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Este viernes 20 a partir de las 15:00, se llevará a cabo un nuevo sorteo entre todos los adjudicatarios de viviendas del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), que registren su cuota al día.
El premio consta de la cancelación de veinticuatro (24) cuotas en el plan de amortización de sus respectivos inmuebles, y participan de forma automática los adjudicatarios/beneficiarios de todos los programas habitacionales del Instituto en la provincia, al estar al día con sus respectivas cuotas.
La actividad, a través de bolillero electrónico, se realizará con la colaboración del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC), quienes ponen a disposición sus plataformas virtuales, donde los interesados podrán seguir -al instante- todo el proceso de selección del ganador/a.
A lo largo del corriente año, el Instituto instrumentó un sorteo estímulo trimestral: en el mes de abril se realizó el primero, en el que la ganadora fue Jesica Yanina Ledesma del barrio Itaembé Guazú de la ciudad de Posadas; el pasado 30 de agosto se efectuó el segundo, con Claudia Inés Duarte, residente del Barrio Santa Helena, del municipio de Garupá, como acreedora del premio; y próximamente se conocerá al tercero de los agraciados.
La reglamentación
El Instituto, en el último tiempo, potenció la cantidad de sorteos que -hasta el 2023- se realizaban una vez al año, con el fin de premiar a los adjudicatarios que se mantienen al día en el pago de sus casas, lo que triplicó la cantidad de familias ganadoras en el periodo anual y esto motiva a los beneficiarios para no adeudar facturas.
A razón de los resultados positivos de estas acciones, la gestión actual del organismo resolvió, bajo Resolución Reglamentaria 236/24, darle continuidad al sistema de sorteos en cuestión, «teniendo en cuenta la actual situación económica y con el fin de otorgar reconocimiento a los adjudicatarios de viviendas que poseen buena conducta de pago», versa la normativa. La misma establece que “el último día hábil correspondiente a los meses de abril, agosto y diciembre, de cada año, el Instituto realizará un sorteo, única y exclusivamente entre los Adjudicatarios de Viviendas Comunes en plan de venta con facturación mensual, que se encuentran al día en el pago de las cuotas de amortización” siendo la cancelación de 24 de ellas, el premio a percibir.
De esta manera, desde el Iprodha se incentiva a los adjudicatarios a mantener sus facturas sin mora; por una parte, por la seguridad jurídica que implica para cada familia y, por otra, la posibilidad de participar por un premio que disminuya sus pagos.
El siniestro vial ocurrió sobre la curva de la avenida Rucci, en el ingreso al barrio Benito Legerén.
Allí, por causas que se tratan de establecer, un hombre a bordo de un Fiat 147 habría perdido el control del vehículo y terminó impactando contra una columna del alumbrado público.
Como consecuencia de la fuerte colisión, un hombre de 40 años fue derivado al hospital Masvernat para su correspondiente atención.
Arroyo Salgado busca datos de la sociedad Edekom, de la que el exsenador es copropietario. Se trata de una firma de software “fantasma”.
En las tres causas que la Justicia tiene abiertas contra el exsenador Edgardo Kueider están en la mira una serie de personas que podrían configurarse como sus posibles testaferros. El grupo está conformado por Iara Gilsen Costa, su exsecretaria privada; Rodolfo Daniel González, un empleado de la Biblioteca del Congreso que es además socio de Kueider en la empresa Betail y Ernesto Javier Rubel, amigo y exsocio en esta última firma.
La Justicia ahora posa su mirada sobre otra persona, de la que hasta ahora no hay demasiada información: el hijo del exlegislador. Se trata de Iván Haidar Kueider, socio junto con su padre en una firma ahora en la mira de la Justicia cuyos domicilios fueron allanados el pasado jueves por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.
La magistrada lleva adelante una causa que se desprendió del expediente Securitas, que investiga el pago de coimas por parte de esta firma a organismos provinciales y nacionales para quedarse con contratos de seguridad. Una de las compañías a las que se le habría pagado dádivas es Enersa, la empresa de seguridad estatal de Entre Ríos, de la que Kueider era directivo.
La empresa en cuestión es Edekom S.A., que se dedica al servicio de consultoría en tecnología de la información como actividad primaria y a la publicidad y procesamiento de datos como actividades secundarias. La compañía fue fundada en diciembre de 2022, según registros a los que accedió TN y posee dos domicilios, uno en avenida Belgrano al 1200 y otro en Cerrito 1320. A ambos llegó la Gendamería en busca de documentos y elementos electrónicos de utilidad para el caso pero se confirmó lo que se preveía: la compañía en cuestión no funciona allí.
La Justicia investiga a una empresa del hijo de Edgardo Kueider y tiene en la mira al contador de la familia Edekom se fundó en el año 2022 y ese no es dato menor. Kueider no presentó sus declaraciones juradas correspondientes a ese año ni la de 2023, es decir, esta empresa se mantenía oculta hasta que estalló el escándalo de los U$S200 mil que el exsenador intentó ingresar sin ningún tipo de documentación a Paraguay. Fuentes judiciales le dijeron a TN que esta firma tiene similitudes con Betails: no tiene balances presentados ni actividad real. Serían empresas fantasmas.
Haidar Ivan Kueider, de 31 años, es monotributista categoría F, y se dedica a los servicios de publicidad y al hospedaje de datos. La Justicia busca determinar si el joven también se pudo haber utilizado para ocultar el patrimonio de su padre.
En esta historia también cobra protagonismo un contador llamada José Carlos Nogueras. La Justicia también allanó un domicilio en Ercilla al 6200 que estaría vinculado a este hombre. La investigación lo sindica como el contador que aprobó los balances de Betail cuando se presume que en rigor en una empresa sin actividad ni giro comercial. En ese domicilio las autoridades esperaban hallar documentos clave sobre las empresas en la mira.
Durante el jueves se llevaron adelante 13 allanamientos a diversas propiedades vinculadas a Kueider. La lista de inmuebles se compone de la siguiente manera:
Departamentos en Santiago del Estero al 500, Paraná. Estas unidades fueron adquiridas por la empresa Betail, de la que Kueider es dueño en un 50%. Las expensas de este departamento a partir de agosto comenzaron a estar a nombre de Iara Gilsen Costa, la secretaria privadal exsenador.
Inmueble en Rodríguez Peña al 1900, en Capital Federal. Es propiedad de Rodolfo Daniel González, socio de Kueider en Betail y el dueño de la camioneta en la que fue detenido el exsenador con los 200 mil dólares sin declarar.
Departamento en Araoz Alfaro al 400, en Capital; y otro en Bartolomé Mitre al 800, en Morón. Este último pertenece a Ernesto Javier Rubel, amigo y exsocio de Kueider en Betail. Es un monotributista categoría C, sin actividad comercial previa conocida.
Ituzaingó al 1000, Concordia, sede de BETAIL S.A.
Ercilla al 6200, CABA, vinculada al contador José Carlos Nogueras.
Una oficina en Belgrano al 1200, en donde funcionaría Edekom. También se allanó otro inmueble ubicado en Cerrito al 1300, CABA, también vinculado a esta compañía.
Inmueble en Fincas de Iraola de Berazategui.
GRUPO CDS, ubicado en Ernesto Bavio al 90, Paraná. Es el fideicomiso que construyó el edificio LIVE en Paraná en donde la empresa Betail compró tres departamentos y también poseen unidades los hermanos Tortual, investigados en el caso Securitas.
Ernesto Bavio 97, Paraná (escribanía en la que se habrían llevado a cabo operaciones y gestiones de las sociedades vinculadas al exsenador Kuider); San Luis 673, propiedad vinculada a la madre de Iara Guinsel Costa.
El senador peronista cumple prisión domiciliaria en Paraguay, donde fue detenido tras entrar con más de US$200 mil sin declarar. Para que eventualmente Kueider sea detenido, en la causa por enriquecimiento ilícito a cargo de Arroyo Salgado, la Cámara Alta primero debería determinar su desafuero, para lo que hacen falta dos tercios de los votos.
En 2019, una auditoría interna en la empresa de seguridad y vigilancia privada Securitas Argentina detectó el pago de coimas a funcionarios públicos, al menos, desde 2013, para garantizarse contratos con empresas y organismos estatales en todo el país, o cobrar servicios adeudados en gestiones anteriores. La entonces filial argentina de Securitas AB, cuya casa matriz está en Suecia, se autodenunció en febrero de 2020 y ofreció colaborar con la investigación judicial, en el marco del Régimen de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas.
Esa autodenuncia derivó en una megacausa que instruyó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, junto al fiscal Fernando Domínguez y Diego Velazco de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), por el pago de sobornos y favores para maximizar las ganancias de la empresa. “Con Securitas se repitió la misma matriz de corrupción en todas las provincias, tanto en el sector público como privado. Sobornos a funcionarios, tanto nacionales como provinciales, y pago de favores a responsables de compras en las empresas privadas para quedarse con los contratos”, advirtió un funcionario judicial que participó de la investigación de esta causa, según la nota de Mariel Fitz Patrick en Infobae.
Entre las empresas y organismos públicos implicados aparecen AySA, el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (ENERSA), la Oficina General de Contaduría del Ejército Argentino, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía de diversas provincias, el Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, y el Registro Nacional de Armas (RENAR). Los delitos detectados por la Justicia Federal fueron cohecho, asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos.
Para conseguir los contratos, la empresa y sus filiales en las distintas provincias recurrieron a la sobrefacturación o a la simulación de servicios nunca prestados. Según los investigadores, “se diseñó un sistema contable marginal (denominado “caja 2″) en el cual registraron a proveedores fraudulentos o que no prestaban servicio alguno y, a través de los pagos de las respectivas facturas, obtuvieron sendas sumas de dinero que, a su vez, eran utilizadas para, entre otras cosas, el pago a funcionarios de organismos públicos y de empresas públicas y privadas”.
En esta causa ya hay 11 acusados con procesamientos dictados por Arroyo Salgado, confirmados el 4 de diciembre último por la Cámara Federal de San Martín. Entre los procesados, figuran ex directivos de Securitas Argentina y un ex gerente de Logística de ENERSA, Alejandro Javier Cis.
