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El éxtasis es una de las drogas más consumida en el ambiente nocturno. Se reveló la identidad de un presunto proveedor.

En los últimos días de noviembre, la policía desarticuló y desbarató una organización narco criminal integrada por ciudadanos colombianos que operaban en la ciudad bajo la fachada de “venta de muebles”, pero que en realidad se dedicarían a otorgar microcréditos  con elevadas tasas de interés en sectores vulnerables de la población, y ejerciendo amenazas y violencia hacia quienes no pagaban.

Además, los colombianos  tenían una fuerte vinculación con  narcotraficantes de Concordia, es decir, muchos de esos préstamos que les otorgarían son utilizados por los narcos para la compra de estupefacientes.

Pero eso no fue todo. En el operativo que estuvo diagramado por la División Criminalística bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie, se logró el secuestro de pastillas de éxtasis con la figura de Tutankamón en color verde. Se trata de un hallazgo muy importante, teniendo en cuenta que nunca se había podido encontrar una droga de ese estilo en Concordia.

Las pastillas de éxtasis estaban en la vivienda de calle San Juan y Rocamora del ciudadano colombiano, identificado como Kevin Martínez Ordoñez. Se trata de un muchacho de 23 años que en el último tiempo tuvo un crecimiento económico  muy importante, que sería a base de que otorgaría muebles a créditos. Pero lo llamativo del operativo es que su vivienda no se encontraron ni muebles ni elementos vinculados a que allí podría funcionar una empresa que se dedique al armado de mobiliarios.

Entre sus registros, Martínez Ordoñez posee una condena condicional de dos años por el delito de abuso de armas. El hecho por el que fue condenado ocurrió en marzo de este año, cuando baleó a un ciudadano de su misma nacionalidad a raíz de un conflicto por vinculado a las drogas.

Las pastillas de éxtasis que Ordoñez tenía en su poder le habrían quedado de una fiesta electrónica a la que habría concurrido en la madrugada del domingo 24 noviembre y que se realizó a las afueras de Concordia. Los investigadores presumen que las habría vendido en ese lugar, teniendo en cuenta que es muy habitual el consumo de drogas de diseño en ese tipo de eventos. Además, no descartan que sea un habitué de ese tipo de fiestas y que sea uno de los principales proveedores, publicó el medio Concordia Policiales.

QUÉ ES EL ÉXTASIS

El éxtasis, también conocido por sus siglas MDMA (3, 4-metilendioxi-N-metanfetamina), es un compuesto de síntesis tradicional en el mercado ilegal de estupefacientes, siendo una de las drogas que más se venden en la calle. Los investigadores presumen que su valor rondaría los 30.000 pesos.

Es una droga sintética (fabricada por el hombre), muy poderosa que tiene propiedades estimulantes y en ocasiones también de tipo alucinógenas en función de la dosis que se ingiere.

El éxtasis puede producir, de forma inmediata, numerosos efectos adversos para la salud, desde náuseas, escalofríos, sudoración, visión borrosa o contractura involuntaria de los músculos de la mandíbula, hasta la muerte ocasionada por sobredosis.

El caso del Dr. Pedro Silvio de la Madrid sigue sumando capítulos judiciales. En la audiencia celebrada el pasado viernes 20 de diciembre, en el marco del legajo 14602/24, el juez Ives Bastian resolvió imponerle prisión preventiva por 40 días. La fiscal Daniela Montangie argumentó la gravedad de los hechos y el riesgo procesal, logrando que se dispusiera un plazo de 30 días de reclusión en la Alcaidía Local y 10 días en la Unidad Penal de Concordia. La medida fue solicitada tras confirmarse que De la Madrid, pese a contar con una condena previa que lo inhabilitaba, continuaba ejerciendo ilegalmente como abogado.

EL INCIDENTE QUE DESENCADENÓ LA MEDIDA
Hace aproximadamente unos 10 días, varios clientes del estudio jurídico de De la Madrid lo confrontaron por el retraso en una causa que manejaba. Durante el intercambio, los clientes presentaron documentación comprometedora contra el abogado. Según consta en una grabación de video que luego fue presentada ante la justicia, De la Madrid reaccionó violentamente, abalanzándose sobre uno de los reclamantes y tomándolo del cuello para intentar arrebatarle las pruebas incriminatorias. Este episodio generó denuncias cruzadas, pero el video resultó clave para exponer lo que era un secreto a voces: De la Madrid continuaba ejerciendo la abogacía a pesar de su inhabilitación penal.

