El ocaso de Kueider: del anonimato político a la estrella de la corrupción

Hoy, el país tiene como uno de los temas principales el escandaloso caso del senador nacional entrerriano Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con 200 mil dólares de dudosa procedencia, presuntamente obtenidos a cambio de favores políticos. Este medio lleva años denunciando las irregularidades de Kueider, a pesar de enfrentar embates judiciales para acallarnos. La complicidad de la Justicia y el poder político entrerriano permitió que Kueider siguiera operando hasta convertirse en lo que hoy es: una figura emblemática de la corrupción.

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En el mismo “barrio” es tan acotado el espacio del vecindario de la triple frontera , con un enorme movimiento de personas que circulan las 24 hs muchas veces sin control estricto , ya que es muy común cruzarse para almorzar o cenar en cualquiera de estas ciudades. Es esa ” cotidianeidad” en la que se habría confiado Kueider para circular con el dinero a “cuestas”.

Durante años, Kueider se movió en las sombras, esquivando la exposición pública que su cargo requería. Fue apodado “el monje negro”, y su pasado político sigue siendo un misterio para muchos. Es difícil explicar cómo alguien con una modesta experiencia como concejal y años de actividad como operador político en el anonimato terminó ocupando una banca en el Senado. Su ascenso comenzó bajo el ala de Gustavo Bordet que posibilitó su encumbramiento, con quien se alineó en Entre Ríos, y luego consolidó su posición aliándose con el sector de Milei, convirtiéndose en un voto clave para la aprobación de leyes. Quienes lo conocen destacan su falta de escrúpulos y su afán por convertir todo en un negocio personal, acumulando propiedades, empresas y, recientemente, 500 mil dólares en Paraguay que no puede justificar.

Este medio documentó desde hace años los pasos en falso de Kueider, quien era la columna vertebral del gobierno provincial. Manejó las campañas políticas del PJ y controló el acceso a Bordet, convirtiéndose en un filtro obligatorio para cualquier político o empresario que quisiera entrevistarse con el entonces gobernador.

En su rol como secretario de la Gobernación, Kueider extendió su influencia a todos los ámbitos del Poder Ejecutivo. Luego junto a Laura Stratta, manejaron discrecionalmente los contratos del Senado ya que sin su firma no salía nada. Aunque el cuerpo cuenta con 226 agentes en planta permanente y 19 contratados de servicio, en 2023 se descubrieron 1,306 contratos adicionales de obra, que eran imposibles de rastrear al no realizar aportes previsionales ni sociales. Estos contratos, algunos de hasta dos millones de pesos, incluían nombres de allegados a Kueider, como su hijo Facundo y su primo Ernesto Rubel, socio en la empresa Betail S.A. Rubel, imputado y procesado, nunca habría puesto un pie en el Senado. Hoy Laura Stratta denunciada penalmente por esto y otros hechos en su paso como Ministra de Desarrollo Social, está siendo investigada por el fiscal Gonzalo Badano.

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Entre sus «obras maestras» destaca la revista Semanario ABZ, publicada por la empresa Multimedios Regional SRL, asociada a Kueider y vinculada a financieras disfrazadas de mutuales que explotaban a empleados públicos. Esta revista, que recibía exorbitantes sumas en pauta oficial, se convirtió en una de las publicaciones más caras del mundo, hasta que las denuncias de este medio lograron que un fiscal Francisco Ramirez Montrul identificara el desvío de fondos como un delito.

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Lejos de ser procesado por Ramirez Montrull, Kueider usó su poder para encabezar la lista de senadores en 2019, asegurándose los fueros parlamentarios y paralizando las investigaciones en su contra en Entre Ríos. Desde su banca en el Senado nacional, no solo continuó sus maniobras, sino que amplió sus horizontes de negocios, aprovechando las necesidades del gobierno de Milei, que carece de representación en la Cámara Alta.

El reciente arresto de Kueider en Paraguay marcó un giro en la historia. Fue detenido con 200 mil dólares en efectivo, pero no por la Justicia entrerriana, que apenas había comenzado a indagarlo, ni por la Justicia argentina, que ya lo investigaba por sus vínculos con ENERSA y el pago de sobornos por parte de los Tórtul. Fue la Justicia paraguaya la que actuó, invalidando sus fueros y procesándolo por flagrante delito.

