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Personal de la Prefectura Naval Argentina, delegación Concordia, halló el cuerpo sin vida de un hombre en las aguas del río Uruguay, durante un patrullaje de rutina en la mañana de este domingo.
El cuerpo se encontraba semi sumergido, a la altura del kilómetro 315 del río Uruguay, cerca de Puerto Yeruá y en inmediaciones de la desembocadura del arroyo Arrebatacapas.
Prefectura dio aviso a la fiscal Julia Rivoira, quien ordenó la extracción del occiso del agua y posterior entrega a la policía, para realizar las actuaciones de rigor y su identificación.
En los últimos días no se han reportado denuncias y/o exposiciones sobre la desaparición de alguna persona en Concordia, por lo que la hipótesis que se maneja es que el fallecido no sería de la capital del citrus.
Los abogados defensores concluyeron este jueves las dúplicas en el marco de la remisión a juicio de la causa coimas. Intervinieron los representantes del exdirector de Informática del Gobierno provincial, Carlos Haidar; el defensor del director de Ajustes y Liquidaciones, Miguel Ulrich; y los abogados del exgobernador Sergio Urribarri.
Según se informó a ANÁLISIS, antes de la resolución del juez de Garantías que controla el proceso, Julián Vergara, se concluirá con la etapa de admisión de pruebas para un futuro juicio oral. De modo que la instancia que comenzó entre febrero y marzo y llevó todo el 2024, se extenderá las próximas semanas sin definición. Para la discusión sobre la admisión de prueba que se discutirá en un futuro juicio oral (una instancia que llevará varias jornadas y consiste en convenir quiénes son los testigos que se citará y cuál es la prueba reñida, sobre la que no hay acuerdo entre partes), la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) debe fijar fecha.
Cabe recordar que este miércoles, realizaron las dúplicas en representación del resto de los imputados. Es decir, se expresó el abogado Ignacio Díaz por el empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros; el abogado Leopoldo Lambruschini por Humberto Flores; el exministro de Trabajo de la provincia, Guillermo Smaldone; y los abogados Andrés Bacigalupo y Franco Azziani Cánepa, por el exfuncionario de Economía Luis Erbes.
Los defensores atacan la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), a cargo de Gonzalo Badano y Patricia Yedro, por varios motivos: sostienen que se excedieron los plazos procesales previstos en el Código; que la evidencia colectada no es suficiente para fundar las acusaciones; que los datos que conforman el cuerpo probatorio fueron levantados en allanamientos autorizados judicialmente para otro proceso (el presunto Enriquecimiento ilícito del exgobernador); que se obviaron los dictámenes de los órganos de control constitucional (Contaduría General, Tesorería, Tribunal de Cuentas) que avalaron las contrataciones observadas por los fiscales; que la formulación de acusación pública es defectuosa, entre otros puntos. Por todo ello, reclaman el sobreseimiento de los imputados.
A principios de noviembre, los dos fiscales realizaron las réplicas, una instancia en la cual contestaron los planteos defensivos sobre la acusación formal. Los miembros del Ministerio Público sostienen que durante las dos gestiones urribarristas, en la provincia se conformó una especie de “mesa de negocios” integrada por funcionarios políticos, empleados ejecutivos de Relevamientos Catastrales y Relcat, y el empresario Cardona Herreros a cargo de ambas firmas. En esa supuesta “mesa de negocios” se decidieron contrataciones millonarias por parte del Estado provincial a las dos empresas, para modernizar softwares de gestión pública. Esas adjudicaciones con presuntos sobreprecios supusieron, a la vez, retornos a los funcionarios públicos y los privados. Aseguran que desde las oficinas del Estado provincial, se adelantó información privilegiada a las empresas de Cardona Herreros que se quedaron con las licitaciones. Además, afirman los fiscales que, desde las oficinas empresariales se gestionó el dinero de los funcionarios públicos a partir de la compra de pasajes aéreos, paquetes turísticos, e incluso se guardaron montos que debían pasar a retirar.
