NEGOCIADOS DE ORABONA Y BORDET CON NUEVO TESTAFERRO

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Se habla de alrededor de más de cien las propiedades -principalmente terrenos- que fueron adquiridas por el Cajero de Gustavo Bordet, Juan Domingo Orabona, usando un poder de un hombre de la calle, y posteriormente transferidas a manos del ex gobernador. Ambos implicados en la causa de los «Contratos Truchos».
La investigación judicial que merodea los «#Contratos Truchos», en la provincia de Entre Ríos habría dejado expuesta una red de corrupción de proporciones bíblicas, basada básicamente en operaciones inmobiliarias y financieras que involucran a figuras clave del ámbito político y empresarial local.
En el centro de esta trama se encuentran Juan Domingo Orabona, conocido en el ambiente como el «Cajero de Bordet», y el ex gobernador Gustavo Bordet, siendo identificado como uno de los principales arquitectos de esta trama de ilícitos.
Juan Domingo Orabona no estaría pasando por sus mejores momentos, ya que la causa por los «#Contratos Truchos», que cuenta con 32 imputados, podría llegar a juicio el próximo año. Sobre él, habría un pedido de ocho años de cárcel, lo que lo convierte en uno de los máximos responsables en la trama de las compras. Resulta llamativo que la cadena de mando de la asociación ilícita se detenga en él, sin escalar a niveles superiores.
Flavia Beckman y Hugo Mena, una pareja central en la investigación de los «Contratos Truchos», han acaparado la atención judicial debido a sus conexiones directas con el actual diputado nacional, Gustavo Bordet.
En un incidente policial en 2018, Beckman fue interceptada por las autoridades mientras retiraba dinero de varios cajeros automáticos en Paraná, y su esposo Mena fue arrestado cerca del lugar, mientras esperaba el botín en una casa a pocas cuadras.
Hace años, Juan Domingo Orabona comenzó a adquirir una gran cantidad de propiedades utilizando un poder legal otorgado por Hugo Mena. Estas compras incluyen propiedades en Paraná, Victoria y, sobre todo, en Concordia.
Resulta sorprendente que un hombre que prácticamente vivía en condiciones de calle, de hecho sigue en esa situación, haya adquirido de golpe numerosos inmuebles en varias ciudades, todo gestionado a través de Juan Domingo «Palito» Orabona, conocido por esos días como el «Cajero de Bordet», facilitó la adquisición de más de 130 propiedades por parte de Mena, quien, con el tiempo, las cedía a nombres muy cercanos al ex gobernador, incluso al propio Bordet.

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Estas transacciones inmobiliarias se dieron mientras Gustavo Bordet era intendente de Concordia. Se compraban terrenos a precios muy bajos, se loteaban, se urbanizaban con los servicios básicos proporcionados por la administración municipal, y posteriormente se transferían a nuevos propietarios. Este período fue conocido como la explosión inmobiliaria en Concordia.
Como resultado de las mejoras realizadas en diversas zonas de Concordia, que incluyeron la provisión de servicios como luz, agua, luminarias y saneamiento, los valores de los terrenos experimentaron un considerable aumento.
En la actualidad, esos lugares se han transformado en barrios altamente valorados en términos económicos, destacándose el caso del conocido barrio Nebel, ubicado en la ruta hacia una de las playas más populares de la ciudad «del citrus».
El tema en cuestión es «cómo tenía un indigente como Hugo Mena los medios económicos para las compras gestionadas por Orabona».

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La respuesta es: «Hugo Mena sería integrante de la banda de los ‘tarjeteros’ que operó con más fuerza durante la primera gestión de Gustavo Bordet, hasta 2018 donde se todo el arco político concordiense conocía que las contrataciones pasaban por la aprobación de Bordet y su amigo y ladero Edgardo Kueider. Esta banda se dedicaba a extraer meticulosamente grandes sumas de dinero de cajeros automáticos utilizando tarjetas asociadas a los ‘Contratos Truchos’».
Durante toda una década (realmente ganada), al menos para nos pocos, estuvo operando esta banda liderada, en cuanto a la ejecución, por Mena y Beckman. Sin embargo, considerando su estado económico actual y las casas en las que viven, se deduce que no se quedaron con los millones que obtuvieron.


El vínculo comercial entre Hugo Mena y Gustavo Bordet pone en alerta a los fiscales que investigan al ex gobernador por «#Enriquecimiento Ilícito», ya que podría revelar cómo habría obtenido tantas propiedades. En julio de 2011, los “las rutas comerciales” de Gustavo Bordet y Hugo Mena se habrían cruzado debido a una operación que involucraría un terreno de 500 metros cuadrados a cambio de 25 mil pesos. Es curioso cómo el indigente Mena, siendo de Paraná, pudo comprar terrenos del otro lado de la provincia, para luego transferirlos a Bordet, quien en aquel tiempo era Intendente.
Ese terreno que adquirió Bordet de Mena, terminó enclavado en una zona que hoy está muy valorizada gracias a las mejoras impulsadas por el mismo Bordet cuando era intendente, «negocio redondo».
El terreno está en un loteo en la zona de Avenida Chajarí y San Lorenzo, un lugar de paso obligado en Concordia para quienes se dirigen a la Playa Nebel. Las mejoras incluyen pavimentación, iluminación pública, y obras de saneamiento.
Además, la esposa de Bordet, la hoy diputada provincial Mariel Ávila, gestionó la parquización en la zona y la construcción de una pista de skate, «todo en familia». El barrio se revalorizó y se convirtió en una zona residencial muy habitada, con lotes que llegan a cotizar cerca del medio millón de dólares.
Bordet «compró» el terreno en 2011, y luego lo vendió en 2016. Durante el tiempo que lo tuvo, gestionó las mejoras necesarias «obviamente no con dinero de su bolsillo» para elevar su valor, lo que terminó en un enorme negocio.
Parece que Hugo Mena también habría hecho un buen negocio, aunque poco claro, si embargo nunca se vio reflejado en su patrimonio personal ni en el su mujer, algo que la justicia deberá indagar.
En 2011 muchos terrenos del lugar figuraban a su nombre y el de su esposa, Flavia Beckman, pero, para 2016, esos mismos terrenos estaban a nombre del Secretario General de la UOCRA Entre Ríos, Walter Doronzoro, y también de Juan Domingo Orabona, amigo, colaborador, y mandadero, de Gustavo Bordet.
Cabe destacar que la operación de la compra de los loteos de Concordia por parte del matrimonio Mena-Beckman, se concretó en 2009.
Como «frutilla del postre», tras vender los terrenos que le transfirió Hugo Mena, revalorizados gracias a su gestión y la de su esposa Mariel Ávila, Bordet comenzó inmediatamente su proyecto de la «Quinta Termal», en el exclusivisimo barrio cerrado Village Termal, en Villa Zorraquin, lugar donde «las casas tienen aguas termales, un lujo muy poco común en una de las ciudades más pobre de la Argentina.
Se trata de una mega mansión que Bordet, ante la prensa, mencionó como «una casa de fin de semana que le fui poniendo mejoras desde el año 2016 hasta el año 2021″, y agregó en la oportunidad, que todavía quedan algunas cuestiones pendientes que tengo que pagar este año 2024», buscando disimular la fastuosidad del lugar.
Primero compró 1.225 metros cuadrados, en 2016, y luego 1.184 metros cuadrados, en 2020, con un valor del metro cuadrado de 80 dólares, lo que totaliza casi 200 mil dólares «solo el terreno». Sumando la mansión con pileta, el valor comercial podría estar rozando el millón de dólares.
La causa de los «Contratos Truchos» ha entrado en la etapa final para ser elevada a juicio, y Orabona está en el tope de los acusados. No se implicó a nadie más por encima de Orabona, quien, de 2007 a 2011, fue de titular de la Dirección General de Administración de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, y al mismo tiempo, administraba el estudio Contable y los negocios de Gustavo Bordet, su amigo de la juventud.
Bordet, necesita de los frentes de investigación de la justicia Entrerriana, que esta vez pareciera que avanzarían a pesar de las fuertes presiones políticas, luego que los fiscales pidieron 7 años de prisión para Orabona quien habría intentado comunicarse con su amigo Bordet, pero esta vez no pudo concretarlo, sin embargo este último habría enviado a un amigo en común el ministro de Economía durante sus gestiones, Hugo Ballay, tambien sospechado por multiples inversiones en la ciudad de Concordia, que estarian encubiertas por por dos “testaferros” uno de ellos propietario de un conocido negocio de sanitarios actualmente estaría en un importante desarrollo inmobiliario de calle Las Heras de esta ciudad de Concordia .