Sin embargo, el proceso sigue lleno de interrogantes. ¿Por qué fue requisado tras cruzar la frontera 166 veces en la última década? ¿Cómo logró el arresto domiciliario en tiempo récord? ¿De dónde salió la cuantiosa suma para pagar su fianza y la de su secretaria, Iara Guinsel Costa?

En los últimos días, salieron a la luz audios comprometedores entre Kueider y una tal Karina, en los que se evidencia que, durante la campaña de 2023, ya negociaba acuerdos con los libertarios. Esto refuerza la percepción de que su banca, obtenida con votos peronistas, fue puesta al servicio de Milei, no por convicción política, sino por conveniencia económica.

Cuando fue detenido, Kueider intentó responsabilizar a su secretaria, afirmando que el dinero incautado pertenecía a una empresa paraguaya de importación de la que ella sería socia. Sin embargo, este argumento parece otro intento desesperado por esquivar su responsabilidad.

No es casualidad que sea la Justicia extranjera la que finalmente le “pusiera el cascabel al gato”. Sin la protección de sus contactos en Entre Ríos, Kueider enfrenta ahora un escenario complejo. Mientras cumple arresto domiciliario, su situación se agrava tras los allanamientos realizados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en propiedades vinculadas a él en Paraná, Concordia y Buenos Aires, que promete mostrar un abanico de involucrados e impensados “cómplices” . La solicitud de detención marca el principio del fin para quien, durante años, se creyó intocable.

El operativo en el despacho de Kueider habría sido el disparador de otros allanamientos en Concordia

Luego del ingreso de funcionarios judiciales con efectivos de Gendarmería Nacional a las oficinas del ex senador nacional, este sábado se ordenaron otros cuatro allanamientos en la capital de citrus.

Uno de los allanamientos volvió a darse en la ex vivienda familiar del hombre detenido en Paraguay, en inmediaciones del hipermercado, más precisamente en la esquina de Entre Ríos y Sauré. En ese lugar se dio una intervención que arrancó en la media mañana del sábado y que se extendió hasta pasado el mediodía. En dicha casa vive la ex esposa de Kueider y es el mismo lugar que ya fue allanado hace aproximadamente una semana.

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Por otro lado, se concretaron otros tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad, aunque uno de ellos habría sido desestimado ya que el inmueble ya estaría alquilado a otro emprendimiento que no tendría relación con lo investigado.

Los que si seguirían siendo de interés para la causa se concretaron en un centro de rehabilitación que funciona en calle Güemes, en uno de los laterales del Colegio de los Padres Capuchinos y otro en un domicilio de calle Carriego, en proximidades del Juzgado Federal de Concordia, que tiene sus oficias en la parte posterior del ex Policlínico Ferroviario.

Trascendieron más detalles sobre el concordiense al que se le secuestró una cifra millonaria en una cueva financiera

Tras el importante golpe contra el narcotráfico, se supo que la banda era liderada por un paraguayo y su pareja, quienes viajaban a Concordia y cambiaban millones de pesos, presuntamente adquiridos por la venta de droga, por dólares.

La policía de Entre Ríos a través de la Dirección Toxicología dio uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico de los últimos años, al secuestrar luego de una persecución en la Ruta 11 y 26 que incluyó disparos de arma de fuego, un total de 18 kilos de cocaína, una millonaria suma de dólares y pesos, y un total de diez allanamientos, nueve en Paraná y uno en Concordia, con el principal sospechoso, un hombre de nacionalidad paraguaya, detenido.

El secuestro fue el resultado de una pesquisa de la Dirección Toxicología que llevaba más de siete meses bajo las instrucciones del fiscal federal Leandro Ardoy, en la que se investigaba una organización narco-criminal que operaba en Paraná, con conexiones en Concordia.

La banda era liderada por el paraguayo Néstor Rodríguez Sanabria de 29 años y su pareja Andrea Fabiana Vargas de 43. Ambos con residencia en la ciudad de San Benito. La pesquisa apunta que la pareja viajaba hacia la ciudad de Concordia, al menos dos veces por semana, donde cambiaban millones de pesos, presuntamente adquiridos por la venta de estupefacientes, por dólares.