La causa se remitió a juicio a fines de abril de 2022 y, los primeros días de mayo de ese año, quien estaba a cargo del control del proceso, el juez de garantías Mauricio Mayer (ahora está desempeñando una subrogancia en el Tribunal de Juicios y Apelaciones), sobreseyó a tres de los siete imputados: Urribarri, Haidar y Ulrich. Hasta que revocaron y confirmaron la revocación de esos sobreseimientos, el legajo estuvo frenado. El año pasado, la OGA había fijado el inicio de la remisión a juicio y se fue postergando hasta el 20 de febrero de este año, cuando finalmente comenzó el proceso que, a lo largo de 2024, se vio interrumpido en numerosas ocasiones.
ANÁLISIS realizó un cronograma de cómo vienen ocurriendo las audiencias desde el 20 de febrero en adelante. A continuación, se detalla el punteo:
Planteos previos a la remisión
20 DE FEBRERO: El empresario Diego Cardona Herreros pidió que se le otorgue una probation, es decir que para él se suspenda a prueba el juicio. La Fiscalía se opuso y el juez rechazó el pedido.
21 DE FEBRERO: El exministro de Trabajo Guillermo Smaldone pidió su sobreseimiento y que se suspenda la audiencia de remisión a juicio en base al fallo Cozzi.
23 DE FEBRERO: La Fiscalía rechazó el pedido de sobreseimiento de Smaldone y reclamó que continúe la remisión a juicio de la causa.
4 DE MARZO: El juez rechazó el pedido de Smaldone y continuó la audiencia de remisión.
11 DE MARZO. La defensa de Cardona Herreros apeló ante el juez Brugo el rechazo al pedido de probation.
15 DE MARZO. Brugo rechazó el pedido de probation de Cardona Herreros.
20 de MARZO. Smaldone presentó un RECURSO DE QUEJA ante el vocal Santiago Brugo por que el 4 de marzo el juez Vergara había rechazado su pedido de sobreseimiento y para que suspendan la audiencia.
27 de MARZO: El vocal de Juicios y Apelaciones, Santiago Brugo, rechazó el recurso de queja presentado por Smaldone y advirtió que la potestad de fijar y suspender audiencias es de la OGA.
8 DE ABRIL. La OGA recibe un pedido de suspensión de audiencia a propósito de la resolución de Brugo y eleva esa solicitud a la Presidencia de la Sala Penal del STJ, a cargo de Daniel Carubia.
Comienzo de la remisión
13 DE MARZO: Fiscalía comenzó a exponer sus argumentos para que el juez remita la causa a juicio.
14 DE MARZO. Fiscalía continuó y concluyó su alegato.
25 DE MARZO: El defensor de José Humberto Flores pidió que sobresean a su representado.
26 DE MARZO. El defensor del exdirector de Presupuesto y Hacienda de la provincia, Luis Alfonso Erbes, pidió su sobreseimiento.
4 DE ABRIL: Smaldone volvió a pedir su sobreseimiento.
5 DE ABRIL: Miguel Ulrich, director de Ajustes y Liquidaciones de la provincia pidió su sobreseimiento.
9 DE ABRIL. La defensa del empresario Cardona Herreros volvió a pedir su sobreseimiento y reclamó que se suspenda la audiencia. Además, el abogado Esteban Díaz anunció el movimiento de OGA a la Sala Penal. El juez de Garantías pasó a un cuarto intermedio la audiencia, a la espera de la resolución de la Sala Penal.
11 DE ABRIL. Defensores recusaron al juez que controla el proceso, Julián Vergara y consiguieron suspender la audiencia.
19 DE JUNIO. Rechazaron la recusación contra Vergara.
7 DE AGOSTO. La OGA fija fecha para retomar la audiencia de remisión el 2, 3, 9 y 13 de septiembre, y 18, 22 y 24 de octubre.
14 DE AGOSTO. La OGA reprogramó la agenda a pedido de un imputado y se fijó fecha para el 2, 4, 9 y 13 de septiembre de 2024; y 18, 22 y 24 de octubre.
2 DE SEPTIEMBRE. Los defensores de Carlos Haidar comenzaron a pedir nuevamente su sobreseimiento.
4 DE SEPTIEMBRE. Los defensores de Haidar concluyeron su nuevo pedido de sobreseimiento.
9 DE SEPTIEMBRE. Los defensores de Urribarri comenzaron a pedir su sobreseimiento.
13 DE SEPTIEMBRE. Los defensores de Urribarri concluyeron su nuevo pedido de sobreseimiento.
19 DE SEPTIEMBRE. La OGA reprogramó las audiencias previstas para el 18, 22 y 24 de octubre y las fijó el 5, 6 y 7 de noviembre. La audiencia no continuó el 6 y 7 de noviembre y se reprogramó para el 27 y 28 de noviembre.
