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Lo hizo a través de un posteo en X del secretario de Estado, Antony Blinken. Caracas dijo que es una decisión “ridícula”.
El gobierno de Joe Biden reconoció formalmente a Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, como presidente electo de Venezuela.
Lo hizo a través de un posteo en X de su secretario de Estado, Antony Blinken. “El pueblo venezolano habló contundentemente el 28 de julio e hizo @EdmundoGU el presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, afirmó.
El posteo de Antony Blinken (Foto: X/SecBlinken)
La reacción de Caracas no se hizo esperar. Venezuela tachó de “ridículo” el reconocimiento de Estados Unidos a González Urrutia como “presidente electo”.
“’Del único lugar que no se vuelve es del ridículo’ reza el dicho popular”, reaccionó el canciller venezolano, Yván Gil, en Telegram.
El Consejo Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, en medio de una ola de denuncias de fraude de la oposición liderada por María Corina Machado, que reivindicó el triunfo de su candidato, González Urrutia.
El exdiplomático se refugió en España a principios de septiembre. Tenía una orden de arresto en su contra “por sus reiteradas incomparecencias” ante la fiscalía, que lo investigaba por “usurpación de funciones, forjamiento de documento público, conspiración, sabotaje e instigación a la desobediencia de las leyes” después de que la oposición publicara sus propias actas electorales que demostrarían su triunfo en los comicios.
Estados Unidos estrecha el cerco sobre Nicolás Maduro
La decisión se conoció después de que trascendiera un proyecto de ley que prohíbe firmar contratos con personas o empresas que realizan negocios con cualquier gobierno de ese país no reconocido por Washington.
Casi cuatro meses después de las elecciones venezolanas, la Cámara de Representantes estadounidense aprobó el lunes el proyecto de ley bipartidista Bolívar, que todavía necesita luz verde del Senado y la firma del Presidente para entrar en vigor.
El presidente venezolano Nicolás Maduro (AP Foto/Alexander Zemlianichenko)
El texto, denominado oficialmente Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Venezolano Ilegítimo, prohíbe a Estados Unidos firmar contratos con personas que realicen negocios “con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” o con cualquier otro “no reconocido como legítimo por Estados Unidos”.
Caracas reaccionó con un comunicado en el que califica al proyecto de “ataque criminal”.
La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó la inmediata detención del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera, y derivación de ambos a la Unidad Penal 1 de esta capital. Los abogados defensores de los condenados por delitos de corrupción, en el marco de la causa del “Megajuicio”, fueron notificados poco después de las 10. La justicia impartió la orden a la Policía de Entre Ríos, quienes iban a detener a ambos condenados por corrupción y luego iban a ser derivados a la UP1 de Paraná. Aguilera fue detenido poco después de las 11.30 y fue derivado a Robos y Hurtos, para luego ser destinado a la cárcel, según confirmó ANALISIS. Lo mismo sucedió con Urribarri, quien fue detenido por la Policía en su casa de Concordia y derivado a la Jefatura Departamental de su ciudad, desde donde será trasladado luego a Paraná. En principio ambos pasarán la noche en la cárcel de la capital entrerriana y mañana serían derivados a la Unidad Penal de Gualeguaychú por la falta de capacidad que tiene la UP1. Además, en Gualeguaychú hace varias semanas ya se estaba acondicionando un pabellón destinado a condenados por delitos de corrupción.
Casación comunicó su decisión tras el recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos. La resolución es de este 19 de noviembre y lleva la firma de las tres vocales de Cámara: Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, en ese orden. La primera de ellas dio los argumentos en una resolución de más de 70 páginas. Badano y Bruzzo adhirieron.
Del repaso del fallo, se lee que Davite retomó las presentaciones del recurso interpuesto por los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano. Los cinco llevaron adelante las investigaciones que se acumularon en el “Megajuicio por corrupción” y las acusaciones en el debate público, realizado entre 2021 y 2022. Además, la vocal de Cámara repasó las exposiciones de los integrantes del Ministerio Público Fiscal en la audiencia que se realizó el 31 de octubre de 2024.
En efecto, la postura del MPF consistió en “priorizar en esta instancia, luego de haberse respetado todos los criterios, donde se hizo hincapié en los derechos del imputado, presunción de inocencia, no persecución injusta, que no sólo ha quedado desvirtuado por la declaración de culpabilidad, sino por tres instancias judiciales, dos de ellas de revisión, donde dice que la persecución, la acusación definitiva y la condena fueron ajustadas a Derecho, y que se respetaron todos los principios constitucionales”. “Es ahora cuando debe tenerse en cuenta el derecho de los ciudadanos a que se cumpla la pena, ese es el interés que debe priorizarse ahora, también reconocido constitucionalmente; y es un deber del Estado, por nuestra Constitución Nacional y los Tratados internacionales”.
Cabe recordar que en su presentación, el fiscal Ramírez Montrull (uno de los cuatro que investigó a Urribarri y Aguilera), mencionó “el poder que sigue ejerciendo el imputado y que beneficia también a su cuñado”. “Se deben respetar los derechos de las víctimas, de los ciudadanos, los delitos de corrupción afectan los DDHH, defraudados por los hechos cometidos, y ahora visualizan el riesgo de que los hechos queden impunes, por estar latente el riesgo de fuga. Es en esa línea, resguardando los derechos de los ciudadanos, que se ha expedido el vocal Garzón en la resolución cuestionada, que cita jurisprudencia donde se condenó a los imputados y se dictó la preventiva, por riesgo de fuga. En ese sentido, se expidió Garzón, y es el que hoy solicitan se imponga a los fines de resguardar los intereses de la sociedad. Se deben tener en cuenta la gravedad de las maniobras, la existencia de causas en trámite contra los condenados, el enriquecimiento ilícito en etapa de remisión a juicio, que se ha demostrado el enriquecimiento aproximadamente por 8 millones de dólares, se demostró la capacidad económica para evadirse de la justicia, y va a hacer hincapié en las pautas legales del art. 354 CPPER, sobre la actitud del imputado posterior al hecho”.
