El gobernador Rogelio Frigerio visitó Puerto Yeruá donde recorrió la Planta Embotelladora de Agua Mineral y confirmó que la provincia invertirá en obras para rehabilitar el acceso a esa localidad. “No es una ruta provincial pero nos vamos a hacer cargo. Será una realidad después de muchísimos años”, afirmó el mandatario.
Junto al intendente Daniel Benítez, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió las instalaciones de la Planta Embotelladora de Agua Mineral de Puerto Yeruá. En ese marco, manifestó su orgullo por la fábrica, que generará hasta 20 empleos directos y muchos más de forma indirecta. “Es lo que necesitamos en la provincia: generar condiciones para que haya inversión y generación de empleo en el sector privado. Eso es lo que nos va a sacar adelante y para eso el Estado está a disposición”, remarcó el mandatario.
Respecto al acceso a la localidad, Frigerio se comprometió a intervenir pese a que no es una ruta provincial. “Está detonado desde hace mucho tiempo. No hay responsabilidad de la provincia, no es una ruta provincial, pero sin embargo nos vamos a hacer cargo. Será una realidad después de muchísimos años. Será una ruta transitable, arreglada, intervenida por el Estado”, concluyó.
Por su parte, el intendente Daniel Benítez definió la obra como “muy importante” y agradeció el compromiso del gobernador. Aseguró que la obra será “muy bienvenida por toda la población de la zona, no solamente el municipio de Puerto Yeruá, sino también para localidades vecinas. Nosotros tenemos mucho flujo de turismo, sobre todo en temporada estival y realmente es muy necesario”, finalizó.
Acompañaron al gobernador la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario General de la provincia, Mauricio Colello; y los ministros de Planeamiento, Darío Schneider, de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. También estuvieron presentes la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, y los legisladores provinciales Gloria Cozzi y Marcelo López.
Existen diferencias significativas entre regiones y ciudades, con focos críticos en el Noreste y en localidades como Gran Resistencia y Concordia. (Concordia fue una de las más comprometidas, con 49,2%.)
La pobreza en la Argentina continúa siendo un problema extendido, con fuertes contrastes entre regiones y ciudades. De acuerdo con el informe del Indec del primer semestre de 2025, el 31,6% de las personas se encontraba por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 6,9% no lograba cubrir la canasta básica alimentaria y quedó en la indigencia. En números absolutos, se trata de 9,45 millones de personas pobres, de las cuales 2,05 millones son indigentes.
En comparación con el segundo semestre de 2024, la pobreza descendió 6,5 puntos porcentuales y la indigencia bajó 1,3 puntos. La reducción se explicó por un incremento del 26,3% en los ingresos familiares, superior a la suba de las canastas básicas, que fue de 13,2% en la alimentaria y 12,3% en la total.
El mapa de los pobres
El Noreste (NEA) registró los peores resultados, con un 39% de las personas bajo la línea de pobreza. En esta región se destacaron valores elevados en Gran Resistencia (48,1%), Corrientes (37,4%), Formosa (28,3%) y Posadas (38,1%).
La región de Cuyo también mostró indicadores altos: Gran Mendoza alcanzó 33,5%, Gran San Juan 36% y Gran San Luis 30,3%.
En el Noroeste (NOA), la pobreza fue del 31,2% en promedio, con ciudades como Gran Tucumán-Tafí Viejo (30,8%), Jujuy-Palpalá (31,2%), Gran Catamarca (34%), La Rioja (32,4), Salta (29,5) y Santiago del Estero-La Banda (32,5%).
El mapa de la pobreza en Argentina
Datos del primer semestre de 2025 – Promedios por regiones (personas)
Total de 31 aglomerados urbanos: 31,6%
La región Pampeana presentó un 30,5% de pobreza, pero con fuertes diferencias según la ciudad. Concordia fue una de las más comprometidas, con 49,2%. También se registraron niveles altos en Gran La Plata (35,2%), Gran Santa Fe (35,8%) y San Nicolás-Villa Constitución (34,5%). En tanto, Gran Rosario (28,1%), Gran Córdoba (29,5%), Gran Paraná (29,9%), Mar del Plata (27,5%), Bahía Blanca-Cerri (23,5%), Río Cuarto (24,4%) y Santa Rosa-Toay (25,6%) se ubicaron por debajo del promedio.
