Entre Ríos organiza junto al Museo de Casa Rosada una muestra sobre el general Urquiza

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La propuesta se titula “Justo José de Urquiza: un cambio de rumbo. Hacia la organización del Estado argentino” y comenzará este domingo 13 de abril en la ciudad de Buenos Aires. Desde el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón y el Archivo de Entre Ríos se aportaron objetos y documentos. 

La exhibición se enfoca en el rol fundamental que tuvo el general Justo José de Urquiza en la organización del territorio nacional durante la primera mitad del siglo XIX. La intención es mostrar la complejidad de ese proceso desde una perspectiva global que tiene en cuenta los aspectos políticos, sociales y económicos de la época.

Una de las piezas claves de la muestra será un poncho perteneciente al general Urquiza, que fue restaurado recientemente por el Taller de Conservación de Textiles del Museo de Casa Rosada, como un aporte que pone en valor este bien patrimonial de la provincia.

Se podrá visitar en el Museo de Casa Rosada, ubicado en avenida Paseo Colón 100, de la ciudad de Buenos Aires. Horarios: de miércoles a domingos, de 11 a 18 horas. Entrada gratuita. 

López cruzó a Cañete: “No es normal un sueldo de 16 millones y que contrate a su sobrina que vive en el exterior”

El presidente de bloque de diputados oficialistas, Marcelo López, cuestionó con dureza al ex titular del IOSPER, Fernando Cañete, luego de sus recientes declaraciones públicas, en las que reconoció haber empleado a una sobrina que trabajaba de manera remota desde distintos lugares del mundo, y defendió su salario mensual de 16 millones de pesos.

“Es sorprendente lo que Cañete llegó a naturalizar en sus declaraciones mediáticas. No es normal un sueldo de 16 millones y que contrate a su sobrina que vive en el exterior. Y lo dice como si fuera algo habitual, como si no hubiera nada que explicar”, expresó López. Y valoró: “Sus dichos resultan insuficientes y sin respaldo frente a la contundencia de una auditoría que prueba las irregularidades de su gestión al frente del Iosper”.

El legislador también se refirió al estado en que fue encontrada la obra social: “Por este tipo de decisiones, contratos y sobresueldos, la intervención recibió una obra social económicamente muy complicada. Se encontraron deudas, desórdenes graves y situaciones que comprometen el funcionamiento del sistema de salud para millas de trabajadores.”

Además, apuntó a los números que están saliendo a la luz en medio de las auditorías: “Hay una investigación en marcha que reveló que se gastaron 22 mil millones de pesos en medicamentos. Estamos hablando de cifras altísimas que hoy se están revisando a fondo, mientras se generan nuevos convenios que van a permitir ahorrar y mejorar la gestión.”

Finalmente, valoró el trabajo que lleva adelante la conducción actual: “Hoy hay una intervención que está poniendo orden, que está terminando con estos abusos y que tiene un solo objetivo: devolverle la obra social a sus verdaderos dueños, los trabajadores de Entre Ríos”.

Despido de más de 200 trabajadores viales: “Nos estamos ocupando del tema”, dijo Troncoso junto a gremialistas

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El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, recibió este martes a representantes de los gremios que nuclean a los trabajadores de peaje, tras la decisión del Gobierno Nacional de finalizar el contrato de concesión del Corredor Vial 18, operado por la empresa Caminos del Río Uruguay S.A.

Mediante la Resolución 565/2025, Vialidad Nacional dispuso la recepción de los tramos administrados por dicha empresa hasta el 9 de abril a las 00:00, momento en que concluyó formalmente el vínculo contractual.

La medida deja sin empleo a más de 200 trabajadores que prestaban servicios en los peajes de la Ruta Nacional Nº 14. Ante este escenario, el gobierno provincial manifestó su profunda preocupación y comenzó a trabajar en diferentes acciones para abordar la situación.

Durante el encuentro con los gremios, el ministro Troncoso se comprometió a gestionar una instancia de diálogo con el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, con el objetivo de encontrar alternativas para los trabajadores afectados.

“Estamos preocupados y nos estamos ocupando del tema. Sabemos que es una decisión de Nación y responde a una administración deficiente de la empresa que hasta ayer era concesionaria de la ruta”, expresó el ministro.

Asimismo, indicó que este lunes la Secretaría de Trabajo de la provincia, como autoridad administrativa laboral, convocó a una mesa de trabajo con todas las partes involucradas “para acercar posiciones e intentar encauzar la situación”.