La situación de De la Madrid se complicó aún más con las denuncias presentadas por la Municipalidad de Estancia Grande, relacionadas con el hurto agravado de documentación pública (legajo nº 10819/24, fiscal Julia Rivoira). Tras realizarse varios allanamientos en sus domicilios, se encontraron numerosos documentos oficiales del municipio.

Según la investigación, tanto Pedro de la Madrid como su esposa, Analía Romero, y su hermana, Daiana Alfonsina de la Madrid, habrían utilizado estos documentos, recortando firmas originales, para crear instrumentos falsos que acreditaban su supuesta condición de empleados permanentes del municipio.

Pruebas periciales en una causa previa (legajo 7382/23, fiscal Dr. Núñez) ya habían revelado que la documentación presentada para sustentar la condición laboral de Analía Romero y Daiana de la Madrid era apócrifa, utilizando hojas recortadas con firmas originales.

El próximo 30 de diciembre, se realizará una nueva audiencia penal en la que la fiscal Daniela Montangie solicitará que la condena previa de dos años de prisión e inhabilitación que pesa sobre De la Madrid pase de ser de cumplimiento condicional a efectivo. El pedido se sustenta en el quebrantamiento de la pena, ya que De la Madrid continuó ejerciendo la profesión y, además, está implicado en nuevos delitos.

EL “CLAN DE PEDRITO” EN LA MIRA
La situación no solo afecta al abogado, sino que pone en jaque la libertad de los demás integrantes del denominado “clan de Pedrito”. Las pruebas recopiladas hasta ahora refuerzan la hipótesis de un esquema organizado que involucraría a Analía Romero y Daiana de la Madrid en actos de falsificación y fraude documental.

Con múltiples causas abiertas, entre ellas la que investiga el mencionado hurto de documentación pública y la falsificación de instrumentos, las posibilidades de que nuevas medidas judiciales alcancen al resto de los involucrados son altas.

La suerte del recurso de impugnación extraordinaria contra el encarcelamiento que presentó el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, seguirá el mismo camino que la petición formulada por el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera: seguirá los tiempos normales en Tribunales, y no se descarta que recién encuentre respuesta luego de la feria judicial de enero.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia ha rechazado la posibilidad de habilitar días y horarios y les ha recordado que los planteos hechos podría generar «un privilegio indebido» por cuanto hay otras personas encarceladas que esperan resolución de sus casos, y ninguno de ellos se ha salteado los tiempos corrientes en Tribunales. De ese modo, en ambos planteos -primero el de Urribarri y Báez, y luego en el de Báez- la respuesta fue la misma: no habrá plazos extraordinarios.

El rechazo fue explicado así por la Sala Penal:  «En relación a la solicitud de habilitación de días y horas inhábiles, en sintonía con lo resuelto en providencia de fecha 4 de diciembre de 2024 ante idéntica petición -en el planteo de Urribarri y Baéz, NdelR- el mismo resulta totalmente improcedente de acuerdo al trámite y plazos que deben necesariamente observarse en esta vía recursiva extraordinaria, teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en el art. 141 sig. y conc. del Cod. Proc. Penal, correspondiendo en consecuencia rechazar en todos sus términos lo interesado al respecto».

La definición del recurso de impugnación extraordinaria del exgobernador Urribarri contra la decisión de la Cámara de Casación Penal, que el 19 de noviembre dictó su encarcelamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal en el marco de la condena a 8 años del megajuicio, será en los plazos habituales, sin adelantamiento. Esto es: luego de que el Ministerio Público Fiscal presente sus argumentos, plazo que tiene hasta las primeras horas de este jueves, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) entrará a deliberar y para adoptar una decisión tendrá un período de veinte días hábiles.

El miércoles 4, y ante un planteo de las defensas del exgobenador Urribarri, que integran Fernando Burlando, Javier Baños y Lepoldo Cappa, al que adhirieron los representantes del cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, también con prisión preventiva, Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende, el presidente de la Sala Penal, Miguel Giorgio, dispuso: «En relación a la solicitud de habilitación de días y horas inhábiles, más allá que el pedido se ha formulado en día hábil, el mismo resulta totalmente improcedente de acuerdo al trámite y plazos que deben necesariamente observarse en esta vía recursiva extraordinaria, teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en el art. 141 sig. y conc. del Cod. Proc. Penal, correspondiendo en consecuencia rechazar en todos sus términos lo interesado al respecto».