“No hay actitud tendiente a demostrar arrepentimiento, ni a restituir lo sustraído; por el contrario, la actitud fue de constante desafío a la autoridad judicial y sus declaraciones. Qué hace pensar como indicio, que la persona que niega los hechos va a cumplir la condena, si está demostrando con su conducta otra actitud. Ha logrado con este vigente poder, por distintos medios, o ha intentado ponerse en situación de víctima, de perseguido, de negar la declaración de culpabilidad, o intentando poner a las autoridades judiciales que han intervenido, como supuestos delincuentes, denunciándolos de actividades ilícitas. Está demostrando otra cosa con su conducta, una conducta excepcional, no habitual, no es habitual que estemos 5 minutos antes de cada audiencia viendo si se presentó algo para pedir la suspensión, les ha pasado en todo el proceso. Acá, para llegar a la posibilidad de una condena, tuvieron innumerables oposiciones. Eso es riesgo, no tienen por qué soportar los ciudadanos que exista ese riesgo, cuando se le han respetado todas las garantías para llegar a esa condena. Ha demostrado que va a hacer todo lo que esté a su alcance, todo eso se traduce en riesgo, para los ciudadanos, de que no cumpla con su condena. Han visto cambios de criterio, cambios de fallos, posibilidades que no tienen otros ciudadanos, se asombraba de las recusaciones, suplicaban los Defensores al Tribunal, esa excepcionalidad se da por el poder, llegando a denuncias ilegales en extraña jurisdicción, amenazas con jury, la conmoción en el sistema judicial y democrático entrerriano. Los recursos están a la vista, la cantidad de abogados; hay falta de previsibilidad en las resoluciones, no son las que están habituados, se traduce en inseguridad jurídica, por esa tensión que se genera. Urribarri siempre negó la constitucionalidad de su condena, siempre se expresó contra alguna autoridad judicial, por qué puede pensarse que va a aceptar las consecuencias, o que todo lo que menciona es inocuo. Esas situaciones, las denuncias se hicieron, existen. Después del hecho, Urribarri denunció a quienes lo investigaron y juzgaron, esa actitud es riesgo, no va a cumplir la pena. Esta situación de 10 excepcionalidad que vivimos diariamente, los que llevan la investigación, quieren que cumpla la pena. No la tiene por haber sido dos veces gobernador, no tiene privilegio o inmunidad, al contrario, lo pone en situación de mayores deberes. Se traduce en la posibilidad hoy de tener mayores recursos, hay una causa de enriquecimiento ilícito por 8 millones de dólares, los recursos los tiene, los bienes los tiene, los vínculos los tiene, el dinero no se ha podido recuperar. Eso es porque todavía tiene poder. Esta situación es la que debe considerar el tribunal, fundamentalmente para que esta situación de excepcionalidad ante la ley, hoy la haga cesar el tribunal, esta desigualdad debe hacerse cesar. Se dan los principios, ante la solicitud de la fiscalía; el mérito sustantivo está acreditado, el pedido es proporcional, las penas son de 8 años, y 6 años y medio. Es provisional, hasta que la sentencia quede firme. Mantienen el recurso, y solicitan se haga lugar a lo solicitado”.
La magistrada de Casación recordó que la mayoría del tribunal que rechazó los pedidos de prisión preventiva para Urribarri, Aguilera y Báez, sopesó: “La Fiscalía demostró la existencia de un latente riesgo procesal que es el peligro de fuga, pero no logró justificar que ese encierro preventivo fuera la única medida posible de adoptar para cautelarlo. Esta conclusión la extrajeron los vocales de la mayoría de vincular los elementos objetivos que se relevaron con los comportamientos evidenciados por los condenados durante el proceso, en tanto, a su juicio, los condenados no han dado muestras de sustraerse a la acción de la justicia hasta el día en el que se dictó la resolución”. “Por ello, entendieron que la prisión preventiva resultaba desproporcionada, pudiendo ese latente riesgo de fuga ser conjurado con las medidas sustitutivas del art. 349 del CPPER. Solución que coincidiría, dijeron, con el pedido en subsidio de la Fiscalía en su escrito inicial”. “En definitiva, el principal motivo del rechazo de la prisión preventiva fue el comportamiento procesal de los condenados a lo largo del proceso”.
Davite rechazó ese razonamiento. Consideró que “la afirmación en la que se fundan los votos de la mayoría, que puede sintetizarse en “’el buen comportamiento procesal de los condenados’, frente las constancias de la causa, no resulta acertado”. “Tal como lo destacó la Fiscalía, Urribarri sólo estuvo presente en su declaración de imputado y luego participó de las audiencias de manera remota, sin que se haya podido comprobar fehacientemente dónde se encontraba. Por otra parte, se ha podido comprobar -como de manera detallada se verá más adelante- que la audiencia de prisión preventiva no se pudo concretar por las innumerables maniobras dilatorias de la defensa durante más de cuatro meses. Dichas maniobras, se llevaron a cabo durante toda la tramitación del proceso. Tal como puede comprobarse con la demora que hubo para poder llegar a realizarse las audiencias de juicio y de casación, cuya fijación se dificultó por la presentación de recusaciones por causales inexistentes y recursos que no están previstos en el CPPER”.
“También forma parte del comportamiento posterior de Urribarri la persistente negación de la condena, al punto de realizar denuncias insólitas en extrañas jurisdicciones tachando de ‘mesa judicial’ a los magistrados que intervinieron en las causas. Estas consideraciones acerca de lo que efectivamente aconteció con el requisito procesal ‘actitud posterior al hecho’, instrumentado a través de sus defensores, está lejos de ser calificado como un ‘buen comportamiento procesal’. En efecto, lo que vemos es que con anterioridad a la audiencia de prisión preventiva, los condenados vienen realizando acciones concretas y comprobables para no someterse al procedimiento -que aún no ha finalizado- e impedir el cumplimiento de la pena. Todas estas circunstancias dan cuenta de la actitud posterior al hecho y debieron ser contempladas por los votos de la mayoría en la resolución puesta hoy en crisis”.
Más adelante, la jueza sostuvo que “de la valoración integral de todas las pautas que exige el CPPER para el dictado de la prisión preventiva, se puede inferir, sin dificultad alguna, que los condenados seguirán intentando por cualquier medio, incluida la fuga, eludir la acción de la justicia; sin que tenga ninguna relevancia el modo concreto en el que podrían llevarlo a cabo. Por todo ello entiendo, que en este caso la necesidad de neutralizar el peligro de que no se puedan realizar los fines del proceso, es superlativa. Y esto fue justamente, lo que relevaron los Fiscales y el voto de la minoría, al coincidir en que se había acreditado debidamente el riesgo de fuga y que era necesario cautelarlo mediante el dictado de la prisión preventiva, incluyendo en su análisis el control de convencionalidad”.
Sobre el final, rechazó los argumentos de los defensores Leopoldo Cappa, Javier Baños, Miguel Cullen y Marcos Rodríguez Allende. “Encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron”, manifestó Davite.
Para concluir la jueza propuso al acuerdo “hacer lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución de fecha 05/09/2024, y en consecuencia, disponer la prisión preventiva en la Unidad Penal N°1 de Paraná, de Sergio Daniel URRIBARRI y de Juan Pablo AGUILERA, hasta que la sentencia condenatoria recaída en autos adquiera firmeza”.
La Justicia de Entre Ríos dispuso la prisión preventiva del exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado a 8 años de cárcel tras la sustanciación del denominado “megajuicio”, en el que confluyeron varias causas por corrupción.
“El Sr. Jefe de la Policía de Entre Ríos, recibido que sea el presente, dispondrá lo necesario a fin que se proceda a la INMEDIATA CAPTURA de SERGIO DANIEL URRIBARRI, DNI Nº 12.432.065, argentino, nacido el día 7 de Octubre de 1.958, hijo de Jorge Enrique Urribarri (f.) y de Miriam Teresita Luchessi (f.), domiciliado en calle Néstor Garat 291 de Concordia, Provincia de Entre Ríos, el que una vez habido, deberá ser alojado en la UNIDAD PENAL N°1, a disposición de este Tribunal”, señala el mandamiento de captura número 63/24, firmado por la Jueza Marcela Davite, presidente de la Cámara 1 de Casación Penal.
El mandamiento surge como consecuencia de que la Cámara de Casación de Paraná dispuso la prisión preventiva de Urribarri, en el legajo Nº 2220/24, caratulado: “URRIBARRI, SERGIO DANIEL – BAEZ PEDRO ANGEL – TORTUL GUSTAVO JAVIER – CESPEDES HUGO FELIX – AGUILERA JUAN PABLO – CARGNEL CORINA ELIZABETH – MARSÓ HUGO JOSE MARIA – CARUSO GERARDO DANIEL S-PECULADO S/ RECURSO DE CASACION (Y NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON LA ADMINISTRACION PUBLICA)”.
