
En la Argentina, encontrarle la quinta pata al gato no es un ejercicio ocasional: es casi una disciplina olímpica. Y el caso de Manuel Adorni parece haber activado, una vez más, ese reflejo condicionado de cierta parte del periodismo.
Partamos de lo obvio: el proceder del funcionario puede calificarse, como mínimo, de desprolijo. Y no es un detalle menor tratándose de alguien con responsabilidades institucionales de peso. Ahora bien, de ahí a construir un escándalo de proporciones épicas hay un trecho que algunos están demasiado dispuestos a recorrer… incluso sin pruebas sólidas.
Porque si algo debería caracterizar al periodismo —en su versión más elemental— es investigar, constatar y luego denunciar. En ese orden. No al revés.
Sin embargo, asistimos a un fenómeno cada vez más evidente: la necesidad de “rascar la olla” aun cuando los hechos disponibles apenas sostienen hipótesis débiles o interpretaciones forzadas. Y ahí aparece una contradicción incómoda: muchos de los que hoy señalan con el dedo, en otros tiempos compartían cercanía —ideológica o material— con aquellos a quienes ahora pretenden juzgar.
No es intención de esta nota defender a Adorni. Sería un error conceptual. Pero sí resulta inevitable señalar la doble vara.
Durante más de dos décadas, buena parte del sistema político y mediático convivió —cuando no directamente ignoró— hechos de corrupción de una magnitud que hoy cuesta dimensionar sin indignarse. El caso de la reestatización de YPF, que derivó en un fallo millonario contra el país, es apenas un ejemplo de decisiones ruinosas que terminamos pagando todos los argentinos.
Otro caso paradigmático: la llamada Causa Cuadernos, con un volumen de pruebas que, en cualquier sistema institucional sano, habría generado consecuencias mucho más profundas. Sin embargo, para algunos medios, ese expediente parece haber quedado archivado en la sección de “temas incómodos”.
¿Memoria selectiva? ¿Conveniencia editorial? ¿O simplemente nostalgia de épocas donde ciertos “incentivos” hacían más llevadera la cobertura?
El problema no es nuevo, pero sí persistente. Y no se limita a la escena nacional. En provincias y municipios, la lógica se replica: funcionarios, gobernadores, intendentes y concejales que, en pocos años, logran patrimonios difíciles de explicar sin ruborizarse. La política como mecanismo de ascenso económico rápido —y muchas veces impune.
En ese contexto, no sorprende que cualquier excusa sea válida para desgastar al gobierno de turno. Mucho más cuando decisiones recientes —como el posicionamiento frente al fallo de YPF— comienzan a reconfigurar el tablero político.
La discusión de fondo, entonces, no es Adorni. Es otra.
Es si la sociedad argentina está dispuesta, de una vez por todas, a separar la paja del trigo. A distinguir entre errores, torpezas o desprolijidades —criticables, sin duda— y estructuras sistemáticas de corrupción que durante años operaron con una naturalidad alarmante.
Porque si no logramos hacer esa diferencia básica, el riesgo es claro: seguir girando en círculo. Cambian los nombres, cambian los discursos, pero el resultado es el mismo.
Y los que esperan en la gatera —con experiencia comprobada en el arte de saquear sin consecuencias— no necesitan mucho más que eso para volver.
Redacción

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