Ballay quien se encontró con un panorama que generó la preocupación de muchos, ya que vio a Orabona rodeado de papeles escritos a mano, con detalles de todos los movimientos económicos hechos por encargo, y que complicaría a varios, entre ellos a él y al mismísimo Bordet, y que en esa tarea le consume todas las horas del día.
Y como suele suceder en estos casos le señaló a Ballay que si el cae no lo hará solo, lo que generó la rápida designación de Orabona en la Comisión Técnica mixta de Salto Grande además, Orabona habría manifestado no estar dispuesto a caer solo, lo que habría hecho correr despavorido al ministro a con tarárselo a su jefe, y esto provocó, a la postre, la designación de Orabona en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cayendo en todo este movimiento el hoy detenido en Paraguay y ex senador Edgardo Kueider, quien habría entrado en estado de pánico, luego de los allanamientos encomendados por la Jueza Arroyo Salgado, donde habrían encontrado suficientes pruebas para cerrar todo el circulo de una fabulosa estafa al estado entrerriano.
La operatoria inmobiliaria generada a principios de 2010 en Concordia, fue una obscena práctica donde se usaban testaferros ajenos a Concordia, y se aprovechaba la disposición que señalaba que “los loteos con fines de urbanización hasta 50 lotes están exentos de ganancias siempre y cuando, no haya habitualidad ni permanencia de la fuente generadora”.
Los testaferros de los que se valió Orabona, son el matrimonio oriundo de Paraná, Mena-Beckman, de los cuales no se sabía nada en Concordia, y quienes no levantarían sospechas entre la ciudadanía, ya que nadie los conocía, al ser oriundos del otro lado de la provincia.
No solo se estafó al pueblo entrerriano, porque con fondos que eran para la Cámara de Senadores se compraron estos terrenos, sino que los habitantes de la ciudad de Concordia, una de las ciudades históricamente más pobres de la Argentina, se pagaron con fondos públicos mejoras estructurales para que esos lotes suban su valor, y se conviertan en un gran negocio para unos pocos .
Mientras se espera que actúe en profundidad y transparencia la justicia federal , para esclarecimiento total de estos posibles casos de Enriquecimiento Ilícito.
Como se dice en la calle en Entre Ríos, «donde tocás sale pus»..

Fuente: entrerios24

#corrupcion #Entre Ríos #Bordet #Orabona #Enriquecimiento Ilícito #contratostruchos

Urribarri, Báez y Aguilera aguardan una señal del STJ

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El exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, pasaron Nochebuena y Navidad encarcelados en la Unidad Penal de Paraná. Urribarri y Aguilera ingresaron el 19 de noviembre cuando la Cámara de Casación Penal revocó un fallo de septiembre del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná y ordenó su detención con prisión preventiva hasta que la condena que se les aplicó en 2022 en el megajuicio adquiera firmeza. Fue a petición del Ministerio Público Fiscal. Báez ingresó el 22 de noviembre.

Los tres aguardan una resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) contra sendos fallos de Casación. Fueron con una impugnación extraordinaria que la Sala Penal decidió tramitar por escrito -por problemas de agenda para realizar audiencia oral- y que deberá aguarda los tiempos corrientes de Tribunales. El titular de la Sala Penal, Miguel Ángel Giorgio, rechazó planteos de los defensores para habilitar días y horarios y así acelerar los tiempos de resolución. «Además -planteó Giorgio en respuesta al pedido de Báez- cabe advertir a los letrados defensores que ante esta Sala Nº1 en lo Penal del S.T.J., obran otras causas de impugnaciones extraordinarias con personas privadas de la libertad aguardando resolución (…) a quienes se les ha dispensado estrictamente el trámite de ley; por lo que, excepcionar en este caso los plazos previstos, implicaría la constitución de un privilegio indebido».

El plazo que tiene la Sala Penal es de veinte días hábiles, y no se descarta que la resolución pueda conocerse al cabo de la feria judicial de enero. Aunque todo puede ocurrir con este caso.

No dudo que, como ha sucedido con otros dirigentes y ciudadanos en casos tan o más importantes, en este caso van a corregir esta situación tan injusta y dolorosa”, planteó Urribarri en una carta que difundió su hijo, el exministro de Gobierno, Mauro Urribarri, este martes 24.