En el Gran Buenos Aires, el 31,5% de las personas estaba en la pobreza. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice fue del 15,1%, mientras que en los partidos del conurbano alcanzó al 35,3%.
Por último, en la Patagonia se observó la menor incidencia del país, con un 27%. Allí, los valores más bajos se registraron en Ushuaia-Río Grande (22,3%), mientras que Viedma-Carmen de Patagones (26,7%), Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (26,9%), Neuquén-Plottier (26%), Rawson-Trelew (30,1%) y Río Gallegos (32,3%) mostraron niveles intermedios.
Caída generalizada de la pobreza
Entre el primer semestre de 2024 y el mismo período de 2025, la pobreza mostró caídas muy pronunciadas en varios aglomerados urbanos. Uno de los descensos más fuertes se observó en Formosa, donde la proporción de personas pobres pasó del 67,6% al 28,3%, una reducción de casi 40 puntos porcentuales.
Un cambio similar se registró en Ushuaia-Río Grande, que bajó de 48,6% a 22,3%, con una disminución de más de 26 puntos. También hubo mejoras significativas en el Gran Resistencia, que retrocedió de 76,2% a 48,1%, y en el Gran Tucumán-Tafí Viejo, que descendió de 55,8% a 30,8%.
Otro caso destacado fue el de Río Cuarto, en la región pampeana, que redujo su índice de pobreza de 54,3% a 24,4% en un año, marcando una baja superior a los 29 puntos porcentuales. En el caso de Gran Córdoba, la baja fue de 20 puntos porcentuales.
Radiografía de los más afectados
Según los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el impacto de la pobreza es particularmente fuerte en los más jóvenes. El 45,4% de los menores de 14 años vive en hogares pobres. Entre las personas de 15 a 29 años, la incidencia se ubicó en 37%, mientras que en el grupo de 30 a 64 años fue de 27,7%. En los mayores de 65 años, el nivel de pobreza fue del 10,8%.Más del 45% de los menores vive en hogares pobres en Argentina (Bloomberg)
La Encuesta Permanente de Hogares también ofrece información sobre la brecha de ingresos de la población pobre e indigente en relación con el valor de las canastas básicas. En el primer semestre de 2025, los ingresos de los hogares pobres estuvieron, en promedio, un 37% por debajo de la canasta básica total, mientras que en el caso de los indigentes la diferencia con la canasta alimentaria fue de 37,9%. Estas distancias reflejan la dificultad para cubrir necesidades esenciales aun cuando las familias perciben ingresos regulares.
El relevamiento muestra, además, que la incidencia de la pobreza es mayor en los aglomerados de menos de 500.000 habitantes, donde el 32,4% de las personas está en esa condición, frente al 31,4% en las ciudades más grandes. De esta manera, el mapa trazado por el Indec no solo marca disparidades regionales, sino también diferencias significativas según el tamaño y características de los centros urbanos.
En política, como en la vida cotidiana, el corazón suele chocar contra la realidad del bolsillo. Y en Argentina, el “corazoncito” peronista se convirtió en la excusa sentimental que justifica cuarenta años de despilfarro, clientelismo y endeudamiento social. Hoy, ese pasado vuelve a golpear la puerta disfrazado de “opción popular”, justo cuando todavía estamos pagando el resumen de la tarjeta más cara de la historia.
La tarjeta del despilfarro
No es metáfora: cada argentino carga sobre su espalda una tarjeta que dice “40 años de deuda”. Esa tarjeta está sellada con tres marcas inevitables: impuestos, inflación y déficit. Y como cualquier tarjeta usada sin control, alguien tiene que hacerse cargo de la cuenta.
