En un operativo antidrogas realizado este viernes, personal policial secuestró 12 ladrillos de marihuana con un peso total de 8.8 kg. y detuvo a una pareja por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El procedimiento tuvo lugar en un inmueble ubicado en la intersección de calles Virgen de Fátima y Nogueira, de Concordia, donde también funciona un chatarral, según información enviada a nuestra redaccion.
Durante la inspección del domicilio, los uniformados hallaron en la cocina-comedor una bolsa de nailon verde con 12 paquetes rectangulares recubiertos con cinta de embalaje marrón. Tras realizar las pruebas correspondientes, personal de la División de Drogas Peligrosas confirmó que se trataba de marihuana.
Además de la droga, se secuestraron cinco teléfonos celulares, un DVR, una máquina contadora de dinero, $ 335.500 en efectivo y un camión Mercedes Benz color naranja. En el lugar fueron identificados cinco hombres y se procedió a la detención de un masculino de 40 años y una femenina de 25 años, ambos imputados por el presunto delito vinculado al narcotráfico.
El allanamiento fue ejecutado bajo las órdenes del titular de la Jefatura Departamental de Concordia, José María Rosatelli, junto a la División Operaciones y Seguridad Pública y personal de Comisaría 7°. La intervención fue ordenada a raíz de un hecho registrado en la víspera, en el cual un hombre armado amenazó a otro con quien mantenía conflictos de vieja data.
Las actuaciones quedaron a cargo de la fiscal, Julia Rivoira, quien dispuso el secuestro de los elementos y la detención de los involucrados.
Una vez más, el contador Álvaro Gabás intenta instalar un relato falaz sobre la situación financiera de Entre Ríos. Esta vez, lo hace afirmando que “la deuda pública creció un 28% durante el primer año de gestión de Frigerio”, basándose en una lectura parcial, estrictamente nominal y maliciosamente orientada.
Nadie niega que los números nominales publicados por la Contaduría General indiquen que la deuda pasó de $584.777 millones a $750.497 millones entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. Pero si alguien con conocimiento técnico ignora el contexto inflacionario y la evolución de los ingresos, está manipulando la información. Así de simple.
En términos reales, la deuda pública de Entre Ríos se redujo un 41%. Esta cifra surge de un análisis responsable, que toma en cuenta la inflación del período y la evolución del tipo de cambio. Es el único modo sensato de comparar dos momentos separados por un año en una Argentina inflacionaria. Lo contrario es, en el mejor de los casos, desconocimiento; en el peor, mala fe.
Además, el indicador más razonable para dimensionar el peso de la deuda sobre la economía provincial es la relación entre deuda total e ingresos totales. En 2023, ese ratio era del 44,8%. Un año después, con la deuda ajustada y los ingresos consolidados, ese mismo indicador cayó al 21,1%. ¿De verdad alguien puede sostener que la provincia está más endeudada?
Tampoco es un dato menor que el resultado financiero negativo heredado del último año de gestión del PJ representaba el -5,19% de los ingresos totales. En 2024, ese rojo se redujo al -1,32%, sin apelar a recortes brutales ni a ajustes indiscriminados.
Este gobierno asumió con cuentas desordenadas, con una Caja de Jubilaciones en crisis, con el IOSPER al borde del colapso y con un Estado provincial sobredimensionado, ineficiente y con deudas ocultas. Aun así, se logró encauzar la administración financiera sin paralizar la gestión, defendiendo una pauta salarial responsable, cumpliendo con los compromisos asumidos y apuntalando obras estratégicas.
¿Hay margen para mejorar? Por supuesto. Pero nadie puede negar que hoy Entre Ríos tiene una administración más ordenada, más previsible y con mejores indicadores fiscales que hace un año.
Resulta curioso que quienes gobernaron durante dos décadas, acumulando déficits, postergando inversiones y comprometiendo el futuro de los entrerrianos, ahora pretendan dar lecciones. Les sugeriría, al menos, que comparen indicadores equivalentes. O como decimos en el campo, que no mezclen peras con manzanas.