En un duro fallo que desarmó el dictamen del Tribunal de Juicios y Apelaciones, que en mayoría con los votos de los jueces María Carolina Castagno y Julián Carlos Vergara, había rechazado el pedido fiscal de aplicar prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná al exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado en 2022 en el marco del megajuicio a 8 años de cárcel, y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, con una pena de 6 años y medio, la Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó este martes la inmediata detención de ambos.

El Tribunal de Casación –integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo-, entendió que había “riesgos” procesales luego de la durísima condena aplicada a Urribarri y a Aguilera. “De allí que, encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”, dice el voto de la jueza Davite, al que adhirieron Badano y Bruzzo.

Davite dijo compartir “con los vocales del Tribunal de Juicio en que nuestro régimen procesal fue pensado y diseñado con la idea de la prisión preventiva como última ratio para casos graves como los que aquí se han investigado, juzgado y sancionado; y con las ideas, en tensión, de la necesidad de la averiguación de la verdad y el aseguramiento de los fines del proceso, para lo cual le da pautas al juez para que ante la sospecha de frustración de tales fines, dicte la medida en consecuencia”.

Una serie de mensajes de Whatsapp entre los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, responsables de la filial local de Securitas y procesados en la Justicia Federal por el pago de coimas a funcionarios de la distribuidora eléctrica Energía Entre Ríos SA (Enersa), revelan que el exsenador Edgardo Kueider habría estado al tanto y/o participado de la ampliación del contrato de seguridad entre esa empresa pública y la firma de seguridad privada. Esa prórroga por dos años fue firmada en marzo de 2019, y según una autodenuncia de la propia Securitas, se logró mediante pagos ilegales.

El intercambio fue descubierto del análisis de los celulares de los hermanos Tórtul secuestrados en una serie de allanamientos dispuestos por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en abril pasado, en sus domicilios en Paraná, en el marco de la causa Securitas. Este expediente se inició en 2020 tras una investigación interna de la filial argentina de la empresa de seguridad privada, en la cual se detectaron indicios de supuestos pagos de coimas a funcionarios entre fines de 2016 y principios de 2019, para lograr y mantener contratos con distintos organismos y empresas estatales, entre ellas Enersa.

Por el volumen del material secuestrado, el resultado del peritaje de los dispositivos electrónicos fue incorporándose a la causa a lo largo de estos últimos meses y vino siendo analizado por la Fiscalía federal a cargo de Fernando Domínguez y el Juzgado de San Isidro. Los mensajes en los que se menciona a Kueider aparecieron con posterioridad al procesamiento dispuesto por la magistrada el 3 de mayo de este año que, si bien alcanzó a los Tórtul, no incluyó a Kueider en esa instancia.

A continuación, Infobae reproduce textual – con los errores de ortografía y tipeo originales – los mensajes que le envió Claudio Tortul el 7 de junio de 2017 a su hermano Marcelo:

“Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (no se como se escribe) va a estar a cargo de eso” (sic), escribió Claudio en referencia al pliego de la licitación por parte de ENERSA del contrato de seguridad. El apellido Kueider aparece mal escrito. En ese momento, el hoy ex senador era jefe de Gabinete del entonces gobernador peronista Gustavo Bordet. ”Sabe porque estaba en concordia”, continuó Claudio Tórtul, sobre la ciudad de la que son oriundos Kueider y Bordet.

”Pliego y que vaya por unidad”, puede leerse en otro mensaje a continuación. “Y alternativas de servicios”, señala en referencia a las que serían las características del pliego licitatorio. “Van a amoliar (sic) a ENERSA”, continuó Claudio Tórtul, en un texto en el que que habría querido poner “ampliar” la contratación a la empresa energética provincial. “En esto pingamosle (sic) celeridad”, continúa, y concluye: “Q lo sacamos”.

“Si bien sigue siendo materia de investigación la intervención que podría haber tenido el imputado Kueider en el denominado caso ENERSA, surgiría de aquel diálogo una posible relación con un pliego de dicha empresa estatal (”van a amoliar a enersa me dijo” SIC) en el que se encontraba interesado uno de los hermanos Tortul”, determinaron los investigadores. Así quedó plasmado en el exhorto internacional de extradición contra Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, dictado por Arroyo Salgado el martes pasado y enviado a la Cancillería argentina.

