56,2% de pobreza con menos desocupación que el promedio nacional. El podio que nadie quiere y una energía que ilumina al país pero no vuelve a la orilla.
Concordia volvió a ser la ciudad más pobre del país: 56,2%. No le falta trabajo – tiene menos desocupación que el promedio nacional – y tiene enfrente una represa binacional que abastece al sistema eléctrico de todo el país. Lo que le falta es que el trabajo alcance y que la energía que sale de su orilla vuelva como algo más que obra pública. Esta nota intenta explicar por qué ninguna de las dos cosas pasa, y quién decide que no pase.
El INDEC publicó este jueves los datos de pobreza del primer semestre. En todo el país, el 32,3% de las personas vive en hogares cuyo ingreso no alcanza para comprar la canasta básica. En Concordia ese número es 56,2%: más de la mitad de la ciudad, unas 94.000 personas. Es el registro más alto de los 31 aglomerados que mide el INDEC, por segundo semestre consecutivo. En el Gran Paraná, 34,3%.
La explicación de manual sería que falta trabajo. Pero en Concordia la desocupación fue de 6,1% en el segundo trimestre, menos que el 7,9% nacional. Y hay algo más llamativo: entre un año y otro, la proporción de gente con empleo en Concordia subió, y la pobreza también. Hay más gente trabajando y más gente pobre.
La pobreza de Concordia no es falta de trabajo: es trabajo que no alcanza.
El cóctel letal
Y acá hay que decir lo que no se dice en los informes nacionales. Porque esta pobreza no cayó del cielo. Se construyó.
1. Salto Grande, cuarenta años sin derrame. Concordia tiene, por desgracia o por suerte, la represa de Salto Grande en su frente. En todos estos años, la ciudad nunca tuvo un beneficio económico concreto de esa obra monumental. Lo que hubo fueron jugosos sueldos para los funcionarios que pasaron y que trabajan dentro de la represa. Para la ciudad, nada. Solo los excedentes que maneja la CAFESG – la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande – que se distribuyeron en distintos lugares de la provincia.
Con una paradoja que roza lo absurdo: la represa le hace aportes a la provincia de Corrientes por el simple hecho de que el río pasa por esa provincia, le aporta regalías. Y la provincia de Entre Ríos, a través del manejo de Salto Grande, también termina aportándole regalías a Corrientes. No siendo así, y no le hace aportes genuinos a Entre Ríos por el paso de las aguas por su propia costa. Es decir: la energía sale de nuestra orilla y la renta se va para el otro lado.
El precio lo explica todo. Cammesa le paga hoy a Salto Grande unos 3 dólares por megavatio hora, contra los 12 dólares que recibe Yacyretá y los 30 dólares que cobran otras represas. Es como si a dos vacas que dan la misma leche, a una le pagaran el litro y a la otra solo el alimento. La Nación fija un precio que hace que casi no sobre nada.
2. Veinticinco años sin un plan. Los políticos que tuvieron la posibilidad de gestionar los destinos de la provincia durante más de 25 años nunca tuvieron la capacidad – o la voluntad – de establecer u obligar a Concordia a que establezca un plan de desarrollo para evitar justamente lo que hoy sigue padeciendo: la pobreza estructural. Siempre ha sido nuestra preocupación desde Análisis Litoral abordar este tema, a veces no comprendido.
Las gestiones municipales tampoco se preocuparon por resolverlo. Nunca hubo un plan de desarrollo productivo, de empleo formal, de integración urbana. Y hasta ha habido gestiones – peronistas – que trasladaron villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires a un área geográfica de la zona norte de Concordia. Se importó pobreza sin importar desarrollo. Hoy la sociedad los interpela por su falta de critica y de llamarse a silencio ante tanto despropósito y desidia .
3. La migración interna. A eso se sumó el goteo constante, durante los 80, 90 y 2000, de familias de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos hacia Concordia, y también de Corrientes. Familias que llegaban buscando lo que la represa prometía y nunca llegó. Todo esto conformó un cóctel letal y hoy estamos pagando las consecuencias.