Desde la provincia se reconoció que la administración de los contratos de concesión de rutas nacionales es una potestad exclusiva del Estado nacional, pero se advirtió que las consecuencias sociales y laborales de estas decisiones exigen una respuesta urgente y coordinada.

Qué dicen desde Vialidad Nacional

Vialidad Nacional informó que ha labrado actas por incumplimientos contractuales contra Caminos del Río Uruguay S.A. por un total de 60.000 millones de pesos, entre sanciones ya resueltas y otras en proceso. La actual gestión del organismo ha intensificado los controles sobre la concesión, que presenta un deterioro evidente y de público conocimiento.

“Esta cifra no está cerrada. Al finalizar el contrato y tomar posesión, se realiza una evaluación final que podría derivar en nuevas multas”, señala el comunicado oficial.

En relación a los trabajadores, Vialidad Nacional aclaró que los vínculos laborales son de exclusiva responsabilidad de la empresa concesionaria, y que el organismo actúa únicamente como ente contratante dentro de un conjunto de acuerdos con prestadoras de servicios y empresas concesionarias.

Fuente: Gobierno de Entre Ríos

Giorgio deberá decidir sobre habeas corpus del Cuñado

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La Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la excusación planteada por el vocal Miguel Giorgio para decidir en torno a la apelación que presentó el Ministerio Público Fiscal a la decisión del juez de Garantías Mauricio Mayer, que a través de la acogida favorable de un recurso de amparo otorgó, el lunes 24 de diciembre, la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliaria -lo sacó de la Unidad Penal N° 1, adonde había sido enviado el sábado 15-. De ese modo, la Sala Penal queda con su integración original.

La mayoría conformada por los vocales Daniel Carubia y Claudia Mizawak rechazó la excusación de Giorgio, que se había apartado amparándose en un artículo de la Ley de Procedimientos Constitucionales N° 8.369. Lo hizo, según consta en la resolución de rechazo a su apartamiento, «con invocación del artículo 5 bis, inc. 6º, de la Ley 8.369″, y así pretendió excusarse de intervenir»por haber concurrido al dictado, como Vocal de esta Sala Nº 1, de la sentencia recaída en fecha 23 de diciembre de 2018 por la cual se hizo lugar al recurso de apelación instado por los Dres. Guillermo Vartorelli y Miguel Angel Cullen en favor de los señores Juan Pablo Aguilera y Gustavo Hernán Perez considerando que ello lo coloca en la causal de excusación».

El vocal Germán Carlomagno, que había sido convocado para reemplazar a Giorgio, no votó, en razón de existir «coincidencia de los señores Vocales que me preceden en la votación, hago uso de la facultad de abstención». Así pues, la Sala Penal dispuso «no hacer lugar» a la excusación de Giorgio, y «dejar integrada la Sala N° 1» para tratar la apelación a la resolución del juez Mayer con su composición original.

Se trata de un recurso que toca de modo tangencial la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura. Aguilera, actual secretario del bloque de senadores del PJ, junto a su cuñado, Alejandro Almada, y el director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, fueron enviados a la cárcel el sábado 15 de diciembre con prisión preventiva por 90 días, decisión que adoptó la jueza de Garantías Marina Barbagelata. Fue a pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes justificaron la medida en la necesidad de que no haya entorpecimiento dela investigación.

De los tres que envió la jueza a prisión, uno, Alejandro Almada, gozó los primeros diez días arresto domiciliaria por el nacimiento de su hija, pero luego debe volver a la cárcel -su situación todavía no ha sido tratada en la Justicia en torno a un pedido de domiciliaria ampliada- y otro, Cardoso, directamente fue beneficiado con la prisión preventiva domiciliaria.

Aguilera y compañía son considerados por el Ministerio Público Fiscal como los “escalones superiores” en la “organización criminal” que se dedicó, en la última década, a sustraer unos $2.000 millones de recursos de la Legislatura entrerriana mediante la confección de contratos laborales truchos, cuya administración estaba en poder de estudios contables externos al Estado, pero que reportan a hombres clave de la política.

El lunes 23, el juez Mayer cambió esa decisión de Barbagelata y permitió al cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, Aguilera, y a otros seis implicados, gozar de la prisión preventiva bajo la modalidad domiciliaria con tobillera electrónica.

Esa decisión de Mayer fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, y derivado a la Sala Penal del STJ. El miércoles 26  Mayer hizo lugar al recurso de apelación que presentaron los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry y la Procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, a la resolución del magistrado que el lunes 24 dispuso la prisión domiciliaria para siete implicados en la megacausa de los contratos truchos en la Legislatura.