Kueider no estaba en un principio implicado directamente en este expediente. Las alertas se encendieron tras la denuncia en su contra realizada el 2 de julio último por el periodista Christian Sanz por presunto enriquecimiento ilícito ante el mismo Juzgado de Arroyo Salgado, en base a notas en el sitio El Disenso y la revista Análisis sobre la compra de varios departamentos en Paraná.
Los investigadores comenzaron a conectar las coimas pagadas por Securitas a la empresa de energía provincial ENERSA con el crecimiento patrimonial de Kueider, quien ingresó a la política en 1999 como concejal de Concordia, con su rol como ex secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, entre 2015 y 2019, durante el mandato del peronista Gustavo Bordet.
En parte de ese período, más precisamente entre 2016 y 2018, la Regional Litoral de esa empresa de seguridad privada estaba a cargo de los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, luego de que esta empresa adquiriera su firma El Guardián SA en 2008. De acuerdo a la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados por la magistrada y los fiscales a partir del material incautado en distintos allanamientos, los hermanos habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de ENERSA, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio concreto.
Es en esa operatoria de pagos y cobros ilegales entre Securitas y ENERSA donde los investigadores creen que habría tenido algún tipo de participación Kueider, por su rol de secretario general de la Gobernación de Entre Ríos.
Desde el entorno del ex senador refutaron esa sospecha y aseguraron a Infobae que Kueider “no tuvo nada que ver con la gestión de ENERSA y no intervenía en el directorio” de la empresa energética entrerriana. Su abogado, Maximiliano Ruiz, le dijo a este medio que el ex senador “no entiende por qué lo vinculan con esa causa (Securitas), que no tiene nada que ver” y que “no recuerda haber ejercido esas funciones que dicen que ejerció en ENERSA”. Y agregó: “Se están mezclando las cosas, y se está forzando la vinculación con la causa por los departamentos en Entre Ríos, para sumar impacto mediático”.
Esto fue ratificado por el ex gobernador Bordet en diálogo con este medio: “El Poder Ejecutivo provincial no forma parte de la administración de la empresa, ni participa de sus decisiones. Hay diferentes sociedades anónimas en la provincia, que tienen un presidente y un directorio”. Actual diputado nacional por Unión por la Patria y al frente de la gobernación entrerriana entre 2015 y 2023, aseguró que “Kueider no formaba parte del directorio ni era síndico de ENERSA”. Explicó que su participación se limitó a “firmar las actas de la asamblea anual de la empresa, en representación del estado provincial”.
En el expediente, hay un mensaje que intercambian Claudio Tortul, su hijo Ramiro y su hermano Marcelo el 28 de enero de 2019 en el que se habla de “pagar la parte de bordet” (sic), en una conversación en la que hablan de “ir a casa de gobierno para cerrar el negocio” con ENERSA. Identificados como “CT”, “RT” y “MT”, mencionan el precio acordado a cobrar a ENERSA por el servicio de seguridad entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Ese mes, el contrato de Securitas con ENERSA se renovó por dos años , con una actualización del monto. También hacen referencia al “negro”, quien sería José Gervasio Laporte, secretario Legal de Técnico de la Provincia de Entre Ríos hasta su fallecimiento en julio de 2020, a quien le habrían “pagado” una parte con un vehículo Ethios.
Bordet desmintió ante Infobae haber cobrado dinero de los Tortul o Securitas, y respecto de ese mensaje entre los hermanos Tortul, señaló: “Puede que se haya invocado mi nombre para obtener algún tipo de beneficio”. Y aseguró: “Solo me reuní con el presidente o algún director de ENERSA cuando fui gobernador para fijar cuestiones de política energéticas, de los valores de la atrofias, de obras de infraestructura, pero jamás tuve reuniones referidas a la seguridad. Las contrataciones en materia de seguridad son, si se quiere, un tema menor. Se realizaban dentro de la empresa, las decidía el directorio, integrado por cinco miembros y un presidente, y eran revisadas por los cinco síndicos. La empresa Securitas ya venía prestando el servicio cuando llegué a la gobernación. Nunca nadie me consultó sobre el contrato de seguridad, no tuve ninguna participación en esa decisión, ni en la renovación en 2019″.
En ese sentido, también negó cualquier vinculación con los hermanos Tortul: “Nunca tuve trato, ni crucé Whatsapp, ni email, ni me reuní con ellos. Y no quise tenerlo nunca. Era habitual que ellos buscarán tener acceso al círculo de poder. Siempre mantuve distancia. En una provincia todos nos conocemos. Solo pude haber coincidido en algún evento social”.
La vinculación entre Kueider y los Tórtul
Para los investigadores, la vinculación de la causa Securitas con Kueider surgió a partir del análisis del patrimonio de eso dos empresarios de la construcción, dueños de la desarrolladora inmobiliaria que construyó el edificio Live en la ciudad de Paraná, ubicado en Santiago del Estero 511 esquina Tejero Martínez, y donde Claudio Tortul tiene dos departamentos y tres cocheras. El inmueble fue allanado el jueves por la mañana la jueza Arroyo Salgado.
En ese mismo edificio, a través de la sociedad Betail SA que usó como pantalla, Kueider compró a su vez, en 2021, tres departamentos y dos cocheras. La adquisición se realizó a través del Fideicomiso Santiago Tejeiro (por el nombre de cruce de calles del edificio), según figura en el Balance de ese año de Betail SA, al que accedió Infobae. El valor de los tres inmuebles supera los USD 650.000, sin considerar el valor de las cocheras. En diciembre, las expensas totalizaron $255.000, como reveló Infobae esta semana.
Uno de los departamentos de Betail SA/Kueider es el semipiso del 13 “A”, cuyo vecino de enfrente es justamente Claudio Tortul, titular del 13 “A”. La propiedad de esos departamentos salió a la luz por la titularidad de las expensas del edificio a nombre de Betail SA, como reveló la revista Análisis el 6 de junio último.
El ahora ex senador no incluyó estos inmuebles en la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al 2021. Adeuda las declaraciones juradas posteriores, cuya presentación exige la Ley de Ética Pública a los funcionarios nacionales.
Otro dato que alertó a los investigadores es que, a partir de junio, las expensas de los departamentos de Kueider/Betal SA en el edificio Live pasaron a estar a nombre de Iara Guinsel Costa, la secretaria que lo acompañaba cuando fue descubierto en Paraguay con USD 211.000 y sería su compañera afectiva. Ese cambio de titularidad se dio después de los allanamientos ordenados por Arroyo Salgado en el capítulo ENERSA de la causa Securitas, y fue uno de los motivos – según pudo saber Infobae – por el que la magistrada resolvió pedir el desafuero y detención el jueves pasado.
En el requerimiento fiscal de octubre pasado en la causa por enriquecimiento ilícito, Domínguez evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.
El ex senador es el dueño del 50% de Betail SA, firma a la que ingresó en diciembre de 2019 a poco de asumir su banca en la Cámara alta. El otro 50% figura originalmente a nombre de su amigo Rodolfo Daniel González, un puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. Luego González le transfirió sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. La empresa, constituida como una agropecuaria, no registra ningún tipo de actividad comercial en sus balances presentados ante la IGJ.
Para Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador.
Causas conexas
A principios de octubre, el fiscal Domínguez presentó un requerimiento de instrucción para que a Kueider se lo investigue por el posible delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos.
En la imputación, Domínguez consideró que el hoy ex senador “podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público”. Según el representante del Ministerio Público, se podría “estar frente a un escándalo perpetrado por un servidor público, de un lado, y de la asociación ilícita” investigada en el marco de la causa Securitas.
El fiscal pidió a la Inspección General de Justicia los estatutos y balances de la empresa Betail SA; a la Oficina Anticorrupción, las declaraciones juradas del senador; a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) un informe sobre su actividad económica e ingresos, y un detalle de sus cuentas bancarias y bienes; y a los Registros, informes sobre sus inmuebles. Además, solicitó que se levante el secretario fiscal y bancario.
El 8 de octubre pasado, Arroyo Salgado resolvió la conexidad de la causa de Securitas y la nueva denuncia por enriquecimiento ilícito contra Kueider. Esto implicó que, si bien son dos expedientes diferentes, corren por “cuerdas paralelas” como suele decirse en el ámbito tribunalicio, por lo que la jueza puede usar pruebas de una y otra para avanzar con la investigación.
A la causa por enriquecimiento se sumó la investigación preliminar (IP) que abrió la PROCELAC de oficio, para saber de dónde venían los USD 211.000 que se le incautaron a Kueider y su secretaria en Paraguay. Ese informe ya fue entregado el viernes a Arroyo Salgado y a Domínguez, bajo extremo hermetismo, por el fiscal Velazco. La detención de Kueider hace 10 días en Paraguay con esa suma de dinero en efectivo sin declarar abrió, además, la hipótesis de maniobras de lavado de dinero con dinero proveniente de la corrupción.
Actualmente, hay una disputa de competencia que debe resolver la Cámara entre la causa que tramita en el Juzgado de Arroyo Salgado, y la investigación por enriquecimiento ilícito contra Kueider que se sustancia en Concordia, impulsada por el fiscal José Arias.
Kueider y Guinsel Costa cumplen prisión preventiva en Paraguay por intento de contrabando de divisas. Arroyo Salgado pidió su desafuero con fines de detención. El Senado lo expulsó el jueves por amplia mayoría en una sesión envuelta en polémica porque la presidió Victoria Villarruel, cuando ya estaba de viaje en el exterior el presidente Javier Milei. Su abogado presentó un amparo para impugnar la sesión y reclamar su invalidez. Ayer, Ruiz viajó a Paraguay para reunirse con su defendido.