Claro que el ingreso al equipo de defensor de Urribarri, encabezado por Fernando Burlando, fue con durísimas críticas al Poder Judicial y en particular contra dos vocales de la Sala Penal que debe resolver su situación: Miguel Giorgio y Gisela Schumacher. En abril, cuando todavía no se había resuelto el recurso de queja del exgobernador, la defensa del exmandatario enrostró a ambos magistrados la maniobra de supuestamente haber «filtrado» sus votos antes de que se conociera la sentencia.

El tercer vocal que debe resolver la impugnación extraordinaria de Urribarri, Aguilera y Báez es Germán Carlomagno.

Las condenas

El fallo condenatorio se conoció el 7 de abril de 2022 cuando el Tribunal de Juicios y Apelaciones conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castago y Elvio Osir Garzón emitió un fallo histórico de condena a un exgobernador de Entre Ríos. De los 13 imputados que llegaron al megajuicio, fueron absueltos 5 imputados: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes -fallecido durante el proceso- y Gustavo Tórtul; Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, y Maximiliano Sena, socio de éste.

Al exgobernador Sergio Urribarri, por la comisión en su calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, en 5 hechos, solicitaron la pena de 12 años de cárcel. Además, la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo condenó a 8 años de cárcel.

Pedro Ángel Báez, exministro de Cultura y Comunicación, exdiputado provincial del PJ, por la comisión en calidad de autor de los delitos de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública, 4 hechos, le pidieron la pena de 10 años de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue de 6 años y 6 meses de prisión.

Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, funcionario del Senado de Entre Ríos, como partícipe necesario de los delitos de peculado ynegociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, en dos hechos, le fue solicitada una pena de 10 años de prisión. Además, la accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenado a 6 años y 6 meses de cárcel.

Corina Elizabeth Cargnel, contadora de las empresas Next SRL y Tep SRL, que se adjudican al cuñado Aguilera, se la acusa como partícipe necesaria de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en 2 hechos. Por esos hechos, la Fiscalía pidió para Cargnel 8 años de cárcel, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal consideró excesiva la pena pedida por Fiscalía y le aplicó 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

Al empresario Gerardo Daniel “Foia” Caruso el Ministerio Público Fiscal lo imputa como partícipe necesario en la comisión del delito de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal. Y pide la pena de 5 años de prisión y la inhabilitación absoluta perpetua. El tribunal le aplicó la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional.

Al exministro de Turismo de Urribarri, Hugo José María Marsó, acusado como autor del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, le pidieron la condena a 5 años de prisión más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Fue absuelto de culpa y cargo.

Emiliano Oscar Giacopuzzi, acusado por Fiscalía de ser “testaferro” de Aguilera, se le imputa como partícipe secundario del delito de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal y se pidió para él la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La pena aplicada por el tribunal es de 2 años y 6 meses de ejecución condicioanl.

Gustavo Rubén Tamay, en carácter de partícipe necesario de los delitos de peculado y negociaciones incompatibles en concurso ideal, Fiscalía pide la pena de 4 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Le aplicaron 3 años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua, más pago de multa de $90 mil.

Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, también acusada de ser “testaferro”, le achacan en carácter de partícipe secundaria el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal y piden la pena de 3 años de prisión de carácter condicional, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La pena aplicada 2 años y 6 meses de ejecución condicional.

Alejandro Luis José Almada, cuñado de Aguilera, Fiscalía le achacó ser partícipe secundario en el delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, y le pidió la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional. También, la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal decidió absolverlo. Almada actualmente es funcionario de la Cámara de Diputados. Fue absuelto de culpa y cargo.

Maximiliano Romeo Sena,  otro “prestanombre”, según Fiscalía, fue acusado por Fiscalía como partícipe secundario del delito de peculado y el de negociaciones incompatibles en concurso ideal, pidieron 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal lo absolvió.

Germán Esteban Buffa, el empresario suertudo que obtuvo una pauta publicitario del Estado antes de que pudiera constituir su empresa, Global Menas, y que fue parte del gerenciamiento de El Diario, de Paraná, como partícipe necesario en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, Fiscalía pide una pena de 3 años de ejecución condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal le aplicó la pena de 1 año y 2 meses de prisión condicional.

Gustavo Javier Tórtul, funcionario del Estado provincial, como partícipe necesario del delito de peculado y de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso ideal, la Fiscalía solicitó la pena de 3 años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Pero el tribunal entendió que no tuvo participación en los delitos reprochados, y lo absolvió. También absolvió al ya fallecido Hugo Céspedes.

PONEN A PUNTO AVIÓN RECUPERADO DEL NARCOTRÁFICO EN ENTRE RÍOS

A través del decreto Nº 3.585, fechado el 2 de diciembre, el Gobierno autorizó la contratación directa por “vía de excepción” de la empresa Aviaser SA para el “servicio que se realizará en dos etapas, consistente en inspección previa, análisis de situación, puesta en servicio de vuelo seguro e informe técnico final” de una aeronave cedida por la Justicia Federal de Concepción del Uruguay y que había secuestrada al narcotráfico.

Se trata de una aeronave marca Beechcraft, modelo B-58 Baron, matrícula CX-BRI, a cargo de la Dirección General de Aviación Civil de la Secretaría General de la Gobernación”. El servicio se hará en dos etapas: la primera, por un valor de u$s 14.199; y la segunda, a un costo de u$s 4.770

La aeronave pasó a patrimonio del Estado entrerriano en 2021, por pedido del Poder Ejecutivo. Se trató de un avión incautado en Concordia en una causa de narcotráfico.

Se intensifica el flujo de argentinos que cruzan hacia Brasil

A los aluviones por las compras se suman quienes se van a pasar año nuevo o vacaciones a las playas. Muchos que vienen desde lejos hacen noche en Irigoyen, lo que impulsa a la hotelería local.

Beneficiados por el cambio entre el peso y el real y las repercusiones de la devaluación de la moneda brasileña ante el peso, actualmente las asimetrías económicas favorecen a los comercios brasileños, especialmente frente a Bernardo de Irigoyen, que comparte una frontera seca con las ciudades de Dionisio Cerqueira y Barracão. Donde todo el año se vio que los misioneros estaban volviendo a comprar al vecino país, pero en los últimos días se intensificó ese flujo hacia Brasil, incluso desde localidades más alejadas como Eldorado y todo el Alto Paraná misionero, como así también desde el Alto Uruguay misionero.