La magistrada federal busca que ambos sean enviados de regreso al país para indagarlos en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado, entre otros delitos, abierta en julio pasado, y cuya conexidad con la causa Securitas dispuso en octubre. Kueider y su acompañante cumplen prisión domiciliaria en Paraguay en un departamento de lujo, por el intento de contrabando de USD 211.000, que les fueron incautados sin haberlos declarado cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil. En el Juzgado de Arroyo Sagado y la Fiscalía de Domínguez temen que puedan ser liberados en cualquier momento ya que se trata de un delito relativamente menor, que en el país vecino implica una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión, al ser en grado de tentativa. Por eso, la jueza le envió a Interpol un pedido de captura nacional o internacional contra ambos.

Infobae consultó al nuevo abogado defensor de Kueider y de Guinsel Costa en Argentina, Juan Martín Cerolini, pero declinó hacer comentarios sobre los mensajes porque no pudo acceder todavía al expediente que está bajo secreto de sumario.

Vecinos

Los teléfonos de los Tórtul fueron secuestrados en los allanamientos dispuestos por Arroyo Salgado a sus domicilios, junto a pendrives y discos externos que aún están bajo análisis. Los operativos incluyeron al edificio Live que construyó su desarrolladora en Paraná, en el que Claudio y Marcelo Tórtul poseen tres departamentos y tres cocheras, y son vecinos del propio Kueider.

El ex senador compró en ese coqueto edificio de Santiago del Estero 511, en 2021, tres departamentos con dos cocheras a través de la empresa Betail SA. Kueider y los Tórtul son los dueños de los semipisos del 13 A y 13 B, respectivamente, unidades de tres dormitorios con un valor de mercado que superan los USD 350.000 cada una.

La propiedad de los departamentos y las cocheras fue revelada por la revista Análisis el 6 de junio pasado, y unos días después por el sitio El Disenso. Como titular de las expensas, figuraba hasta mayo Betail SA, la empresa a la que Kueider había entrado como accionista y director en diciembre de 2019. Constituida como una agropecuaria, no registra ningún tipo de actividad comercial en sus balances presentados ante la IGJ, como reveló Infobae.

Llamativamente, en junio las unidades aparecieron a nombre de Guinsel Costa, con quien el exlegislador mantendría una relación afectiva. Kueider solía vivir en el departamento más grande del piso 13 cuando estaba en Paraná. Guinsel Costa estuvo nombrada este año en el despacho del entonces senador, con la categoría más alta y un sueldo de $1,9 millones, pese a que fuentes del Senado le dijeron a Infobae que no se la veía por la Cámara alta.

Ni Betail SA ni Guinsel Costa registran inmuebles a su nombre, según la respuesta del Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos a un oficio enviado por el fiscal de Concordia, José Arias, que también investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales, se debe a que aún no fueron escriturados por algún tipo de “faltante” en la documentación del Fideicomiso Santiago Tejeiro, a través del cual Betail SA compró los inmuebles. Sin embargo, el fiscal Arias corroboró que la firma era la dueña por los boletos de compra-venta que secuestró en un operativo en la sede de la constructora en la calle Córdoba al 500, en Paraná.

A su vez, a partir de un informe enviado el día 10 de diciembre último por el administrador del edificio, Alfonso Galiussi, a la jueza Arroyo Salgado, los investigadores dieron por acreditado que Kueider está vinculado a esos tres departamentos (el 6B, el 6D y el 13 A) y dos cocheras a través de Betail SA. El administrador del edificio también informó que los pagos de expensas de las unidades de Betail SA los realizaba Guinsel Costa, con quien mantuvo conversaciones por WhatsApp para enviarle la liquidación de expensas de las cinco unidades. En el requerimiento de Domínguez de octubre pasado, en la causa por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal, el fiscal evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.

El otro socio de Betail SA es Rodolfo Daniel González, un amigo de Kueider y puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. González le transfirió luego sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. Rubel es el que firma los boletos de compra de los departamentos.

Para el fiscal Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador y que Guinsel Costa sería testaferro de Kueider.

Otro hecho habría llamado la atención de los investigadores: cuando la Justicia Federal fue a allanar los departamento de los Tórtul en abril pasado (en ese momento Kueider tenía fueros y no ingresaron a sus departamentos), el ex legislador entrerriano se había hecho presente y, molesto, habría mostrado interés en el procedimiento.