El Ministerio Público Fiscal había solicitado que se dictara la prisión preventiva para el exmandatario entrerriano, cuya condena fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, aunque también el mismo alto tribunal habilitó que pudiera recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un último intento por revertir la sentencia, que ya fue ratificada en tres instancias.
Las juezas Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, hacen lugar a un recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocan una resolución del Tribunal de Juicio y contra esa medida y disponen la prisión preventiva efectiva del exgobernador y su cuñado mientras tramita la apelación ante la Corte Suprema.
Ambos fueron condenados por el desvío de fondos públicos para promocionar la figura del ex gobernador como candidato presidencial en 2015.
La decisión fue unánime y fue fundamentada por la jueza Davite.
En su momento, el tribunal de Juicio había decidido, por mayoría, rechazar la detención del ex mandatario provincial, a pesar de admitir que existía un “latente” peligro de fuga. El Ministerio Público Fiscal también había solicitado la detención de Pedro Báez, condenado a una pena de prisión efectiva.
En su caso, dijeron, la condena se encuentra firme, ya que su defensa omitió interponer un recurso extraordinario para llevar el caso ante la Corte Suprema. Pero la Sala Penal decidió habilitar también el camino ante el máximo tribunal para el ex ministro, “en franca contradicción con lo antes decidido, por cuanto el juicio de corroboración de la no concesión ya estaba fenecido y agotado”, señalaron los fiscales. Por eso la Cámara de Casación Penal omitió un pronunciamiento respecto de Báez.
Las magistradas señalaron que Urribarri y Aguilera han atravesado la instancia de juicio y fueron condenados: el ex gobernador recibió una pena de ocho años de prisión y a su cuñado se le impuso una pena de seis años y seis meses de cárcel. “Esta circunstancia necesariamente debe estar presente en este análisis, por cuanto ya no nos encontramos frente a sujetos sospechados de participar en un delito, sino de dos personas condenadas, y cuyas condenas fueron confirmadas en el grado máximo de revisión que exige el Código Procesal Penal de Entre Ríos”, resaltaron.
Asimismo, las juezas de casación señalaron que el peligro de fuga invocado por los fiscales “habilitan dejar de lado la regla general de la libertad mientras dure el proceso” y “se conjugan de distinta manera y con distintas conclusiones, según se trate del inicio de la investigación, del desarrollo de un juicio o de la revisión de una condena dictada, por la misma dinámica y las distintas cuestiones que se van presentando según esas instancias”.
Los abogados defensores adelantaron que apelarán la medida dispuesta por la Cámara de Casación Penal, pero la prisión preventiva se dictó con efecto devolutivo, de modo que Urribarri y Aguilera permanecerían detenidos mientras tramita el recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Es por ello que el tribunal emitió el “mandamiento” en el que ordena a la Policía de Entre Ríos que proceda a la “inmediata captura” de Sergio Daniel Urribarri.
Fue la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo la que finalmente hizo lugar al planteo de Fiscalía para que el condenado quede preventivamente detenido, alojado en la Unidad Penal 1.
El Presidente se expresó de esta manera ante los líderes que asisten al evento internacional que se organiza en Río de Janeiro. Las principales frases del argentino en sus dos discursos del día
(Enviado especial a Rio de Janeiro, Brasil) Javier Milei anunció en la tarde de este lunes su apoyo con reservas a la declaración final del G20 de Brasil, al rechazar sus disposiciones vinculadas a la denominada agenda 2030 de las Naciones Unidas. En la mañana, en tanto, realizó su primera intervención en el encuentro de líderes internacionales: “Si queremos erradicar la pobreza, la solución está en corrernos del medio”.
“A los mandatarios internacionales que hoy me acompañan, buenos días. Sea por malicia o ignorancia, la mayoría de los gobiernos modernos han insistido en un error. El error de que para combatir el hambre y la pobreza hace falta mayor intervención estatal y mayor planificación centralizada de la economía”, señaló Milei en el inicio de su discurso al hablar sobre la inclusión social y la lucha contra el hambre y la pobreza.
“Nuestra administración tiene una posición simple: si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en corrernos del medio”, apuntó el mandatario. “Debemos desregular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar el comercio, y que el intercambio voluntario de bienes y servicios traiga prosperidad”, continuó.
“Nunca verán a nuestra administración defender propuestas que impliquen mayor presión fiscal —insistió Milei en su primer discurso del día—, ni propuestas de desarrollo sostenible que prioricen caprichos de políticos con la panza llena en países ricos, cuando los países pobres necesitan explotar sus recursos para salir de la pobreza. Voy a decirlo de nuevo, lo único que funciona para sacar a miles de millones de la pobreza es el capitalismo de libre empresa”.El presidente Milei en el G20 (REUTERS/Pilar Olivares)
Luego, por la tarde, el mandatario nacional realizó una nueva intervención. “Pensando en la consigna de esta exposición, creo que el concepto de ‘gobernanza global’ se ha convertido en la etiqueta de este fracaso”, apuntó y agregó: “Porque hoy, aunque varios no se animen a decirlo a viva voz, somos muchos en la comunidad internacional para quienes ‘gobernanza global’ es sinónimo de imposiciones de todo tipo a nuestras naciones y a nuestros ciudadanos”.
“En distintos ámbitos nos han llegado a acusar de promover discursos de odio, de ser antidemocráticos o de representar un peligro para los derechos humanos, meramente por tener una opinión disidente. Esto quiere decir que los mecanismos de gobernanza global no ofrecen un canal de conversación entre semejantes. Ofrecen solo dos caminos: sumisión o rebeldía”, continuó Milei. Luego, aclaró: “Bueno, antes que ser esclavos, nosotros preferimos la rebeldía. Así que voy a aprovechar esta oportunidad para esclarecer la posición de esta administración acerca de algunas consignas de la mal llamada ‘gobernanza global’”. A continuación, realizó un repaso:
“Si se trata de restringir la libertad de opinión, no cuenten con nosotros”.
“Si se trata de transgredir el derecho a la propiedad de los individuos a través de impuestos y regulaciones, no cuenten con nosotros”.
“Si se trata de limitar el derecho de los países a explotar libremente sus recursos naturales, no cuenten con nosotros”.
“Si se trata de inventar privilegios de sexo, de raza, de clase o de cualquier minoría, y negar el principio de igualdad ante la ley, no cuenten con nosotros”.
“Si se trata de imponer mayor intervención estatal en la economía, no cuenten con nosotros”.
En el cierre de su segunda y última intervención en el día, Milei comentó: “Tal como en el siglo XX hubo una carrera espacial, sostenemos que en las próximas décadas veremos otra carrera: Una carrera fiscal y desregulatoria”.
El Presidente argentino en la foto oficial del G20 este lunes
El primer discurso de Milei en el G20
Inclusión social y lucha contra el hambre y la pobreza
A los mandatarios internacionales que hoy me acompañan… buenos días.
Sea por malicia o ignorancia, la mayoría de los gobiernos modernos han insistido en un error: el error de que para combatir el hambre y la pobreza hace falta mayor intervención estatal y mayor planificación centralizada de la economía.
Este fue el espíritu con el que nació el G20 después de la crisis de las sub-prime en 2008.
Sin embargo, la evidencia empírica demuestra lo contrario: cada vez que un Estado tuvo una presencia del 100% en la economía —que no es más que una forma bonita de llamar a la esclavitud—, el resultado fue el éxodo tanto de la población como del capital, y millones de muertes ya sea por hambre, frío o crimen.