Ahora, será la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) la instancia que deberá resolver el entuerto. Un primer pronunciamiento, con el voto de Carubia y Mizawak y la disidencia de Giorgio, dio luz verde al habeas corpus que presentaron Juan Pablo Aguilera y Gustavo Pérez, decisión que abrió la puerta para que los siete implicados en la causa de los contratos truchos pudieran irse a sus casas, con prisión preventiva domiciliaria.

Desde que la causa penal que investiga el delito de asociación ilícita se abrió, el 20 de septiembre último, ya se dispuso la prisión preventiva de 9 personas, medida de precaución adoptada para evitar que entorpezcan el trabajo de los fiscales. Dos están con domiciliaria: Alejandro Almada, cuñado de Aguilera, y funcionario de la Cámara de Diputados, quien goza de 10 días de domiciliaria por el nacimiento de su hija, pero luego debe volver a la Unidad Penal N° 1, y Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo de Diputados, a quien se le otorgó la domiciliaria por 90 días.

El resto -Aguilera, los contadores Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de Senadores, Alfredo Bilbao y Roberto Ariel Faure, y los “recaudadores” Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo-, estaban alojados, hasta el lunes, en las unidades penales N° 6 y N° 1. Ese día, el juez Mayer hizo lugar a un recurso de habeas corpus, que primero rechazó y después cambió posición en función de una orden que emanó de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y les cambió la preventiva en la cárcel por una domiciliaria.

En su resolución, Mayer entendió que no se cumplió con la disposición de la jueza de Garantías Marina Barbagelata, que dispuso que la prisión preventiva se debía cumplir en pabellones en forma separada de los internos penales con condena firme. Dijo que eso no se verificó, y en su lugar, advirtió un “agravamiento” de las condiciones de alojamiento en los penales. “Los argumentos vertidos por los señores defensores respecto del agravamiento de las condiciones de detención deben ser atendidos en la medida que, en la misma linea de los argumentos vertidos en el pronunciamiento del STJ, vienen a dar anclaje a la situación concreta que transitan sus asistidos en el proceso penal que los involucra. Así, en relación al peligro concreto que corren los detenidos por encontrarse alojados en ésta situación, estimo que resulta atendible lo narrado por el Sr. Defensor de Perez en ésta instancia, que manifestó que Pérez debe autocuidarse día y noche en el establecimiento carcelario ya que en el mismo, las personas alojadas muchos de ellos condenados por graves delitos, se encuentran convencidos por los medios de comunicación que son integrantes de una banda que tiene en su poder la suma de dos mil millones de pesos, lo que expone a cualquier persona en esa condición como blanco predilecto para cualquier tipo de ilícito sobre su persona y también fácil es imaginar que cuanto menos puede sentir pánico respecto de lo que ocurrirá con su vida”, señaló el magistrado.

Ahora, la Sala Penal debe decidir si confirma lo resuelto por Mayer, o hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal. «Sin perjuicio de que la resolución que nos agravia, ejecuta lo mandado por la Sala Penal del STJER del día 23/12 (votos de los Vocales Mizawak y Carubia), entendemos que no es ajustada a derecho en tanto implica una extralimitación funcional que invade la competencia exclusiva de los jueces naturales, de instancia y apelación, de la causa en la que se dispusieron las prisiones preventivas».  Y que se contravino jurisprudencia según la cual «el hábeas corpus no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que le incumben».

¿”Haz lo que digo, pero no lo que hago”?

Un claro ejemplo de la falta de política anti-casta en Concordia: Consecuencias de la “década ganada” del kirchnerismo en la política local

Lo que se pretende ocultar en la política local , que se había prometido cambiar.

En un giro paradójico, el mismo concejal que en 2022 denunciaba enérgicamente el nepotismo en la política de Concordia, se ve ahora envuelto en un caso que podría dar la razón a aquellos que acusan a la política local de seguir reproduciendo prácticas de “casta”. Felipe Sastre, concejal del PRO, había sido un firme defensor de erradicar el nepotismo en el ámbito público, pero a principios de este mes se confirmó que su propio hermano, Mateo Sastre, fue designado como Subsecretario de Obras Públicas en la Municipalidad de Concordia.

Este nombramiento no solo refleja la persistencia de prácticas que el concejal denunciaba públicamente, sino que pone en evidencia la contradicción entre la retórica anti-casta y las decisiones que se toman en la práctica.