Según pudo saber Infobae, la nueva estrategia de Kueider sería “redoblar el ataque” e iniciar una serie de denuncias. “Estamos evaluando recusar a Arroyo Salgado por haber cursado los oficios de desafuero y allanamientos en el momento en que se estaba haciendo la sesión. Quiso torcer la votación y marca una enemistad manifiesta contra el acusado”, sostuvo Ruiz en diálogo telefónico con Infobae desse Paraguay. “Y vamos a ir contra el Poder Ejecutivo porque, en ultima instancia fue el Ejecutivo encabezado por Villarruel el que interfirió con la sesión, por lo que correspondería demandarlo, porque es de donde provino el acto lesivo que generó toda la situación”.
La acción es liderada por un grupo autodenominado “jubilados solidarios”, quienes buscan agilizar la habilitación del acceso sur a la ciudad, que se encuentra restringido desde abril de 2023.
Un grupo de vecinos del sector sur de Concordia tomó la iniciativa de desmontar, con palas en mano, el montículo de tierra que obstruía el ingreso por la Y Griega, en la intersección con la Ruta 14.
“Estamos bajando la montaña de tierra para que se pueda transitar ya que nadie, pero nadie, ni el gobierno provincial ni el municipal, nos da respuesta”, declararon los vecinos a un cronista de un diario local . Según informaron, la decisión de actuar por cuenta propia surge de la frustración generada por la falta de avances oficiales en la obra.
Esta prohibición de ingreso rápido por Y Griega fue motivo de constante reclamo de los vecinos de la zona. El mismo estaba relacionado con un proyecto financiado inicialmente con fondos de la Nación.
Sobre esto, el Secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Concordia, Alejandro López, explicó en diálogo con este medio que los trabajos “estaban siendo financiados con fondos de Nación pero entre julio y agosto (de este año) se tomó la decisión que Nación le ceda a la Provincia, para que (esta última) asuma el compromiso de financiarla” explicó.
Vale mencionar que el acceso a Concordia mas próximo, es el ubicado por Ruta 22, ingreso a zona de El Martillo y Villa Adela.
Es sabido que existe una deuda pendiente con la empresa encargada de la obra, lo que, sumado al estado de las finanzas del gobierno local, dificulta su conclusión. Los vecinos de la zona se quejan constantemente por las “frenadas” imprevistas, especialmente por la noche, debido a la señalización deficiente. Los carteles que indican el acceso a la ciudad están mal ubicados, y las aplicaciones GPS no alertan adecuadamente sobre el cierre de la ruta. Algo que no es tan difícil resolver hoy ha quedado a merced de vecinos que tomaron la iniciativa cansados de reclamar a un municipio que al parecer es lento de reacción.
En un comunicado conjunto, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad expresaron su enérgico rechazo a la detención y aseguraron que la Argentina “actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales”
Tras el reclamo del Gobierno argentino para exigir la inmediata liberación del gendarme argentino detenido por las fuerzas de Nicolás Maduro en Venezuela, la Cancillería ahora busca una salida al conflicto. Ayer, el canciller Gerardo Werthein exigió que el régimen de Maduro brinde la concesión inmediata de los salvoconductos para que los opositores venezolanos que están asilados en la embajada argentina en Caracas puedan abandonar el país de forma segura y sin restricciones. Fue ante una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). El caso de Nahuel Gallo suma mayores tensiones a una relación ya quebrada entre ambos países.
La Cancillería, en un comunicado conjunto con el Ministerio de Seguridad, pidió este viernes la inmediata liberación de Nahuel Agustín Gallo, gendarme argentino capturado por las fuerzas chavistas del régimen de Nicolás Maduro el pasado 8 de diciembre. “Argentina actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido”, detalló el texto oficial. En tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, brindó una fuerte advertencia a Maduro: “Exigimos la inmediata liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin”.
Según detallaron desde la cartera dirigida por Gerardo Werthein, el suboficial y cabo primero sufrió una “detención arbitraria e injustificada” por parte de las autoridades venezolanas. Gallo se encontraba de vacaciones y viajó al país para visitar a su familia y pareja, que se encontraba con su hijo de dos años en el país por cuestiones de negocios.
El hecho ocurrió el pasado 8 de diciembre, cuando Gallo ingresó al país desde Colombia a través de un paso fronterizo terrestre. Allí, cruzó el Puente Internacional “Francisco de Paula Santander” para ir a Táchira. Su hermano, Kevin Gallo, comentó en declaraciones televisivas que Nahuel se encontraba en un remis en dirección a su destino cuando fue detenido por seis civiles armados en una combi negra, donde le quitaron el celular y lo dejaron incomunicado. Previamente, Nahuel se comunicó con su pareja a través del teléfono del remisero y le advirtió que se lo “estaban llevando”.
Comunicado Conjunto de la Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad
La Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad expresan su más enérgico rechazo ante la detención arbitraria e injustificada del suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina, Cabo Primero… pic.twitter.com/xB9LzxsMQf
Tal como como se anticipo ayer la detención habría sido bajo el argumento de que el gendarme se encontraba involucrado en tareas de espionaje. “Pese a la naturaleza estrictamente personal de su visita, fue detenido de manera inmediata, sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales”, explicaron desde Cancillería.
El comunicado argentino presenta fuertes advertencias: “El Gobierno de la República Argentina exige, de forma categórica e inmediata, la liberación de nuestro funcionario. La Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos y deplora este tipo de prácticas que contravienen los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana”.
“Argentina actuará con toda firmeza en todas las instancias y ante todos los organismos internacionales para exigir la inmediata liberación del suboficial detenido”, agregaron. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se refirió al episodio: “Un gendarme argentino cruzó a Venezuela a visitar a su esposa e hija y fue detenido por el régimen chavista. Exigimos la inmediata liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin”.
Un gendarme argentino cruzó a Venezuela a visitar a su mujer e hija y fue detenido por el régimen chavista.
Exigimos la INMEDIATA liberación de este ciudadano argentino. Maduro, cada minuto que lo retengas va a ser un paso más hacia tu propio fin. pic.twitter.com/TisulVGPMp
La Argentina y Venezuela enfrentan un tenso momento desde que los países rompieron relaciones bilaterales. Aun así, el momento cúlmine ocurrió cuando seis opositores venezolanos quedaron refugiados en la embajada argentina en Caracas, que actualmente se encuentra bajo la custodia de Brasil. Desde entonces, los asilados sufrieron cortes de electricidad, agua y restricciones en la entrega de alimentos.
La pareja del gendarme, María Gómez, ratificó su detención. En diálogo con la cadena DNews, reportó que, cuando le sacaron el teléfono a Nahuel, vieron mensajes de ella hablando de una dictadura. “Le sacaron el teléfono, yo le había escrito en las elecciones que sufríamos una dictadura, una pesadilla en Venezuela y esos fueron los mensajes que le encontraron a Nahuel en el teléfono”, explicó. Entre lágrimas, masculló: “Teníamos la ilusión de reencontrarnos el domingo en Caracas”.
Fuentes del gobierno consignaron a este medio que quienes lo arrestaron eran miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de la República Bolivariana de Venezuela. Gallo se encontraba detenido en la sede principal de dicha dirección, en la localidad de las Lomas, que fue denunciada por organismos internacionales por torturas y persecuciones.
Por el momento, la familia de Gallo aseguró no tener información sobre su detención y enfrenta un momento de dura angustia. “Lo doloroso es que no sabemos dónde está, no tenemos noticias de él. No nos dicen si está bien. Una preocupación… Está desaparecido, se lo comió la tierra”, reclamó el hermano de Nahuel, Kevin.
Según un informe oficial, la Ruta Nacional 14, al menos en el tramo que pasa por la provincia de Entre Ríos, ha quedado afuera de las más peligrosas. Pese a ello, otra arteria nacional – en su tramo por el territorio provincial – sigue en el triste ranking de siniestralidad vial.
El relevamiento explica el por qué las rutas terrestres en Argentina están calificadas como de las peores del mundo. Según la Dirección Nacional de Observatorio Vial, en 2022, los accidentes en el país provocaron la muerte de 13 personas por día, de las cuales 6 ocurrieron en rutas, principalmente nacionales. La mayoría de estos siniestros fatales se deben a colisiones, aunque apenas un 3% suceden en autopistas o autovías.
“Riesgo alto”
La ruta nacional 12 – que baja desde Corrientes hacia la zona oeste del mapa entrerriano, pasa por la capital provincial y termina conectando con Ceibas, en el sur – está catalogada como de “riesgo alto”.
Si bien la mítica adivinadora murió en 1996, recientemente se popularizó uno de sus presagios sobre el fin de Occidente que causó temor entre sus seguidores
Apesar de que murió en 1996, las predicciones de Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, todavía tienen incidencia entre sus creyentes y más aún cuando se descubren algunas que podrían estar sucediendo en la actualidad. Según los seguidores de esta mística mujer adivinadora y de fama mundial, el fin de Occidente estaría cerca. Y eso no es todo: la primera fase de ese hecho ya inició.
La clarividente y herbolaria búlgara se hizo famosa a lo largo de su vida por sus profecías en las montañas Kozhuh, que traspasaron las fronteras hasta dar la vuelta al mundo. Así, desde su nacimiento, en 1911, se dieron a conocer sus predicciones y muchas de estas todavía están por verse.
Baba Vanga predijo que Rusia terminaría con Occidente e instauraría un nuevo orden mundial
En un reciente análisis de los presagios que mencionó hace más de 20 años, la mujer habló de un hombre que dominaría gran parte del planeta y que terminaría de una vez por todas con el dominio de Occidente. Si bien no dio nombres, hizo referencias exactas de qué país tendría el mando. Y no, no son los Estados Unidos.
La predicción de Baba Vanga que tiene a todos en vilo
Antes de terminar el 2024 se conoció que la clarividente mencionó la existencia de una Tercera Guerra Mundial, la cual se desarrollaría también en Europa y que daría por terminados a los gobiernos democráticos que allí existen.
“En la primavera comenzará una guerra en el Este y habrá una Tercera Guerra Mundial. Una guerra en el Este que destruirá el Oeste”, dijo Baba Vanga. Muchos interpretaron esto como la invasión de Rusia a Ucrania. Cabe aclarar que la primavera es en alusión al hemisferio norte, y el indicio que sirvió para entender que hablaba del 2025 es por un hecho reciente que descolocó a los jefes de Estado tras la anexión de territorios ucranianos desde 2022.