5 DE NOVIEMBRE. La Fiscalía realizó las réplicas a todos los planteos defensivos.
27 DE NOVIEMBRE. Los defensores de Flores, Erbes, Cardona Herreros y Smaldone hicieron las dúplicas.
28 DE NOVIEMBRE. Los defensores completaron las dúplicas en representación de Haidar, Ulrich y Urribarri. Se acordó pedir a OGA que fije fecha para comenzar con la admisión de prueba y luego, se conocerá la resolución del juez.
Una investigación de la División Criminalística, dirigida por la fiscal Daniela Montangie, desarticuló una banda que se dedicaba al microcrédito con tasas usureras, extorsionando a sus clientes y vinculándose al narcotráfico, lo que resultó en el allanamiento de 10 domicilios, el secuestro de dinero, drogas, armas y la detención de nueve personas.
Una investigación de la División Criminalística bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie, permitió desarticular y desbaratar una banda de colombianos que operaban en Concordia bajo la fachada de “venta de muebles”, consignó Concordia Policiales.
La pesquisa apunta que la organización colombiana se dedicaría al microcrédito en zonas vulnerables y marginadas de la ciudad de Concordia, con tasas sumamente elevadas y hasta extorsionando y amenazando a sus usuarios si no devolvían el dinero en tiempo y forma. Asimismo, los hombres de nacionalidad colombiana tendrían una fuerte vinculación con personas relacionadas al narcotráfico, es decir, muchos de esos préstamos que les otorgarían son utilizados por los narcos para la compra de estupefacientes.
A través de la investigación se logró identificar a más de 200 ciudadanos mayores de edad de nacionalidad colombiana que residen en Concordia, de los cuales la gran mayoría no tiene trabajo formal establecido. Muchos de ellos fueron allanados en la tarde de este martes por todo el personal de las distintas áreas de la Jefatura Departamental Concordia.
El operativo ordenado por el Juez de Garantías, Mario Figueroa, consistió en un total diez domicilios que se desplegaron por viviendas de Concordia y la localidad de Calabacilla.
Los procedimientos permitieron el secuestro de alrededor de 20 millones de pesos, entre dólares, reales, uruguayos y peso argentino.
Además, se hallaron envoltorios de cocaína, marihuana y pastillas de éxtasis, un hallazgo que nunca se había podido concretar en Concordia hasta el momento.
Asimismo, se secuestraron más de mil anotaciones relacionadas al préstamo de dinero con diversos montos, alrededor de cinco mil tarjetas utilizadas como comprobantes para prestamos, además de dos armas de fuego, una 9 mm y un calibre 32.
A su vez, por disposición del fiscal José Arias, nueve personas quedaron detenidas y puestas a consideración de la Justicia.
Los investigadores resaltaron que se trató de una causa complejo debido a que las víctimas no querían denunciar o brindar/aportar datos por el miedo que le tienen a la organización colombiana, que no solo opera en Concordia sino en toda la Argentina. Se trata de una asociación que ha tenido un inusitado crecimiento económico y poblaciones en los últimos años y que nunca habían sido investigados hasta el momento.
En el día de ayer 02/11/2024 en horas de la siesta, Personal de Div. Toxicología con colaboración de la Dirección Toxicología, División Inteligencia y Divisiones de Toxicología de la ciudades de Federal, Feliciano, Gualeguaychú, Chajarí y Guardias Especiales respectivamente de cada Departamental llevaron a cabo (06) seis allanamientos, de los cuales cinco fueron positivos.
En un domicilio en inmediaciones de calle Rívoli y C. Gómez se secuestró 106 envoltorios con cocaína con un peso de 34.6 gramos; $146.300 pesos en efectivo y (05) teléfonos celulares, quedando detenidas dos femeninas de 40 y 21 años de edad, y un menor de 17 años de edad el cual fue derivado a Comisaría del Menor para su posterior restitución.
En una vivienda de en inmediaciones de calles Paula Albarracín de Sarmiento y Dr. Aldá se secuestró $159.700 pesos en efectivo, (05) teléfonos celulares y se procedió a la identificación de un mayor de edad y dos menores.