Siempre que se aplicaron estas ideas, tuvo que ser a punta de pistola y levantando muros que le prohibieran a su población escaparse.
Como decía Revel, lo que marcó el fracaso del socialismo no fue la caída del muro, sino su construcción.
¿Por qué fracasan estas ideas?
En primer lugar, porque pretenden construir un paraíso en la Tierra vulnerando dos de los tres principales derechos humanos: el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Y como mencioné anteriormente, a veces hasta se termina poniendo en duda el derecho a la vida.
Sin estos tres derechos, la prosperidad y el crecimiento no existen porque distorsionan el sistema de incentivos. ¿Quién querría esforzarse en un sistema que no le permite capitalizar su esfuerzo a través del ahorro y la adquisición de bienes? ¿Quién querría jugar un juego en el que constantemente le cambian las reglas y, si te va bien bajo un reglamento, buscan la excusa para apropiarse de una mayor porción de lo que uno produce?
En segundo lugar, estas ideas fracasan porque, como bien dijo Hayek, cada vez que el Estado interviene genera un resultado peor al que había antes de que se entrometiera.
Esto sucede porque los políticos modernos buscan hacer de la política una forma de vida y no tienen idea de los pormenores que implica emprender para solucionar problemas a terceros. Así terminan legislando sobre cuestiones que desconocen en el 100% de los casos.
De hecho, el incentivo del político implica no solucionar los problemas, sino perpetuarlos, porque un problema solucionado es un lugar de donde el Estado debe retirarse.
En tercer lugar, estas ideas fracasan porque confunden la voluntad con el voluntarismo. Creen que la voluntad de la política es más importante que la voluntad de cada uno de sus ciudadanos y someten a toda la población a relacionarse de forma forzosa, como si el futuro de cada uno pudiese ser decidido desde una oficina o como si un político supiese mejor que uno mismo lo que le conviene.
Esto termina distorsionando el sistema de precios y forzando a la población entera a acceder a bienes y servicios de peor calidad, a un peor precio. Todo por el capricho de políticos. Y, en el peor de los casos, termina generando crisis de déficit, de deuda y destruyendo la moneda.Javier Milei junto a Emmanuel Macron en la foto oficial del G20 (REUTERS/Ricardo Moraes)
Miren si no lo sabremos de primera mano los argentinos, que en los últimos 40 años tuvimos tres signos monetarios diferentes, y en diciembre del año pasado asumimos la presidencia con una pobreza del 55%.
En cuarto lugar, el dirigismo estatal le roba la iniciativa a los más pobres. Y, al hacerlo, les roba su dignidad, porque los vuelve esclavos de la dádiva y los somete a la corrupción de los intermediarios amigos del Estado.
De modo que, sobre este asunto, nuestra administración tiene una posición simple: si queremos luchar contra el hambre y erradicar la pobreza, la solución está en corrernos del medio.
Debemos desregular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar el comercio, y que el intercambio voluntario de bienes y servicios traiga prosperidad.
El capitalismo de libre mercado ya sacó de la pobreza extrema al 90% de la población global y duplicó la expectativa de vida. Esto fue gracias a que generó un progreso tecnológico que puso al humano en el lugar de los dioses, habiendo conquistado los océanos, el aire, el espacio, el átomo, y pudiendo comunicarnos a cientos de miles de kilómetros en tiempo real, como si se tratara de telepatía.
Todo esto lo logró el privado por cuenta propia, buscando solucionar los problemas que aparecían sobre la marcha. No fue por orden de ningún jerarca estatal.
Esto significa que nunca verán a nuestra administración defender propuestas que impliquen mayor presión fiscal ni propuestas de desarrollo sostenible que prioricen caprichos de políticos con la panza llena en países ricos, cuando los países pobres necesitan explotar sus recursos para salir de la pobreza.
Voy a decirlo de nuevo: lo único que funciona para sacar a miles de millones de la pobreza es el capitalismo de libre empresa.
Cualquier otra propuesta es hubris para confortar y financiar sociólogos mal formados y deshonestos. Y lo voy a repetir las veces que haga falta y donde sea, porque tengo toda la historia de mi lado.
Muchas gracias a todos, y que Dios bendiga al mundo libre.Los mandatarios en el evento que se organiza en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)
El segundo discurso de Milei en el G20
Reforma de las instituciones de gobernanza global
Estimados integrantes de esta asamblea:
Los organismos y foros internacionales que hoy articulan la comunidad internacional se crearon con el espíritu de que todas las naciones involucradas pudieran reunirse para cooperar de forma voluntaria, en calidad de iguales y autónomos, para, entre otras cosas, salvaguardar los derechos básicos de las personas.
Esto está grabado en piedra en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consigna que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Sin embargo, hoy, a casi 70 años de haberse inaugurado este sistema de cooperación internacional del que nosotros los presentes y el resto de las naciones del mundo participan, es hora de reconocer que este modelo está en crisis, porque desde hace tiempo está en falta con su propósito original.
En primer lugar, porque hemos fracasado en cumplir con el mandato de cooperación internacional voluntaria entre iguales.
Hoy, lo que rige en la comunidad internacional es un esquema de imposición, no uno de cooperación simétrica y autónoma.
En segundo lugar, y más importante aún, porque muchas de las políticas promovidas con insistencia por la comunidad internacional vulneran los derechos más básicos de los ciudadanos del mundo, que son el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada.
Pensando en la consigna de esta exposición, creo que el concepto de “gobernanza global” se ha convertido en la etiqueta de este fracaso.Vale recordar que Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con Emmanuel Macron durante el último fin de semana (REUTERS/Pilar Olivares)
Porque hoy, aunque varios no se animen a decirlo a viva voz, somos muchos en la comunidad internacional para quienes “gobernanza global” es sinónimo de imposiciones de todo tipo a nuestras naciones y a nuestros ciudadanos.
Desde barreras a la producción y el comercio, hasta mandatos de censura a la expresión libre, pasando por imposiciones culturales y condicionamientos en el acceso al mercado de crédito.
El problema es que estas definiciones no son acuerdos entre partes, sino exigencias, porque se fustiga a quien osa tener una mirada propia.
Para nosotros, el consenso siempre parte del saludable desacuerdo y debate vigoroso. Pero hoy, el desacuerdo escandaliza, y el debate no es ni vigoroso ni saludable. No hay igualdad soberana que lo permita, y, en consecuencia, el régimen internacional se convierte en un corsé que nos asfixia.
La prueba es que en distintos ámbitos nos han llegado a acusar de promover discursos de odio, de ser antidemocráticos o de representar un peligro para los derechos humanos, meramente por tener una opinión disidente.
Esto quiere decir que los mecanismos de gobernanza global no ofrecen un canal de conversación entre semejantes. Ofrecen solo dos caminos: sumisión o rebeldía.
Bueno, antes que ser esclavos, nosotros preferimos la rebeldía. Así que voy a aprovechar esta oportunidad para esclarecer la posición de esta administración acerca de algunas consignas de la mal llamada “gobernanza global”:
Si se trata de restringir la libertad de opinión, no cuenten con nosotros.
Si se trata de transgredir el derecho a la propiedad de los individuos a través de impuestos y regulaciones, no cuenten con nosotros.
Si se trata de limitar el derecho de los países a explotar libremente sus recursos naturales, no cuenten con nosotros.