La designación de Mateo Sastre: de jefe de Departamento a subsecretario en tiempo récord

Según el Boletín Oficial de la Municipalidad, el ascenso de Mateo Sastre, ingeniero y hermano del concejal, fue formalizado a través del Decreto Municipal 196/2025, fechado el 5 de marzo y publicado el 4 de abril de 2025. El nombramiento fue firmado por el intendente Francisco Azcué y por el Secretario de Desarrollo Urbano, arquitecto Alejandro Ernesto López.

Mateo Sastre había ocupado hasta entonces el cargo de jefe del Departamento de Inspección de Obras desde enero de 2025, ya bajo la gestión de Azcué. Previamente, había trabajado como pasante no rentado en CAFESG (la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande) entre junio de 2022 y diciembre de 2023, y tuvo una breve experiencia en el ámbito privado en la firma José Eleuterio Pitón S.A.

Lo que sorprende no es solo la rapidez con la que Mateo Sastre ha sido promovido a un puesto de gran relevancia dentro de la estructura municipal, sino también el contexto familiar y político que rodea su nombramiento. No es solo hijo de Gustavo Sastre, histórico funcionario del Partido Justicialista, sino también hermano del mismo Felipe Sastre, quien ahora ocupa una banca en el Concejo Deliberante de Concordia.

Felipe Sastre: del denunciante al protagonista del nepotismo

En septiembre de 2022, el concejal Felipe Sastre presentaba un proyecto de ordenanza destinado a “combatir, prohibir y sancionar el nepotismo” en la política de Concordia. En esa ocasión, Sastre calificaba como “obscena” la práctica de designar familiares directos a cargos públicos y afirmaba que “no podemos permitir que se siga utilizando la política para beneficios propios o de familiares cuando un ciudadano accede a la función pública”. En su discurso, pedía una normativa que restringiera el nombramiento de familiares en cargos públicos dentro de la Municipalidad, el Concejo Deliberante, los Juzgados de Faltas y los entes descentralizados. De acuerdo con el concejal, su iniciativa buscaba erradicar “esta práctica denigrante” que se había prolongado durante años.

La paradoja: el nepotismo que no veíamos… hasta que lo vemos en casa

Apenas dos años y medio después de esa denuncia, el mismo Felipe Sastre, que luchaba por una política libre de nepotismo, parece ahora tener un apellido que vincula directamente con la práctica que él mismo había criticado con vehemencia. Este nombramiento parece ser un claro ejemplo de la persistencia del “nepotismo invisible” que muchos consideran una característica intrínseca de la política argentina, especialmente a nivel local.

Mientras tanto, la ciudadanía sigue cuestionando hasta qué punto los funcionarios que abogan por políticas de transparencia realmente son coherentes con sus discursos y acciones. En este caso, no solo se trata de una designación que podría cuestionar el compromiso de Sastre con sus propios principios, sino que también plantea interrogantes sobre el verdadero alcance de las políticas anti-casta que se presumen implementar.

¿Un cambio real o una simple fachada?

El nombramiento de Mateo Sastre refleja una paradoja de la política local en Concordia: por un lado, se promueve una política contra el nepotismo y, por otro, se reproducen las mismas prácticas que se critican. La pregunta que queda flotando es si, más allá de las buenas intenciones y discursos de los políticos locales, realmente existe una voluntad política de erradicar estas viejas prácticas o si se continúa con un sistema que perpetúa los beneficios de la “casta política”.

El caso de la familia Sastre en Concordia es solo uno de los muchos ejemplos de cómo el nepotismo sigue siendo una constante en las estructuras de poder locales, desafiando cualquier intento de cambio y generando desconfianza entre la ciudadanía que espera más transparencia y menos favoritismos.


Comentarios y contexto

La “década ganada” y sus consecuencias: El legado kirchnerista en Concordia y el peronismo local

La “década ganada” del kirchnerismo, que se extendió desde 2003 hasta 2015 bajo las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, tuvo un impacto directo en la política de muchas ciudades de Argentina, y Concordia no fue la excepción. Durante este período, el Partido Justicialista (PJ), especialmente bajo la figura de Gustavo Sastre, consolidó su poder en la región, aprovechando los recursos y políticas nacionales para fortalecer su estructura política a nivel local.

En Concordia, históricamente conocida como “la capital del peronismo”, la influencia del kirchnerismo permitió que el PJ se mantuviera como una fuerza dominante. Sin embargo, uno de los efectos secundarios de este período fue el reforzamiento de las redes clientelísticas y la proliferación de prácticas como el nepotismo, que lejos de desaparecer, se consolidaron durante esta etapa. La “década ganada” se traduce en un entramado político en el que las conexiones familiares y las lealtades dentro del partido se transformaron en moneda corriente para acceder a cargos públicos.

