𝗖𝗔𝗦𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗢́ 𝗟𝗔 𝗖𝗨𝗟𝗣𝗔𝗕𝗜𝗟𝗜𝗗𝗔𝗗 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗭𝗨𝗥𝗜𝗘𝗥

Este jueves 26/03/2027 se conoció la sentencia de Casación en la causa Codesal – Hotel Ayuí. Y, como suele ocurrir en ciertos despachos, la vara no se rompió: simplemente se volvió más flexible.

El tribunal, integrado por los vocales María Evangelina Bruzzo, Luján Giorgio y Gustavo Pimentel, resolvió imponer a Luis Mazurier la pena de 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $90.000. A Jesús Villanueva, en tanto, le correspondieron 3 años de prisión condicional, la misma inhabilitación y una multa idéntica: $90.000. La igualdad ante la ley… al menos en el valor de la multa.

𝗗𝗘 𝟵 𝗔𝗡̃𝗢𝗦 𝗔 𝟲 │ 𝗖𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗟𝗔 𝗝𝗨𝗦𝗧𝗜𝗖𝗜𝗔 “𝗥𝗘𝗖𝗔𝗟𝗖𝗨𝗟𝗔”

La decisión de Casación hizo lugar parcialmente a la condena dictada el 9 de noviembre de 2023, que había fijado 9 años de prisión efectiva para Mazurier y 4 años también efectivos para Villanueva. Esta vez, el tribunal anuló “el monto y la modalidad de cumplimiento” de las penas. Traducido: menos años y, en un caso, ni siquiera cárcel efectiva.

Como si fuera poco, tampoco se hizo lugar al pedido de prisión preventiva para el ex titular de la Codesal. La urgencia, al parecer, tampoco era tan urgente.

Durante el juicio original, el fiscal José Arias había solicitado 11 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para Mazurier, al considerarlo autor material del delito de peculado (tres hechos), en modalidad continuada, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado de servicios.

Para Alberto Jesús Villanueva y Cintia del Rosario Mengeon, Arias había pedido 5 años de prisión, en carácter de partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta.

𝗟𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗢 𝗦𝗘 𝗗𝗜𝗖𝗘

En tiempos donde una multa de tránsito puede doler más que una condena por delitos contra el Estado, los $90.000 fijados por la Justicia suenan menos a sanción y más a formalidad administrativa. Un número que, ajustado a la realidad económica, parece pensado más para cerrar el expediente que para marcar un precedente.

Porque si la corrupción se mide en millones, pero se castiga con cifras de bolsillo, el mensaje no es jurídico: es político.