Si se trata de inventar privilegios de sexo, de raza, de clase o de cualquier minoría, y negar el principio de igualdad ante la ley, no cuenten con nosotros.
Si se trata de imponer mayor intervención estatal en la economía, no cuenten con nosotros.
Creemos que la cooperación internacional puede ser provechosa para todos, sí, pero para eso es imprescindible respetar la soberanía de las naciones y los derechos individuales de sus ciudadanos.
En eso consiste, a fin de cuentas, nuestra agenda de la libertad, y es el norte que creemos debería tener cualquier esfuerzo de reforma para las instituciones de gobernanza global.
Tal como en el siglo XX hubo una carrera espacial, sostenemos que en las próximas décadas veremos otra carrera:
Una carrera fiscal y desregulatoria, donde prosperarán los países que salvaguarden la libertad de los individuos, los que liberen las fuerzas productivas, los que premien la innovación en vez de castigarla. O sea, los que atiendan aquellas verdades que en las últimas décadas la comunidad internacional ha dejado de lado.
Nosotros hoy asumimos el compromiso de estar a la vanguardia de esa carrera.
Y mantenemos la fe y esperanza de que la comunidad internacional se reencontrará con los principios que le dieron vida: la cooperación voluntaria de naciones soberanas en calidad de iguales, en defensa de la libertad de los individuos.
Bajo el título “Fotomultas: un negocio recaudatorio”, diario La Nación puso el foco sobre el caso de Entre Ríos y la modalidad vigente en la ruta nacional 14.
En su nota editorial de este lunes, el matutino porteño plantea que “es hora de adecuar la Ley Nacional de Tránsito para evitar la superposición de sanciones, cuyo objetivo actual es hacer caja en vez de prevenir siniestros”.
La mención al corredor vial de la costa del Uruguay surge de una reciente carta enviada al diario, en la cual un lector denuncia una situación personal que le tocó atravesar.
Carta de lectores
Con el simple título “Fotomultas”, el pasado 6 de noviembre Carlos E. Echagüe publicó una carta en La Nación, en la que retoma el tema planteado anteriormente por otro lector y narra un hecho insólito que le ocurrió a la altura de Concepción del Uruguay, haciendo un llamamiento al gobernador Rogelio Frigerio.
A continuación, se transcribe textualmente la misiva:
A pesar de las múltiples y permanentes quejas de los lectores de este diario, como la carta enviada por el señor Avelino Rolón, o la nota del periodista Néstor Scibona sobre las fotomultas, las municipalidades del interior de nuestro país continúan con esta práctica, muy especialmente en la provincia de Entre Ríos, en particular en la ruta 14. El gobernador actual, Rogelio Frigerio, debería actuar contra este verdadero atropello que efectúan las municipalidades. Se violan todo tipo de derechos de los ciudadanos, como en mi caso, que al tener que renovar mi licencia de conductor tuve que abonar unas infracciones labradas supuestamente por la Municipalidad de Concepción del Uruguay, de las cuales nunca fui notificado y por ende no tengo derecho a réplica.
Es que el sistema está armado para que estas prácticas se continúen aplicando, porque para renovar la licencia se debe obtener el certificado nacional de antecedentes de seguridad y ahí misteriosamente aparecen las supuestas infracciones que no son notificadas al presunto infractor, y hay que abonarlas.
Hace años, quien recaudaba estas verdaderas trampas cazabobos era la Policía Caminera; ante la queja reiterada de la población, pasó a manos de las municipalidades, pero el abuso continúa. Esta práctica debe terminar. En mi caso, le solicito al gobernador Frigerio que mire este tema y lo encauce.
Carlos E. Echagüe DNI 11.986.456
Editorial
La dirección de La Nación publicó una nota editorial basándose en los casos de Entre Ríos y Buenos Aires para concluir en la necesidad de avanzar hacia una nueva legislación de tránsito a nivel nacional, transparentando el sistema de multas y evitando superposiciones.
Así lo plantea el artículo:
Un promedio diario de 17 personas murieron en nuestro país en siniestros de tránsito a lo largo de 2023, más de 6000 en el año, que se suman a los heridos según informes de la ONG Luchemos por la Vida (LxV). En reiteradas oportunidades nos hemos ocupado del tema de la inseguridad vial desde este espacio editorial. Se trata de una enfermedad social absolutamente controlable a pesar de que se insista con hablar de accidentes ante infinidad de situaciones prevenibles.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial recibe más de 30 millones de dólares al año, pero la baja de la siniestralidad parece cada vez más lejana. Desde la activa LxV advierten que aún las mejores leyes del mundo no sirven si no se controla su cumplimiento. Podríamos agregar que resulta igualmente clave que se penalice ejemplarmente a los infractores.
La diputada Patricia Vásquez (PRO – Buenos Aires), la misma que presentó el proyecto de modificación del sistema de registros automotores, ingresó otra iniciativa que busca declarar la emergencia vial. Propone cambios a la ley nacional de tránsito que pasaría a revestir carácter de orden público con aplicación nacional, evitando las excepciones jurisdiccionales y unificando criterios que hoy varían según provincias y municipios. Al cuerpo normativo nacional vigente, que no cuenta con una adhesión generalizada, se le sumaron reglamentaciones propias y la ausencia de un registro centralizado de infracciones de tránsito completa ese heterogéneo panorama. Ejemplo de esto es que hay multas registradas con el dominio del vehículo y otras con el DNI del propietario. La legisladora nacional, acusada de adeudar infracciones, pone su propio ejemplo. Argumenta que jamás fue notificada, que hay infracciones con autos que ya no le pertenecen y que, si cometió faltas, responderá y ejercerá su derecho a defenderse.
Si en el pasado fue la Policía Caminera el tramposo ente recaudador, hoy lo son muchas municipalidades del interior del país. Un lector mencionaba día pasados lo que ocurre en la ruta 14, en Entre Ríos, y reclamaba al gobernador Rogelio Frigerio que tome cartas en el asunto. Los derechos ciudadanos se violan cada vez que las notificaciones por infracciones supuestamente cometidas no llegan nunca al infractor, privándolo de realizar el correspondiente descargo y obligándolo a abonarlas para renovar las licencias o vender los vehículos.
En la ciudad de Buenos Aires, las dos empresas contratadas para registrar fotomultas contabilizaron que, entre enero y agosto de este año, el 40,7% correspondió a exceso de velocidad y el 37,9% a estacionamiento indebido. El resto se divide entre violación de luz roja, evasión de peajes, uso indebido de celular y alcoholemia, entre otras. Los ingresos por estos conceptos se destinan a rentas generales. En la provincia de Buenos Aires se procesan un promedio de 450.000 fotomultas por mes con una recaudación que iría en un 40% al municipio, 40% al prestador y 20% a la Provincia.
Hoy las fotomultas prescriben a los 5 años, según la ley nacional. El infractor no suele ser notificado y los montos por pagar se ven groseramente actualizados al momento de tramitar la libre deuda. Con la nueva ley, la prescripción de las multas pasaría a operar al año por faltas leves y a los dos años para la acción por falta grave y sancionable, en consonancia con el Código Penal. Pasado ese período, la sanción se eliminaría del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito.