El caso de los Sastre es un claro ejemplo de cómo este legado sigue presente, a pesar de los discursos de renovación y transparencia que se intentan vender desde la política local. Mientras los líderes locales continúan promoviendo la misma política de los “beneficios propios” a través de familiares y allegados, los ciudadanos de Concordia siguen siendo testigos de un sistema que no logra desprenderse de las prácticas que tanto criticaban.

Este fenómeno es un recordatorio de las limitaciones del proceso de cambio, que a menudo choca con la perpetuación de viejas estructuras de poder, y plantea la pregunta de si alguna vez habrá una verdadera renovación en la política local de Concordia.


Reacciones ciudadanas y perspectivas a futuro:

El caso Sastre, y otros similares en la región, son una muestra de que los discursos políticos de lucha contra la corrupción y el nepotismo suelen chocar con la realidad de un sistema político que, a menudo, reproduce las mismas prácticas que prometen erradicar. En Concordia, una ciudad marcada por la tradición peronista y la influencia del kirchnerismo, este tipo de nombramientos familiares sigue siendo un tema controversial que genera desconfianza en la ciudadanía, que pide cambios más allá de las palabras.

Contratos truchos: habrá audiencia preliminar y un exjuez se suma como actor civil

En el marco de la megacausa que investiga el desfalco multimillonario con la operatoria de los Contratos Truchos en la Legislatura -en el período que va desde 2008 hasta 2018- este miércoles, a las 9, habrá una audiencia preliminar ante la jueza de Garantías Marina Electra Barbagelata, previa al inicio del proceso de remisión a juicio de esa investigación penal, que arranca el 22 de este mes, que se desarrollará de lunes a jueves y por el término de cuatro meses, hasta el 13 de septiembre de 2025.

El pedido de remisión de la causa a juicio fue presentado el 31 de mayo de 2021 por el Ministerio Público Fiscal ante la jueza Barbagelata. Pero el trámite se vio demorado porque en medio surgió un pleito de competencia.

En marzo último, y luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el pedido de intervención en el caso por parte de la Justicia Federal de Paraná, y confirmara la competencia de los Tribunales entrerrianos, la jueza Barbagelata puso a andar nuevamente la maquinaria judicial de la megacausa Contratos Truchos en la Legislatura.

La investigación penal se abrió en septiembre de 2018.  Se trata de una investigación que abarcó una década, de 2008 a 2018, y que busca establecer el desafalco producido al erario público mediante la celebración de contratos laborales truchos que servirían para conformar una red de recaudación de fondos para financiar la política.

Los contratos bajo la luga son 771. Y son 32 los imputados en la causa :Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.

La reforma constitucional de 2008 eliminó la figura del Estado como querellante y por eso el lugar que ocupa es el de actor civil, «una representación que tiende enmendar el daño patrimonial que ha tenido al Estado una maniobra que se califica de delictiva, y por eso se apunta al recupero del perujuicio ocasionalmente ocasionado».

Acosta aseguró que si en la Justicia se confirma la hipótesis fiscal, «habilitaría a aavanzar en lo que sería el recupero lo que son los activos que el estado hubiera perdido. Tenemos un interés fundamental, que es la acreditación de los hechos. Para nosotros lo importante es que el hecho se acredite. No tenemos el interés por la condena. Eso es parte del trabajo de la Unidad Fiscal. En cambio, el actor civil lo que busca es el recupero del activo, la reparación del daño y para eso lo que se necesita es acreditar el hecho. Es fundamental para nosotros en esta audiencia de remisión a juicio lograr que se acrediten los hechos. Si logramos con las pruebas que se discutan acreditar la existencia del hecho, nos da pie al reclamo posterior de la cuestión económica».

Más de 20 marcas de yerba mate en el mercado con el singular sello IG Yerba Mate Argentina

El sello IG Yerba Mate Argentina se otorga a la yerba mate producida y elaborada en la zona geográfica comprendida por Misiones y norte de Corrientes, y que cumple con los parámetros de calidad e inocuidad establecidos por el Código Alimentario Argentino

Un total de 21 marcas se comercializan actualmente con el sello “Indicación Geográfica (IG) Yerba Mate Argentina” que vincula la calidad e identidad del producto con las características propias de la región yerbatera que integran Misiones y Corrientes. 

