Entre Ríos

El defensor de Sofía Riquelme, la esposa del exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo Pedro Báez, ambos imputados en una causa por enriquecimiento, pidió este jueves su sobreseimiento ante la jueza de Garantías Elisa Zilli.

José Velázquez, que representa a Riquelme, planteó la prescripción de la acción penal por “violación de plazo razonable”, al entender que el Código Procesal Penal establece que ninguna investigación puede ser superior a los años en expectativa de la condena. El enriquecimiento tiene un mínimo de 2 años y un máximo de 6 años.

La investigación penal que tiene bajo la mira de la Justicia al matrimonio Báez/Riquelme se abrió en 2016. La defensa evalúa que el Ministerio Público Fiscal se excedió en el tiempo para investigar. Pasaron nueve años desde que empezaron a investigar, dice la defensa.

De todos modos, el plazo de la prescripción se empieza a contar desde el momento de la declaración indagatoria, que en el caso de Sofía Riquelme fue el último 20 de marzo.

En la audiencia de este jueves hubo un segundo planteo de la defensa, la insubsistencia de la acción penal, basado en el “fallo Cozzi”, que establece que Fiscalía tiene un tiempo determinado para investigar: vencido ese plazo, tiene que elevar a juicio la causa o pedir el sobreseimiento.

El otro reproche que efectúa la defensa es que en la determinación del monto del supuesto enriquecimiento no intervino un perito imparcial, en este caso del Superior Tribunal de Justicia (STJ), sino de la propia Fiscalía.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 explicó que el defensor Velázquez “pidió formalmente el sobreseimiento de Riquelme, que está coimputada junto a Pedro Báez por ayudar, ser partícipe necesaria, aportar al fin de que el delito sea cometido y se ocultaran los bienes. Esa fue la figura que se eligió. Riquelme puso inmuebles a su nombre, hizo aportes a sociedades, y fue por esas razones fue imputada. Y agotada la investigación, el miércoles pedimos la remisión de la causa a juicio”.

“La indagatoria de Riquelme fue en marzo; la de Báez, en diciembre. Estamos dentro de los plazos de duración de la investigación penal, por lo tanto no hay motivo para declarar la insubsistencia de la acción penal, o sea la facultad del Ministerio Público Fiscal para investigar, y tampoco por ende el sobreseimiento, porque de hecho la remisión de la causa a juicio es una evaluación de mérito de toda la prueba, y bueno, entendimos que no solo que hay elementos suficientes para lograr una condena para ambos, sino que se determinó contablemente que el enriquecimiento está alrededor de los 650.000 dólares. Y eso es una parte, lo que se pudo probar. Hay un montón de indicios de que se puede estimar que la fortuna sea mayor, cosa que no se pudo acreditar y tampoco se podía estratégicamente ampliar más la investigación, porque como se dijo hoy, la complejidad del caso no es solamente el patrimonio de Báez y Señora, sino que todas las empresas que estaban vinculadas a él, que tenían participación y que obviamente eran la forma de sacar el dinero del Estado y beneficiarlo tanto a Báez como a estas personas que estaban involucradas. Una de ellas, es una persona sobre la que se logró la condena en la mega causa: Germán Buffa, de Global Means”, sostuvo el integrante de Fiscalía.

En la información que “se fue recabando, se vio que la forma de acrecentar su fortuna, su patrimonio era a través de distintas empresas, entre 5 o 6 empresas que estaban todas vinculadas a las mismas personas. Se sospechaba que todo el dinero terminaba en manos de las mismas personas. Entonces, esa sospecha hizo que se investiguen esas 5 sociedades. Hubo que pedir informes de esas 5 sociedades, de las personas, todo lo que es informes tributarios, contables, de personas jurídicas, toda una batería de medidas que obviamente llevó tiempo. Eran muchas personas involucradas, y se tuvo que hacer la investigación por cada una de ellas. Por una cuestión de plazos y de recursos, se termina imputando sólo a Báez y a Riquelme”.

Ramírez Montrull mencionó la “complejidad” de la investigación. “Hubo muchas personas investigadas, y muchas empresas y sociedades investigadas, por eso insumió tanto tiempo”, agregó.

En el escrito de remisión a juicio, el Ministerio Público Fiscal pidió 5 años de cárcel para Báez, y 3 años y medio para su esposa, Sofía Riquelme.