A su vez, a partir de un informe enviado el día 10 de diciembre último por el administrador del edificio, Alfonso Galiussi, a la jueza Arroyo Salgado, los investigadores dieron por acreditado que Kueider está vinculado a esos tres departamentos (el 6B, el 6D y el 13 A) y dos cocheras a través de Betail SA. El administrador del edificio también informó que los pagos de expensas de las unidades de Betail SA los realizaba Guinsel Costa, con quien mantuvo conversaciones por WhatsApp para enviarle la liquidación de expensas de las cinco unidades. En el requerimiento de Domínguez de octubre pasado, en la causa por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal, el fiscal evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.

El otro socio de Betail SA es Rodolfo Daniel González, un amigo de Kueider y puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. González le transfirió luego sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. Rubel es el que firma los boletos de compra de los departamentos.

Para el fiscal Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador y que Guinsel Costa sería testaferro de Kueider.

Otro hecho habría llamado la atención de los investigadores: cuando la Justicia Federal fue a allanar los departamento de los Tórtul en abril pasado (en ese momento Kueider tenía fueros y no ingresaron a sus departamentos), el ex legislador entrerriano se había hecho presente y, molesto, habría mostrado interés en el procedimiento.

Conexión con la causa Securitas

Ahora, los investigadores quieren desentrañar si el dinero para la compra de los departamentos en el edificio de los Tórtul podría estar vinculado al pago de coimas por parte de la Regional Litoral de Securitas, a cargo de esos dos hermanos, a la empresa provincial Enersa. Este es el punto en el que se conectan la causa Securitas – iniciada en 2020 – y la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider y presunto lavado de dinero, que comenzó en la Justicia federal a principios de julio, en paralelo a la causa abierta en Concordia por el mismo delito.

La lupa hoy está puesta sobre el crecimiento patrimonial de Kueider, quien entró a la política y la función pública en 1999, cuando ingresó como concejal de Concordia. Luego desarrolló su carrera en el gabinete de ese Municipio y saltó a la provincia, cuando asumió como secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, entre 2015 y 2019, durante el mandato de Bordet. Kueider fue su jefe de campaña y persona de su confianza, hasta el distanciamiento político por la ruptura del exsenador, en 2022, con el bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta.

De acuerdo a la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados del material incautado en distintos allanamientos en la causa Securitas, los hermanos Tórtul habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de Enersa, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio.

En la causa madre de Securitas, los dos hermanos tienen un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de San Martín el 4 de diciembre pasado. Están acusados de asociación ilícita -en carácter de organizadores- en concurso real con cohecho activo -coautores-, y negociaciones incompatibles con la función pública -en carácter de partícipes necesarios.

Para la Justicia Federal, “se encuentra acreditado que Edgardo Kuedier, a la época de los hechos investigados en el marco de la causa FSM 3084/2020 (causa Securitas), según acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de Enersa de fecha 29/04/2019, remitida por el mentado organismo en el marco de la causa referida, era el representante de las acciones pertenecientes a la Provincia de Entre Ríos en Enersa, encontrándose “debidamente legitimado para asistir y votar […] por mandato otorgado por el Excmo. Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Don Gustavo Bordet”.

Ante la consulta de este medio, el exgobernador entrerriano entre 2015 y 2019 negó que el Poder Ejecutivo provincial formara parte de la administración de la empresa, o que participara de sus decisiones de contratación, que recaían en su presidente y el directorio. Bordet aseguró que “Kueider no formaba parte del directorio ni era síndico de Enersa”, y que su participación se limitó a “firmar las actas de la asamblea anual de la empresa, en representación del estado provincial”.

Como reveló Infobae hace una semana, en el expediente en la causa Securitas, hay un mensaje que intercambiaron Claudio Tortul, su hijo Ramiro y su hermano Marcelo el 28 de enero de 2019 en el que se habla de “pagar la parte de bordet” (sic), en una conversación en la que hablan de “ir a casa de gobierno para cerrar el negocio” con Enersa. Identificados como “CT”, “RT” y “MT”, mencionaban el precio acordado por el servicio de seguridad entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Ese mes, el contrato de Securitas con Enersa se renovó por dos años, con una actualización del monto.