La reciente caída del gobierno sirio, la cual predijo en los 90, se vinculó directamente como el comienzo de algo peor. Lo cierto es que durante el domingo 8 de diciembre del 2024, el régimen dictatorial de Bashar al-Ásad llegó a su fin luego de un levantamiento de rebeldes insurgentes. Además de la conmoción que se generó dentro del mundo de la política internacional, los seguidores de la pitonisa búlgara aseguraron que fue una de sus visiones acertadas, lo que marcaríael inicio de un conflicto bélico más grande.
Baba Vanga habría predicho el final de Occidente a manos del mandatario de Rusia y los seguidores de la vidente creen que podría ser Vladimir Putin
Entre los dichos de la vidente, se destacó que el presidente del país más extenso del planeta sería el nuevo “señor del mundo” y que Europa pasaría a ser un “páramo”. “Todo se descongelará, como el hielo, solo uno permanecerá intacto: la gloria de Rusia”, completó.
Más allá de los dichos y adivinaciones que hizo Baba Vanga, de las que pertenecen a un círculo de creencias esotéricas, no hay pruebas científicas de que esto vaya a suceder, aunque la realidad, de momento, demuestre que las relaciones bilaterales entre Oriente y Occidente no son las mejores.
Antes de su muerte dejó un legado de predicciones que ocupan hasta el 5079 (año en el que ella creyó que terminaría la humanidad tal como la conocemos). Entre ellas, se cree que vaticinó la caída de la Unión Soviética, la muerte de Joseph Stalin, la caída de las Torres Gemelas y el desastre de Chernóbil.
La Cámara de Casación Penal -conformada por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo- confirmó el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones y rechazó el planteo del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, de poner fin a su encierro en la Unidad Penal de Paraná, donde cumple prisión preventiva para evitar el riesgo de fuga en el marco de la condena a 6 años y 6 meses de prisión que se le aplicó en 2022 en el megajuicio.
Al confirmar la resolución de primera instancia -firmada por los jueces Julián Vergara y Elvio Garzón, y la disidencia de Carolina Castagno- la Casación concluyó que «los votos que conforman la mayoría de la resolución impugnada confluyen de manera armónica en sus argumentos, y que allí se analizó la razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar y se valoraron las constancias que determinaron la existencia de riesgos procesales. Por eso, puede afirmarse que la resolución que dispuso la prisión preventiva de Báez fue producto de una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la incidencia, sin que se advierta ninguna arbitrariedad toda vez que lo resuelto se encuentra debidamente motivado y cuenta, además, con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes que impiden su descalificación como acto judicial válido».
Casación entendió que «la prognosis acerca de la necesidad de neutralizar el peligro de que no se puedan realizar los fines del proceso, es superlativa. Y esto fue justamente, lo que relevaron los Fiscales y el voto de la mayoría, al coincidir en que se había acreditado debidamente el riesgo de fuga y que era necesario cautelarlo mediante el dictado de la prisión preventiva, incluyendo en su análisis el control de convencionalidad».
Ahora, la vía que se les abre a los defensores José Velázquez e Ignacio Díaz es presentar un recurso de impugnación extraordinario para que el caso lo trate la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). En esa máxima instancia está a resolución la impugnación a la prisión preventiva en la cárcel que cumplen el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, ambos también condenados en el megajuicio.
El 22 de noviembre, el Tribunal de Juicios y Apelaciones hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y aplicó prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, había hecho lugar al recurso de casación que presentaron los defensores Ignacio Díaz y José Velázquez. Y ahora Casación le puso fecha a la audiencia para tratar esa petición.De ese modo, la resolución del encarcelamiento de Báez -medida que se dispuso hasta que el fallo de fondos adquiera firmeza, esto es cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el recurso extraordinario federal- será ahora analizada por la Cámara de Casación Penal, tribunal que ya había dispuesto las preventivas para el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera, el martes 19, también condenados en el megajuicio.Casación hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y revocó un fallo de primera instancia del Tribunal de Juicios y Apelaciones que, en voto dividido, había rechazado esa petición en septiembre pasado en torno a Urribarri y Aguilera. Entonces, por la denegatoria votaron los jueces María Carolina Castagno y Julián Carlos Vergara; en disidencia, lo hizo Elvio Osir Garzón. El viernes 22 la mayoría cambió: el tribunal hizo lugar al pedido al pedido de preventiva para Báez con los votos de Vergara y Garzón, y la disidencia de Castagno.
Al analizar el recurso casatorio de la defensa de Báez, el Tribunal de Juicios y Apelaciones observó que «se advierte que el resolutorio atacado constituye una de las resoluciones objetivamente recurribles por vía casatoria, conforme lo dispuesto en el art 511 C.P.P.; amén de reunirse en el caso las exigencias en orden al tiempo y forma de su interposición que dispone el art. 512 del mismo cuerpo normativo; siendo en consecuencia, formalmente admisible».
El inicio
El 18 de abril, los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la «inmediata detención» del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.Recién a finales de mayo quedó integrado el tribunal que debía resolver esa petición: lo conforman María Carolina Castagano, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón. En medio, la defensa del exgobernador Sergio Urribarri planteó un recurso de reposición y sostuvo que el organismo que debía integrar el tribunal es la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y no el tribunal que finalmente lo resolvió.
En el ínterin, el exministro Báez solicitó que en vez de la cárcel ser beneficiado con arresto domiciliario por razones de salud.
El exministro de Cultura y Comunicación durante el urribarrismo, Pedro Ángel Báez, pidió a la Justicia que se le aplique arresto domiciliario para cumplir la condena que le fuera impueta en 2022 en el marco del megajuicio, 6 años y 6 meses de cárcel, y arguyó que padece problemas de salud -diabetes- y además nunca eludió las instancias de la investigación y el juicio al que fue sometido.
«Expuesto el cuadro normativo, está claro que nuestro pupilo es una persona de riesgo. A ello, se le suma la necesidad de una dieta acorde, ejercicios y el tratamiento farmacológico adecuado y de estricta aplicación y seguimiento, cuestión que no ocurre. El hacinamiento, las condiciones edilicias, exposiciones a cambios climáticos, etc. hacen de este establecimiento carcelario, Unidad Penal de Paraná, una causal determinante que afectará la salud de nuestro pupilo», señaló el escrito que el defensor de Báez, Ignacio Díaz, presentó ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Las prisiones
La petición de Fiscalía apuntó a la “inmediata detención” de Baez, Urribarri y Aguilera.
Respecto del exministro de Cultura y Comunicación, al rechazar la Sala Penal del STJ la queja planteada contra la condena del megajuicio, “se desprende que la defensa del condenado Pedro Ángel Báez no interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación, por lo cual la misma ha quedado firme”.
En ese sentido, plantearon que “la sentencia que condena al mencionado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión se torna ejecutoria, por lo que se solicita se disponga la inmediata detención del mismo y su traslado a Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, conforme doctrina de esa Excelentísima Sala en lo Penal”. El argumento es que la defensa de Baéz no presentó recurso alguno contra la decisión de la Cámara de Casación Penal, que en 2023 ratificó la condena y rechazó el recurso extraordinario.
En cuanto a Urribarri y Aguilera, “ante el rechazo por mayoría de esa Sala del recurso de queja por denegatoria de impugnación extraordinaria, entendemos que la instancia provincial está próxima a agotarse para que la sentencia de condena se torne ejecutiva”. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal, y “a los fines de hacer efectiva la aplicación de la ley penal y que no se torne ilusoria la sentencia”, propusieron, “se impone asegurar su cometido a través de medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto”.
“Frente a esta nueva situación, cobra especial relevancia el denominado riesgo de fuga”, dicen los fiscales, y por cuanto, en función de la jurisprudencia de la Sala Penal, “se encuentra cercana en el tiempo la posibilidad que se torne ejecutoria la condena impuesta a los encausados”.
Con ese razonamiento, se pidió que se “disponga la inmediata prisión preventiva” de Urribarri y de su cuñado Aguilera. “En subsidio, para el caso de no hacer lugar al pedido de prisión preventiva, interesamos que se les imponga cauciones acordes a la naturaleza y entidad de las condenas impuestas, junto con la prohibición de salida del país, efectuando las comunicaciones correspondientes a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina y a la Policía Provincial; disponiéndose que deberán asistir una vez a la semana a la Comisaría correspondiente a su domicilio, a fin de dar cuenta de sus lugares de residencia”.
Báez ya se adelantó y pidió que se le aplique prisión domiciliaria por cuanto entiende, a través de una presentación que hizo su defensor Ignacio Díaz de que la Unidad Penal no le garantiza las condiciones necesarias para tratar su cuadro de diabetes.
Las condenas
El exgobernador Urribarri fue condenado, el 7 de abril de 2022, al término del megajuicio, que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022, a 8 años de cárcel. La abultadísima información hallada dentro de un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas.
La piedra basal de la acusación del Ministerio Público Fiscal en el megajuicio que sentó en el banquillo de los acusados al dos veces gobernador de Entre Ríos Sergio Daniel Urribarri y a otros 12 imputados a partir del 27 de septiembre de 2021 y que concluyó, el 7 de abril último, con la lectura del adelanto de sentencia, la abultadísima información hallada dentro de un disco extraíble hallado de modo fortuito durante un allanamiento practicado en 2016 a las empresas del cuñado Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, ubicadas en calle Racedo, frente a las viejas instalaciones del Ferrocarril, fue hecha propia por el tribunal y convertida en pieza clave de las condenas. El exgobernador resultó con una pena de 8 años de cárcel más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos al haberse probado su participacion en cinco grandes causas de corrupción.