Los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano solicitaron que la causa por presunto enriquecimiento ilícito del exministro y exdiputado Pedro Báez, y su esposa Sofía Riquelme, sea enviada a juicio por contar ya con todas las pruebas necesarias. El abogado defensor, José Velázquez, pidió el sobreseimiento de la mujer por prescripción de la acción penal por violación del plazo razonable, así como solicitó una pericia de los contadores del Superior Tribunal de Justicia. La Fiscalía se opuso a ambos pedidos. Deberá resolver la jueza de Garantías, Elisa Zilli.

El defensor Velázquez planteó:

•    La causa fue iniciada de oficio en octubre de 2016. Esto tiene relevancia porque significa una clara decisión política criminal de investigar este hecho. En este caso fue la doctora Cecilia Goyeneche que revisó las noticias sobre la dificultad de que Pedro Báez pruebe sus bienes, y se realiza la apertura de la investigación. Se hace la apertura el 1° de noviembre de 2016. Este año cumpliríamos nueve años. Durante el proceso se produjeron distintas evidencias. Tanto es así que en diciembre de 2017 la defensa ha aportado un informe de carácter contable a los efectos de justificar el patrimonio. Y recién el 6 de noviembre de 2023 se realizó la intimación a Pedro Báez por enriquecimiento.

•    Teniendo esta circunstancia, habiendo explicado este hecho, solicito en primer lugar el sobreseimiento por prescripción y violación del plazo razonable. El delito de enriquecimiento ilícito prevé una pena de dos a seis años, más la multa. El Código Penal dice que no puede transcurrir mucho tiempo más del máximo de la pena. Si uno analiza la apertura de la investigación hasta la indagatoria de Sofía Riquelme, han superado ampliamente los seis años.

•    Tras la apertura de la investigación, se presentó con abogado. El CPP entiende que ella ya es imputada. Y en ese contexto de imputada tuvo conocimiento del hecho, pudo dar explicaciones, ejercer su derecho de defensa, se hizo un acuerdo con el MPF para ingresar a realizar una inspección en los inmuebles de la familia Báez Riquelme. El plazo razonable es para que se resuelva el estado de sospecha, no se puede estar en un estado de sospecha casi nueve años. Se entiende que esta garantía se incluye en el derecho de defensa en juicio. Se puede solicitar el sobreseimiento aún antes de la indagatoria.

•    El encausado no es responsable por la celeridad o diligencia de quienes llevan adelante las investigaciones, esta responsabilidad es del MPF, se ha excedido notablemente el plazo razonable. Por lo tanto, solicito la prescripción por extinción de acción pública sobre Sofía Riquelme. Ella se encuentra separada de pedro Báez hace muchísimo tiempo, lo cual se vuelve más visible la necesidad de resolverlo.

•    Riquelme, actualmente jubilada, no ha sido funcionaria ni ha participado de decisiones políticas de un gobierno. Ella ha sido empleada del IAPV, mas allá de haber cumplido roles como en el Copnaf. No ha dirigido una cartera. La tolerancia a las respuestas que se pueden dar sobre su patrimonio es mucho menor que la espalda que pueda tener Pedro Báez. 

•    Es oportuno que se designe un perito del Superior Tribunal como indica la Ley, nosotros llevaremos nuestro especialista, el MPF el suyo, y ahí se analizará todo lo reunido hasta la fecha. Esto no se puede elevar a juicio sin una pericia oficial.

Los fiscales Ramírez Montrull y Badano respondieron:

•    La declaración de imputada está dentro del plazo de tres meses, se tomó declaración de imputado a Báez el 11 de diciembre de 2024, y el 20 de marzo de este año a Riquelme. Por eso no es aplicable el precedente del fallo Cozzi. Además, se debe considerar que en el precedente “Ullman”, la vocal del STJ Claudia Mizawak en su voto entiende, al analizar un planteo igual, que la consecuencia de haberse afectado el plazo razonable sería la imposibilidad de incorporar nuevas pruebas, no el sobreseimiento de los imputados.

•    El plazo de prescripción se suspendió durante el tiempo que Pedro Báez se desempeñó como legislador provincial, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019, lo cual también afectaría a Sofía Riquelme por su participación en el delito.

•    Este miércoles, el Ministerio Público Fiscal solicitó la remisión de la causa a juicio para ambos imputados, donde se ha invocado una basta prueba. Según la tesis de Fiscalía está probado el hecho y se logró analizar toda la prueba donde se acredita que Báez se enriqueció ilícitamente en un monto cercano  a 650.000 dólares y que tuvo la participación necesaria de Riquelme, quien no tuvo un rol pasivo. Ella no pudo justificar el patrimonio incorporado con fondos ilícitos, realizó mejoras a la vivienda de calle Cervantes, una casa de lujo con sauna, jacuzzi, ascensores, toda la tecnología, hasta el día de hoy la disfruta; compró un inmueble en calle Jozami donde hizo construcciones, una casa quinta con todos los lujos

•    No solo compró inmuebles, sino que en distintas oportunidades compró y cambió autos, hizo aportes con fondos sin justificar a la sociedad Innova Turismo. Hizo viajes al exterior, constituyó plazos fijos. No tuvo un rol pasivo, sino que posibilitó el entramado para adquirir bienes en forma ilícita, para gozarlos y también ocultarlos. No corresponde de ninguna manera el sobreseimiento de ninguno de los imputados.