Según el INDEC, la pobreza en la Argentina escaló al 54% en 2023, el nivel más alto desde 2001. La inflación acumulada entre 2003 y 2023 superó el 70.000%, pulverizando salarios, ahorros y cualquier intento de planificación. Y la presión tributaria llegó a niveles récord, con más de 160 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales, aunque solo 10 de ellos representan el 90% de la recaudación.
¿El resultado? Una clase media ahogada, un sector productivo castigado y una economía en la que sobrevivir se volvió más difícil que progresar.
El dilema del votante
Claro, el peronismo apela al corazoncito. A la nostalgia de un país que ya no existe. Pero votar con el corazón no paga la cuota del auto, ni el alquiler atrasado, ni el televisor en 12 cuotas que hoy se volvió un lujo impagable. Votar con el corazón significa resignarse a que la próxima suba de impuestos, el próximo congelamiento artificial o la próxima emisión sin respaldo nos termine saliendo mucho más caro que aquel “esfuerzo solidario” que prometen los discursos.
El bolsillo, en cambio, exige racionalidad: ordenar las cuentas, ajustar lo que se gasta a lo que ingresa, dejar de vivir de fiado. Lo que cualquier familia hace en su casa, pero que durante décadas la política se negó a aplicar.
La tentación de volver atrás
La oposición promete soluciones mágicas: más subsidios, más gasto, más “Estado presente”. Lo mismo de siempre. Lo mismo que ya conocemos. Lo mismo que, cada vez que se aplicó, terminó en crisis, default y pobreza.
Porque no se trata de izquierda o derecha, de progresismo o liberalismo. Se trata de números:
Más de 20 planes económicos en 40 años.
6 corridas cambiarias en dos décadas.
Un promedio de una crisis severa cada diez años.
El problema no es de ideología. El problema es que el país vivió en campaña permanente, con políticos que gastaron lo que no había, confiando en que la factura siempre le llegaría al próximo gobierno… o al contribuyente.
Reflexión final
La elección que se avecina no es entre partidos, sino entre modelos de convivencia. ¿Seguimos pagando el resumen infinito de la tarjeta del despilfarro o nos animamos a empezar de nuevo, aunque duela?
El corazoncito puede latir fuerte, pero el bolsillo está exhausto. Y esta vez, quizás, sea la última oportunidad de elegir con la razón y no con la memoria sentimental de un país que ya no se puede permitir seguir en cuotas.
El candidato a diputado nacional por el Partido Socialista (PS), Gustavo Guzmán, analizó los discursos políticos que plantean el fin del gobierno de Javier Milei tras las elecciones de octubre.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Guzmán analizó que “en Buenos Aires hay una virulencia que no sucede en el interior del país ni en la provincia, y fundamentalmente se puede percibir en los medios masivos de comunicación o por internet y también por las radios, donde permanentemente se ven mensajes violentos. Es algo que vino para quedarse y que no nos hace bien”.
En cuanto al accionar de la dirigencia, consideró que “hay que ser responsables, sobre todo respetando a quienes están gobernando y que tienen a cargo las administraciones, porque no se está pasando por momentos óptimos y con mucha dificultad se llevan adelante las administraciones, y lo que menos debemos hacer los que andamos el transitar político es echarle más leña al fuego o generar discursos de violencia permanentemente”.
“A mí eso nunca me gustó, una cosa es ser claro, tener personalidad, decir las cosas que corresponden y otra cosa es escalar en discursos de odio y de violencia que no se sabe cómo terminan. Y por lo general muchos se tientan a creer que los mandatos no se tienen que concluir. En esto hay que ser claro, simplemente es una elección intermedia, de las cuales en las últimas el peronismo debe haber sufrido derrotas en casi todas y después que termina el 26 de octubre y se asume en diciembre hay que seguir con el periodo de gobierno, que son dos años más, hasta que haya esa elección que les interesa a todos porque se elige desde concejales hasta el Presidente y se renuevan las autoridades”, definió.