Ese cambio de divisas se producía en la “cueva” financiera de calle Augusto Niez y Colón, a cargo de Tomás Agustín Jacobi, quien quedó detenido y próximamente será indagado por el Juez Federal de Paraná, Leandro Rios.

¿Pero cuál sería el rol de Jacobi en la banda narco criminal?

Los investigadores presumen que facilitaba los dólares a Rodríguez Sanabria que luego viajaba hacia la localidad de Bernal, Buenos Aires, donde se proveía de cocaína para después venderla en las bocas de expendio de Paraná y sus alrededores.

“En principio de acuerdo a la investigación, para nosotros era la persona que le facilitaba los dólares para posteriormente dirigirse hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y abastecerse de estupefacientes”, comentó el titular de la Dirección de Toxicología, Alexis Rotundo, sobre el rol que tendría Jacobi con el líder de la organización narco.

Consultado sobre cuáles serían esos elementos que lo vincularían con la banda narco criminal, Rotundo explicó que “nosotros a través de las distintas tareas de trabajos de campo, seguimiento y vigilancia, pudimos determinar que estas personas, los investigados que teníamos acá en Paraná, se contactaban con esta persona de Concordia”.

De esta manera, “con la información aportada a la justicia y lo que nosotros consideramos, es decir, la participación que tiene cada uno y el rol dentro de la organización, es que se dispuso momentáneamente su detención”.

Aserradero familiar de Ubajay exportó a México y Uruguay

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La Secretaría de Industria, Comercio y Minería, Victoria Giarrizzo, visitó el aserradero Bella Unión SRL, ubicado en la localidad de Ubajay. Esta empresa familiar, dirigida por Oscar Benay junto a su hijo Joaquín, logró concretar este año su primera exportación a México y Uruguay, marcando un importante avance para el sector foresto-industrial entrerriano.

Giarrizzo mantuvo un diálogo con los empresarios, donde se abordaron temas claves como la situación del sector, las dificultades del mercado interno y los desafíos de la burocracia en las exportaciones.

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“Nos comprometimos a trabajar en conjunto para encontrar soluciones que potencien la competitividad de nuestras empresas. Desde el Gobierno provincial, reafirmamos nuestro acompañamiento al sector productivo, convencidos de que el desarrollo de las economías regionales se fortalece a través de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado”, sostuvo la funcionaria.

De la reunión también participaron Camilo Benay,  secretario de Gobierno de Ubajay,  Edgard Raimundo del área de producción del municipio, y representantes locales, quienes destacaron el impacto positivo que esta primera exportación genera no solo en la empresa, sino también en la comunidad local. 

Detectan que el Iosper pagaba sueldos de $16 millones y que la deuda asciende al doble de lo informado

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Sueldos de 16 millones de pesos, una deuda del doble de la declarada e incrementos de aranceles sin justificación, fueron algunas de las principales irregularidades detectadas en el Iosper en los primeros días de auditoría.

El interventor y la subinterventora del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Mariano Gallegos y Marina Alegre, respectivamente, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría de corte en la obra social de los empleados públicos de la provincia.

“La situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos”, explicaron los interventores y detallaron que, como dijo el gobernador Rogelio Frigerio cuando decidió la intervención, “sólo  conocíamos la punta del iceberg. Ahora empezamos a ver qué hay debajo”.

Los interventores designados por el Poder Ejecutivo para sanear el Iosper detectaron que la deuda acumulada de la obra social duplica lo que había declarado el ex presidente Fernando Cañete. El total asciende a 42.871.884.708 pesos, de la cual el 56 por ciento corresponde a medicamentos, por lo que resaltaron la mala gestión financiera.

También apuntaron que “tiene un déficit operativo de 3.000 millones de pesos por mes”, y resaltaron que “el Iosper compra, y contrata, mal y caro”. Además, aclararon que la intervención trabaja “con una lógica de que el Iosper es de los afiliados, no de los prestadores, y trabajamos para los afiliados”.

Por otra parte, subrayaron las maniobras con las que ex miembros del Directorio intentaron ocultar el monto de sus propios sueldos que alcanzaban, en el caso del presidente, los 16 millones de pesos. La metodología utilizada consistía en desdoblar el pago del salario e informar públicamente solo uno de los montos.