En cuanto a las fotomultas, también conocidas como “cazabobos”, el proyecto contempla que las infracciones detectadas por dispositivos automáticos de control sean declaradas nulas cuando estos no se encuentren debidamente señalizados y no brinden todos los datos específicos. Está visto que responden a un fin meramente recaudatorio con empresas concesionarias de cámaras que también reciben su porcentaje. Al analizar la localización y el funcionamiento de muchos de los radares, se comprueba que artera y premeditadamente su ubicación induce a infracciones difíciles de evitar, como reducciones tan imposibles como peligrosas de velocidad entre dos señales, antes que a prevenir accidentes o a crear conciencia vial. Vásquez insiste con “terminar con los curros” y enfatiza que las fotomultas deben ser un medio secundario y auxiliar que acompañe el control policial y jurisdiccional presencial. Claramente, el objetivo punitorio pasa por alto el de evitar que las infracciones se repitan, es decir, pierden la que debería ser su verdadera esencia. Muchos países suman a las multas cursos obligatorios de rehabilitación o trabajos comunitarios con mejores resultados.
En la provincia de Buenos Aires se dispuso la constitución obligatoria de un domicilio vial electrónico para evitar la falta de notificación, una sana disposición que debería imitarse. En tiempos de virtualidad debería también instrumentarse que los reclamos o eventuales desconocimientos de un cargo –comunicado en tiempo y forma, según lo dispuesto por la ley nacional de tránsito– puedan gestionarse sin necesidad de que el conductor deba presentarse ante el juzgado del municipio que labró el acta, con las molestias que los traslados y trámites revisten.
De aprobarse el proyecto, se garantizará la razonabilidad y transparencia que hoy falta. Se propone la constitución de un Fondo Nacional de Infracciones para destinarlo a una educación vial, que ya a esta altura debería ser materia obligatoria en las escuelas–; a la mejora y reparación de rutas, caminos y accesos a las zonas urbanas; a la prevención y a asistencia a las víctimas.
Los controles deben dejar de ser intermitentes y aleatorios, para volverse sistemáticos y generalizados. Complementados con un sistema de sanciones diseñado para que las faltas no se repitan, privilegiando el scoring, estaremos más cerca de ver garantizado nuestro derecho a movernos de manera segura. Ayer fue el Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Tránsito: sus vidas perdidas nos interpelan.
Votá al Abanderado del Año, el premio otorgado por la fundación Noble, este año, el candidato que reciba más votos se llevará $10.000.000 para destinar a su proyecto. ¡Tenés tiempo hasta el jueves 28 de noviembre!
Felicitas Silva de Volando Alto de Concordia, Entre Ríos con su proyecto de Acompañamiento educativo para poblaciones vulnerables esta nominada dentro de los 8 proyectos elegidos a nivel país por la fundación Noble .
Felicitas Silva
El proyecto
Es una iniciativa que tiene como objetivo romper el ciclo de la pobreza a través de la educación como herramienta de transformación social. El proyecto se enfoca en niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad en Concordia, Entre Ríos. Con énfasis en la alfabetización, el desarrollo de habilidades socioemocionales y el crecimiento personal, Volando Alto busca evitar la deserción escolar proporcionando un acompañamiento integral en horarios extraescolares.
Brasil estima que la expansión de las importaciones de gas natural argentino bajará el precio del insumo a entre US$ 7 y US$ 8. Aproximadamente la mitad de lo que cuesta hoy en tierras brasileñas.
Se espera que Brasil firme este lunes un acuerdo con el gobierno de Javier Milei para ampliar las importaciones de gas natural argentino y así abaratar el costo, dijo ayer el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira. El acuerdo se firmará en paralelo a las reuniones de los jefes de Estado del G20, que se celebran en Río.
El objetivo es abrir rutas alternativas para llevar al Brasil el gas de Vaca Muerta. La expectativa del gobierno brasileño es que, a principios del próximo año, el acuerdo posibilitará la importación de 2 millones de metros cúbicos diarios (m3/día) de gas argentino.
Esta cantidad crecería gradualmente a 10 millones de m3/día en los próximos tres años. Para 2030, alcanzaría los 30 millones de m3/día. El mercado brasileño consume actualmente entre 70 y 100 millones de metros cúbicos diarios.
Queremos aumentar el suministro de gas en Brasil y, en consecuencia, disminuir el precio. Esto se debe a que necesitamos, además de tratar el gas como una energía de transición, aumentar el volumen para disminuir el precio y reindustrializar Brasil.
Cinco rutas posibles
Según el ministro, en el acuerdo con Argentina se planean cinco rutas posibles para el envío del gas a Brasil. El primero es el uso de la estructura del Gasoducto Brasil-Bolivia (Gasbol).
En abril, el gobierno ya estudiaba con Argentina la posibilidad de revertir el flujo del Gasoducto Norte para enviar gas argentino hacia Bolivia y, desde ahí, aprovechar la estructura de Gasbol para entregar el insumo al mercado brasileño.
Hoy en día, Gasbol está infrautilizado, ya que la producción de gas de Bolivia está en declive. Actualmente, los bolivianos solo envían 15 millones de m3/día a Brasil, cuando deben entregar 30 millones de m3/día.
La otra ruta posible es la construcción de un sistema que cruzaría la región del Chaco de Paraguay, que requeriría un estudio para verificar la viabilidad.
La tercera opción sería conectar directamente la red de gasoductos argentinos con el municipio de Uruguaiana (RS). En ese caso, atravesaría la parte noroeste de Entre Ríos. Pero esto depende de la finalización de la segunda parte del gasoducto Néstor Kirchner en Argentina, que conecta la región de Vaca Muerta, desde la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Rio Grande do Sul.
También sería necesario, en esta ruta, completar la conexión del gasoducto entre Uruguaiana y Porto Alegre, una obra incluso prevista en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Y todavía sería necesario adaptar a Gasbol para convertirse en un camino de la mano dual.
La cuarta ruta en estudio sería una conexión vía Uruguay. Y por último, también existe la posibilidad de convertir el insumo en gas natural licuado (GNL), para su exportación a través de buques, pero esto resultaría en un costo más alto para el producto.
El menor costo
El gobierno de Brasil espera que el gas de Vaca Muerta, que cuesta US$2 por millón de BTUs (unidad de referencia en este mercado) en Argentina, alcance entre US$ 7 y US$ 8. Actualmente, el precio en el mercado brasileño es en promedio US$ 13.82 por millón de BTUs, según el sector industrial.
Las obras de conversión del flujo en el oleoducto que conecta Vaca Muerta, que se encuentra en el sur de Argentina, al norte del país, es decir, hasta el gasoducto Brasil-Bolivia, deberán estar terminadas en marzo de 2025. Este pronóstico fue hecho por el exsecretario de Energía de Argentina, Eduardo Javier Rodríguez Chirillo, en septiembre, cuando llegó a Río para la feria petrolera del sector petrolero ROG.e.
Señaló que Argentina atraviesa un proceso de transición regulatoria y debe considerar aspectos como los precios y la demanda interna antes de definir cuánto se enviará a Brasil.
Según datos del Ministerio de Minas y Energía, Brasil produjo 130 millones de metros cúbicos (m3) de gas natural al día en 2023. Sin embargo, cerca de la mitad de este volumen, el equivalente a 70 millones de m3, fue reinyectado, es decir, devuelto a los pozos. Otros 20 millones de m3 no se comercializan en el mercado brasileño debido a la quema, pérdidas y consumo en las propias plataformas. Con esto, hay 40 millones m3.
Es un hecho que, transcurrido un año desde la crisis económica que atraviesa Argentina, se produjo un quiebre en la gran mayoría de las obras gestionadas por el anterior gobierno. En particular, esta región de Entre Ríos recibió importantes desembolsos, pero muchos de esos fondos fueron mal gestionados, sin las certificaciones estrictas ni un control eficiente sobre el avance de las obras.