En los últimos días el real estuvo oscilando entre los 185 y 210 pesos, según las fluctuaciones en el cambio de divisas en la frontera más oriental del país, una oportunidad ideal para que aumente el flujo de consumidores argentinos que eligen comprar en los comercios brasileños teniendo en cuenta además las fiestas de fin de año.

Según un relevamiento de El Territorio, los consumidores argentinos cruzan la frontera en busca de productos esenciales de la canasta básica: arroz, azúcar, aceite, embutidos, lácteos, cárnicos, frutas y verdura, bombones, también compran artículos navideños, regalos, ropa, calzado, productos de bazar, reposeras,  materiales de construcción y sanitarios, eso solo por nombrar algunos de los rubros más buscados o preferidos. A esto se suman las estrategias de los comerciantes del vecino país, quienes ofrecen promociones y descuentos irresistibles, especialmente en fechas clave, destacándose además por su atención cordial y personalizada.

En la actualidad es normal ver todos los días un intenso movimiento fronterizo, vehículos y ciudadanos argentinos recorriendo las calles y comercios de Dionisio Cerquerira y Barracão. En tanto, los fines de semana y feriados son los días de mayor despliegue de argentinos en suelo brasileño, adonde no sólo llegan vecinos de esa región fronteriza, sino también varios tours de compras desde distintos puntos de la provincia de Misiones, con combis y colectivos llenos, además de los pasajeros que también va en aumento en las líneas de colectivos interurbanos y de media distancia que llegan a la frontera seca, donde cada jornada se ve las paradas de colectivos repletas de pasajeros y mercaderías

Por otro lado ya se empieza a notar el movimiento turístico hacia las playas brasileñas y se estima que será mucho mayor a los movimientos registrados en los últimos años.

Por estos días, varios cambistas consultados por este medio manifestaron que en los últimos días han crecido muchísimo las consultas por el valor del real, cosa que en años anteriores, si bien se realizaban operaciones cambiarias interesantes en la zona, no había tanta especulación o interés.

Además, Lucas Bologna, un empresario hotelero de Bernardo de Irigoyen, manifestó que a diario reciben consultas de argentinos de otros puntos del país que van a vacacionar a Brasil, pero hacen noche en Irigoyen. “Estamos recibiendo consultas diarias sobre costos de alojamientos para estos últimos días de diciembre; enero y febrero; de hecho para los días de cambio de temporada, se han efectuado reservas con las que cubriríamos más del 40% en enero, y más del 30% en febrero de la capacidad del hotel y cabe aclarar  que muchos de los que ya están reservando se han alojado en temporadas anteriores, entonces hemos preparado las instalaciones y mejorado los servicios que ofrecemos, esperando una buena temporada ya que hoy pensar en vacaciones, en las playas de Brasil es más económico que las de Argentina”, explicó.

CONCORDIA : Falleció el hombre que había sufrido fractura de cráneo tras un presunto empujón del hijo del propietario de un local bailable

Minutos antes de las dos de la mañana de este miércoles 25 de diciembre, desde el hospital Masvernat informaron el deceso de Gian Néstor Monchetti, quien se encontraba internado en el nosocomio desde el pasado 16 del corriente mes.

Se trata del hombre que había ingresado al hospital tras sufrir un empujón en el local bailable “Rancho de Coco”, tras una presunta discusión con el hijo del propietario identificado como Jorge Antonio Ragner.

Antes de su fatal deceso, Monchetti se encontraba internado en la Unidad de Terapia Intensiva con pérdida de conocimiento, otorragia y fractura de cráneo.

La investigación había recaído en el fiscal Jesús Penayo Amaya, quien se encontraba de turno al momento del hecho, pero al agravarse la situación, se presume que la causa quedará a cargo del Dr. Martín Núñez.

El hecho

El personal de la comisaría Octava  fue comisionado alrededor de las 3 de la mañana  del 16 de diciembre al  boliche “Rancho de Coco”, ubicado sobre La Pampa entre Dr. del Cerro y Ricardo Rojas, a raíz de una presunta pelea.

Allí,  se entrevistaron con el hijo del propietario del lugar, quien manifestó que había retirado a un sujeto de 52 años porque se encontraba en un estado de ebriedad.

Una vez fuera del local nocturno, el hombre identificado como Néstor Gian  quiso ingresar nuevamente al boliche  y fue allí, cuando el hijo del propietario lo empuja y cae golpeando su cabeza en el piso.

El sujeto fue inmediatamente trasladado hacia el hospital Masvernat, desde donde informaron que presentaba pérdida de conocimiento y otorragia. Además, como consecuencia del golpe, presentaba fractura de cráneo, por lo que debió ser derivado a la Unidad de Terapia Intensiva.

DETENIDOS POR ALLANAMIENTOS DE REQUISAS VEHICULARES CON ESTUPEFACIENTES Y ARMAS 

En el día de ayer, siendo las 12:40hs, se dio cumplimiento en forma simultánea a 04 órdenes de allanamiento expedidas por el Juzgado de Garantías N°1 de esta ciudad, en el marco de causa que se encuentra en investigación (en fecha 22 de diciembre de 2024, tres masculinos a bordo de un automóvil concurrieron a un domicilio con intenciones de agredir a un joven, ya que habían mantenido una discusión previamente en un boliche).

Los mismos se realizaron en tres domicilios del barrio Almirante Brown, arrojando resultados positivos, con el secuestro de (03) vainas servidas; (02) proyectiles, sin percutar; (20) plomos deformados; (12) plomos los cuales no se puede precisar calibre; (29) plomos de diferentes calibres; (01) revólver calibre 38 especial, con 06 proyectiles en su interior; (01) réplica de arma de fuego Piettro Beretta; (01) caja de municiones, marca FM, con cartuchería cal. 7.62x51mm, con 20 cartuchos; (01) caja de cartuchos calibre 12, con 32 municiones Remington; (01) caja de cartuchos Daffen cal. 38 especial con 50 municiones; (02) cajas de cartuchos Magtech con 50 municiones; (04) celulares; la suma de $556.600 pesos argentinos; sustancia estupefaciente Marihuana con un pesaje total de 88 gramos; (03) balanzas digitales; y recortes circulares de bolsas de nylon; (01) motocicleta Honda CB Twister 250 c.c. sobre la que pesa pedido de secuestro vigente, por robo desde fecha 05 de enero de 2023 en la Provincia de Buenos Aires; (01) caja con 50 municiones cal. 9mm sin percutar. Finalizando estas diligencias con la aprehensión de 02 masculinos y 01 femenina.