Por Rubén Dal Molín (Senador provincial – Juntos por Entre Ríos)
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó. a través de un comunicado, que continúa en marcha la distribución de las boletas del Impuesto Automotor correspondientes al período fiscal 2025.
El vencimiento para el pago único anual o la primera cuota operó los días 25 y 26 de marzo. Actualmente, los contribuyentes que eligieron el pago en cuotas deberán considerar las próximas fechas de vencimiento:
Segunda cuota: 15 y 16 de mayo.
Tercera cuota: 15 y 16 de julio.
Cuarta cuota: 15 y 16 de septiembre.
Quinta cuota: 17 y 18 de noviembre.
Además, ATER recordó que las boletas están disponibles en formato digital, permitiendo a los contribuyentes descargarlas de manera rápida y segura desde www.ater.gob.ar, sin necesidad de esperar el envío impreso.
Una nueva modalidad que alivia al contribuyente
En el marco de la Reforma Tributaria, ATER implementó un nuevo esquema de cinco cuotas para el pago del Impuesto Automotor, en reemplazo de las cuatro cuotas que regían en ejercicios anteriores.
“Es importante destacar que no se paga más ni se incrementa el impuesto: el monto total a abonar sigue siendo el mismo, pero ahora se encuentra distribuido en más cuotas, permitiendo a los contribuyentes organizar mejor sus pagos y cumplir de manera más cómoda con sus obligaciones”, señalaron en un comunicado.
“Es decir, se paga lo mismo, pero en más cuotas y con más tiempo, porque esta medida no implica una mayor carga tributaria, sino que facilita el cumplimiento y alivia el esfuerzo de pago, acompañando a quienes eligen mantenerse al día con sus responsabilidades fiscales”, precisaron.
Beneficios para contribuyentes cumplidores
En el marco de las políticas que implementa el gobierno de Entre Ríos para reconocer el esfuerzo de los buenos contribuyentes, este año se implementó un nuevo esquema de descuentos y beneficios para los contribuyentes cumplidores.
Los beneficios alcanzan hasta un 35 por ciento de descuento en el Impuesto Automotor, combinando:
“Continúa la transformación en autovía de la RN 18, a lo largo de los primeros dos tramos que se extienden desde la intersección con la RN 12 hasta la intersección de la RP 20, sector que atraviesa las localidades de Colonia Avellaneda, Sauce Montrull, Viale y Villaguay”, indicaron.
“El primer tramo se desarrolla entre el A° Sauce Grande y la localidad Las Tunas y contempla la construcción de la segunda calzada, retornos e intersecciones. También incluye obras de arte mayores en los arroyos Sauce, Espinillo, Talita, Los Chañares, Las Torrillas, Cañada Grande, Curupí, Quebracho, Malo, Bueno y Teodoro Ríos; y sobre nivel en las vías del Ferrocarril General Urquiza y en la RP 32”, agregaron.
“Actualmente, se trabaja en simultáneo en diversos frentes. Por un lado, se ejecutan trabajos en terraplenes, sub bases y alcantarillas en la intersección con la RP 32. También se trabaja en terraplenes, sub bases y bases en los accesos al puente Quebracho, así como en las bases y carpetas asfálticas en accesos al Sauce Grande. Asimismo, en los accesos al puente Los Chañares se están ejecutando trabajos de carpeta asfáltica”, precisaron.
“El segundo tramo se extiende desde Las Tunas hasta la intersección con la RP 20. Con una longitud de 67,85 km, se construye la segunda calzada, retornos, intersección con RP 6 y obras de arte mayores en arroyo Moreyra, Tigrecito, Torito, Brazo del Río Gualeguay y Río Gualeguay”.
“Se recuerda a la población que en estos momentos se realizan distintos desvíos en los accesos a Seguí y Viale, así como en la intersección con RP 32. Por este motivo, se recomienda a los usuarios tomar las prevenciones correspondientes, circular con precaución respetando las velocidades máximas recomendadas y atender a las indicaciones de banderilleros y personal de seguridad”, remarcaron.