Ese disco rígido, denominado por la Fiscalía como «la caja negra» de la corrupción, fue analizado por los técnicos del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, Fernando Ferrari y Guillermo Fritz, y volcado en sucesivos informes. «Evidentemente -dicen los fundamentos del fallo condenatorio, un texto de 684 páginas que se conoció este martes- los archivos y correos electrónicos exhibidos y leídos por el ingeniero Fritz en el debate, corroborando sus informes técnicos, como los mensajes de texto y audios de WhatsApp y mensajes de SMS que exhibió y proyectó durante el juicio el ingeniero Ferrari también en confirmación de sus informes, confluyen para conformar una base probatoria categórica y objetiva a los efectos de acreditar la existencia material del suceso y la autoría y/oparticipación atribuida a los imputados, por cuanto (…) el contenido de la información de esos archivos permiten reconstruir cada uno de los extremos y circunstancias que postula el Ministerio Público Fiscal en su acusación, en mérito a que vinculan a los protagonistas de este proceso y han sido reconocidos en su mayoría por testigos y algunos de los imputados».
Después, una segunda certeza: que las empresas Tep SRL y Next SRL «fueron creadas en el año 2009; Tep el
31/01/2009, con una participación del 90% de (Emiliano) Giacopuzzi y el 10% de Luciana Almada (esposa de Aguilera), con un capital de $12.000 integrado en 120 cuotas iguales, y la empresa Next el 26/01/2009 con una
integración idéntica a la de Tep, $12.000 de capital con 120 cuotas iguales y con una participación de (Maximiliano) Sena del 90% y Alejandro Almada (cuñado de Aguilera) del 10%». Y «se ha probado plenamente que estas dos empresas son producto de la escisión de la firma 5 Tipos”. Otra conclusión es que «Juan Pablo Aguilera formaba parte de la precursora empresa 5 Tipos, ya que desde esos inicios figuraba mencionado en carácter de ´Gerente´. Es decir, que Aguilera ya se desempeñaba con anterioridad a la creación de Tep y Next en este rubrocomercial en el ámbito privado, desvirtuando así la afirmación de su pareja Luciana ALMADAen el debate cuando declaró que tenía la ilusión de atraerlo a la faz privada para que se alejara de la política, pero que no había tenido éxito».
«Coincido con la Fiscalía que no es casual que la creación de las sociedades Tep yNext durante el año 2009 sea coincidente con la designación de Aguilera en el año 2007 en la planta permanente del Senado de la Provincia (…), lo cual traía como consecuencia para Aguilera la prohibición de ´asociarse, dirigir, administrar, patrocinar o representar a personas físicas o jurídicas, que gestionen o explotenconcesiones o privilegios de la Administración Pública provincial o que sean proveedores o contratistas de la misma´, por las incompatibilidades propias de su calidad de funcionario o empleado del Estado provincial».
Aguilera, «el verdadero dueño»
El tribunal, conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, que falló de forma unánime, anotó un dato: «Es evidente que no podía (Aguilera) figurar como titular de estas empresas y debía mantenerse oculto, haciendo aparecer como socios a sus amigos, su pareja y el hermano de ésta», en referencia a Giacopuzzi, Sena, Luciana Almada y Alejandro Almada.
El fallo señala que «las declaraciones concordantes de Giacopuzzi y Sena al ejercer sus respectivas defensas materiales, en el sentido de que ellos tuvieron en cuenta para apostar al crecimiento de su negocio de publicidad e imprenta, el vínculo de amistad que tenía desde niños con Juan Pablo Aguilra, los contactos que éste tenía y la cada vez mayor relevancia que adquiría con la asunción de Urribarri, en realidad pone en evidencia y debe trasladarse a la situación de privilegio en la que se encontraba el propio Aguilera. Y si bien Giacopuzzi y Sena en esa oportunidad negaron ser testaferros de su amigo de la infancia, esta negativa se da de bruces con la abundante información contenida en el disco rígido externo, entre las cuales existen dos documentos, en realidad contradocumentos, relevantes para acreditar que Aguilera es el verdadero dueño de Tep y Next».
El fallo cita la intervención del abogado Lisandro Minigutti y una serie de movimientos contenidos en el dico rígido, más la prueba documental y los testimonios recogidos en el juicio, y «así se puede seguir enumerando pruebas e indicios inequívocos de quién era el verdadero dueño de las empresas, el socio oculto de Tep y Next» era Aguilera.
«Es indudable entonces a la luz del cuadro probatorio reseñado que Juan Pablo Aguilera, que -como se demostró- ya se dedicaba con la agencia 5 Tipos a la publicidad, armó un esquema empresarial creando en el año 2009 estas dos empresas para monopolizar y absorber las contrataciones de publicidad estática del Gobierno de Entre Ríos en la vía pública, manteniéndose como socio oculto por las dos razones señaladas; por consiguiente, quienes aparecen formalmente como socios de Tep y Next, ante la Dirección de Personas Jurídicas ydemás entes públicos, entre otros en el Registro de Medios, no son los verdaderos dueños, sino ´socios aparentes´ -como los definió inclusive el Dr. Minigutti al elaborar los contradocumentos reseñados». De los socios aparentes, o testaferros de Aguilera, el más activo resultó Emiliano Giacopuzzi, por cuanto Maximiliano Sena «prácticamente no tuvo actividad durante gran parte del período investigado por las razones de salud que él mismo mencionó».
El dato más revelador que consigna el fallo es que se «ha acreditado también en el proceso con elementos serios y concordantes el crecimiento notable que tuvieron durante este período 2010-2015 las empresas Tep SRL yNext SRL -en realidad su verdadero titular, Aguilera-, que pasaron de ser locadores del local donde funcionaba 5 Tipos en calle Cura Álvarez 461, a adquirir los inmuebles ubicados encalle Racedo 409 y Racedo 415 a Adrián Federico Fuertes -actual senador provincial por el Frente Creer, NdelR-, figurando en ambas escrituras como comprador Emiliano Giacopuzzi, en representación de la firma TEP».
«A la luz de las pruebas obrantes en el legajo, la vertiginosa evolución económica de las empresas Tep y Next durante el período imputado indudablemente se debió a los múltiples contratos de publicidad en la vía pública que recibió la empresa TEP en forma habitual, regular y constante, lo cual no hace más que reforzar el convencimiento de que Aguilera concentró, manteniéndose en las sombras, toda la publicidad estática en la vía pública dentro de la provincia, debido a sus estrechos vínculos familiares y políticos con el por entonces Gobernador y a su relación con el ex Ministro Baez, a tal punto que se ha podido comprobar en el juicio que Aguilera también fue el titular oculto de la empresa Publicitar, donde tenía su oficina y sede de la Gerencia de las empresas y en la que el dueño aparente esta vez era Gustavo Pereyra», añade. «Y esta conclusión no es caprichosa ni apresurada, sino que se sustenta en los mails y los registros» de la contadora Corina Cargenl, que asesora a Aguilera, pieza clave en todo el andamiaje, apunta el fallo.
«Ahora bien, el hecho comprobado de que Juan Pablo Aguilera era el dueño de estas empresas fue lo que posibilitó durante el período imputado que se sortearan o evitaran los controles administrativos de los organismos constitucionales competentes, por cuanto ninguno de ellos tiene entre sus funciones la facultad ni los medios para investigar maniobras de las características de la simulación o el ocultamiento de socios, siendo -como ya lo dijimos- el control que ejercen formal y limitado a la adecuación de los contratos a las formas extrínsecas», apunta el tribunal respecto del rol que le cupo a la Contaduría General, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado.
«Cartelización»
La concentración de la publicidad estática en vía pública que contrataba el Estado iba a las mismas manos siempre: las de Aguilera. La participación de la «competencia», Montañana Publicidad y Bustamante Publicidad, era sólo a los fines de aparentar, por cuanto había que pagar «retornos» para participar de la rueda. «Y en este marco es que Aguilera concertó el acuerdo espurio de cartelización con las empresas Montañana Publicidad y Bustamante Publicidad, con sedes en Concepción del Uruguay y Paraná respectivamente, conforme surge de la abundante y categórica evidencia digital y prueba documental incorporada al juicio, que fuera obtenida en los allanamientos, de manera tal que así logró absorber la casi totalidad de la publicidad estática en la vía pública, sin perjuicio de que también se demostró mediante la prueba producida que también estaban vinculadas a Formato Urbano, las firmas Basualdo y Callegaro».
«El arreglo fraudulento que implica la cartelización de Juan Pablo Aguilera con estas empresas de publicidad evitó que su emprendimiento comercial en esa actividad tuviera competencia -incluso en estos casos de contratación directa- para la contratación por el Estado de publicidad en la vía pública, cuya adjudicación, de acuerdo al art. 14 de nuestra Constitución Provincial, se debe regir por los principios de transparencia, eficacia, pluralismo y austeridad y exige además pautas objetivas para asegurar la distribución equitativa y no discriminatoria de espacios en los medios de comunicación social que se inscriban para tal fin, principios y exigencias constitucionales que evidentemente no fueron aplicados por los funcionarioscompetentes para disponer de los fondos públicos, Urribarri y Baez -señala-. Así, con este acuerdode recíprocos beneficios Montañana y Bustamante se aseguraban no quedar excluidos y/o mantener un flujo constante de ingresos en las contrataciones con el Estado, pero lo hacían a cambio de retornar o pagar una elevada comisión a Aguilera por cada contratación».
Esas coimas eran «elevados porcentajes» que pagaban Montañana y Bustamante a las empresas de Aguilera y «ascendían al principio a un 58,63% y luego llegaron hasta el 62%, lo que desvirtúa claramente los argumentos
defensivos acerca de que se trataba de una cuenta corriente entre las empresas en donde se compensaban además el IVA y otros impuestos, toda vez que no hay posibilidad alguna que la carga impositiva mensual alcance esos porcentajes y menos aún que una cuenta corriente comercial compute créditos y débitos por el sistema de porcentajes mensuales, iguales yconsecutivos, que a su vez se mantienen y acuerdan por determinado período de tiempo».