•    En cuanto a la insubsistencia de la acción penal, está cerrada la investigación, remitimos la causa a juicio y aportamos todos los elementos contundentes a los fines de probar, y se pidió pena efectiva para ambos imputados.

•    Se debe tener en cuenta la complejidad de la investigación. La presencia de múltiples personas sospechadas, no solo por Sofía Riquelme sino se investigó un abanico de personas, empresas, sociedades, propiedades, empresas vinculadas a una persona que estaba cumpliendo un rol transcendente de los más importantes en la provincia como Pedro Báez, que era ministro y luego diputado provincial. Por eso, aprovechándose de esa situación, tenía vínculos con distintas empresas. Esto definió un entramado para adquirir recursos ilegalmente y también para encubrir u ocultar estos ilícitos. No fue un robo de un objeto, donde se hizo un allanamiento y se descubrió. Hubo toda una logística contable para adquirir estos recursos, como ya lo vimos en la causa donde fue condenado Báez en su vinculación con Global Means, sino con otras empresas con Germán Buffa, con la exesposa de Buffa. Esto hizo que los entonces investigadores que hoy son vocales de juicio, Juan Malvasio y Santiago Brugo, tuvieran la dificultad de tener información a lo largo de este año.

•    Riquelme era socia de Innova Turismo SRL y no aportó información de cuentas bancarias e informaciones, sino que Fiscalía tuvo que salir a buscarla. Todo este entramado llevó su tiempo.

•    Tampoco hubo declaraciones juradas de Báez en ciertos periodos de su función pública, lo que dificultó la investigación. Báez, durante su mandato como diputado provincial (2015-2019), poseía fueros, lo que impidió allanamientos a su domicilio en ese periodo. No aportó su teléfono, computadora personal ni chats con Buffa.

•    En cuanto al desvío de fondos de pauta oficial, los fiscales sostuvieron que Báez, como ministro de Cultura (previamente Director de Información Pública), era quien decidía el pago de la pauta publicitaria del Gobierno. Estos pagos se realizaban a sociedades estrictamente vinculadas a Buffa, su exesposa y socios con los mismos integrantes y domicilios fiscales, lo que sugiere una administración unificada. Se mencionan específicamente las empresas Global Means, Nuevo Contacto SA, Mega Eventos y Nueva FM Litoral como beneficiarias de esta pauta publicitaria. Se investigaron pagos realizados por distintos organismos del Estado (SIDECREER, IAFAS, IAPSER, entre otros) a estas empresas. BTS SA era una empresa que no se conocían los socios pero que fue beneficiaria de pauta oficial desde 2006 hasta 2016 y figuraba uno de los hijos de Báez como empleado.

•    Hubo sospechas de compra de barcos, de dólares, inversiones en bolsas de valores, de sociedades, y con la particularidad de que no había declaraciones en AFIP, solamente DDJJ de 2008, 2011 y 2016, pese a ser funcionario público. Si hubiese estado la información no hubiese llevado tanto tiempo. No solo es un indicio de ilicitud, sino que también dificulta la investigación.

•    En el medio tuvimos la pandemia, que no cesó la actividad del MPF, pero no se informaba desde muchos organismos del Estado, directamente, sin embargo, se insistió y se logró recaudar información.

•    Este delito lleva sus años de investigación porque los acusados tienen recursos que no tienen las personas que vemos a diario en Tribunales ¿Estos casos quieren que no investiguemos? ¿Estos casos quieren cerrar, de funcionarios públicos que fueron puestos en un lugar para servir al pueblo y lo que pudimos constatar es que llevaron recursos para su patrimonio?

•    Todo esto es el panorama con que se encontraban los hoy vocales Brugo y Malvasio. Cajas y cajas de documentación que tuvimos que analizar para enviar a juicio.