Asimismo, se detectó el incremento de aranceles sin justificación, y brindaron como ejemplo el aumento del 15 por ciento en los aranceles prestacionales que intentó instrumentar Cañete antes de salir del cargo. Ese aumento hubiera producido un déficit adicional de 1.000 millones mensuales, que finalmente logró impedir la intervención. En ese sentido, también resaltaron la existencia de actas de ajuste de aranceles que carecían de firmas y fechas, lo que pone en duda su validez.

Por otra parte, los interventores resaltaron que las droguerías habían otorgado un aumento del descuento en la compra de medicamentos del 15 por ciento a partir de los primeros días de diciembre y que, si ese mayor descuento se hubiese aplicado desde el 1 de enero de 2024, la obra social hubiese ahorrado 1.700 millones de pesos.

Otro de los datos alarmantes que detectó la intervención en esta primera etapa fue el uso indebido de vehículos de la obra social para beneficio personal de los funcionarios. El caso más llamativo es el del gerente de Prestaciones, que se hacía llevar y traer todas las semanas desde la provincia de Corrientes, y que se le pagaba, además del sueldo, los gastos de traslado y el hotel en Paraná, lo que totalizaba un gasto de 10 millones de pesos.

A eso se suman irregularidades en el pago del servicio de lavado de los automóviles oficiales, con precios por encima de los de mercado y el pago de televisión por cable en oficinas en las que no hay televisores.

Pospusieron la inauguración del aeropuerto de Concordia

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En un principio se había manifestado que el aeropuerto de Concordia estaría operativo a fin de año. Se estiró tres meses más por trabajos finales de energía.

Las obras del Comodoro Pierrestegui transitan desde hace tiempo su etapa final, aunque una serie de trabajos en la red eléctrica pospondrán por más de tres meses la última fecha anunciada. Así lo confirmó Gustavo Cusinato, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial, fundamentando que el plazo de entrega fue extendido, debido a trabajos pendientes relacionados con el suministro de energía eléctrica.

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Según precisó, “los cables para potenciar la energía, que está realizando la Cooperativa Eléctrica”, fue eso, “lo que nos obligó a ampliar (el plazo de) la obra por tres meses, previendo cualquier eventualidad”. Seguidamente, insistió con que, más allá de esta eventualidad, “el aeropuerto está prácticamente terminado”, explicó Cusinato.

Entrega del aeropuerto de Concordia

Además, adelantó que, una vez que se instale la potencia adecuada y se realicen las pruebas necesarias, se procederá a entregar oficialmente la obra al municipio de Concordia.

De ahí en más, la administración y operación del aeropuerto estarán en manos de un ente que será definido por el municipio. El funcionario provincial dijo que “la provincia tendrá alguna participación, pero será el municipio quien tome las decisiones a través de un ente previamente establecido”. Este organismo será el encargado de determinar quién gestionará y operará las instalaciones una vez que estén en funcionamiento.

Este viernes se define la prisión preventiva para De La Madrid: Un video lo complica y la justicia sospecha de un hackeo o de un infiltrado en tribunales

Este viernes a las 8 de la mañana, el juez de Garantías Ives Bastián deberá resolver si dicta prisión preventiva para el abogado Pedro De La Madrid, detenido este jueves bajo la acusación de ejercer ilegalmente su profesión. De La Madrid fue condenado en 2021 a cinco años de inhabilitación para ejercer como abogado, pero según la Fiscalía, habría desobedecido esta orden, utilizando matrículas de terceros para continuar operando. Entre las pruebas, se encontraría un video que, según trascendió, muestra al abogado discutiendo una causa con un supuesto cliente, una interacción que derivaría en una agresión física por parte de De La Madrid hacia su interlocutor, si bien hay denuncias cruzadas. La justicia también sospecha que De La Madrid habría hackeado el sistema informático del Poder Judicial o tendría contactos en el interior del palacio de tribunales que le adelantan información reservada, exclusivamente para funcionarios judiciales, sobre las medidas y oficios que tienen relación a sus causas.