El caballo del comisario
En el juicio quedó probado que Urribarri y su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, «direccionaron durante el período imputado y con pleno conocimiento de su ilicitud las contrataciones de publicidad estática a las empresas cartelizadas que comandaba Aguilera, interesándose en beneficio de quien era nada menos que el cuñado del Gobernador y funcionario público provincial y, además -como el propio Aguilera lo manifestó- el responsable de las campañas políticas de Urribarri y del partido que éste representaba». Sobre ese punto, dice el fallo: «En razón de los relevantes cargos institucionales que ambos ostentaban en el Poder
Ejecutivo de Entre Ríos, Urribarri el máximo en su calidad de Gobernador y Baez como Ministro de Cultura y Comunicación, tenían vedado interesarse en la contratación de publicidad para favorecer claramente a Juan Pablo Aguilera, con quien mantenían trato asiduo familiar y político, y no podían desconocer por esa íntima relación personal que Aguilera era funcionario público y el dueño real de Tep y Next».
«Coincido con la Fiscalía -arguyó el tribunal- que no existe manera de sostener, o admitir siquiera la posibilidad de pensar de que Urribarri y Baez no sabían que contrataban a la empresa del cuñado del primero, a la que durante el año 2010/2015 le adjudicaron la casi totalidad de las contrataciones de publicidad estática en la vía pública junto a las empresas cartelizadas».
Y después suma otra coincidencia. «Coincido con la Fiscalía que la Contadora Corina Cargnel conocía la ilicitud de estas contrataciones, el acuerdo espurio entre las empresas y el fraude de los socios aparentes, testaferros del socio oculto, por esta razón tenía esta información guardada en el disco rígidoexterno, un objeto que era fácil y posible de transportar, ocultar e incluso arrojarlo conintenciones de ocultarlo, como ocurrió esa mañana del día 1°/8/16, aunque -como expresé- la Fiscalía no haya podido demostrar que fuera ella quien lo hizo u otra persona de la empresa, locual carece de relevancia a los efectos incriminatorios».
«En definitiva -apuna el fallo-, se debe concluir que el aporte de Gustavo Tamay ha sido esencial para que los funcionarios públicos Urribarri y Báez sustrajeran los fondos públicos que les habían sido confiados en razón de su cargo, ya que si Tamay hubiera cumplido fielmente consu obligación de certificar la correcta colocación de los carteles el peculado no se hubiera producido o se hubiera frustrado, y esta omisión de los deberes a cargo del verificador no fue imprudente ni casual, sino deliberada en el concierto con los demás imputados, todo lo cual surge de la prueba colectada».
En la extensa argumentación en la denominada «causa de la vaca», que apuntó al cuñado Aguilera, a Urribarri y a Baéz, el tribunal señaló: «En conclusión, el abundante cuadro probatorio cargoso analizado bajo las reglas de la sana crítica racional ha logrado demostrar con el grado de certeza que requiere una sentencia condenatoria tanto la materialidad de los hechos como la autoría y/o participación atribuidas a Urribarri, Báez, Aguilera, Corina Cargnel, (Emiliano) Giacopuzzi, Luciana Almada y (Gustavo) Tamay en los términos en que formuló su acusación el Ministerio Público Fiscal, como titular de la acción penal, derribando el estado constitucional de inocencia del que goza todo ciudadano». Aunque distinta fue la consideración de la participación de Maximiliano Sena y Alejandro Almada, en la lectura de los magistrados, «por cuanto, si bien se ha demostrado en este proceso que actuaron como testaferros de Aguilera en la conformación de Next SRL, la imputación que los ha traído a juicio es la de haber recibido, por la maniobra de direccionamiento de Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Baez a favor de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y funcionario del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, múltiples contratos de publicidad del Estado entrerriano, a favor de su empresa Next SRL, al igual que Tep SRL, ambas de Juan Pablo Aguilera».
«Y resulta evidente que no existe ninguna prueba en el proceso que indique que la empresa Next SRL haya recibido siquiera un contrato de publicidad del Estado provincial, es decir, que Sena y Alejandro Almada, como socios aparentes de Next, nunca contrataron publicidad ni participaron en ninguno de los expedientes de contratación, con lo cual la descripción fáctica tal como fue realizada por la Fiscalía no los puede alcanzar, a riesgo de vulnerar el principio de congruencia». En función de esos argumentos, el tribunal los absolvió de culpa y cargo.
El caso del empresario de la buena suerte
El caso del empresario Germán Esteban Buffa, que formó la empresa Global Menas SA con el solo propósito de conseguir pauta del Estado entrerriano, que la obtuvo incluso antes de que su firma estuviera inscripta en la Afip, descubrió para el Ministerio Público Fiscal una nueva maniobra de «direccionamiento» dentro del gobierno de Urribarri.
Esa contratación fue irregular por donde se la mire. «En efecto, de la compulsa del referido expediente, emerge que la Orden de Publicidad Nº 2038 de fecha 01.07.2011 firmada por los imputados, Sergio Daniel Urribarri y Pedro Ángel Báez , con membrete de la Dirección General de Información Pública del Gobierno de Entre
535 Ríos, por la suma de $ 118.000,00 fue emitida con anterioridad a la propuesta del publicista, el imputado Germán E. Buffa, Presidente de la firma Global Means SA, la cual está fechada el 15.07.2011, vale decir, catorce días después de la emisión de la orden de publicidad, no obrandoen la misma cargo de recepción del organismo, adoleciendo por ende de fecha de presentación», dice el fallo.
«Lo expuesto deja al descubierto las condiciones de absoluta irregularidad en que se suscribió la Orden de publicidad N° 2038 de fecha 01.07.2011, al no poder soslayarse, que necesariamente debe anteceder a ésta la propuesta publicitaria que contiene el presupuesto del medio, pues en base a ella luego se confecciona la orden de publicidad; de ahí, que el presupuesto debe ser anterior, o al menos, de la misma fecha de emisión de la orden de
publicidad, pero nunca posterior, como acontece en el caso bajo examen», puntualiza.
«Desvanece asimismo la defensa esgrimida por el imputado Buffa, la constancia de alta en Afip de la empresa Global Means SA, toda vez que en la misma se consigna como fecha de Contrato Social el 15.08.2011 y como fecha de inicio de actividad principal (…) el 10.2011 para todos los impuestos registrados (…), lo cual devela lo inverosímil que resulta que en el mes de julio de 2011 se le haya requerido a Global Means SA que incluya el IVA en su presupuesto, como lo afirma Buffa en su defensa, pues no se encontraba inscripto ante la Afip, porque ni siquiera existía como persona jurídica, al ser su Estatuto Constitutivo de fecha 15.08.2011», situación que, a entiende el tribunal, «lleva a dar razón a la Fiscalía cuando afirma que al momento de ser beneficiada la empresa Global Means SA con la pauta publicitaria en cuestión, no existía, no era una empresa al no estar inscripta como tal».
Amigos son los amigos
La informalidad con la que se manejó el procedimiento administrativo que derivó en la contratación de la pauta publicitaria a favor Global Means SA, sumado la flexibilidad con que se ejerció el control de legalidad -previo y posterior- del trámite, encuentra su explicación racional, concluyeron los jueces que juzgaron el megajuicio, «en la concurrencia de un interés de parte – de carácter extra-administrativo – que fue volcado en el negocio jurídico en miras de un beneficio propio o de un tercero, en base a lo acordadomutuamente entre los imputados.-
Refuerza tal convicción, el conocimiento mutuo y la relación previa que existía al momento de la contratación entre los imputados Báez y Buffa, tal como éste último lo llegó admitir al brindar su declaración indagatoria, en especial en sede instructoria».
El propio Buffa contó «haber asesorado a Báez, familiares y allegados de éste en la conformación de emprendimientos empresariales -Amanzi Termal e Innova Turismo- y haber realizado a pedido de aquél gestiones de intermediación ante empresas que concentraban medios de comunicación. Señaló que la primera vez que vio a Báez fue en el Howard Johnson cuando se lo presentó José Bechara, ex funcionario de Sidecreer, hacia fines de 2009, que se juntaron debido a que Bechara, Báez y Ostrosky querían comenzar un emprendimiento conjunto, en el cual él iba a participar del asesoramiento». Amanzi Termal consistía en un «apart hotel con pileta, y en un inicio en una inversión inmobiliaria. Explicó que quien formó parte del emprendimiento al comienzo no fue directamente Báez sino su esposa, Sofía Riquelme, con quien se juntó en dos oportunidades en relación al emprendimiento, pero que no tuvo otro tipo de contacto con ella ni han hablado por teléfono. Agregó, que conoce de la calle al hijo de Báez de nombre Francisco. Explicó que con Báez se ha juntado en Casa de Gobierno y le encomendaba tareas extras, tales como pedirle a los medios que eran beneficiados con la publicidad estatal contratada por medio de Global Means SA, que publicaran noticias vinculadas a la provincia de Entre Ríos».
Luego, apunta: «Cierra el cuadro cargoso en orden a la existencia de la relación cercana entre los imputados Báez y Buffa la autorización para el manejo del vehículo de titularidad de Global Means SA otorgada por Buffa -en su carácter de Presidente- a favor de la esposa e hijo de Báez la cual si bien es de fecha 22.04.2013, ésto es posterior a los hechos, en definitiva no hace más que confirmar que el vínculo cercano existente entre Buffa y Báez, perduró en el tiempo».
«En definitiva -cierra el caso-, el amplio conjunto probatorio mensurado es categórico para arribar al juicio de certeza respecto a la materialidad del hecho traído a juicio como la participación atribuida a los encartados en el marco de la Causa N° 6.399, cuyas versiones defensivas no alcanzan a conmover la convicción alcanzada, toda vez que ha quedado demostrado que los enjuiciados Urribarri y Báez se interesaron en la contratación de la firma Global Means SA, en miras de obtener un beneficio para el presidente de la misma, el imputado Germán
Esteban Buffa, estrechamente vinculado a Báez, habiendo intervenido los mismos, en razón de los cargos que ostentaban al momento de los hechos, Gobernador de la provincia de Entre Ríos el primero, y de Director General de Información Pública del Gobierno de Entre Ríos y luego Ministro de Cultura y Comunicación de la Provincia de Entre Ríos, el segundo».