También hacían referencia al “negro”, quien sería José Gervasio Laporte, secretario Legal de Técnico de la Provincia de Entre Ríos hasta su fallecimiento en julio de 2020, a quien le habrían “pagado” una parte con un vehículo Toyota Etios.

El mensaje

El mensaje entre Claudio, Ramiro (su hijo) y Marcelo Tortul en el que se menciona al ex gobernador Bordet, incluido en el procesamiento de Arroyo Salgado

Bordet – actual diputado nacional por Unión por la Patria – desmintió ante Infobae haber cobrado dinero de los Tórtul o Securitas. Respecto de ese mensaje entre los hermanos, señaló: “Puede que se haya invocado mi nombre para obtener algún tipo de beneficio”. Y aseguró: “Solo me reuní con el presidente o algún director de Enersa cuando fui gobernador para fijar cuestiones de política energéticas, de los valores de las tarifas, de obras de infraestructura, pero jamás tuve reuniones referidas a la seguridad. Las contrataciones en materia de seguridad son, si se quiere, un tema menor. Se realizaban dentro de la empresa, las decidía el directorio, integrado por cinco miembros y un presidente, y eran revisadas por los cinco síndicos. La empresa Securitas ya venía prestando el servicio cuando llegué a la gobernación. Nunca nadie me consultó sobre el contrato de seguridad, no tuve ninguna participación en esa decisión, ni en la renovación en 2019″.

También negó cualquier vinculación con los Tortul: “Nunca tuve trato, ni crucé mensajes de Whatsapp, ni email, ni me reuní con ellos. Y no quise tenerlo nunca. Era habitual que ellos buscarán tener acceso al círculo de poder. Siempre mantuve distancia. En una provincia todos nos conocemos. Solo pude haber coincidido en algún evento social”.

La Cámara Federal de San Martín – integrada por Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández – confirmó a principios de este mes el procesamiento del ex gerente de Enersa Alejandro Cis, pero le dictó la falta de mérito a Héctor Daniel Morales, ex gerente legal de la empresa de energía e hijo del ex procurador general de Entre Ríos Héctor Morales; y al ex gerente general Juan Carlos Pimentel, hermano de uno de los integrantes de la Cámara de Casación Penal de Paraná Gustavo Pimentel.

Hoy, el país tiene como uno de los temas principales el escandaloso caso del senador nacional entrerriano Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 200 mil dólares de dudosa procedencia, presuntamente obtenidos a cambio de favores políticos. Este medio lleva años denunciando las irregularidades de Kueider, a pesar de enfrentar embates judiciales para acallarnos. La complicidad de la Justicia y el poder político entrerriano permitió que Kueider siguiera operando hasta convertirse en lo que hoy es: una figura emblemática de la corrupción.

Durante años, Kueider se movió en las sombras, esquivando la exposición pública que su cargo requería. Fue apodado “el monje negro”, y su pasado político sigue siendo un misterio para muchos. Es difícil explicar cómo alguien con una modesta experiencia como concejal y años de actividad como operador político en el anonimato terminó ocupando una banca en el Senado. Su ascenso comenzó bajo el ala de Gustavo Bordet que posibilitó su encumbramiento, con quien se alineó en Entre Ríos, y luego consolidó su posición aliándose con el sector de Milei, convirtiéndose en un voto clave para la aprobación de leyes. Quienes lo conocen destacan su falta de escrúpulos y su afán por convertir todo en un negocio personal, acumulando propiedades, empresas y, recientemente, 500 mil dólares en Paraguay que no puede justificar.

Este medio documentó desde hace años los pasos en falso de Kueider, quien era la columna vertebral del gobierno provincial. Manejó las campañas políticas del PJ y controló el acceso a Bordet, convirtiéndose en un filtro obligatorio para cualquier político o empresario que quisiera entrevistarse con el entonces gobernador.

En su rol como secretario de la Gobernación, Kueider extendió su influencia a todos los ámbitos del Poder Ejecutivo. Luego junto a Laura Stratta, manejaron discrecionalmente los contratos del Senado ya que sin su firma no salía nada. Aunque el cuerpo cuenta con 226 agentes en planta permanente y 19 contratados de servicio, en 2023 se descubrieron 1,306 contratos adicionales de obra, que eran imposibles de rastrear al no realizar aportes previsionales ni sociales. Estos contratos, algunos de hasta dos millones de pesos, incluían nombres de allegados a Kueider, como su hijo Facundo y su primo Ernesto Rubel, socio en la empresa Betail S.A. Rubel, imputado y procesado, nunca habría puesto un pie en el Senado. Hoy Laura Stratta denunciada penalmente por esto y otros hechos en su paso como Ministra de Desarrollo Social, está siendo investigada por el fiscal Gonzalo Badano.