Respecto de las posturas centralistas, que todo decide Buenos Aires, sostuvo que “los entrerrianos fuimos protagonistas no solamente de la organización del país sino también de la resistencia para que en Buenos Aires no se decidan todos los destinos del país. Resistencia que no sólo protagonizaron nuestros gauchos, sino que también financiamos desde la provincia y eso nunca fue reconocido por el país. Y hoy veo con total desagrado, y esa es la una de las cosas que nosotros queremos ir a Buenos Aires a plantear, es que se empiecen a cumplir parámetros mínimos de federalismo, porque es imposible hacer política solamente desde los cafés de Buenos Aires, y que la renta que tenía que ser para distribuir en el país y hacer crecer a todo un pueblo hoy está a discreción irresponsable del gobierno central y de la administración de Milei”.
En tal sentido, planteó que “siempre hablamos” estas cuestiones con los referentes Julio Solanas y Héctor Maya “porque coincidimos que es muy difícil ir con ese bloque enorme de diputados de la provincia de Buenos Aires, más todo el centralismo porteño que se genera en el Congreso, y tenemos que seguir luchando por la autonomía provincial. Otras provincias han avanzado en la cuestión del planteo y han generado una identidad que nosotros necesitamos para pedir o exigir solamente lo que nos corresponde y en función avanzar en la provincia”.
En otro orden de cosas, a raíz de la revelación de la dirigente de la ONG “Suma de Voluntades”, Anabella Albornoz, quien dijo que ningún candidato se acercó a la entidad para conocer la realidad o ayudar con el trabajo, Guzmán señaló que “tanto Anabella como los trabajadores de salud y otros dirigentes sociales son los verdaderos héroes de esta historia. Yo en tiempos de campaña prefiero no ir a algunos lugares porque van a decir que voy porque estoy de campaña. Nosotros tuvimos una reunión hace dos días con trabajadores de la Escuela Hogar y la cuestión fue la dificultad de poder darle de comer a más de 500 chicos con los montos que perciben, en el desayuno, almuerzo y merienda, y la verdad es que uno está en permanente contacto con la dificultosa realidad que viven nuestros gurises, porque esto también es parte de la autonomía de las provincias; porque hoy tenemos un gobierno centralista que hace que tengamos a nuestros gurises mal alimentados, que no tengamos caminos o que estén en malas condiciones. Esto del centralismo hace que tengamos a las provincias sumidas en la pobreza y que tengamos que recurrir a la inmensa solidaridad del pueblo que quiere avanzar o ayudr al que más necesita”.
“El concepto de justicia social es algo fundamental que la sociedad necesita para organizarse y nosotros creemos que no puede ser atacada permanentemente, sino que tiene que volver la justicia a nuestros pueblos, y también una justicia política, que es precisamente el federalismo”, concluyó.
Terminar con la maraña de regulaciones, tornar más eficiente el gasto público y bajar la presión fiscal son desafíos ineludibles
Respecto del tamaño del Estado, como la institución que mejor puede ordenar los distintos planos de la vida de los habitantes de un país, al decir del histórico canciller alemán Willy Brandt, lo más saludable sería contar con “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.
La matriz argentina concentró por décadas todos los esfuerzos en alimentar un Estado elefantiásico, con beneficio personal para muchos, incluidos depredadores y ladrones, a cambio de un déficit artesanalmente construido en cada dependencia, desde la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los ministerios –que ocupan solo el 15% del empleo público nacional–, y los organismos desconcentrados y descentralizados, las empresas públicas y otros entes, que emplean a la gran mayoría del personal.
La sobrecarga fiscal que pesa sobre los argentinos es su contracara más visible mientras el “Estado presente” se tornó una promesa vacía con serias dificultades para brindar seguridad, educación y salud. La malintencionada exaltación política de lo público solo esconde un interés populista por cosechar votos ingenuos a como diera lugar, emitiendo moneda sin respaldo y endeudándonos hasta el infinito, con las nefastas consecuencias que eso acarrea.
Uno de los primeros anuncios del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Federico Sturzenegger, fue encarar la eliminación de alrededor de 60 organismos y empresas dependientes de la administración nacional. Eran 116 las entidades de este tipo subordinadas orgánicamente a los diferentes ministerios. De ellos, 35 dependían de Economía, 29 de Capital Humano, 13 de Salud y 11 de la Jefatura de Gabinete. Su extensa y detallada propuesta reformista como asesor económico de Pro estuvo a disposición de la candidata Patricia Bullrich. Tras la victoria de Javier Milei, el proyecto fue reevaluado y adoptado por sus equipos.