Las   marcas que  lucen  el  valor agregado son  Encuentro  y  Primera Cita,  de   Chesani Hermanos SRL; Chamarra, de Cooperativa Agrícola Yerbatera de Apóstoles LTDA;  El  Hachero y Don  Leandro, de Establecimiento Don Leandro SRL;  Pampero,  de Generar Misiones SRL;  Rosamonte y Campeche, de Hreñuk SA;  Kartha, de Grupo Kabour SRL; Amanda, de La  Cachuera SA;  La   Obbereña, de  La Obereña SRL; Primicia, de Navar SA;  Piporé  y Mulita,  de Productores de Yerba Mate de Santo Pipó;  Costa Norte, Urrutia y Natura, de Sociedad Argentina para Nuevos Emprendimientos SA; La Hoja, Insignia y Palermo, de Cooperativa de Trabajo la Hoja LTDA, e Indumar, de Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo LTDA.

El sello IG Yerba Mate Argentina se otorga a la yerba mate producida y elaborada en la zona geográfica comprendida por Misiones y norte de Corrientes, y que cumple con los parámetros de calidad e inocuidad establecidos por el Código Alimentario Argentino.  

Respaldando esa línea y atendiendo las exigencias del mercado, el INYM creó el Área de Control y Gestión de Calidad que arbitra estrictos controles de calidad e innocuidad, mediante la toma de muestras y análisis de yerba mate canchada o molida a granel, tanto nacional como importada de Paraguay y Brasil, y esto reviste especial importancia si tenemos en cuenta que actúa cuidando al consumidor y protegiendo la producción nacional. 

La importancia esencial de la Indicación Geográfica radica en que valoriza la producción local, garantizando que la yerba mate que está en ese paquete no fue mezclada con yerba mate importada; es decir, el sello IG protege a quienes lo producen en la zona productora (Misiones y norte de Corrientes), al alimento y por ende, al consumidor.

Al mismo tiempo, este sello indica que el producto proviene de una región con determinados aspectos productivos, sociales, históricos y culturales, con lo cual el consumidor, al elegirlo, pone en valor todo lo que le confiere singularidad.

La idea de identificar el producto yerba mate con este sello fue impulsada por el INYM. Tras gestiones ante el Ministerio de Agroindustria de la Nación se logró el objetivo: en marzo del 2016, mediante la Resolución 13/2016, la Secretaría de Agregado de Valor aprobó los protocolos y también el isologotipo para la IG Yerba Mate Argentina.

Cómo obtener el sello

El IG “Yerba Mate Argentina” es para la categoría Yerba Mate elaborada con Palo, que es la que contiene no menos del 65 % de hojas desecadas, rotas o pulverizadas, y no más del 35 % de palo grosera y finamente triturado, astillas y fibras de este. La solicitud de uso de sellos se obtiene a través de la web del INYM y se presenta al Área de Calidad de la institución yerbatera.

CONCORDIA:ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN RUTA 22

En fecha 05/04/25 en horas de la noche, Personal de Comisaría Villa Adela acudió a un accidente de tránsito en Ruta 22, km 6.

Por causas que aún tratan de establecer un automóvil WV color azul conducido por un ciudadano de 32 años de edad, sale del camino vecinal con dirección Sur a Norte y sube a Ruta Provincial N° 22 cuando es impactado en su puerta izquierda por otro automóvil color rojo, que era conducido por otro ciudadano de 31 años de edad, quien venía conduciendo por Ruta 22 con sentido Oeste a Este.

Intervinieron Div. Criminalística y Bomberos.

Los masculinos fueron trasladados al Hospital Masvernat.

Los vehículos fueron retirados de la Ruta con la Grúa Policía y depositados momentáneamente frente a la Dependencia.

Desde el hospital Masvernat informaron que los conductores de 31 años y 32 años de edad quedaron en observación con diagnóstico de Tec con herida cortante y politraumatismos y otro ciudadano quien iba de acompañante se negó a la atención del médico Policíal.

Revelaron cómo Kueider llegó a manejar un millón de dólares sin controles bajo el gobierno de Bordet

El exsenador nacional operó durante cuatro años importantes sumas en gastos reservados. En el procedimiento participaron varias áreas del Gobierno entrerriano. La Justicia archivó la causa sobre los videos comprometedores en los que se lo ve contando billetes.