•    En el sistema Sirirí, todos los movimientos que ininterrumpidamente tiene esta causa. No cesó ni un minuto ni con pandemia. Se analizaron los archivos de celulares y computadoras secuestradas. Casi 400 conversaciones, mil llamadas, mil documentos, archivos de audio. Son alrededor de 70 páginas de medidas que solicita la Fiscalía, no solo migraciones, aerolíneas, organismos públicos, contaduría de la provincia, todo lo atinente a la pauta publicitaria de todos los organismos. Se hicieron tasaciones con Fiscalía de Estado de los inmuebles.

•    No corresponde realizar una pericia contable del STJ. No se pidió antes, sino cuando está finalizando la investigación. 

•    Tuvieron oportunidad de evaluar toda la prueba, la defensa designó peritos contables, Bernabé y Enríquez, que aceptaron el cargo el 4 de agosto de 2022. No solo que tuvieron acceso a la investigación, sino que se fijaron plazos para entrevistas con el contador del MPF Juan Pablo Granero para definir los puntos contables, presentaron un informe que luego ameritó otro informe ampliatorio que eran disidentes de la pericia del perito del MPF, entonces se hizo un nuevo informe que tuvo también la defensa la posibilidad de analizarlo. Pero no se discute el contenido, sino cómo se valora la prueba. 

Por último, Velázquez replicó: “No fui notificado todavía de la remisión de la causa a juicio”. Dijo que en el caso de Sofía Riquelme “pasaron siete años desde la notificación hasta el pedido de indagatoria”. Consideró que “está claro que acá no hay una complejidad de empresas. La única empresa concreta es Innova Turismo. Global Means tiene que ver con una negociación incompatible. El resto es parafernalia que no hace a la cuestión de la complejidad”.

Además, planteó “una cuestión de género: Riquelme está acá por ser la cónyuge de Báez”, y citó el precedente de la Cámara de Casación cuando la jueza Evangelina Bruzzo no se excusó de intervenir en el Megajuicio por “la escisión de la actividad de esposo y esposa”. “Acá Riquelme está acá por ser la esposa de Báez”, agregó el defensor.

La jueza de Garantías, Elisa Zilli, informó que analizará los planteos realizados por las partes, y solicitó todas las cajas de documentación del legajo de Fiscalía, para luego dar a conocer su resolución al respecto.

La propuesta se titula “Justo José de Urquiza: un cambio de rumbo. Hacia la organización del Estado argentino” y comenzará este domingo 13 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Desde el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón y el Archivo de Entre Ríos se aportaron objetos y documentos. 

La exhibición se enfoca en el rol fundamental que tuvo el general Justo José de Urquiza en la organización del territorio nacional durante la primera mitad del siglo XIX. La intención es mostrar la complejidad de ese proceso desde una perspectiva global que tiene en cuenta los aspectos políticos, sociales y económicos de la época.

Una de las piezas claves de la muestra será un poncho perteneciente al general Urquiza, que fue restaurado recientemente por el Taller de Conservación de Textiles del Museo de Casa Rosada, como un aporte que pone en valor este bien patrimonial de la provincia.

Se podrá visitar en el Museo de Casa Rosada, ubicado en avenida Paseo Colón 100, de la ciudad de Buenos Aires. Horarios: de miércoles a domingos, de 11 a 18 horas. Entrada gratuita. 

La Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la excusación planteada por el vocal Miguel Giorgio para decidir en torno a la apelación que presentó el Ministerio Público Fiscal a la decisión del juez de Garantías Mauricio Mayer, que a través de la acogida favorable de un recurso de amparo otorgó, el lunes 24 de diciembre, la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliaria -lo sacó de la Unidad Penal N° 1, adonde había sido enviado el sábado 15-. De ese modo, la Sala Penal queda con su integración original.

La mayoría conformada por los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak rechazó la excusación de Giorgio, que se había apartado amparándose en un artículo de la Ley de Procedimientos Constitucionales N° 8.369. Lo hizo, según consta en la resolución de rechazo a su apartamiento, «con invocación del artículo 5 bis, inc. 6º, de la Ley 8.369″, y así pretendió excusarse de intervenir»por haber concurrido al dictado, como Vocal de esta Sala Nº 1, de la sentencia recaída en fecha 23 de diciembre de 2018 por la cual se hizo lugar al recurso de apelación instado por los Dres. Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen en favor de los señores Juan Pablo Aguilera y Gustavo Hernán Perez considerando que ello lo coloca en la causal de excusación».

El vocal Germán Carlomagno, que había sido convocado para reemplazar a Giorgio, no votó, en razón de existir «coincidencia de los señores Vocales que me preceden en la votación, hago uso de la facultad de abstención». Así pues, la Sala Penal dispuso «no hacer lugar» a la excusación de Giorgio, y «dejar integrada la Sala N° 1» para tratar la apelación a la resolución del juez Mayer con su composición original.