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Las requisas vehiculares sobre los dos automóviles en cuestión, arrojaron resultados negativos.

Todo lo actuado en conocimiento del fiscal José Arias.

Concordia : Secuestro de éxtasis con la figura de Tutankamón despierta la inteligencia criminal sobre la PELIGROSA venta de drogas de diseño

El éxtasis es una de las drogas más consumida en el ambiente nocturno. Se reveló la identidad de un presunto proveedor.

En los últimos días de noviembre, la policía desarticuló y desbarató una organización narco criminal integrada por ciudadanos colombianos que operaban en la ciudad bajo la fachada de “venta de muebles”, pero que en realidad se dedicarían a otorgar microcréditos  con elevadas tasas de interés en sectores vulnerables de la población, y ejerciendo amenazas y violencia hacia quienes no pagaban.

Además, los colombianos  tenían una fuerte vinculación con  narcotraficantes de Concordia, es decir, muchos de esos préstamos que les otorgarían son utilizados por los narcos para la compra de estupefacientes.

Pero eso no fue todo. En el operativo que estuvo diagramado por la División Criminalística bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie, se logró el secuestro de pastillas de éxtasis con la figura de Tutankamón en color verde. Se trata de un hallazgo muy importante, teniendo en cuenta que nunca se había podido encontrar una droga de ese estilo en Concordia.

Las pastillas de éxtasis estaban en la vivienda de calle San Juan y Rocamora del ciudadano colombiano, identificado como Kevin Martínez Ordoñez. Se trata de un muchacho de 23 años que en el último tiempo tuvo un crecimiento económico  muy importante, que sería a base de que otorgaría muebles a créditos. Pero lo llamativo del operativo es que su vivienda no se encontraron ni muebles ni elementos vinculados a que allí podría funcionar una empresa que se dedique al armado de mobiliarios.

Entre sus registros, Martínez Ordoñez posee una condena condicional de dos años por el delito de abuso de armas. El hecho por el que fue condenado ocurrió en marzo de este año, cuando baleó a un ciudadano de su misma nacionalidad a raíz de un conflicto por vinculado a las drogas.

Las pastillas de éxtasis que Ordoñez tenía en su poder le habrían quedado de una fiesta electrónica a la que habría concurrido en la madrugada del domingo 24 noviembre y que se realizó a las afueras de Concordia. Los investigadores presumen que las habría vendido en ese lugar, teniendo en cuenta que es muy habitual el consumo de drogas de diseño en ese tipo de eventos. Además, no descartan que sea un habitué de ese tipo de fiestas y que sea uno de los principales proveedores, publicó el medio Concordia Policiales.

QUÉ ES EL ÉXTASIS

El éxtasis, también conocido por sus siglas MDMA (3, 4-metilendioxi-N-metanfetamina), es un compuesto de síntesis tradicional en el mercado ilegal de estupefacientes, siendo una de las drogas que más se venden en la calle. Los investigadores presumen que su valor rondaría los 30.000 pesos.

Es una droga sintética (fabricada por el hombre), muy poderosa que tiene propiedades estimulantes y en ocasiones también de tipo alucinógenas en función de la dosis que se ingiere.

El éxtasis puede producir, de forma inmediata, numerosos efectos adversos para la salud, desde náuseas, escalofríos, sudoración, visión borrosa o contractura involuntaria de los músculos de la mandíbula, hasta la muerte ocasionada por sobredosis.

40 días de prisión preventiva para Pedro De La Madrid: Nuevas denuncias y posibles consecuencias para «El Clan de Pedrito»

El caso del Dr. Pedro Silvio de la Madrid sigue sumando capítulos judiciales. En la audiencia celebrada el pasado viernes 20 de diciembre, en el marco del legajo 14602/24, el juez Ives Bastian resolvió imponerle prisión preventiva por 40 días. La fiscal Daniela Montangie argumentó la gravedad de los hechos y el riesgo procesal, logrando que se dispusiera un plazo de 30 días de reclusión en la Alcaidía Local y 10 días en la Unidad Penal de Concordia. La medida fue solicitada tras confirmarse que De la Madrid, pese a contar con una condena previa que lo inhabilitaba, continuaba ejerciendo ilegalmente como abogado.

EL INCIDENTE QUE DESENCADENÓ LA MEDIDA
Hace aproximadamente unos 10 días, varios clientes del estudio jurídico de De la Madrid lo confrontaron por el retraso en una causa que manejaba. Durante el intercambio, los clientes presentaron documentación comprometedora contra el abogado. Según consta en una grabación de video que luego fue presentada ante la justicia, De la Madrid reaccionó violentamente, abalanzándose sobre uno de los reclamantes y tomándolo del cuello para intentar arrebatarle las pruebas incriminatorias. Este episodio generó denuncias cruzadas, pero el video resultó clave para exponer lo que era un secreto a voces: De la Madrid continuaba ejerciendo la abogacía a pesar de su inhabilitación penal.

La situación de De la Madrid se complicó aún más con las denuncias presentadas por la Municipalidad de Estancia Grande, relacionadas con el hurto agravado de documentación pública (legajo nº 10819/24, fiscal Julia Rivoira). Tras realizarse varios allanamientos en sus domicilios, se encontraron numerosos documentos oficiales del municipio.

Según la investigación, tanto Pedro de la Madrid como su esposa, Analía Romero, y su hermana, Daiana Alfonsina de la Madrid, habrían utilizado estos documentos, recortando firmas originales, para crear instrumentos falsos que acreditaban su supuesta condición de empleados permanentes del municipio.

Pruebas periciales en una causa previa (legajo 7382/23, fiscal Dr. Núñez) ya habían revelado que la documentación presentada para sustentar la condición laboral de Analía Romero y Daiana de la Madrid era apócrifa, utilizando hojas recortadas con firmas originales.

El próximo 30 de diciembre, se realizará una nueva audiencia penal en la que la fiscal Daniela Montangie solicitará que la condena previa de dos años de prisión e inhabilitación que pesa sobre De la Madrid pase de ser de cumplimiento condicional a efectivo. El pedido se sustenta en el quebrantamiento de la pena, ya que De la Madrid continuó ejerciendo la profesión y, además, está implicado en nuevos delitos.