“Este proyecto, cuya ejecución se encuentra en la etapa final, se lleva a cabo en el marco de los lineamientos estipulados en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, finalizaron.Fuente: Vialidad Nacional
La Municipalidad de Concordia oficializó la reglamentación de la Ordenanza Nº 38.352 que define nuevas reglas de uso, circulación y conservación para el Parque San Carlos, declarado área natural protegida.
Informaron que se buscará, además “el desarrollo emprendedor y explotar nuevas experiencias para los visitantes” y detallaron que “Se licitará el servicio gastronómico en el Hostal del Río para vivir experiencias únicas con una vista privilegiada sobre el río Uruguay”. Esta propuesta será complementaria a la del “Centro de Interpretación Ambiental” donde hoy se desarrollan propuestas culturales.
La medida, según indicaron, fue desarrollada con la intervención de distintas áreas técnicas del municipio (Turismo, Ambiente, Arquitectura, Tránsito e Ingeniería), quienes trabajaron en conjunto para garantizar una mirada integral que preserve el valor ambiental, histórico y cultural del parque.
¿Qué cambia?
Con la nueva medida se prohíbe cualquier intervención sobre la vegetación o infraestructura sin autorización previa. Se delimitarán zonas de esparcimiento y áreas verdes con señalética.
Además establecieron un Plan de Movilidad Interna que define rutas específicas para vehículos, ómnibus, peatones y ciclistas, con un sistema de señalización acorde a la Ley Nacional de Tránsito.
Entre los puntos destacados del nuevo Plan de Movilidad:
– Se permite la circulación de hasta 10 vehículos livianos en simultáneo, con un máximo de una hora de permanencia.
El Juzgado Federal de Concordia y las unidades del Escuadrón IV y la Sección Concordia de Gendarmería Nacional llevaron adelante un nuevo golpe al narcotráfico que conecta las provincias de Misiones y Entre Ríos. La operación culminó con allanamientos simultáneos en Concepción del Uruguay y Montecarlo, Misiones, y la detención de dos personas.
Esta acción se suma a un conjunto de investigaciones que se desarrollaron durante el mes de abril, en el cual se lograron desbaratar parcialmente varias organizaciones criminales que operaban bajo esta modalidad de tráfico ilícito de drogas. Como resultado de estos procedimientos, ya son ocho las personas que permanecen privadas de su libertad.
A lo largo de estas investigaciones, Gendarmería Nacional incautó más de 136 kilogramos de marihuana. En esta última intervención, se concretó el secuestro de un nuevo cargamento de droga hallado en un transporte de cargas, como parte de los controles de rutina.
Cómo operaban los narcos
El procedimiento que derivó en la investigación, se inició el pasado 24 de abril en el Puesto Fijo “Pucoruca”, donde un control de Gendarmería detectó irregularidades en una encomienda. El can antinarcóticos reaccionó positivamente frente a un bulto, lo que motivó su apertura bajo estrictas formalidades judiciales.
Dentro del paquete revisado se hallaron cuatro envoltorios que contenían marihuana, con un peso total que superaba los once kilogramos. La investigación posterior determinó que el envío había sido despachado desde Montecarlo, en Misiones, por un hombre mayor de edad de esa localidad, y tenía como destino una mujer residente en Concepción del Uruguay.
El trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el Juzgado Federal permitió avanzar en la identificación de los responsables y llevar adelante los allanamientos que culminaron con las detenciones más recientes. La pesquisa continúa para lograr la desarticulación total de la red criminal.
Este lunes por la tarde, el gobernador Rogelio Frigerio junto al ministro de Gobierno y Trabajo Manuel Troncoso y el interventor del IOSPER, Mariano Gallego, brindaron una conferencia de prensa para denunciar sobreprecio en los medicamentos y realizar la presentación del proyecto de ley para reformar la obra social provincial.