Sueño Entrerriano
Después de analizar la «causa de la vaca» y fijar responsabilidades y discurrir en torno a la forma cómo un empresario logró en tiempo récord una pauta del Estado entrerriano antes de que su empresa tuviera existencia legal, el tribunal se ocupó de los últimos tres casos de los cinco que agruparon en el megajuicio: se trata de tres invetigaciones penales conexas resumidas en el «Sueño Entrerriano».
«Nótese -observa el tribunal en el fallo-, que los hechos se sitúan en el año 2014 y principios de 2015, período en el cual quienes aspiraban suceder a la por entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales de 2015 comenzaban hacer pública sus aspiraciones; postulando la Fiscalía, que uno de estos aspirantes, era el imputado Sergio Daniel Urribarri».
En procura de posicionar su imagen en la carrera presidencialista, dice la tesis de Fiscalía, Urribari distrajo fondos del erario público para desarrollar distintas acciones con vista a que su nombre se conociera en todo el país los días 22, 23, 24 y 26 de junio del año 2014, invocando como fundamento el principio constitucional que los obliga a informar a la sociedad sobre los actos de gobierno; y agregando como finalidad, la posibilidad de afianzar el posicionamiento de la provincia en los distintos espacios geográficos – provinciales, nacionales o internacionales». Así, Urribarri y Báez firman 18 órdenes de publicidad, por un monto de $4 millones. El tribunal al evaluar esas contrataciones apuntó que «se realizaron sin ningún otro tipo de intervención en la fase previa a las contrataciones, no advirtiéndose ninguna urgencia que lo justificara, las órdenes de publicidad fueron abonadas en su integridad, conforme surge de las documentales N° 9 hasta el N° 26 inclusive, consistente en los distintos expedientes administrativos iniciados en el mes de septiembre por los diferentes medios, en donde constan los respectivos trámites desde la orden de publicidad hasta su efectivo pago».
Apunta: «A diferencia de lo sostenido por las Defensas, del texto de la Solicitada surge prístino que el imputado Urribarri realizó un discurso, en el cual se presenta como precandidato a Presidente de la Nación, pretendiendo interactuar con los otros precandidatos a Presidente; no observándose en ningún párrafo de la solicitada que se haga referencia a actos de gobierno que fueran necesarios difundir en cumplimiento de normas constitucionales, tal como fuera invocado por el entonces Ministro Báez al interesar la publicación del aviso oficial bajo estudio».
«En suma, toda la prueba reseñada y valorada es categórica para arribar al juicio de certeza respecto a la materialidad de los hechos traídos a juicio, como la participación atribuida a los imputados Urribarri y Báez, cuyas versiones defensivas no alcanzan a conmover la convicción alcanzada, pues se probó que se apartó de la partida presupuestaria DA 988, correspondiente al Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia, la suma de Pesos Cuatro millones trescientos ocho mil quinientos con veintitrés centavos ($4.308.500,23), cuya administración y disposición ostentaban en su carácter de funcionarios públicos – Gobernador y Ministro de Cultura y Comunicación de la Provincia de Entre Ríos respectivamente -, aplicándola a un gasto particular del imputado Urribarri ajeno al de la administración pública».
Cumbre del Mercosur y la contratación del ‘Corcho’ Rodríguez
Por otra parte, el Tribunal consideró probada que fue direccionada la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA, de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, para la difusión de 4 spots publicitarios para la Cumbre del Mercosur, que se realizó a fines de 2014 en Paraná. Ello costó más de $28 millones.
Señala que el Tribunal de Cuentas de la provincia realizó observaciones al llamado a presentación a ofertas y que ello fue indicio “acerca de que la verdadera negociación que culminó con la contratación de la empresa Nelly Entertainment S.A. se llevó a cabo por fuera del Estado, conforme así lo postula la Fiscalía, pues descarta la existencia de una competencia real entre los oferentes”
“Refuerza la convicción acerca de que la verdadera negociación que culminó con la contratación de la empresa ‘Nelly Entertainment S.A. se llevó a cabo por fuera del Estado, la celeridad que se le imprimió al trámite de contratación, que sin lugar a dudas, repercutió en el ‘escaso tiempo de la convocatoria para la presentación de ofertas’, con las consecuencias adversas ya señaladas, en orden al obstáculo para la posible presentación de un mayor número de oferentes, que hubiera permitido realizar una comparación entre las ofertas presentadas, analizar la razonabilidad del precio, y así seleccionar aquella más conveniente para el Estado, máxime teniendo en cuenta la alta significación económica de la contratación, objeto de imputación”, agregan.
Destacan que al momento en que se llevó adelante el proceso de contratación, se desarrollaba la campaña de posicionamiento a nivel nacional de la imagen del por entonces gobernador en vista a su precandidatura para presidente en las generales de 2015. En este caso fue clave el entrecruzamiento de llamadas en las que se constataron comunicaciones entre Urribarri y la firma con anterioridad a la contratación. También hay comunicaciones con la empresa y su propietario por parte de personas de su entorno, incluso de su familia que no eran funcionarios.
En otro orden de cosas, puntualizan que la contratación de Nelly “costó más que la realización de La Cumbre que se llevó a cabo tres años después, en el año 2017, en la ciudad de Mendoza, que costó $ 16.719.215,00”.
“La prueba hasta aquí analizada, demuestra de modo inequívoco, el claro direccionamiento de la contratación hacia la empresa ‘Nelly Entertainment S.A.’, al haberse demostrado de modo acabado como es que tiempo antes de iniciarse el proceso de contratación en el marco de la organización de la Cumbre de Mercosur, los imputados habían comenzado la negociación con dicha empresa, a quien finalmente se le adjudicó la contratación con la firma del Decreto N° 48000 GOB de fecha 09.12.2014; despejándose así el interrogante inicial, pues permite observar de modo claro, cuál era la real finalidad de la difusión de los spots – objeto de contratación – posicionar la imagen de Urribarri a nivel nacional en vista a las precandidaturas para Presidente de la Nación en las elecciones generales del año 2015”, finaliza.
El parador de campaña y los retornos
Por último, se entendió probada la hipótesis de la Fiscalía de que el Parador playero instalado en Mar del Plata en enero de 2015 fue para promocionar la precandidatura de Urribarri y no el turismo entrerriano. La instalación costó 14.561.870,00. También constataron irregularidades en la contratación de la firma El Juego en que Andamos, del empresario Gerardo Caruso; y también entendieron probado que este hizo un retorno de dinero para la campaña proselitista del ahora exmandatario.
En ese sentido, señalan que en este caso se advierte una licitación “simulada” con la firma Castromil SRL. “Refuerza tal convicción, la compra de los pliegos de la licitación, pues en fecha 18/12/14 fueron comprados en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires para ambas firmas en forma conjunta y por personas vinculadas a El Juego en que Andamos S.R.L.”, indican y mencionan a dos personas que son cuñados entre sí que adquirieron los pliegos para ambas empresas.
“La prueba hasta aquí analizada acredita de manera irrefutable el direccionamiento de la contratación de la firma de El Juego en que Andamos S.R.L. en el proceso licitatorio, como así también el real propósito de la instalación del Parador en la ciudad de Mar del Planta, su verdadera finalidad, a saber: instalar, posicionar la imagen de Urribarri como precandidato a presidente de la Nación, teniendo como norte las elecciones del año 2015, en el marco de la comprobada campaña que concomitantemente se desarrollaba a tal fin”
Finalmente, manifiestan probado el “retorno” de dinero de dicha contratación para la campaña. “No existen dudas, que en el caso, para disponer de los fondos que recibió como contraprestación la empresa El Juego en que andamos, Caruso necesitó realizar una operación comercial que respalde la extracción de dinero, acudiendo a las facturaciones simuladas a terceros, para así poder obtener dinero en efectivo para los retornos, operatoria en la que intervino Juan Pablo Aguilera. Estas operaciones adicionales le permitieron a Caruso hacerse del dinero y así poder la empresa El Juego en que Andamos cerrar este circuito económico y financiero que debía justificar, tanto legal como impositivamente. Es así, que en esos informes hay comercios que figuran en la facturación simulada, de los cuales surgen que, unos prestaron servicios a El Juego en que Andamos, otros dicen puntualmente que nunca le prestaron servicio a la empresa, y algunos puntuales casos lo hicieron por un monto inferior”, destacan.
Al respecto de esa operación, subrayan que la firma El Juego en que Andamos retornó dinero “a favor del círculo del por entonces gobernador Urribarri para su beneficio; siendo Caruso quien concretó dicho retornó por intermedio de Aguilera, cuñado y encargado de la comprobada campaña de posicionamiento de la imágen de Urribarri a nivel nacional; contando con la imprescindible colaboración de Corina Cargnel – contadora de las empresas TEP S.R.L. y Next S.R.L., quien gestionaba la confección de facturas de las empresas y los retornos de dinero con la firma El Juego en que andamos S.R.L.».
Cabe señalar que en este expediente fue absuelto el exministro de Turismo, Hugo Marsó, ya que, para el Tribunal, no se demostró y no hay prueba que así lo indique, que haya estado enterado de la real motivación del parador.
A la instancia el megajuicio se llegó luego de la decisión adoptada por la Justicia el 13 de agosto de 2020 cuando decidió agrupar las tres grandes causas contra Urribarri en un solo expediente y así dar lugar al megajuicio: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; la “causa de la vaca” o “de las imprentas”, que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Agueilra, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
De las 14 personas que se sentaron en el banquillo, 5 fueron absueltas (una falleció en octubre de 2021).
Por unanimidad, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná -conformado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- declaró a Urribarri «autor material y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal en la modalidad de delito continuado», en la primera de las causas que se ventilaron en el megajuicio, “la causa de la vaca” o de “las imprentas”, en la que se le reprochó que durante su gobierno se direccionaron las pautas de publicidad del Estado en vía pública en beneficio de las empresas de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, Tep SRL y Next SRL, que a pesar de la discusión, el tribunal confirmó que le pertenecen y que quienes dijeron ser sus dueños son en realidad testaferros.