El canasto lleno que no llena la mesa
Piense en un verdulero que este año tuvo más fruta que nunca, pero cada kilo lo vende por menos de lo que le costó traerlo. Eso le pasó al citrus, el motor económico del norte entrerriano: la cosecha fue más de un 20% mayor que la anterior, pero con precios muy bajos y costos en alza muchos productores trabajaron a pérdida. Y cuando el que vende pierde, el que cosecha cobra poco.
Hace décadas, el sociólogo francés Robert Castel explicó que en las sociedades modernas el empleo asalariado no era sólo una forma de ganarse la vida. Con el recibo de sueldo venían la obra social, la jubilación, las vacaciones y el aguinaldo, y esa red de protecciones era lo que integraba a una persona a la sociedad. En Concordia, más de la mitad de los trabajadores está fuera de esa red: la estadística provincial registró un 51,4% de informalidad. Trabajan, pero sin recibo.
Un ejemplo concreto. Este lunes 28 abre en Concordia la inscripción al Intercosecha, la ayuda nacional para los trabajadores del citrus y del arándano entre una temporada y otra. Paga $123.000 por mes durante cuatro meses como máximo. Una familia de cuatro personas necesitó $1.531.473 en junio para no ser pobre: la ayuda cubre menos de la décima parte. Y para cobrarla hay que presentar un recibo de sueldo. El cosechero en negro, que es el que más la necesita, queda afuera. La protección no va donde está la necesidad: va donde está el recibo.
Repartir porcentajes de casi nada
Y acá aparece lo que ningún informe nacional menciona. La ciudad más pobre del país tiene enfrente la represa de Salto Grande. La energía que genera entra al sistema eléctrico nacional. La ley dice que lo que sobra después de pagar los costos de la represa (lo que se llama excedente) vuelve a Entre Ríos, Corrientes y Misiones para el desarrollo de la región. Pero el precio de esa energía lo fija la Nación, y lo fija de tal modo que casi no sobra nada.
La provincia reclama ante la Corte Suprema, desde noviembre de 2024, unos 175 millones de dólares por el precio bajo que se pagó desde 2013. Y en agosto de 2025 un decreto provincial fijó que al menos la mitad de lo que reciba la CAFESG vaya a Concordia y Federación. Está bien. Pero el decreto reparte un porcentaje de una suma que depende de la Nación, y en marzo de este año el Concejo Deliberante de Federación todavía no sabía cuánto le correspondía ni para qué obras. El decreto repartió un porcentaje de algo que nadie sabe cuánto es.
Y lo que llega se gasta sobre todo en edificios: escuelas, hospitales, caminos. Son necesarios. Pero la pobreza de Concordia no es de edificios: es de ingresos. Una escuela restaurada no le completa el mes al cosechero que manda a sus hijos a esa escuela.
Castel llamaba desafiliación al momento en que el trabajo ya no protege y tampoco quedan parientes o vecinos que puedan sostener a uno. Concordia está en esa frontera, y la tiene a la vista del paredón de una represa que se construyó hace más de cuarenta años con la promesa del desarrollo regional.
La posición de esta nota es simple. La pobreza de Concordia no se explica por falta de trabajo sino por un trabajo que perdió sus protecciones y por un precio que no le deja casi nada a la región que produce la energía. La Nación fija ese precio de modo que casi no sobre nada; la provincia reparte por decreto un porcentaje de ese casi nada y lo gasta en edificios. Ninguna de las dos toca el ingreso del que trabaja. La energía sale por el cable; la pobreza se queda en la orilla.
Por eso el reclamo no debería ser el paredón sino la fórmula: un precio pactado como el que ya tiene Yacyretá, y una ley provincial que blinde el reparto y lo ate al ingreso de quienes trabajan en la región, no sólo a la obra pública. Hasta que Entre Ríos y Concordia no discutan la fórmula, van a seguir repartiendo porcentajes de casi nada.
Por Alejandro Monzón