EL “CLAN DE PEDRITO” EN LA MIRA
La situación no solo afecta al abogado, sino que pone en jaque la libertad de los demás integrantes del denominado “clan de Pedrito”. Las pruebas recopiladas hasta ahora refuerzan la hipótesis de un esquema organizado que involucraría a Analía Romero y Daiana de la Madrid en actos de falsificación y fraude documental.

Con múltiples causas abiertas, entre ellas la que investiga el mencionado hurto de documentación pública y la falsificación de instrumentos, las posibilidades de que nuevas medidas judiciales alcancen al resto de los involucrados son altas.

Megajuicio: rechazo a planteo de Báez y un llamado de atención

La suerte del recurso de impugnación extraordinaria contra el encarcelamiento que presentó el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, seguirá el mismo camino que la petición formulada por el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado Juan Pablo Aguilera: seguirá los tiempos normales en Tribunales, y no se descarta que recién encuentre respuesta luego de la feria judicial de enero.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia ha rechazado la posibilidad de habilitar días y horarios y les ha recordado que los planteos hechos podría generar «un privilegio indebido» por cuanto hay otras personas encarceladas que esperan resolución de sus casos, y ninguno de ellos se ha salteado los tiempos corrientes en Tribunales. De ese modo, en ambos planteos -primero el de Urribarri y Báez, y luego en el de Báez- la respuesta fue la misma: no habrá plazos extraordinarios.

El rechazo fue explicado así por la Sala Penal:  «En relación a la solicitud de habilitación de días y horas inhábiles, en sintonía con lo resuelto en providencia de fecha 4 de diciembre de 2024 ante idéntica petición -en el planteo de Urribarri y Baéz, NdelR- el mismo resulta totalmente improcedente de acuerdo al trámite y plazos que deben necesariamente observarse en esta vía recursiva extraordinaria, teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en el art. 141 sig. y conc. del Cod. Proc. Penal, correspondiendo en consecuencia rechazar en todos sus términos lo interesado al respecto».

La definición del recurso de impugnación extraordinaria del exgobernador Urribarri contra la decisión de la Cámara de Casación Penal, que el 19 de noviembre dictó su encarcelamiento con prisión preventiva en la Unidad Penal en el marco de la condena a 8 años del megajuicio, será en los plazos habituales, sin adelantamiento. Esto es: luego de que el Ministerio Público Fiscal presente sus argumentos, plazo que tiene hasta las primeras horas de este jueves, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) entrará a deliberar y para adoptar una decisión tendrá un período de veinte días hábiles.

El miércoles 4, y ante un planteo de las defensas del exgobenador Urribarri, que integran Fernando Burlando, Javier Baños y Lepoldo Cappa, al que adhirieron los representantes del cuñado del exmandatario, Juan Pablo Aguilera, también con prisión preventiva, Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende, el presidente de la Sala Penal, Miguel Giorgio, dispuso: «En relación a la solicitud de habilitación de días y horas inhábiles, más allá que el pedido se ha formulado en día hábil, el mismo resulta totalmente improcedente de acuerdo al trámite y plazos que deben necesariamente observarse en esta vía recursiva extraordinaria, teniendo en cuenta asimismo lo dispuesto en el art. 141 sig. y conc. del Cod. Proc. Penal, correspondiendo en consecuencia rechazar en todos sus términos lo interesado al respecto».

En un duro fallo que desarmó el dictamen del Tribunal de Juicios y Apelaciones, que en mayoría con los votos de los jueces María Carolina Castagno y Julián Carlos Vergara, había rechazado el pedido fiscal de aplicar prisión preventiva en la Unidad Penal de Paraná al exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado en 2022 en el marco del megajuicio a 8 años de cárcel, y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, con una pena de 6 años y medio, la Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó este martes la inmediata detención de ambos.

El Tribunal de Casación –integrado por las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo-, entendió que había “riesgos” procesales luego de la durísima condena aplicada a Urribarri y a Aguilera. “De allí que, encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”, dice el voto de la jueza Davite, al que adhirieron Badano y Bruzzo.

Davite dijo compartir “con los vocales del Tribunal de Juicio en que nuestro régimen procesal fue pensado y diseñado con la idea de la prisión preventiva como última ratio para casos graves como los que aquí se han investigado, juzgado y sancionado; y con las ideas, en tensión, de la necesidad de la averiguación de la verdad y el aseguramiento de los fines del proceso, para lo cual le da pautas al juez para que ante la sospecha de frustración de tales fines, dicte la medida en consecuencia”.

Kueider: chats, coimas, Bordet y el hermano de un camarista

Una serie de mensajes de Whatsapp entre los empresarios entrerrianos Claudio y Marcelo Tórtul, responsables de la filial local de Securitas y procesados en la Justicia Federal por el pago de coimas a funcionarios de la distribuidora eléctrica Energía Entre Ríos SA (Enersa), revelan que el exsenador Edgardo Kueider habría estado al tanto y/o participado de la ampliación del contrato de seguridad entre esa empresa pública y la firma de seguridad privada. Esa prórroga por dos años fue firmada en marzo de 2019, y según una autodenuncia de la propia Securitas, se logró mediante pagos ilegales.

El intercambio fue descubierto del análisis de los celulares de los hermanos Tórtul secuestrados en una serie de allanamientos dispuestos por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en abril pasado, en sus domicilios en Paraná, en el marco de la causa Securitas. Este expediente se inició en 2020 tras una investigación interna de la filial argentina de la empresa de seguridad privada, en la cual se detectaron indicios de supuestos pagos de coimas a funcionarios entre fines de 2016 y principios de 2019, para lograr y mantener contratos con distintos organismos y empresas estatales, entre ellas Enersa.

Por el volumen del material secuestrado, el resultado del peritaje de los dispositivos electrónicos fue incorporándose a la causa a lo largo de estos últimos meses y vino siendo analizado por la Fiscalía federal a cargo de Fernando Domínguez y el Juzgado de San Isidro. Los mensajes en los que se menciona a Kueider aparecieron con posterioridad al procesamiento dispuesto por la magistrada el 3 de mayo de este año que, si bien alcanzó a los Tórtul, no incluyó a Kueider en esa instancia.

A continuación, Infobae reproduce textual – con los errores de ortografía y tipeo originales – los mensajes que le envió Claudio Tortul el 7 de junio de 2017 a su hermano Marcelo:

“Q prepare pliego yo hablo cn el Turco Cuaider (no se como se escribe) va a estar a cargo de eso” (sic), escribió Claudio en referencia al pliego de la licitación por parte de ENERSA del contrato de seguridad. El apellido Kueider aparece mal escrito. En ese momento, el hoy ex senador era jefe de Gabinete del entonces gobernador peronista Gustavo Bordet. ”Sabe porque estaba en concordia”, continuó Claudio Tórtul, sobre la ciudad de la que son oriundos Kueider y Bordet.