Sobreprecios
“Cada baldosa que pisamos en el IOSPER enseña nuevas muestras de desidia y corrupción”, dijo al empezar su alocución el mandatario y confirmó que “enviamos al Tribunal de Cuentas una nueva denuncia. La administración anterior pagaba grandes sobreprecios de los medicamentos de alto costo”.
Tras auditar el segundo semestre del año pasado y tomando las 30 principales drogas de mayor uso compradas, “se llegó a la conclusión de que se habrían ahorrado más de 1.800 millones de pesos tomando el nuevo esquema de descuentos” desarrollado por la actual intervención.
“Dicho de otra forma, comprobamos que se gastaban 1.800 millones de pesos de más y sólo se comparó una muestra representativa, por lo que estamos seguros que el ahorro sería mucho mayor si se toman otros períodos”, acotó.
Para dar una dimensión de la suma de dinero, Frigerio explicó que “esos 1800 millones equivalen a cinco meses del pago de cuidadores domiciliarios o a un mes del pago de todos los médicos”.
“No sabemos si esto fue un acto de impericia a la hora de negociar o la voluntad consciente de unos vivos de llevarse lo que no les corresponde, lo dirá la justicia. Esos enormes sobreprecios en los medicamentos terminaban pagándose con los recursos de todos los entrerrianos y eso engrosaba el déficit enorme que encontró la intervención cuando llegó”, dijo el Gobernador.
Tras ello, remarcó que “sospechamos que no solamente es impericia lo que encontró la intervención porque durante todo el año pasado hasta el momento que se decidió la intervención, la comisión fiscalizadora le pidió al anterior directorio el contrato de medicamentos y nunca lo entregó”.
“Este hecho se suma a muchos hechos que viene encontrando la intervención del IOSPER, como el tema de las prótesis, y la sobrefacturación en muchos servicios para los afiliados, al igual que el plus que tenían que pagar y que por suerte dejo de existir”, mencionó.
Proyecto de creación de OSER
Por otra parte, Frigerio anunció que enviará a la legislatura entrerriana un proyecto de ley que “permitirá cortar de raíz estos vicios y garantizar para siempre una administración responsable, transparente y eficiente de los recursos de nuestra obra social”.
Se trata del proyecto de ley de creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) para reemplazar al IOSPER.
“La intervención nos permitió empezar a desmalezar el instituto, ordenar las cuentas y frenar la corrupción y frenar el deterioro de un servicio esencial para 300.000 afiliados, pero es transitoria, es necesaria pero no definitiva y por eso proponemos la creación de una nueva entidad que se va a discutir por ley en la legislatura y esperamos contar con el apoyo de las cámaras”, afirmó el mandatario.
Cómo sería la nueva obra social
Según adelantó el Gobernador, la nueva obra social de la provincia tendrá:
-Un esquema de conducción profesional, “con gente idónea, ágil y moderno”.
-Un directorio reducido “que va a respetar la representación de los trabajadores”.
-Se van a fijar límites a las remuneraciones de las autoridades del directorio.
-Se deberán publicar los contratos y estados contables.
-Habrá un techo a los gastos operativos y auditorías regulares.
-“Los afiliados serán el principal órgano de control de su obra social”, aseveró Frigerio.
Directorio y organización
Consultado sobre las personas que formaban parte del Directorio del Iosper, el gobernador sostuvo que “no sé, volverán a trabajar a sus respectivas áreas de gestión. Imagino que, si son representantes de un gremio, es porque trabajaban en algún área del Estado. Es notoria la preocupación por un directorio, que como dije, ganaban hasta 16 millones de pesos”, remarcó.
Por otra parte, se preguntó al mandatario provincial sobre la representación que van a tener los trabajadores en la obra social y Frigerio sostuvo que “va a seguir habiendo representación de los trabajadores, porque nos parece importante que exista ese control por parte de los representantes de los afiliados”, anticipó y agregó que “va a haber una conducción colegiada, donde van a coexistir profesionales y representantes de los trabajadores. Esa es la esencia del proyecto y se propone un directorio mucho más reducido que el anterior, que sea de gestión profesional y con una transparencia que no existía”, sostuvo el Gobernador.