Uno de los ejemplos más claros de esta negligencia es el principal acceso a la ciudad de Concordia, conocido como la “Y”. Esta obra no solo se encuentra parcialmente cerrada, sino que ha generado serias complicaciones. La “Y” se ha transformado en una verdadera trampa, ya que quienes conocen los desvíos pequeños la utilizan con frecuencia para acortar el camino.
Es sabido que existe una deuda pendiente con la empresa encargada de la obra, lo que, sumado al estado de las finanzas del gobierno local, dificulta su conclusión. Los vecinos de la zona se quejan constantemente por las “frenadas” imprevistas, especialmente por la noche, debido a la señalización deficiente. Los carteles que indican el acceso a la ciudad están mal ubicados, y las aplicaciones GPS no alertan adecuadamente sobre el cierre de la ruta.
Traza del principal acceso a la ciudad de Concordia.
Si bien debería ser urgente la reapertura de este acceso, no se puede pasar por alto que también es necesario mejorar y modernizar los accesos a una ciudad que se caracteriza por su potencial turístico. En la zona de acceso, por ejemplo, debería contemplarse la creación de un espacio de información turística, con un parador en paralelo, que podría gestionarse a través de una concesión privada.
Por lo tanto, es imperativo no solo planificar la rehabilitación de este acceso “sur”, sino también de los otros accesos y, en general, diseñar un plan integral que contemple todo el trayecto, desde la autovía nacional 14 hasta el río Uruguay. Este proyecto, fundamental para la ciudad, podría evaluarse con la participación activa de los vecinos y con una visión de largo plazo.
Entre los aspectos que deberían considerarse en este plan están: una señalética moderna (horizontal y vertical), la renovación completa de la carpeta asfáltica, la construcción de plazoletas y rotondas, la instalación de monumentos, y un mirador al final del Bv. San Lorenzo con vistas al río y al vecino país. Además, se debe mejorar y multiplicar la iluminación en todo el tramo. Implementar estas mejoras no implicaría grandes esfuerzos económicos si se aborda en etapas.
El acceso norte tambien debería ser sometido a un análisis de mejoras , mas con la proximidad de la inauguración del nuevo aeropuerto .
Incluso si el objetivo es potenciar los atractivos turísticos de la que alguna vez fue la capital nacional del citrus, el gobierno municipal debe considerar estos proyectos como una verdadera “puesta en valor” de una ciudad que, hoy más que nunca, lo necesita.
Así expresa en su cuenta de “X” la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner
En un documento de seis páginas, la expresidenta denunció un show mediático y una persecución judicial. “Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder”, sentenció.
Este miércoles a las 11 la Cámara Federal de Casación dará a conocer su sentencia con respecto a la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de defraudación a la Administración Pública por la adjudicación de obra pública al empresario Lázara Báez durante los mandatos de la expresidenta. A horas de eso, la expresidenta publicó un duro descargo en sus redes sociales bajo el título “Clarín, La Nación, Los Copitos y el delito imposible” en el que hizo un profundo repaso por el rol mediático en la cobertura judicial de causas que la tienen como protagonista.
“Mañana a las 11hs verás nuevamente en acción a ‘Los Copitos de Comodoro Py’ cumpliendo la orden impartida por el Grupo Clarín en la tapa publicada días después de que intentaran asesinarme en la puerta de mi casa. ¿Te acordas? ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá era el título de la nota del editor del diario Clarín de ese día. O sea; si no me mataron, tengo que estar presa. En esta oportunidad ‘Los Copitos de Comodoro Py’ son Mariano Borinsky, que jugaba al tenis con Mauricio Macri en Olivos; Gustavo Hornos, que visitaba a Macri en la Rosada y que esta denunciado por acoso sexual y violación; y Diego Barroetaveña, dirigente de la lista macrista de los magistrados para el Consejo de la Magistratura y tripulado, además, por Julio César Saguier, dueño del Grupo La Nación. Todos ellos van a confirmar la condena del Tribunal Oral integrado por otros miembros de la misma banda”, lanzó Cristina Fernández.
“Rodrigo Giménez Uriburu; el que junto al fiscal de la causa, Diego Luciani, tenían un equipo de fútbol llamado Liverpool que jugaba en un torneo organizado… en la quinta privada de Mauricio Macri. La imparcialidad de estos jueces… te la debo! ¿Por qué me condenan ‘Los Copitos de Comodoro Py’? Por un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015. Tan es así, que ningún Jefe de Gabinete de la Nación -constitucionalmente responsable de la ejecución del presupuesto y la administración del país- fue acusado y que el propio Ministro nacional responsable del área durante nuestros tres gobiernos, fue absuelto. Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo”, sentenció.
Según la expresidenta todo esto corresponde a un “show” mediático que “debe continuar”. Al respecto, afirmó: “La ‘Causa Vialidad’ empezó como un show y va a terminar de la misma manera” y repasó que “la primera audiencia del juicio la fijaron el 21 de mayo del 2019 en perfecta sintonía con el cronograma electoral”.
“Necesitaban sentarme en el banquillo de los acusados exactamente un mes antes del cierre de las listas de candidatos para la Presidencia de la Nación de ese año. Estiraron el juicio durante 4 años a razón de una audiencia por semana, para poder llegar al comienzo de otro año electoral -marzo del 2023- cuando leyeron ‘los fundamentos’ de la condena. ¿Por qué no te enteraste de lo que paso durante casi 4 años? Porque desfilaron decenas de testigos y peritos y no existió ni una sola prueba en mi contra”, subrayó Fernández de Kirchner.
“Ahora, ‘Los Copitos de Comodoro Py’ prepararon otro show. A pesar de que siempre notifican sus fallos por medios digitales colgando los mismos en la web, en esta oportunidad insólitamente decidieron cambiar el procedimiento. Con un mes de anticipación -casi como se anuncian los estrenos de la películas- no sólo comunicaron que iban a realizar una audiencia pública para que la lectura de la condena contra mi persona sea televisada, sino que la fijaron para el día de mañana, 13 de noviembre, cuatro días antes de la fecha que estaba prevista para la elección de autoridades del Partido Justicialista, en la cual íbamos a participar, en mi caso como candidata a Presidenta. Tanta puntería electoral no es casualidad y se nota mucho”, denunció.
Por último, Fernández de Kirchner habló de “persecución mediática-judicial” y dijo que esta “tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que HACEN y CONDUCEN gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical”.
“Vaya si lo logran”, calificó. “Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible”, concluyó.https://drive.google.com/file/d/1jjYjYMf9XEPOyT5iSK6MmuWDZSsOIeTu/preview
Memes que sube a la cuenta de X de la ex presidente
FOM, la empresa a cargo de la Máxima, le mandó al ACA el plan de trabajo para poder organizar el evento. Es el primer paso en concreto para plasmar el retorno. Cuándo sería y cómo siguen las gestiones
Crece el sueño del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina. Luego de la primera reunión llevada a cabo en el marco del Gran Premio de Brasil entre el Secretario de Ambiente, Turismo y Deporte de la NaciónDaniel Scioli; el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman; y Stefano Domenicali, CEO de Formula One Management (FOM), la empresa a cargo de los derechos comerciales de la Máxima, la categoría respondió al pedido de fecha. Esta es la primera respuesta concreta para que desde nuestro país se inicien las gestiones y trabajos para poder desarrollar el evento, que en principio sería para 2027 y el lugar elegido es el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez.
este lunes las oficinas del ACA recibieron vía correo electrónico la respuesta de FOM, mediante un documento en el que están detallados los pasos a seguir para poder plasmar el acontecimiento. Domenicali está decidido y quiere que la sede sea Buenos Aires. Para ello será clave reunir los fondos necesarios para llevar al Hermanos Gálvez al Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), cuyos estándares de seguridad, espacios en boxes y sectores administrativos son los exigidos para poder tener a la F1.