La sobrecarga fiscal que pesa sobre los argentinos es su contracara más visible mientras el “Estado presente” se tornó una promesa vacía con serias dificultades para brindar seguridad, educación y salud. La malintencionada exaltación política de lo público solo esconde un interés populista por cosechar votos ingenuos a como diera lugar, emitiendo moneda sin respaldo y endeudándonos hasta el infinito, con las nefastas consecuencias que eso acarrea.
Uno de los primeros anuncios del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Federico Sturzenegger, fue encarar la eliminación de alrededor de 60 organismos y empresas dependientes de la administración nacional. Eran 116 las entidades de este tipo subordinadas orgánicamente a los diferentes ministerios. De ellos, 35 dependían de Economía, 29 de Capital Humano, 13 de Salud y 11 de la Jefatura de Gabinete. Su extensa y detallada propuesta reformista como asesor económico de Pro estuvo a disposición de la candidata Patricia Bullrich. Tras la victoria de Javier Milei, el proyecto fue reevaluado y adoptado por sus equipos.
La labor de Sturzenegger en la identificación y difusión de tantos bolsones de ineficiencia no ha sido debidamente valorada
Tornar más eficiente el gasto, aliviando la presión fiscal y terminar con la maraña de más de 2000 regulaciones vigentes que solo encarecen el consumo o la inversión constituye un desafío al que pocos se habrían animado, a pesar de que nadie duda de que nuestro país resulta inviable si no se concretan esos y otros cambios tan resistidos como impostergables.
La labor de Sturzenegger en la identificación y difusión de tantos bolsones de ineficiencia no ha sido debidamente valorada. El decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la llamada Ley Bases, o lo que quedó de ellos, dan idea no solo de la magnitud del desafío, sino también del peso de las resistencias. Los beneficios para la comunidad suelen no ser percibidos por quienes habrán de disfrutarlos, mientras que quienes resultarán más perjudicados agotarán todas las formas de obstrucción, incluida la violencia, para que no se avance con las reformas. No hay que olvidar que el terrible mal de la corrupción prospera con mayor facilidad en sistemas altamente regulados que promueven la administración discrecional.
Sturzenegger destacó la desafectación de más de 52.000 agentes de la administración pública nacional y empresas del Estado, con un ahorro de 2100 millones de dólares anuales. El aumento del empleo público, con todos sus vicios como el de alimentar el clientelismo, lleva décadas funcionando como solución a la falta de creación de empleo privado.
Al vencer sus facultades delegadas debemos consignar que hay muchas áreas por desregular aún. Recientemente, el ministro se quejó por las trabas judiciales a las reformas. Se refirió también a la necesidad de bajar los costos logísticos para un sector clave como el campo, que enfrenta frenos judiciales por intereses sectoriales, como el régimen de navegación fluvial de cabotaje, que quedó trabado por una cautelar, o la circulación de los bitrenes. Criticó también duramente -y con razón- que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns -acostumbrada a hacer política partidaria antes que a impartir justicia-, hiciera lugar a la cautelar pedida por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.
En su valioso programa orgánico de reformas, la informática y la IA son piezas esenciales del nuevo diseño administrativo. No hay otro rumbo posible para salir de las crisis recurrentes que afrontamos. Aun contando con un hipotético amplio triunfo en las elecciones de octubre, el oficialismo deberá seguir negociando paquetes de reformas como la laboral, la tributaria y la previsional para que la Argentina pueda despegarse del lastre de un triste pasado y abrirse a una mayor previsibilidad y competitividad. El futuro está en juego, su programa merece todos los apoyos, incluido el del propio Presidente, que deberá abandonar su desbordado espíritu confrontativo para consensuar los cambios que la racionalidad económica reclama.