Entre sus «obras maestras» destaca la revista Semanario ABZ, publicada por la empresa Multimedios Regional SRL, asociada a Kueider y vinculada a financieras disfrazadas de mutuales que explotaban a empleados públicos. Esta revista, que recibía exorbitantes sumas en pauta oficial, se convirtió en una de las publicaciones más caras del mundo, hasta que las denuncias de este medio lograron que un fiscal Francisco Ramirez Montrul identificara el desvío de fondos como un delito.

Lejos de ser procesado por Ramirez Montrull, Kueider usó su poder para encabezar la lista de senadores en 2019, asegurándose los fueros parlamentarios y paralizando las investigaciones en su contra en Entre Ríos. Desde su banca en el Senado nacional, no solo continuó sus maniobras, sino que amplió sus horizontes de negocios, aprovechando las necesidades del gobierno de Milei, que carece de representación en la Cámara Alta.

El reciente arresto de Kueider en Paraguay marcó un giro en la historia. Fue detenido con 200 mil dólares en efectivo, pero no por la Justicia entrerriana, que apenas había comenzado a indagarlo, ni por la Justicia argentina, que ya lo investigaba por sus vínculos con ENERSA y el pago de sobornos por parte de los Tórtul. Fue la Justicia paraguaya la que actuó, invalidando sus fueros y procesándolo por flagrante delito.

Sin embargo, el proceso sigue lleno de interrogantes. ¿Por qué fue requisado tras cruzar la frontera 166 veces en la última década? ¿Cómo logró el arresto domiciliario en tiempo récord? ¿De dónde salió la cuantiosa suma para pagar su fianza y la de su secretaria, Iara Guinsel Costa?

En los últimos días, salieron a la luz audios comprometedores entre Kueider y una tal Karina, en los que se evidencia que, durante la campaña de 2023, ya negociaba acuerdos con los libertarios. Esto refuerza la percepción de que su banca, obtenida con votos peronistas, fue puesta al servicio de Milei, no por convicción política, sino por conveniencia económica.

Cuando fue detenido, Kueider intentó responsabilizar a su secretaria, afirmando que el dinero incautado pertenecía a una empresa paraguaya de importación de la que ella sería socia. Sin embargo, este argumento parece otro intento desesperado por esquivar su responsabilidad.

No es casualidad que sea la Justicia extranjera la que finalmente le “pusiera el cascabel al gato”. Sin la protección de sus contactos en Entre Ríos, Kueider enfrenta ahora un escenario complejo. Mientras cumple arresto domiciliario, su situación se agrava tras los allanamientos realizados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en propiedades vinculadas a él en Paraná, Concordia y Buenos Aires, que promete mostrar un abanico de involucrados e impensados “cómplices” . La solicitud de detención marca el principio del fin para quien, durante años, se creyó intocable.

Luego del ingreso de funcionarios judiciales con efectivos de Gendarmería Nacional a las oficinas del ex senador nacional, este sábado se ordenaron otros cuatro allanamientos en la capital de citrus.

Uno de los allanamientos volvió a darse en la ex vivienda familiar del hombre detenido en Paraguay, en inmediaciones del hipermercado, más precisamente en la esquina de Entre Ríos y Sauré. En ese lugar se dio una intervención que arrancó en la media mañana del sábado y que se extendió hasta pasado el mediodía. En dicha casa vive la ex esposa de Kueider y es el mismo lugar que ya fue allanado hace aproximadamente una semana.

Por otro lado, se concretaron otros tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad, aunque uno de ellos habría sido desestimado ya que el inmueble ya estaría alquilado a otro emprendimiento que no tendría relación con lo investigado.

Los que si seguirían siendo de interés para la causa se concretaron en un centro de rehabilitación que funciona en calle Güemes, en uno de los laterales del Colegio de los Padres Capuchinos y otro en un domicilio de calle Carriego, en proximidades del Juzgado Federal de Concordia, que tiene sus oficias en la parte posterior del ex Policlínico Ferroviario.