El ACA actúa de nexo entre la FOM, el Gobierno argentino y el eventual promotor, que tendrá la responsabilidad de la comercialización local. La categoría envió un documento que explica cómo seguir paso a paso el plan de negocios para poder cristalizar el evento. Un punto clave que exige es el plan de financiación, cuyo canon oscila los 40 millones de dólares anuales, en un contrato que va de tres a cinco años.
Domenicali y los emisarios argentinos se reunieron por primera vez el viernes 1° de noviembre en la oficina de FOM montada en los boxes del Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. Luego de ese cónclave este medio pudo recoger testimonios.
“Fue muy buena la reunión y tenemos mucho trabajo por hacer. Sabemos de lo exigente y lo sofisticado de la organización de este evento. Uniendo esfuerzos y trabajando mucho en distintos aspectos técnicos, yo tengo confianza y fe de que se van dando las condiciones para la vuelta de la F1 a la Argentina”, afirmó Scioli.
“Domenicali es un apasionado por Argentina. La verdad es que es maravilloso escuchar los recuerdos que tiene. Él estuvo en la última carrera en 1998″, subrayó el ex campeón de motonáutica sobre el CEO de la F1. Scioli volvió a insistir en el compromiso de empresas privadas argentinas para confirmar el retorno: “Se siguen sumando para lo que es el presupuesto para el evento. Eso podría estar avanzado”. El funcionario le había asegurado a Infobae que firmas “petroleras, de la minería, de tecnología y del agro” estaban comprometidas.
Carman, por su parte, sostuvo que “hay que estar muy de acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires y con las inversiones para llevar el Autódromo a Grado 1. Eso va a llevar un tiempo. Después FOM mostró la mejor predisposición, pero tenemos que trabajar”.
“Nos explicaron cuál sería el procedimiento y hay que hacer un montón de cosas. El ACA obviamente está involucrado porque nosotros tenemos el poder deportivo delegado de la FIA. Pero para concretarlo vamos a necesitar articular varias patas: el involucramiento del Gobierno Nacional, el de la Ciudad, los sponsors”, explicó.
En la búsqueda de un circuito más veloz que el usado entre 1995 y 1998, es posible emplear la zona del lago, pero deberían haber modificaciones por seguridad como la incorporación de chicanas, antes de llegar al curvón Salotto (parte inferior de la foto), y en la otra recta. Podrían haber más cambios (Crédito: Juan Manuel López)
“Le pedimos a Torben Olsen (Jefe de Desarrollo de Carreras de la F1), quien estuvo en la reunión, que nos mande un framework, un esquema de que todo lo que hay que empezar a ver. La intención es usar el circuito largo, el que bordea el lago”, concluyó Carman. Ese framework (entorno o marco de trabajo en español) llegó a manos del ACA este lunes. Se trata de un mapa de gestión para poder planificar, organizar y poder concretar el evento.
“Hubo un primer contacto. Aún es todo prematuro. Veremos”, le dijo Domenicali a este medio mientras caminaba por los boxes del escenario paulista.
El Gobierno porteño tiene un fuerte compromiso con el Autódromo de Buenos Aires. Cubrirá los costos para llevar el escenario a Grado 2 de la FIA (todas las categorías menos la F1) y las obras comenzarían en estos días y se extenderían hasta febrero o marzo. En abril o mayo se lograría la homologación de la entidad rectora del automovilismo.
Pero para continuar con las gestiones y avanzar en el plan de trabajo que envió FOM, Carman deberá reunirse con las autoridades porteñas y en los próximos días se juntaría con Fabián Turnes, Secretario de Deportes de la Ciudad.
El “operativo retorno” de la F1 surgió por el efecto generado con Franco Colapinto en la F1. Más allá del futuro del actual piloto de Williams, Scioli y compañía buscan concretar la fecha, pero también son conscientes de que ayudaría mucho poder tener un corredor argentino en la categoría. El bonaerense de Pilar se convirtió en seis fechas en uno de los pilotos más aclamados por el público y eso llevó a que la propia F1 haga posteos en español en sus redes sociales.
La reunión en las oficinas de FOM en Interlagos. De izquierda a derecha: Torbel Olsen, César Carman, Stefano Domenicali y Daniel Scioli (Crédito: Felipe Mc Gough)
Hoy el calendario no tiene lugar para más fechas y 2027 suena como una fecha lógica en función de poder lograr que el Autódromo de Buenos Aires esté en condiciones. También para poder conseguir el presupuesto para solventar el evento y con el detalle de que el Estado Nacional no podría dinero, según insiste Scioli.
En San Pablo, por caso, la ciudad capital del estado homónimo corre con la mayor parte del costo y cerró un contrato hasta 2030. El alcalde de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes, habló y dio cuenta de la oportunidad que brinda tener la F1: “Tenemos un impacto financiero anual de 2 billones de reales o 500 millones de dólares. Eso es gracias a los turistas y todos los que asisten a la carrera. Pero también porque utilizan la gastronomía de San Pablo, los hoteles, casas y todo tipo de residencias para quienes nos visitan. Cada año se generan más de 10 mil puestos de trabajo por el evento. Estamos siendo transmitidos por televisión para 170 países. Entonces son 170 países que están viendo nuestra ciudad”.
Aunque más allá del largo plazo necesario para que el país pueda volver a ser sede de la F1, cabe recordar que el propio Domenicali planteó la posibilidad de rotar fechas, algo que ya hizo el Campeonato Mundial de Rally. “Tenemos algunas noticias que compartir muy, muy pronto con respecto a la posibilidad a medio plazo de tener algunos Grandes Premios europeos rotatorios y algunas otras nuevas opciones más adelante”, dijo en declaraciones publicadas por Motorsport. “Esto es algo que, por supuesto, aclararemos a su debido tiempo. Es cierto que tenemos una gran demanda de nuevas posibles sedes que quieren entrar y nuestra elección siempre estará equilibrada entre los beneficios económicos adecuados que podemos tener como sistema y también para aprovechar el crecimiento en el mercado que podemos ver potencial”, añadió.
La Argentina fue sede de 21 Grandes Premios de F1 y el último fue el 12 de abril de 1998, con el triunfo de Michael Schumacher con su Ferrari. El sueño del regreso está latente. FOM accedió a una reunión inicial y demostró su buena voluntad al responder con el framework. Caso contrario, no hubiese exhibido interés en tener la fecha ni enviado el mencionado plan de trabajo. La categoría tuvo un gesto y la oportunidad está. La pelota quedó en manos de las autoridades nacionales, locales, el ACA y el eventual promotor, para poder generar las condiciones necesarias para concretar el evento.
El presidente Milei en el G20 (REUTERS/Pilar Olivares)
Javier Milei junto a Emmanuel Macron en la foto oficial del G20 (REUTERS/Ricardo Moraes)
Los mandatarios en el evento que se organiza en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes)
Vale recordar que Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con Emmanuel Macron durante el último fin de semana (REUTERS/Pilar Olivares)