“Durante todo el primer año de gestión, intenté de todas maneras que me enviaran información para tomar definiciones sobre el deterioro evidente en la prestación del servicio de salud para los afiliados y no me respondían. La decisión de la intervención, tenía que ver con eso: con en nulo acceso a la información que tiene que ser pública para todos los afiliados y todos los entrerrianos”, recordó Frigerio.
En referencia a la reestructuración de la obra social, Frigerio adelantó que “va a haber un cambio en la carta orgánica de la obra social, pero no necesariamente, eso se relaciona con una reducción en los puestos de trabajo, ya que la intervención ya hizo ese análisis, se encontró trabajadores que no iban a trabajar, encontró trabajadores que ni siquiera vivían en la provincia o en el país, y por supuesto, ya se sacaron de la obra social”, afirmó.
Investigación de irregularidades
Al mencionar sobre las irregularidades detectadas, el gobernador dijo a Elonce que “cuando encontramos un hecho de corrupción, lo elevamos, en el caso de la obra social, primero a la Comisión Fiscalizadora, quien lo envía al Tribunal de Cuentas y el órgano determina si hay un hecho que es necesario que sea investigado por el Ministerio Público Fiscal. Todo lo que se ha encontrado, ha seguido ese mecanismo, porque es la Justicia quien debe determinar hechos de corrupción, en los que si algunos vivos, se llevaban los recursos de la Salud”, remarcó el gobernador.
“Esperamos que el proyecto se pueda aprobar cuanto antes y que los entrerrianos, dejemos atrás, una historia triste de la obra social, de falta de transparencia y de incapacidad en la gestión; para empezar una nueva historia”, afirmó Frigerio y agregó que “estamos convencidos en seguir este camino que es mejor”.
Prótesis
El interventor Mariano Gallegos explicó que “estimamos que el Iosper, va a entregar todas las prótesis que deba y será antes del 30 de junio, pero se debe coordinar con ACLER, ya que demanda un trabajo que implica las intervenciones, las internaciones, etc.”, dijo y afirmó: “la situación se va a regularizar en las próximas semanas”.
A través del decreto Nº 604, del 1º del actual, el Poder Ejecutivo provincial instruyó a la Fiscalía de Estado a “promover las acciones administrativas y judiciales que correspondan para la reparación del daño causado al patrimonio público, con carácter urgente y preferencia, una vez que las respectivas autoridades declaren administrativamente la nulidad o inexistencia de los actos y contratos”.
Se trata de 770 contratos laborales, que según la tesis del Ministerio Público Fiscal son “truchos” mediante un ardid que permitió sacar del erario del Estado unos 2 mil millones, a valores históricos, en la década de 2008 a 2018. En un escrito de 540 páginas, a finales de mayo de 2021 los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry pidieron la elaboración de la causa a juicio. Las audiencias arrancaron el 22 del actual, con menos imputados de los originales: de 32 se bajó la cifra, mediante probation y abreviado, a 19.
La causa judicial, señala el decreto, refiere “actos y contratos en la órbita del Poder Legislativo, en cuyo devenir la Fiscalía de Estado ha tomado intervención bajo la figura procesal de actor civil en procura de obtener la reparación del daño causado”.
En el marco de la investigación penal, añade, “se realizaron diversas pericias hasta que se consolidó la efectuada por la perito contadora Andrea Marina Battisti, del Superior Tribunal de Justicia, pericial que procede a agregar al expediente”. Esa pericia “abarca un total de 770 contratos, los que en principio son los identificados por la investigación penal como posibles ilícitos”.
Y subraya que independientemente del futuro de la investigación penal, “es posible declarar la nulidad de los contratos en cuestión en sede administrativa, aplicando la teoría de los actos y contratos en cuestión en sede administrativa, aplicando la teoría de los actos y contratos nulos, que básicamente indica que cuando la Administración encuentra que un acto o contrato contiene vicios graves y ausencia de elementos esenciales, puede declarar por sí y ante sí su nulidad”.