También se lo condenó por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en la causa en la que estuvo implicado el empresario todo terreno Germán Buffa, que consiguió del Estado una publicidad en tiempo tan veloz que la orden se firmó mucho antes de que su empresa, Global Means SRL, tuviera existencia real: no había sido inscripta todavía en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). El tribunal probó también acá el direccionamiento por cuanto Buffa tenía negocios con el exministro de Cultura y Comunicación de Urribarri, Pedro Báez, y su esposa, Sofía Riquelme.
La Justicia halló al exgobernador también autor del delito de peculado en la causa que investigó la publicación de una solicitada en diarios nacionales contra los fondos buitre, que le costó al Estado entrerriano la suma de $4 millones y que en realidad fue parte de la instalación nacional del «Sueño Entrerriano», su pretendida precandidatura a presidente de la Nación; le cargaron sobre sus espaldas también los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio del a función pública y peculado en concurso ideal en la investigación por el pago de una pauta publicitaria por $28 millones a la empresa Nelly Entertainment SA, del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, para difundir tres spots publicitarios en canales nacionales para, en teoría, promocionar la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en 2014 en Paraná, pero cuyo fin último fue instalar la figura de Urribarri a nivel nacional en su ansiado proyecto del “Sueño Entrerriano”: la posibilidad, frustrada al fin, de ser candidato a presidente de la Nación.
Además, en la quinta causa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal en la causa del parador de Mar del Plata que se instaló en el verano de 2015 y que le costó al Estado entrerriano $14 millones. Oficialmente, fue presentado como una estrategia de difusión turística de la Provincia, pero para la Justicia cumplió la función de instalación de la figura de Urribarri como futuro candidato a presidente.
Así, sumados las causas “de la vaca”, la publicidad amañada direccionado hacia alguien del entorno del Gobierno y el costo del “Sueño Entrerriano” derivó en la aplicación de la condena de 8 años de cárcel de cumplimiento efectivo para el extitular del Poder Ejecutivo entrerriano, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua y una multa por $180 mil.
El resto de las condenas
A Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue de 6 años y 6 meses de prisión, más la inhabilitación absoluta perpetua y multa por $90 mil.
A Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenado a 6 años y 6 meses de cárcel. Además, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y multa por $180 mil.
A Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8 años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal consideró excesiva la pena pedida por Fiscalía y le aplicó 3 años de prisión condicional -no va a la cárcel- e inhabilitación absoluta perpetua. Además, deberá pagar una multa de $90 mil.
A Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Le aplicaron 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua, más pago de multa de $90 mil.
A Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada de ser “testaferro”, le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La pena aplicada 2 años y 6 meses de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90 mil.
A Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser “testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La pena aplicada por el tribunal es de 2 años y 6 meses de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90 mil.
A Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal le aplicó la pena de 1 año y 2 meses de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputó como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y pidió la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua. El tribunal le aplicó la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa de $90 mil.
Además, el tribunal fijó como regla de conducta para Cargnel, Tamay, Luciana Almada, Giacopuzzi, Buffa y Caruso, por el término de dos años, la fijación de domicilio, que no podrán variar sin autorización judicial, con la obligación de compararecer ante la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial «con la frecuencia que este organismo aconseje», y la realización de tareas no remuneradas, a razón de 8 horas mensuales, que serán fijadas desde Tribunales. La OMA quedará a cargo del «control del efectivo cumplimiento de dichas reglas, que deberá elevar la propuesta a este tribunal, y receptado dicho informe, deberá labrarse por OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) acta compromisoria».
Absueltos
A Maximiliano Romeo Sena, otro “prestanombre”, según Fiscalía, fue acusado por Fiscalía como partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo absolvió y declaró «que el proceso no afecta su buen nombre y honor».
A Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía le achacó ser partícipe secundario en el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pidió la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal decidió absolverlo. Almada actualmente es funcionario de la Cámara de Diputados. Fue absuelto de culpa y cargo, y declaró que «el proceso no afecta su buen nombre y honor».
Hugo Félix Céspedes, que falleció a comienzos de octubre, a menos de un mes de iniciado el megajuicio, también fue absuelto. Fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, que funcionó en 2014, cuando sesionó en Paraná la Cumbre de Presidentes del Mercador Común del Sur (Mercosur). Murió el sábado 9 de octubre. El exfuncionario estaba imputado y tenía un pedido de condena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua en la denominada causa del Sueño Entrerriano por la contratación de la difusión de spots en medios nacionales con la productora Nelly EntertainmentSA, de Jorge «Corcho» Rodríguez. Durante la audiencia del martes 5 de octubre, cuando fue identificado por el tribunal, contó que se había jubilado, que tenía 63 años y que estaba en tratamiento oncológico. «Si bien se ha extinguido la acción penal por el fallecimiento de Céspedes -explicó el tribunal- creemos necesario, siguiendo el ordenamiento que fija el Código no se ha probado la materialidad de la autoría. Cremos que esto es un hecho de justicia, no solamente por haberse extinguido la acción penal»
A Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial, como partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, la Fiscalía solicitó la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal entendió que no tuvo participación en los delitos reprochados, y lo absolvió. El tribunal declaró que «el proceso no afecta su buen nombre y honor».
Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue absuelto de culpa y cargo y se declaró que «el proceso no afecta su buen nombre y honor».
La Justicia secuestró de una propiedad vinculada al senador destituido material para investigar; es en el marco de la causa por lavado de dinero que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado
n departamento alquilado en el barrio de Recoleta por el senador Edgardo Kueider fue allanado hoy por orden judicial y las autoridades secuestraron pendrives, teléfonos celulares y discos rígidos extraíbles para sumar como evidencia a la investigación que tienen entre manos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, dijeron fuentes judiciales.
El procedimiento realizado en la calle Azcuénaga al 1570 fue ordenado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que lleva adelante la investigación con el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez. Ayer se allanó otro inmueble en Rodriguez Peña al 1900 donde vivía la secretaria de Kueider, Iara Guinsel Costa, presa con él, en un departamento de Asunción,
Este allanamiento en la propiedad de Kueider fue posible porque el Senado lo expulsó del cuerpo con lo que perdió sus fueros que le daban inmunidad para allanar sus propiedades y su despacho, que de hecho, sigue franjado, para resguardar los elementos que hay en su interior a la espera de que sea revisado.
Ayer, en paralelo a la destitución del senador, las fuerzas federales allanaron 13 propiedades vinculadas a Kueider y a su secretaria Iara Guinsel Costa, que se encuentra junto con él detenidos en Asunción, Paraguay, después de haber intentado cruzar la frontera con más de US$ 200.000 sin poder justificar. De las 14 propiedades allanadas entre ayer y hoy, ocho son en la ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia de Buenos Aires (en Morón y Berazategui) y cuatro en Entre Ríos.
En los procedimientos se encontró posible evidencia, “documentación digital”, computadoras, teléfonos celulares, dispositivos electrónicos.
En el departamento de Iara Guinsel Costa, vivía la mujer con sus hijos. Era un departamento grande, alquilado por unos 5000 dólares al mes, lo que no se condice con sus ingresos como secretaria en el Senado, con un sueldo de 2 millones de pesos, dijeron fuentes judiciales. De allí la Gendarmería se llevó un televisor de unas 100 pulgadas, con intención de averiguar si había información de interés en su memoria.
También se allanaron domicilios de Rodolfo Daniel González, socio de Kueider y también empleado de la Biblioteca del Congreso que trabajaba en comisión en el despacho del Senador.
En los inmuebles apareció documentación societaria que corrobora que González y Kueider eran socios en la empresa Betail, que es dueña de tres departamentos en una torre de lujo en Paraná y de dos cocheras, que están ligadas a los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, procesados bajo la sospecha de que pagaron sobornos al senador para mantener los contratos de su empresa de su seguridad.
En Concordia, se allanó una escribanía y la casa de la madre de Guinsel Costa, Érica Celina Costa, nombrada en el despacho de Kuider en el Senado, tras la baja de su hija en agosto.
Extradición
En tanto, la jueza federal Sandra Arroto Salgado ya tiene listos para enviar los oficios pidiendo la extradición de Kueider y de su secretaria Iara Guinsel Costa a Paraguay. Sin fueros que lo protejan, ahora la justicia paraguaya deberá decidir si tramita el pedio de extradición, o si directamente entrega al senador a las y a su secretaria autoridades locales. Los imputados pueden intentar resistir que sean extraditados.
Los procedimientos se dan en el marco de la causa doméstica en la cual se investiga al flamante exsenador por el delito de enriquecimiento ilícito. El expediente tramita en la Justicia de San Isidro y está en manos de la jueza Arroyo Salgado. La sospecha allí es que el senador estuvo involucrado en el pago de coimas que supuestmente realizaron los Tortul, responsables de la filial local de Paraná de la empresa de seguridad Securitas a Enersa, la firma estatal de Energía de la provincia de Entre Ríos, de la cual Kueider fue director durante dos años.
En Paraguay, en tanto, Kueider y su secretaria están siendo investigados por tentativa de contrabando, aunque no se descarta añadirle el posible lavado de dinero.
En paralelo a este procedimiento, Kueider presentó hoy un amparo en la Justicia en el que cuestiona la legalidad de la sesión de la Cámara alta que este jueves lo removió del cargo.
Así lo informó el abogado Maximiliano Ruiz en una nota dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Notifico a usted de forma fehaciente que en el día de la fecha se ha dado inicio a una acción judicial por medio de la cual se controvierte la constitucionalidad y validez de la sesión extraordinaria del 12 de diciembre (…) por medio de la cual se dispuso la remoción del cargo de Senador Nacional a mi asistido”.
Además de solicitar la nulidad de lo resuelto ayer por la Cámara, Kueider le pidió a la Vicepresidenta que se tomen “las medidas de resguardo propias de la función, de las oficinas y del personal afectado”. Ayer también se allanaron las oficinas de sus asesores en el Senado. Kueider contaba con 17 personas contratadas a sueldo.