El dirigente radical publicó sus recibos de agosto 2025 luego de que el ministro de Economía afirmara que cobraba seis veces más que un integrante del Poder Ejecutivo
En la previa a la marcha federal universitaria, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, protagonizaron un cruce en redes sociales por el salario que recibe el dirigente radical como autoridad de la casa de altos estudios. El enfrentamiento se da en medio de la pelea con la gestión libertaria por el financiamiento de la educación pública y el veto que impuso Javier Milei, que hoy tratará el Congreso.
“Gana 6 veces más que yo y que cualquier ministro del Poder Ejecutivo, que cobramos el mismo sueldo desde que asumimos. Pero los que no tenemos empatía somos nosotros…”, escribió Caputo en su cuenta de X al compartir un fragmento de una entrevista en la que Yacobitti analizaba el Presupuesto 2026 que envió el Gobierno de Javier Milei al Congreso.
En respuesta, Yacobitti publicó sus recibos de sueldo correspondientes a agosto de 2025. “Lo que dice Caputo es falso. Por el cargo que ocupa tiene toda la información para averiguarlo. Ahora no solo ratifico que no tiene empatía sino que además es mala persona. Acá le dejo mi recibo de sueldo y le recomiendo ver la nota completa, no editada”, señaló el vicerrector de la UBA.
El recibo difundido mostró que por su cargo de profesor Titular con dedicación exclusiva en el Rectorado y Consejo Superior, Yacobitti percibió un total de haberes de $2.509.395,39. Tras los descuentos, el monto neto a cobrar ascendió a $1.817.751,34.
Otro recibo publicado correspondió a su función como Profesor Titular de la Facultad de Ciencias Económicas con dedicación parcial, en el que figuró un total de haberes de $627.322,01 y un neto de $461.090,95. En conjunto, los haberes brutos sumaron $3.136.717,40, con un total de descuentos de $857.875,11, lo que dejó un neto de $2.278.842,29.
El Gobierno enfrentará esta tarde en la Cámara de Diputados un duro desafío que podría tener un fuerte impacto económico y político en la previa de las elecciones legislativas de octubre. En una nueva mega sesión, que incluye una amplia batería de proyectos resistidos por la Casa Rosada, la oposición intentará revertir los vetos presidenciales para avanzar con un aumento del financiamiento universitario y con la declaración de emergencia en pediatría (por la crisis en el Hospital Garrahan).
El Presidente vetó ambas iniciativas argumentando que su alto impacto fiscal pondría en riesgo el superávit, es decir, la base de todo el programa económico. De hecho, es el mismo argumento que utilizó para rechazar la ley que declaraba la emergencia en discapacidad, que generó un impacto muy negativo para el oficialismo en la opinión pública y cuyo veto terminó siendo rechazado hace dos semanas.
Esa primera victoria de la oposición, que por otro lado en la misma sesión perdió la votación para aumentar las jubilaciones, fue la primera señal de alarma que recibió el Gobierno respecto a la tolerancia social al ajuste, ya que incluso algunos aliados habituales se negaron a acompañar a los libertarios.
Luego llegaría otra clara señal con la contundente derrota electoral por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires a manos del peronismo. Y la respuesta de los marcados fue casi instantánea con fuertes caídas de acciones y bonos, y un incremento del dólar hasta rozar el tope de la banda establecida por el Ministerio de Economía.
El gobierno nacional acusó el duro golpe y a partir del día siguiente buscó retomar la iniciativa política con gestos de diálogo hacia los gobernadores y algunos aumentos en áreas sensibles -como salud y educación- en el proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, desde la oposición calificaron los anuncios como insuficientes y “engañosos”.
En la Argentina, la casta política ha demostrado a lo largo de la historia un instinto depredador que se activa cada vez que percibe debilidad en el poder de turno. Es un apetito destituyente que se alimenta del desgaste, de la parálisis y de la erosión sistemática de la gobernabilidad. Esa lógica no es nueva: hunde sus raíces en las peores prácticas de nuestra vida institucional.