Se trata de un recurso que toca de modo tangencial la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura. Aguilera, actual secretario del bloque de senadores del PJ, junto a su cuñado, Alejandro Almada, y el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, fueron enviados a la cárcel el sábado 15 de diciembre con prisión preventiva por 90 días, decisión que adoptó la jueza de Garantías Marina Barbagelata. Fue a pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes justificaron la medida en la necesidad de que no haya entorpecimiento dela investigación.

De los tres que envió la jueza a prisión, uno, Alejandro Almada, gozó los primeros diez días arresto domiciliaria por el nacimiento de su hija, pero luego debe volver a la cárcel -su situación todavía no ha sido tratada en la Justicia en torno a un pedido de domiciliaria ampliada- y otro, Cardoso, directamente fue beneficiado con la prisión preventiva domiciliaria.

Aguilera y compañía son considerados por el Ministerio Público Fiscal como los “escalones superiores” en la “organización criminal” que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laborales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política.

El lunes 23, el juez Mayer cambió esa decisión de Barbagelata y permitió al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Aguilera, y a otros seis implicados, gozar de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica.

Esa decisión de Mayer fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, y derivado a la Sala Penal del STJ. El miércoles 26  Mayer hizo lugar al recurso de apelación que presentaron los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry y la Procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, a la resolución del magistrado que el lunes 24 dispuso la prisión domiciliaria para siete implicados en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura.

Ahora, será la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) la instancia que deberá resolver el entuerto. Un primer pronunciamiento, con el voto de Carubia y Mizawak y la disidencia de Giorgio, dio luz verde al habeas corpus que presentaron Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, decisión que abrió la puerta para que los siete implicados en la causa de los contratos truchos pudieran irse a sus casas, con prisión preventiva domiciliaria.

Desde que la causa penal que investiga el delito de asociación ilícita se abrió, el 20 de septiembre último, ya se dispuso la prisión preventiva de 9 personas, medida de precaución adoptada para evitar que entorpezcan el trabajo de los fiscales. Dos están con domiciliaria: Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, y funcionario de la Cámara de Diputados, quien goza de 10 días de domiciliaria por el nacimiento de su hija, pero luego debe volver a la Unidad Penal N° 1, y Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo de Diputados, a quien se le otorgó la domiciliaria por 90 días.

El resto -Aguilera, los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Senadores, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure, y los “recaudadores” Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo-, estaban alojados, hasta el lunes, en las unidades penales N° 6 y N° 1. Ese día, el juez Mayer hizo lugar a un recurso de habeas corpus, que primero rechazó y después cambió posición en función de una orden que emanó de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y les cambió la preventiva en la cárcel por una domiciliaria.

En su resolución, Mayer entendió que no se cumplió con la disposición de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, que dispuso que la prisión preventiva se debía cumplir en pabellones en forma separada de los internos penales con condena firme. Dijo que eso no se verificó, y en su lugar, advirtió un “agravamiento” de las condiciones de alojamiento en los penales. “Los argumentos vertidos por los señores defensores respecto del agravamiento de las condiciones de detención deben ser atendidos en la medida que, en la misma linea de los argumentos vertidos en el pronunciamiento del STJ, vienen a dar anclaje a la situación concreta que transitan sus asistidos en el proceso penal que los involucra. Así, en relación al peligro concreto que corren los detenidos por encontrarse alojados en ésta situación, estimo que resulta atendible lo narrado por el Sr. Defensor de Perez en ésta instancia, que manifestó que Pérez debe autocuidarse día y noche en el establecimiento carcelario ya que en el mismo, las personas alojadas muchos de ellos condenados por graves delitos, se encuentran convencidos por los medios de comunicación que son integrantes de una banda que tiene en su poder la suma de dos mil millones de pesos, lo que expone a cualquier persona en esa condición como blanco predilecto para cualquier tipo de ilícito sobre su persona y también fácil es imaginar que cuanto menos puede sentir pánico respecto de lo que ocurrirá con su vida”, señaló el magistrado.

Ahora, la Sala Penal debe decidir si confirma lo resuelto por Mayer, o hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal. «Sin perjuicio de que la resolución que nos agravia, ejecuta lo mandado por la Sala Penal del STJER del día 23/12 (votos de los Vocales Mizawak y Carubia), entendemos que no es ajustada a derecho en tanto implica una extralimitación funcional que invade la competencia exclusiva de los jueces naturales, de instancia y apelación, de la causa en la que se dispusieron las prisiones preventivas».  Y que se contravino jurisprudencia según la cual «el hábeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que le incumben».