Una decisión de ese tenor, adoptada por las autoridades de la Legislatura, “brindaría la posibilidad de iniciar acciones de recupero, lo cual no obstaculizaría ni se opondría al proceso penal”.
La intervención de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación señaló que la causa Contratos Truchos en la Legislatura -técnicamente conocida como “Beckman Flavia Marcela, Scialocomo Esteban Ángel Alberto, Álvarez María Victoria s/Estafa”- constituye “uno de los casos más resonantes y paradigmáticos de los últimos años, en lo que refiere a causas de corrupción bajo investigación”. Luego, remite al texto de la remisión de la causa a juicio por parte de la Procuración que señala que “la investigación fiscal pudo establecer la existencia de `un plan montado desde al menos fines del año 2007, con el objeto de detraer de manera sistemática dinero de las arcas del Estado provincial`”.
En ese marco, la Secretaría Legal y Técnica relee el escrito de remisión de la causa a juicio y anota que “se recurrió a la figura del `contrato de obra`, de antaño utilizada por las Cámaras de la Legislatura provincial para nutrirse de recursos humanos. Dichos instrumentos se confeccionaban generalmente a nombre del presidente de cada Cámara legislativa o de la mención genérica de `autoridades de la Cámara`; otras veces a nombre de un legislador, autoridad o funcionario de Cámara específico, sea de la Cámara de Diputados o Senadores`. Por otro lado, la investigación apunta -señala el decreto- `aparecía el contratista, persona física identificada con nombre y apellido`”.
Más adelante expone que según la pesquisa del Ministerio Público Fiscal quedó demostrado que “las relaciones contractuales eran falsas en su motivación, y tenían una finalidad ilícita consistente en la sustracción del dinero público. Primero, porque en todos los casos relevados los contratistas de las Cámaras no ejecutaron obra alguna para éstas. En segundo lugar, porque en gran parte de ellos los particulares no suscribían los acuerdos, es decir, sus firmas fueron falsas. En la gran mayoría, los contratistas eran excluidos de su retribución, la que pasaba íntegramente a manos del grupo recaudador, para luego, en algunos casos, entregarles a los particulares sólo una parte ínfima de los anteriormente cobrado”.
Dice la imputación fiscal, agrega el decreto: “Comprobada entonces la existencia formal de la relación contractual, también quedó en claro desde el inicio de la investigación, con evidencia de toda índole que los mismos son ideológicamente falsos”.
Luego, el informe de la Secretaría Legal y Técnica destaca que han transcurrido siete años desde la apertura de la causa hasta su remisión a juicio, con estimación de que el juicio oral pudiera llevarse adelante recién en 2026. En ese orden de ideas, observa que “a siete años de haber conocido con amplísima difusión los hechos investigados penalmente” las demoras en el proceso penal “entran en tensión con legítimos reclamos de la ciudadanía que sienten frustradas sus expectativas y confianza en las instituciones, demandando acciones expeditas por parte de las autoridades de todos los Poderes del Estado”.
El dictamen de Esteban Vitor, secretario Legal y Técnico de la Gobernación, plantea que el gobernador Rogelio Frigerio “puede impulsar ante las autoridades legislativas el procedimiento administrativo que sea necesario, mediante un acto de ´solicitud´, entendiendo que ambas Honorables Cámaras de Senadores y de Diputados integral el Poder Legislativo Provincial y por lo tanto la decisión final sobre el punto recae en sus máximas autoridades por el carácter independiente de éste”.
Este domingo el conductor de un automóvil Peugeot 208 perdió el control del rodado, chocó y montó el guardarraíl de contención, en la Ruta 12.
Dos personas que viajaban por la Ruta 12, kilómetro 145, sufrieron heridas de diversa consideración al chocar contra el guardarraíl, en cercanías de Ceibas.
El siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 8 en la mano sur – norte de Buenos Aires – Entre Ríos cuando el conductor de un automóvil Peugeot 208 perdió el control del rodado y chocó y montó las barreras de contención.