Cómo funcionaba el circuito

Mientras fue secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider recibió dinero en efectivo que sumó, a lo largo de cuatro años, el equivalente a un millón de dólares. En una primera reconstrucción realizada por Infobae, se constató que manejó entre 2018 y 2019 una cifra superior a USD 500 mil a través de una autorización legal.

Ahora se pudo comprobar que durante los años 2016 y 2017 tuvo a su disposición otro monto similar. Fue luego de una transferencia de partidas realizada vía decreto por el exgobernador Gustavo Bordet.

Estos recursos llegaban a su oficina en fajos de billetes dos veces al mes, al principio y a mitad del período, durante cuatro años. El monto total presupuestado era dividido por doce meses. Y en cada quincena se le hacía llegar a sus manos un 50% de esa cuota mensual.

El procedimiento, según pudo reconstruir este medio, era el siguiente. El primer paso era una nota firmada por Kueider en la que solicitaba al Servicio Administrativo Contable de la Gobernación que se le haga entrega de un determinado monto. Esto debía tomarse de la partida 3.9.2. Ese número correspondía en el nomenclador a los gastos reservados.

Con ese escrito se iniciaba un expediente. A la solicitud se le agrega una autorización del gasto y una orden de pago. Todo tenía la rúbrica de Kueider. Con esa documentación, se solicitaban los fondos a la Tesorería General de la Provincia. De allí salía un cheque nominado a la orden del Contable de Gobernación.

Las autoridades de esta dependencia administrativa endosaban el cheque a favor de una persona que trabajaba en el área. Lo hacían “en procuración”. Este tipo de operación permite al portador del valor conferir su representación para exigir el pago sin transmitir su propiedad y sin tener que recurrir a las formalidades del mandato.

Una vez al mes, con una mochila que se compró al efecto, esta persona iba a la sede central del Banco de Entre Ríos y cobraba el cheque en ventanilla.

Al regresar a Casa de Gobierno, los fajos de billetes eran acomodados en la caja fuerte del Tesoro Provincial. El dinero no se contaba. Los primeros días de cada mes o cuando se había cumplido la quincena, Kueider llamaba al Contable de la Gobernación a través del sistema Cronos, una red telefónica interna del Gobierno de Entre Ríos que permite intercomunicar a todas las oficinas del Estado. Estas comunicaciones no quedan registradas.

Ese llamado implicaba que había que llevarle dinero. La operación se realizaba después de las 13. A esa hora termina el turno de trabajo de la planta de personal y la Casa de Gobierno queda casi vacía. El dinero se preparaba en Tesorería dentro de bolsas de residuos y de cajas de resmas de papel para evitar que quedara a la vista. Es que la persona que debía llevarlo hasta el despacho de Kueider tenía que caminar 50 metros por las galerías de la Casa de Gobierno y atravesar una guardia policial antes de llegar a destino.

Por cada entrega de dinero que se hacía, el secretario general de la Gobernación firmaba un recibo oficial emitido por el SIAF (Sistema Integrado de Información Financiera). Kueider no debía rendir ante los órganos de control en qué utilizaba el dinero. Solo tenía que constar que había llegado a sus manos. Solía quejarse de que le entregaran billetes chicos, de cien pesos. En esos años, las denominaciones más grandes eran de $500 y $1.000.

Antes de darle destino final, Kueider guardaba el efectivo en una caja fuerte. Estaba en una dependencia muy pequeña, pegada a su oficina. No estaba empotrada en la pared. Las nuevas autoridades no la encontraron.

El recibo se adjuntaba a la nota, la autorización del gasto y la orden de pago y se sumaban al legajo de caja diaria de la Tesorería de la Provincia. La documentación era luego rendida al Tribunal de Cuentas.

El detalle de los montos que manejó Kueider durante los cuatro años es el siguiente:

2016 – $ 3,6 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 14,97 – USD 240.080

2017 – $ 5,1 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 16,77 – USD 304.114

2018 – $ 8,35 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 28,61 – USD 291.913

2019 – $ 10,062 millones – Valor promedio del dólar oficial 49,72 – USD 202.373

El total del período suma, aproximadamente, USD 1.038.480.

El marco legal

A partir de 2018, regía la ley provincial 10.533 que establecía que los gastos reservados quedaban en manos de la Secretaría General de la Gobernación. Pero durante 2016 y 2017 Kueider pudo manejar esos recursos luego de que Bordet se los otorgara por decreto.

Los gastos reservados estuvieron en poder del Ministerio de Gobierno hasta 2015. Cuando asumió la gobernación, Bordet colocó en esa cartera a Mauro Urribarri, hijo de su antecesor Sergio Urribarri. La intención del nuevo mandatario era restarle poder al ex gobernador. Y por eso dictó dos decretos para quitarle el manejo de estos fondos que no requieren rendición.