”Pliego y que vaya por unidad”, puede leerse en otro mensaje a continuación. “Y alternativas de servicios”, señala en referencia a las que serían las características del pliego licitatorio. “Van a amoliar (sic) a ENERSA”, continuó Claudio Tórtul, en un texto en el que que habría querido poner “ampliar” la contratación a la empresa energética provincial. “En esto pingamosle (sic) celeridad”, continúa, y concluye: “Q lo sacamos”.

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“Si bien sigue siendo materia de investigación la intervención que podría haber tenido el imputado Kueider en el denominado caso ENERSA, surgiría de aquel diálogo una posible relación con un pliego de dicha empresa estatal (”van a amoliar a enersa me dijo” SIC) en el que se encontraba interesado uno de los hermanos Tortul”, determinaron los investigadores. Así quedó plasmado en el exhorto internacional de extradición contra Kueider y su acompañante, Iara Guinsel Costa, dictado por Arroyo Salgado el martes pasado y enviado a la Cancillería argentina.

La magistrada federal busca que ambos sean enviados de regreso al país para indagarlos en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado, entre otros delitos, abierta en julio pasado, y cuya conexidad con la causa Securitas dispuso en octubre. Kueider y su acompañante cumplen prisión domiciliaria en Paraguay en un departamento de lujo, por el intento de contrabando de USD 211.000, que les fueron incautados sin haberlos declarado cuando intentaban ingresar a Ciudad del Este, desde Brasil. En el Juzgado de Arroyo Sagado y la Fiscalía de Domínguez temen que puedan ser liberados en cualquier momento ya que se trata de un delito relativamente menor, que en el país vecino implica una pena de entre seis meses y dos años y medio de prisión, al ser en grado de tentativa. Por eso, la jueza le envió a Interpol un pedido de captura nacional o internacional contra ambos.

Infobae consultó al nuevo abogado defensor de Kueider y de Guinsel Costa en Argentina, Juan Martín Cerolini, pero declinó hacer comentarios sobre los mensajes porque no pudo acceder todavía al expediente que está bajo secreto de sumario.

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Vecinos

Los teléfonos de los Tórtul fueron secuestrados en los allanamientos dispuestos por Arroyo Salgado a sus domicilios, junto a pendrives y discos externos que aún están bajo análisis. Los operativos incluyeron al edificio Live que construyó su desarrolladora en Paraná, en el que Claudio y Marcelo Tórtul poseen tres departamentos y tres cocheras, y son vecinos del propio Kueider.

El ex senador compró en ese coqueto edificio de Santiago del Estero 511, en 2021, tres departamentos con dos cocheras a través de la empresa Betail SA. Kueider y los Tórtul son los dueños de los semipisos del 13 A y 13 B, respectivamente, unidades de tres dormitorios con un valor de mercado que superan los USD 350.000 cada una.

La propiedad de los departamentos y las cocheras fue revelada por la revista Análisis el 6 de junio pasado, y unos días después por el sitio El Disenso. Como titular de las expensas, figuraba hasta mayo Betail SA, la empresa a la que Kueider había entrado como accionista y director en diciembre de 2019. Constituida como una agropecuaria, no registra ningún tipo de actividad comercial en sus balances presentados ante la IGJ, como reveló Infobae.

Llamativamente, en junio las unidades aparecieron a nombre de Guinsel Costa, con quien el exlegislador mantendría una relación afectiva. Kueider solía vivir en el departamento más grande del piso 13 cuando estaba en Paraná. Guinsel Costa estuvo nombrada este año en el despacho del entonces senador, con la categoría más alta y un sueldo de $1,9 millones, pese a que fuentes del Senado le dijeron a Infobae que no se la veía por la Cámara alta.

Ni Betail SA ni Guinsel Costa registran inmuebles a su nombre, según la respuesta del Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos a un oficio enviado por el fiscal de Concordia, José Arias, que también investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito. Según fuentes judiciales, se debe a que aún no fueron escriturados por algún tipo de “faltante” en la documentación del Fideicomiso Santiago Tejeiro, a través del cual Betail SA compró los inmuebles. Sin embargo, el fiscal Arias corroboró que la firma era la dueña por los boletos de compra-venta que secuestró en un operativo en la sede de la constructora en la calle Córdoba al 500, en Paraná.

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Los hermanos Tórtul.

A su vez, a partir de un informe enviado el día 10 de diciembre último por el administrador del edificio, Alfonso Galiussi, a la jueza Arroyo Salgado, los investigadores dieron por acreditado que Kueider está vinculado a esos tres departamentos (el 6B, el 6D y el 13 A) y dos cocheras a través de Betail SA. El administrador del edificio también informó que los pagos de expensas de las unidades de Betail SA los realizaba Guinsel Costa, con quien mantuvo conversaciones por WhatsApp para enviarle la liquidación de expensas de las cinco unidades. En el requerimiento de Domínguez de octubre pasado, en la causa por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal, el fiscal evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.

El otro socio de Betail SA es Rodolfo Daniel González, un amigo de Kueider y puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. González le transfirió luego sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. Rubel es el que firma los boletos de compra de los departamentos.

Para el fiscal Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador y que Guinsel Costa sería testaferro de Kueider.

Otro hecho habría llamado la atención de los investigadores: cuando la Justicia Federal fue a allanar los departamento de los Tórtul en abril pasado (en ese momento Kueider tenía fueros y no ingresaron a sus departamentos), el ex legislador entrerriano se había hecho presente y, molesto, habría mostrado interés en el procedimiento.

A su vez, a partir de un informe enviado el día 10 de diciembre último por el administrador del edificio, Alfonso Galiussi, a la jueza Arroyo Salgado, los investigadores dieron por acreditado que Kueider está vinculado a esos tres departamentos (el 6B, el 6D y el 13 A) y dos cocheras a través de Betail SA. El administrador del edificio también informó que los pagos de expensas de las unidades de Betail SA los realizaba Guinsel Costa, con quien mantuvo conversaciones por WhatsApp para enviarle la liquidación de expensas de las cinco unidades. En el requerimiento de Domínguez de octubre pasado, en la causa por enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal, el fiscal evaluó que Kueider “posiblemente, eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre”.