Basta recordar que el país atravesó seis golpes de Estado militares entre 1930 y 1976, con la complicidad de sectores políticos, empresariales y sindicales que preferían dinamitar gobiernos antes que negociar acuerdos. Ese ADN de “oler sangre” nunca desapareció: mutó y se recicló en prácticas destituyentes dentro de la democracia.
En 1989, la hiperinflación y la implosión del alfonsinismo mostraron cómo la política fue incapaz de sostener al primer gobierno democrático tras la dictadura. En 2001, la voracidad del sistema político se combinó con el descalabro económico para hacer caer a Fernando de la Rúa en un escenario de anarquía institucional que todavía resuena en la memoria colectiva.
Curiosamente, cuando gobernó Alberto Fernández —un presidente débil, contradictorio y carente de liderazgo— la casta no activó sus reflejos destituyentes. ¿Por qué? Porque el poder real permanecía bajo control del peronismo y de Cristina Fernández de Kirchner, que contuvo cualquier intento de fractura terminal. El doble estándar es evidente: si el gobierno es propio, se tolera hasta el absurdo; si es ajeno, se lo cercena con cuchillo y tenedor.
Ese apetito insaciable es funcional a la lógica de la casta: la inestabilidad abre la puerta a negociaciones por debajo de la mesa, al reparto de cajas, al canje de favores. En otras palabras, el caos no es sólo un efecto colateral, sino también un recurso para sostener privilegios.
Por eso urge discutir mecanismos institucionales más firmes. La democracia no puede ser rehén de la voracidad descontrolada de quienes, en nombre del “control republicano”, operan con la misma lógica que ayer usaban los golpes militares. Ser oposición no equivale a conspirar. La oposición es necesaria; el destituyentismo, letal.
Argentina necesita leyes y marcos regulatorios que sancionen la irresponsabilidad institucional de quienes, sistemáticamente, trabajan para dinamitar la gobernabilidad. Porque la democracia no se defiende solo con elecciones cada dos o cuatro años: se defiende también evitando que la política viva permanentemente de la sangre que derrama el adversario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un fuerte tuit mientras el dólar mayorista toca el techo de la banda y la Cámara de Diputados trata los vetos de Javier Milei.
En medio de una jornada caliente, con la sesión por los vetos de Javier Milei contra el financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades, y un dólar mayorista tocando el techo de la banda, Luis Caputo publicó un fuerte mensaje.
En un tono críptico, el ministro de Economía escribió: “Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando“. Tras esto, afirmó: “No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia“.
Luego, Luis Caputo le contestó al vicerrector de la UBA, a quien primero lo acusó de cobrar un sueldo mayor a él. Emiliano Yacobitti lo había desmentido publicando su recibo de sueldo, pero ahora el ministro de Economía fue por más.
En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda le respondió desde su cuenta de X: “Hasta que no se vayan los tipos como vos, este país no va a cambiar nunca. Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto. El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre del 2023. Solo hay una cosa peor que eso, su continuidad”.
Aún tiene el descaro de opinar. Gustavo Bordet, ex gobernador de Entre Ríos y actualmente diputado nacional, se mostró crítico con el mensaje presidencial brindado por Javier Milei el lunes 15/9/2025 en cadena nacional. Lo sorprendente no es su análisis, sino que quien se encuentra mencionado en varias causas por sospecha de enriquecimiento ilícito y cuya gestión dejó a la provincia endeudada por años, hoy se atreva a pontificar sobre economía, justicia y política fiscal.
En su evaluación, Bordet calificó al presidente como una suerte de “Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, criticando supuestas contradicciones entre anuncios y acciones. Señaló que, mientras Milei promete incrementos para jubilados, universidades y personas con discapacidad, veta leyes aprobadas por el Congreso y asfixia financieramente a las provincias, concentrando recursos en decisiones discrecionales.
El ex mandatario aseguró que “el superávit fiscal se logra recortando salarios, desfinanciando salud y educación, paralizando la obra pública y abandonando las rutas, lo que afecta directamente la competitividad de nuestras economías regionales”. En el mismo tono, advirtió sobre la apertura indiscriminada de importaciones y sus efectos en la producción entrerriana, citando la citricultura y la avicultura como sectores en riesgo frente a la competencia externa.