El primero fue el 118 del 10 de febrero de 2016. Allí se transferían los gastos reservados del Ministerio a la Secretaría General. El mecanismo utilizado fue una modificación presupuestaria por transferencia compensatoria de crédito. Es una facultad que la Legislatura otorga al gobernador en cada ley de presupuesto.

Pero esto no fue suficiente. Las áreas contables se negaron a entregar dinero de gastos reservados a Kueider porque no tenía una autorización expresa de uso. Eso se solucionó con un nuevo decreto: el 869 del 19 de abril. Allí se le otorgó al secretario general la facultad de disponer de los fondos de la partida 392, la de gastos reservados.

Los videos

Estos movimientos de dinero son algunos de los registrados por las cámaras de seguridad que Kueider hizo instalar en su oficina. Según la entrevista que dio desde Paraguay el jueves, su intención era que sirvan para hacer una suerte de “Gran Hermano”. La idea era que las filmaciones se transmitieran a través de un sitio web y mostrar cómo trabajaban él y su personal.

La historia fue distinta. Las cámaras utilizadas eran genéricas y tenían un bajo nivel de seguridad. Fueron hackeadas. Y usadas para captar los videos que se encontraron en un disco externo. El dispositivo había quedado en una prenda que Kueider dejó en un departamento que alquilaba en Buenos Aires. Cuando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por enriquecimiento ilícito, allanó el lugar, se topó con los registros.

La magistrada, en el último resolutorio que tomó, sospecha que el dinero que se maneja en las oficinas de Kueider podría provenir de las coimas pagadas por la firma Securitas para quedarse con el contrato de seguridad privada de la empresa provincial de energía Enersa.

Los videos corresponden a fines de 2018 y a principios de 2019. Kueider hizo una denuncia en la Justicia, alegando que habían querido extorsionarlo. Al respecto, dio varias versiones de cómo llegaron los videos a su conocimiento. En un primer momento, dijo que fue vía correo electrónico. En la entrevista que brindó el jueves pasado, afirmó que una persona (que no identificó, pero que no pertenecía a su círculo íntimo) le había hecho mención de la existencia de esas filmaciones.

Lo que consta en la denuncia es una tercera versión.

El fiscal coordinador de Paraná, Ignacio Aramberry, respondió un pedido de información pública presentado para elaborar esta nota. Indicó que Kueider expresó en su presentación que había recibido “un llamado de una persona desconocida quien le manifestó tener en su poder fotos, capturas de imágenes y videos comprometedores de funcionarios que se encontraban bajo la órbita del anoticiante”.

La denuncia tiene fecha 12 de febrero de 2019.

“Ante la falta de comprobación del hecho, se procedió al correspondiente archivo” de la causa, registrada con el N° 98079, el día 28 de marzo de 2023, concluyó Aramberry.

Fuente: Infobae

Inicia la inscripción para becas de nivel superior

El Instituto Becario anunció que este lunes 7 de abril comenzará la etapa para solicitar becas terciarias y universitarias, tanto nuevas como renovación. La presentación se deberá realizar de manera online a través de www.institutobecario.gov.ar.

El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, adelantó que “este lunes comenzamos una etapa clave para el otorgamiento de becas”.

“El trámite es sencillo, tanto para quienes renuevan como para aquellos que lo iniciarán por primera vez. Después de crear usuario y contraseña, tendrán que cumplimentar datos generales del estudiante -DNI, cuil-, del grupo familiar – integrantes, documentación que acredite ingresos- y principalmente de su trayecto académico – constancia de alumno regular, analítico, plan de estudios, por citar ejemplos-. Toda esa descripción finalmente se cumplimenta adjuntando la documentación respaldatoria en formato imagen o archivo pdf”, describió.

Berdiñas subrayó que “hemos adelantado esta etapa con respecto a los años anteriores, cuando lo hacíamos en junio. Motivó este cambio la decisión de llegar antes con el beneficio, entendiendo los tiempos académicos del estudiante de nivel superior”.

Finalmente, destacó que “este sistema solidario, que conformamos el Estado provincial junto a los Colegios de Profesionales de Entre Ríos, tiene como principal fin acompañar los sueños de los estudiantes, por lo que ponemos a disposición todas nuestras herramientas para que el acceso a esta posibilidad esté al alcance de todos”, sostuvo.

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