El otro socio de Betail SA es Rodolfo Daniel González, un amigo de Kueider y puntero político peronista de Concordia, empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004. González le transfirió luego sus acciones a Javier Rubel, primo de Kueider, de profesión albañil, sin mayores antecedentes comerciales. Rubel es el que firma los boletos de compra de los departamentos.

Para el fiscal Domínguez, es necesario “dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”. La hipótesis es que Betail SA sería simplemente una pantalla para ocultar los bienes del ex senador y que Guinsel Costa sería testaferro de Kueider.

Otro hecho habría llamado la atención de los investigadores: cuando la Justicia Federal fue a allanar los departamento de los Tórtul en abril pasado (en ese momento Kueider tenía fueros y no ingresaron a sus departamentos), el ex legislador entrerriano se había hecho presente y, molesto, habría mostrado interés en el procedimiento.

Conexión con la causa Securitas

Ahora, los investigadores quieren desentrañar si el dinero para la compra de los departamentos en el edificio de los Tórtul podría estar vinculado al pago de coimas por parte de la Regional Litoral de Securitas, a cargo de esos dos hermanos, a la empresa provincial Enersa. Este es el punto en el que se conectan la causa Securitas – iniciada en 2020 – y la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Kueider y presunto lavado de dinero, que comenzó en la Justicia federal a principios de julio, en paralelo a la causa abierta en Concordia por el mismo delito.

La lupa hoy está puesta sobre el crecimiento patrimonial de Kueider, quien entró a la política y la función pública en 1999, cuando ingresó como concejal de Concordia. Luego desarrolló su carrera en el gabinete de ese Municipio y saltó a la provincia, cuando asumió como secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, entre 2015 y 2019, durante el mandato de Bordet. Kueider fue su jefe de campaña y persona de su confianza, hasta el distanciamiento político por la ruptura del exsenador, en 2022, con el bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta.

De acuerdo a la propia investigación interna de Securitas y los mensajes analizados del material incautado en distintos allanamientos en la causa Securitas, los hermanos Tórtul habrían efectuado pagos en efectivo a funcionarios de Enersa, para garantizarse la renovación del contrato con esa empresa estatal. El dinero para el pago de los sobornos habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, que era en realidad otra empresa de los Tórtul, que le facturaba a Securitas sin brindar ningún servicio.

En la causa madre de Securitas, los dos hermanos tienen un procesamiento confirmado por la Cámara Federal de San Martín el 4 de diciembre pasado. Están acusados de asociación ilícita -en carácter de organizadores- en concurso real con cohecho activo -coautores-, y negociaciones incompatibles con la función pública -en carácter de partícipes necesarios.

Para la Justicia Federal, “se encuentra acreditado que Edgardo Kuedier, a la época de los hechos investigados en el marco de la causa FSM 3084/2020 (causa Securitas), según acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de Enersa de fecha 29/04/2019, remitida por el mentado organismo en el marco de la causa referida, era el representante de las acciones pertenecientes a la Provincia de Entre Ríos en Enersa, encontrándose “debidamente legitimado para asistir y votar […] por mandato otorgado por el Excmo. Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Don Gustavo Bordet”.

Ante la consulta de este medio, el exgobernador entrerriano entre 2015 y 2019 negó que el Poder Ejecutivo provincial formara parte de la administración de la empresa, o que participara de sus decisiones de contratación, que recaían en su presidente y el directorio. Bordet aseguró que “Kueider no formaba parte del directorio ni era síndico de Enersa”, y que su participación se limitó a “firmar las actas de la asamblea anual de la empresa, en representación del estado provincial”.

Como reveló Infobae hace una semana, en el expediente en la causa Securitas, hay un mensaje que intercambiaron Claudio Tortul, su hijo Ramiro y su hermano Marcelo el 28 de enero de 2019 en el que se habla de “pagar la parte de bordet” (sic), en una conversación en la que hablan de “ir a casa de gobierno para cerrar el negocio” con Enersa. Identificados como “CT”, “RT” y “MT”, mencionaban el precio acordado por el servicio de seguridad entre noviembre de 2018 y marzo de 2019. Ese mes, el contrato de Securitas con Enersa se renovó por dos años, con una actualización del monto.

También hacían referencia al “negro”, quien sería José Gervasio Laporte, secretario Legal de Técnico de la Provincia de Entre Ríos hasta su fallecimiento en julio de 2020, a quien le habrían “pagado” una parte con un vehículo Toyota Etios.

El mensaje

El mensaje entre Claudio, Ramiro (su hijo) y Marcelo Tortul en el que se menciona al ex gobernador Bordet, incluido en el procesamiento de Arroyo Salgado

Bordet – actual diputado nacional por Unión por la Patria – desmintió ante Infobae haber cobrado dinero de los Tórtul o Securitas. Respecto de ese mensaje entre los hermanos, señaló: “Puede que se haya invocado mi nombre para obtener algún tipo de beneficio”. Y aseguró: “Solo me reuní con el presidente o algún director de Enersa cuando fui gobernador para fijar cuestiones de política energéticas, de los valores de las tarifas, de obras de infraestructura, pero jamás tuve reuniones referidas a la seguridad. Las contrataciones en materia de seguridad son, si se quiere, un tema menor. Se realizaban dentro de la empresa, las decidía el directorio, integrado por cinco miembros y un presidente, y eran revisadas por los cinco síndicos. La empresa Securitas ya venía prestando el servicio cuando llegué a la gobernación. Nunca nadie me consultó sobre el contrato de seguridad, no tuve ninguna participación en esa decisión, ni en la renovación en 2019″.

También negó cualquier vinculación con los Tortul: “Nunca tuve trato, ni crucé mensajes de Whatsapp, ni email, ni me reuní con ellos. Y no quise tenerlo nunca. Era habitual que ellos buscarán tener acceso al círculo de poder. Siempre mantuve distancia. En una provincia todos nos conocemos. Solo pude haber coincidido en algún evento social”.

La Cámara Federal de San Martín – integrada por Marcos Morán, Juan Pablo Salas y Marcelo Fernández – confirmó a principios de este mes el procesamiento del ex gerente de Enersa Alejandro Cis, pero le dictó la falta de mérito a Héctor Daniel Morales, ex gerente legal de la empresa de energía e hijo del ex procurador general de Entre Ríos Héctor Morales; y al ex gerente general Juan Carlos Pimentel, hermano de uno de los integrantes de la Cámara de Casación Penal de Paraná Gustavo Pimentel.

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