Dos jóvenes mayores de edad, ambos domiciliados en Campana, provincia de Buenos Aires, resultaron heridos y fueron atendidos por el personal de la ambulancia del hospital Eva Duarte de Ceibas, que los trasladó al hospital Centenario de Gualeguaychú.
Una cuadrilla de Vialidad Nacional retiró y acondicionó el elemento de contención. Luego de la actuación de la Policía quedó a la espera del auxilio mandado por Vialidad Nacional.
Intervino personal policial de Ceibas, Policía Caminera Brazo Largo, Gendarmería Vial Puesto Ceibas, ambulancia del hospital Eva Duarte de Ceibas, una dotación de Bomberos Voluntarios Ceibas.
El mileísmo local confía en tener el sello propio en mayo y puntea un encuentro provincial. Cómo está el caso Concordia en Comodoro Py.
La Libertad Avanza en Entre Ríos debutó a los saltos en el barro electoral. Todavía sin partido propio, se resigna a esperar los tiempos de la Justicia, que atiende dos causas clave para su futuro político. En Comodoro Py tramita la suspensión de las elecciones partidarias de Concordia y en Paraná, la personería definitiva del partido provincial.
La personería jurídica definitiva sería una realidad en mayo, según pudo saber Letra P. El expediente judicial que tramita en el Juzgado Federal de Paraná, bajo la órbita de la Secretaría Electoral Nacional, continúa su curso y es de esperar que en menos de un mes encuentre el camino final. Cuando la oficina que comanda Leandro Ríos ponga fin a las observaciones administrativas que la fuerza libertaria está corrigiendo, llegará el momento de la celebración. Distinto destino tiene la causa de Concordia, que recorre pasillos porteños.
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La personería definitiva en Entre Ríos
Lejos de la expectativa inicial, la personería jurídica definitiva para LLA en esta provincia llegará, con suerte, el mes próximo. Tras varias instancias de correcciones administrativas que la Justicia federal solicitó, el mileísmo local tendría el trámite completado en los próximos días. Luego, el juzgado llamará a la audiencia de solicitud de personería definitiva.
Las cuestiones administrativas que la Justicia pidió corregir apuntan a actas con nombres defectuosos o números de documento incompletos. Según pudo averiguar este medio, no hay una traba procesal, sino estrictamente administrativa. La demora en Paraná no está relacionada, aseguran fuentes judiciales, con la causa por la apelación de las elecciones de Concordia. Entienden que lo que resuelva Comodoro Py en ese sentido no altera el resultado del trámite provincial.
Cómo avanza la suspensión de las elecciones en Concordia
En la Cámara Nacional Electoral tramita la apelación al proceso en Concordia. En febrero, la Justicia provincial anuló esas elecciones porque detectó inconsistencias entre la cantidad de votos informados y los presentados. La resolución del juez Ríos respondió a una impugnación presentada por la lista opositora a la oficialista que promovía Roque Fleitas, el presidente electo en la provincia. Tras la resolución del juzgado en Paraná, el oficialismo partidario apeló y la causa está a la espera del dictamen del fiscal de Cámara, para luego pasar por las oficinas de los jueces.
Aunque no será tema excluyente, el viaje a Buenos Aires traerá novedades que guiarán los movimientos de LLA en Entre Ríos en cuanto a la eventual alianza con el gobernador Rogelio Frigerio. La primera parada que inaugurará el tema será el próximo congreso provincial que el partido postergó para las próximas semanas y que se iba a celebrar este sábado en Villaguay. El cónclave fue suspendido para adherir al duelo por la muerte del papa Francisco.
Este medio pudo confirmar que uno de los ejes será la conformación de la Juventud libertaria, para oficializar el espacio e incorporarlo a la carta orgánica. Se espera que luego esa rama partidaria elija sus propias autoridades. La fiscalización en las elecciones legislativas será también un tema que trabajarán en el congreso, porque quieren ir “preparando el terreno” rumbo a las legislativas de octubre.