El Abogado Pedro De La Madrid, junto a su actual pareja, Analía Romero. Ambos investigados por la justicia entrerriana

El historial legal del abogado incluye denuncias de estafa procesal, como la presentación fraudulenta en un juicio sucesorio de su exesposa, ya fallecida, a pesar de estar divorciado. Además, enfrenta graves acusaciones por su accionar como asesor jurídico del municipio de Estancia Grande, donde, según la denuncia, habría montado una “fiscalía paralela” (Se lo investiga por la creación de un sistema paralelo de notificaciones con un correo que simulaba ser oficial, mediante el cual gestionaba trámites y cobraba por sus servicios), además de haber falsificado un decreto para garantizar la incorporación de su actual esposa y su hermana en planta permanente con las categorías más altas del escalafón municipal.

A esta lista de acusaciones se suman denuncias recientes relacionadas con la emisión de pagarés falsos con sumas exorbitantes en dólares, supuestamente firmados por clientes incautos de su estudio jurídico (el abogado les hacía firmar documentos y aprovechaba los espacios que había entre el escrito original y sus firmas, los recortaba y llenaba el blanco con el contenido de un pagaré en dólares). Estos documentos habrían sido emitidos en favor de su esposa y su aparente socio, Alejandro Jacobi, con quien además compartía domicilio fiscal.

Ahora, fuentes judiciales confiaron que también existen sospechas de que el abogado De La Madrid podría haber hackeado el sistema informático judicial o contaría con ayuda interna que le brindaría de manera anticipada información restringida sobre las medidas relacionadas con sus causas, incluyendo pruebas, declaraciones testimoniales y resoluciones preliminares no notificadas aún a las partes, comunicaciones confidenciales entre dependencias, instrucciones reservadas y documentos internos como borradores de sentencias o resoluciones.

También se supo que el contexto de su detención fue, por lo menos, llamativo: El abogado se presentó el martes en tribunales para solicitar autorización para viajar a Brasil junto a su segunda esposa, Analía Romero, argumentando que siempre se había mantenido “a derecho”. Sin embargo, la fiscal Daniela Montagie solicitó su inmediata detención al considerar que no solo estaba incumpliendo la condena de inhabilitación, sino que además existía riesgo de fuga y que la acumulación de acusaciones y pruebas requería medidas urgentes.

Durante los años en los que debió cumplir con la inhabilitación, De La Madrid habría continuado ejerciendo la abogacía mediante las matrículas de otros colegas, entre los que se mencionan a la abogada Valentina Klaus Gerling y al propio Jacobi.

Embargan la dieta y desalojan a legisladora concordiense por deuda de alquiler

La diputada provincial Liliana Salinas, oriunda de Concordia, enfrenta una sentencia judicial que incluye el embargo de su dieta como legisladora y el desalojo de la vivienda que ocupaba desde 2012. La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones, Sala Civil y Comercial Nº1, en un fallo al que tuvo acceso 7Paginas.

El origen del conflicto

Según información recabada, Salinas alquiló una vivienda sobre calle Laprida en Concordia en 2012, pero habría acumulado una deuda considerable por el impago del alquiler durante varios años. La particularidad del caso radica en que los propios garantes de la legisladora, Pablo Estarque y Oscar Escurra, fueron quienes iniciaron la acción legal, ya que el propietario de la vivienda no podía desalojarla debido a que Salinas convivía en el domicilio con su hijo, un menor con discapacidad.

Durante el juicio, Salinas habría argumentado que no contaba con ingresos suficientes para saldar la deuda, razón por la cual continuó ocupando la vivienda. Sin embargo, tras asumir como diputada provincial, la situación cambió, y los garantes accionaron para que se ejecutara el desalojo y el cobro de la deuda acumulada.

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La resolución judicial

El juez Jorge Ignacio Ponce firmó la orden judicial con fecha del 8 de noviembre, estableciendo el embargo sobre las remuneraciones o dieta de Salinas. El fallo, en el expediente caratulado “Estarque Pablo / Escurra Oscar Javier y otras, desalojo y cobro de alquiler”, resolvió que el embargo se llevara a cabo una vez que los garantes ofrecieran una fianza a satisfacción del juzgado.

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Impacto y contexto

El caso genera repercusión no solo por la posición pública de la legisladora, sino también por las particularidades de su situación personal y familiar. Aunque el desalojo es una medida extrema, el fallo judicial refleja años de conflicto y la falta de resolución en tiempo oportuno, afectando tanto al propietario de la vivienda como a los garantes.

