestión de Fondo. Bonelli, además, es hijo de “Coco” Bonelli, un conocido jugador de rugby del Paraná Rowing Club fallecido.
El Juzgado Federal de Concordia envió oficios a las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela, solicitando información y mayores precisiones sobre la acusación a Bonelli, como las “circunstancias de tiempo, modo y lugar” del hecho que le imputan, y que “se efectúen precisiones específicas relacionadas con el rol del nombrado en la asociación presuntamente ilícita que éste habría integrado”.
También se consultó sobre otro tema específico: como en Venezuela rige el “principio de no entrega de nacionales”, preguntaron si este país “ofrecería reciprocidad a la República Argentina en un caso similar análogo que se pudiera suscitar”.
Nunca hubo respuestas de parte de las autoridades venezolanas y, el 13 de noviembre pasado, la jueza volvió a pedir precisiones, pero pasaron los 30 días estipulados para responder y no llegó nada.
Entonces, Ramponi preguntó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación si se diligenciaron los oficios. Respondieron que se solicitó a la Embajada de Venezuela en la Ciudad de Buenos Aires que remita la documentación solicitada por el Juzgado Federal de Concordia, pero “al día de la fecha no se ha recibido respuesta de la Representación diplomática de Venezuela en la República Argentina”.
En la resolución de este viernes a la que accedió ANÁLISIS, Analía Ramponi explicó que los pedidos formulados a Venezuela tenían “el objeto de realizar un contralor comprensivo de la preservación de las garantías fundamentales de Bonelli y, su ausencia, me impide continuar con el proceso en el cual se encuentra inmerso el nombrado quien, además, fue privado de su libertad personal, y está transitando la detención en su domicilio particular”.
Sin esa información requerida, “me veo imposibilitada de avanzar en el trámite de este procedimiento de extradición, puesto que lo solicitado resulta necesario al momento de efectuar el análisis de la procedencia, o no, de la extradición”, afirmó la jueza.
Asimismo, la magistrada valoró: “En otro orden de ideas, recuerdo que si bien el análisis relativo a la solicitud de reciprocidad le corresponde al organismo administrativo (DAJI M.R.E.), no desconozco que aquel requerimiento tampoco fue respondido a las Autoridades Ministeriales y, valoro el especial contexto político que se encuentra actualmente transitando la República Bolivariana de Venezuela”.
De ese modo, Ramponi dispuso el archivo del trámite de extradición y ordenó la inmediata libertad de Bonelli. La Fiscalía, en tanto, podría apelar la medida si lo considera necesario.
“Esta decisión marca un hito en la defensa de los derechos humanos, al evidenciar la importancia de respetar las garantías fundamentales en los procesos internacionales. El pedido de extradición, solicitado por la República Bolivariana de Venezuela, fue desestimado debido a la falta de precisión sobre los hechos imputados, ya que no se especificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar, requisitos esenciales según la ley argentina”, expresó la defensora Barbitta, quien actuó junto al abogado Mariano Balanovsky y a la abogada Victoria Bonelli, hermana de Germán.
“Esta decisión no solo representa la libertad de un ciudadano argentino, sino también la vigencia de los principios fundamentales que sostienen nuestra democracia”, agregó.