En inmediaciones de calles Bogado y Pje. San Agustín se secuestró (04) teléfonos celulares, (01) balanza digital de precisión y se identificó a tres mayores de edad y a dos menores.
Otro en inmediaciones de calles Paula Albarracín de Sarmiento y Pte. Illia se secuestró $9.000,00 dinero en efectivo y (05) teléfonos celulares, se procedió a la identificación de cinco masculinos y dos femeninas.
Y por último en inmediaciones de calles Isthilart y Dr. Aldá Sur se secuestró $263.240,00, (05) teléfonos celulares y se identificó a cinco personas mayores de edad.
En la noche de este Viernes, personal policial de Jefatura Departamental Victoria, División Toxicología, trabajando en conjunto con la Guardia Especial, Personal de la Dirección Prevención Vial y Prevención Delitos Rurales, en un Operativo vehícular llevado a cabo en la cabecera del Viaducto Rosario- Victoria, más precisamente en el Puesto caminero; los funcionarios especializados de la División toxicología, al detener un Micro que ingresaba a la Provincia, desde Rosario, pueden detectar el nerviosismo de uno de sus pasajeros, ante la presencia de los funcionarios que contaban con Can detector de estupefacientes; al ser identificado, y actuando de acuerdo a lo estipulado en el Art. 230 bis del Codigo Penal Argentino, pudieron constatar que en una bolsa de tela, transportaba un envoltorio de nailon con dos trozos importantes de sustancia color blanca; por tal motivo los funcionarios trabajando bajo las directivas del Juzgado Federal de Victoria, realizaron los estudios de campo, que arrojo que se trataría de 150 Gramos de clorhidrato de cocaina.
Desde la Justicia Federal ordenaron la detención de este ciudadano de 26 años de edad, oriundo de la ciudad de Victoria, quien quedó alojado en sede de Prefectura Naval Delegación Victoria a disposición del Juzgado Federal local.
En virtud a este procedimiento y tras tareas investigativas del personal de la Div. toxicología junto al personal de GEPER, realizaron el Allanamiento y Registro Domiciliario de una vivienda ubicada en calle Arenales entre Catamarca y Monte Caseros de está ciudad; procediendo los uniformados al secuestro de un aparato de telefónia celular, que será analizado en la causa que se investiga.
Personal de la comisaría Octava concretó un total de cuatro allanamientos en el marco de la causa por una estafa piramidal. Se calcula que las víctimas son mil en la ciudad.
Personal de la comisaría Octava concretó un total de cuatro allanamientos sobre calle J. J. Solá y Odiard, Guarumba y Rivoli, Paula Albarracín de Sarmiento y Guarumba, y en Yamandú Rodríguez y Dr. Sauré.
Los procedimientos se concretaron a raíz de una pesquisa llevada adelante por la comisaría Octava bajo las directivas del fiscal Martín Núñez, luego de que se recibieran dos denuncias por una presunta estafa virtual que habría perjudicado a miles de concordienses.
El operativo por la presunta estafa piramidal se desplegó sobre las viviendas de las personas sindicadas de ser los principales líderes y/o administradores de la plataforma virtual. Uno de los principales apuntados por los inversores es Adrián Ariel Quiroz. En su domicilio, la policía secuestró una gran cantidad de celulares y aparatos tecnológicos. Si bien al momento del procedimiento no se encontraba presente, sí se acercó a la dependencia en la jornada del mismo lunes, donde le secuestraron su aparato telefónico por disposición del fiscal Martín Núñez.
Otro de los domicilios que fue allanado es el de un funcionario municipal. Se trata del Jefe del Área de Poda, Desmalezado y Limpieza de Higiene Urbana de la Municipalidad de Concordia, Norberto Cesar Larrosa.
En este caso, Norberto Cesar Larrosa, quien formaría parte del grupo de inversores pero no estaría apuntado como uno de los principales líderes. Los investigadores explicaron a Concordia Policiales que la vivienda fue allanada porque su hijo Brian Norberto Jesús y la pareja de éste, Sheila Ayelén Romero, serían otros de los administradores de la plataforma virtual.
Además de Quiróz, Larrosa y Romero, también fueron allanadas las viviendas que serían frecuentadas por Virginia Sánchez, Iara Joselin Romero y Brian Morinico, también apuntados por los denunciantes como los presuntos administradores de la plataforma virtual.