Bordet remarcó la necesidad de diálogo con los sectores productivos y políticas consistentes, evitando medidas de corte electoral. Sin embargo, la caradurez del dirigente no pasa desapercibida: hoy se esconde tras los fueros, mientras muchos lo consideran un candidato natural para la “ficha sucia”, dado su historial judicial y financiero.
Más allá de sus declaraciones, la incredulidad surge de un hecho simple: quien dejó una provincia endeudada y es señalado por la Justicia por enriquecimiento ilícito pretende dar lecciones sobre administración y transparencia. En otras palabras, un verdadero caso de oportunismo político que no necesita explicación: basta observar los antecedentes y la contradicción entre sus palabras y sus actos.
En un escenario político donde la credibilidad es un activo escaso, Bordet demuestra que algunos personajes aún creen que las sospechas judiciales y los balances endeudados son un detalle menor cuando se trata de opinar públicamente sobre la economía y los derechos sociales.
Cuando se habla de Argentina, muchas veces el pulso del país se mide en función de lo que sucede en los mercados financieros. Las tapas de los diarios porteños, los informes televisivos y los portales de noticias parecen sincronizarse con la variación del dólar, la volatilidad de los bonos o el humor de los grandes fondos de inversión. Como si la vida cotidiana de millones de argentinos pudiera reducirse a la especulación bursátil.
Pero ese enfoque es apenas una parte de la realidad, y ni siquiera la más representativa. Detrás de la General Paz existe un país que late con otra lógica: la del trabajo genuino, la producción regional y el esfuerzo diario por sostener la vida en condiciones muchas veces adversas. Allí, la supervivencia no depende de un índice financiero, sino de la cosecha, de las economías regionales, de los salarios que se estiran hasta donde se puede y de la creatividad para enfrentar crisis que parecen no dar tregua.
Los datos lo demuestran. Mientras en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el ingreso promedio per cápita supera en más de un 30% al del interior, la infraestructura y los servicios públicos no siempre acompañan esa ventaja. En provincias como Corrientes, Chaco o Formosa, la pobreza estructural aún roza el 40%, y en ciudades como Concordia o La Banda los índices superan ampliamente la media nacional. Ese es el país que rara vez aparece en el prime time televisivo.
El contraste es evidente. En la capital federal, donde se concentra el 40% de la recaudación nacional y gran parte de la inversión en obra pública, es más sencillo opinar desde un lugar de “confort”, muchas veces desconectado de la realidad de quienes deben recorrer kilómetros de caminos rurales para llegar a una escuela o de quienes sostienen una pyme sin acceso al crédito formal. La comodidad de los ingresos relativamente más altos les otorga a algunos sectores la falsa seguridad de que representan “la realidad argentina”, cuando en verdad conviven en una burbuja privilegiada.
El interior, sin embargo, paga un costo elevado por esa concentración. No sólo en recursos —dado que gran parte de la coparticipación se redistribuye en favor del AMBA— sino también en representación simbólica: su voz se escucha menos, sus problemas se relativizan y sus esfuerzos suelen ser invisibilizados por un periodismo que prefiere narrar la política y la economía desde la óptica de las avenidas porteñas.
La verdadera Argentina no puede reducirse a la volatilidad del riesgo país o a la cotización del dólar blue. Tampoco puede describirse desde el balcón de Puerto Madero. La verdadera Argentina es la que cada día apuesta al trabajo genuino, la que se levanta antes del amanecer para sostener una familia, la que resiste a la adversidad con creatividad y esfuerzo, la que no tiene tiempo para “divagar sobre la realidad” porque está demasiado ocupada en sobrevivirla.
Quizás el desafío más grande sea lograr que esa Argentina profunda —la que produce alimentos, energía, cultura y trabajo— deje de ser la “otra” Argentina y se convierta, por fin, en el centro de un relato que hasta ahora privilegia la mirada de quienes viven en un mundo distinto, cómodo y limitado a los márgenes de la General Paz.
Más del 45% de los menores vive en hogares pobres en Argentina (Bloomberg)