La provincia acordó un nuevo aumento salarial con trabajadores estatales

El acuerdo incluye una actualización en las asignaciones familiares en un 40 por ciento, a pagarse en dos tramos, y el cambio de la base de cálculo a octubre, pago retroactivo, y un nuevo cambio de base a enero, en febrero de 2025.

Los acuerdos fueron alcanzados en el marco del encuentro paritario presidido por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano. Por el gobierno, participaron el secretario de Finanzas, Uriel Brupbacher, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Abelardo Del Prado. Por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), estuvo presente la secretaria adjunta, Carina Domínguez, y por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario general, Oscar Muntes.

Brupbacher afirmó que el cierre del acuerdo paritario por este año fue “con la satisfacción de haber cumplido con los requerimientos de los gremios, cerrando una paritaria estatal por encima de la inflación en casi un 1 por ciento y respondiendo a pedidos puntuales. Obviamente que esto implicó un gran esfuerzo para la caja de la provincia, pero hemos ido cumpliendo y cerramos el año con un acuerdo con los dos gremios mayoritarios. Eso nos da la satisfacción del deber cumplido en esta etapa”.

Señaló además que para el 2025 esperan continuar con “las paritarias sectoriales, donde estamos corrigiendo cuestiones relacionadas a licencias que no se habían tomado, la reglamentación de los contratos temporarios, los contratos de obra. Creo que estamos cerrando un año que ha sido positivo, porque pudimos acompañar con un punto sobre la inflación, que era lo que venían planteando los gremios, y porque ya empezamos a hablar de una recomposición del salario estatal”.

La paritaria firmada este miércoles consiste en cambiar la base de cálculo para los incrementos salariales a partir de los sueldos de diciembre de 2024, utilizando como referencia los haberes de octubre de 2024. Se reconoció el pago de la diferencia resultante del cambio en la base de cálculo sobre los haberes del mes de noviembre. La base de cálculo se volverá a modificar en febrero, tomando como referencia enero de 2025.

También se actualizarán las asignaciones familiares en un 40 por ciento durante este período, pagaderas en dos cuotas: 20 por ciento en enero y 20 por ciento en febrero, no acumulables.

A su vez, se continuará implementando un incremento salarial equivalente al IPC del mes anterior para enero y febrero de 2025.  Se compensará la suma fija pagada hasta diciembre de 2024 con futuros aumentos por ajustes inflacionarios y el retroactivo correspondiente a noviembre, asegurando que ningún agente reciba menos que en el mes anterior. Esto estará garantizado por el aumento en un 20 por ciento del código 192 por fuera del mínimo.

Finalmente, se aumentará en un 40 por ciento los códigos 35 y 41 en los haberes de los trabajadores del Iafas, y su posterior actualización por IPC.

Entre Ríos realiza acciones para compensar emisiones de Carbono

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En conmemoración del noveno aniversario del Acuerdo de París, y como miembros de la Alianza Verde Argentina, la provincia de Entre Ríos se ha unido a los esfuerzos nacionales para compensar las emisiones de Huella de Carbono generadas durante la #PreCOP29Argentina, celebrada en Misiones.

Esta acción se replicó simultáneamente en las seis provincias que conforman la Alianza Verde Argentina, reafirmando el compromiso colectivo en la lucha contra el cambio climático y ratificando los principios fundamentales del Acuerdo de París.

En colaboración con Scouts y diversas organizaciones de la sociedad civil, se llevó a cabo la plantación de 25 ejemplares de ceibo en el Parque Vieytes de San Benito. La actividad contó con la presencia del intendente local, Ariel Voeffray; la secretaria provincial de Ambiente, Rosa Hojman; legisladores provinciales, concejales y otros funcionarios del gobierno provincial.

Esta iniciativa subraya la importancia de conservar las especies nativas y promover la presencia de árboles en espacios públicos como una estrategia clave para mitigar el calentamiento global.

Entre Ríos reafirma su dedicación a la agenda climática global y al cuidado de la biodiversidad, demostrando que el trabajo conjunto y la acción local son esenciales para enfrentar los desafíos ambientales de nuestro tiempo.

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