Juan Carlos “Calucho” Cresto volvió a hablar. Después de un tiempo, según sus propias palabras, en el que había decidido no opinar demasiado, aceptó la invitación de “Pulso Político” y respondió sobre el presente del peronismo entrerriano, la gestión provincial, la Municipalidad de Concordia y hasta el funcionamiento de la Justicia.
Y cuando habla un dirigente con varias décadas de protagonismo político, sus palabras no solamente sirven para analizar el presente. También obligan, inevitablemente, a mirar hacia atrás.
Cresto sostiene que quien debería encabezar la reconstrucción del peronismo entrerriano es el Consejo Provincial del Partido Justicialista. Pero advierte que a la actual conducción le falta autoridad partidaria y reclama elecciones internas para renovar las autoridades y definir las candidaturas.
Hasta ahí, una posición política perfectamente entendible.
Lo interesante aparece cuando explica de dónde deberían salir los recursos para hacerlo.
Cresto recuerda que la Carta Orgánica del PJ establece un aporte del 10% de los ingresos de quienes ocupan determinados cargos políticos. La norma contempla contribuciones de legisladores, intendentes, concejales, gobernador, vicegobernador y otros funcionarios. En 2025, incluso, dirigentes peronistas de Concordia reclamaron públicamente el cumplimiento de esos aportes.
En este punto hay una coincidencia posible con el viejo dirigente: si existe una norma partidaria, debería cumplirse.
La pregunta incómoda es otra: ¿por qué hubo que llegar a estos tiempos para volver a hablar públicamente de esos aportes? ¿Cuántos dirigentes los pagaron efectivamente durante estos años? ¿Cuánto dinero ingresó al partido? ¿Cuánto debería haber ingresado? ¿Quién controla esos recursos y cómo fueron administrados?
Porque si el argumento es que el PJ no tiene dinero para hacer internas, la discusión no debería terminar en que “los dirigentes no aportan”. También debería continuar con una pregunta elemental: ¿qué ocurrió con los recursos que sí ingresaron al partido y cómo se administraron?
Y allí aparece una curiosidad de la política argentina: de pronto, cuando faltan recursos para volver a competir, las cartas orgánicas adquieren una importancia extraordinaria.
Quizás el problema no sea solamente conseguir dinero para una interna. Quizás también haya que recuperar algo bastante más difícil de recaudar: autoridad política.
Cresto también cuestionó al Gobierno provincial por la contratación de una empresa para proveer alimentos destinados a las escuelas entrerrianas. Su planteo es que semejante volumen de dinero debería permanecer dentro de Entre Ríos y movilizar almacenes, verdulerías, carnicerías y comercios de los barrios.
Es una discusión válida: ¿cuánto de la compra pública debería utilizarse también como herramienta de desarrollo económico local?
Pero nuevamente aparece una pregunta que excede al gobernador de turno. Durante los años en que el peronismo gobernó Entre Ríos, ¿cuánto dinero de las compras estatales quedó efectivamente dentro de la provincia? ¿Cuántos proveedores locales pudieron crecer gracias al Estado? ¿Cuántas veces se utilizó la contratación pública como herramienta de desarrollo productivo y comercial?
Porque resulta sencillo descubrir ahora que el Estado también puede ser una poderosa herramienta para dinamizar las economías locales. Lo interesante sería saber si esa misma mirada estaba presente cuando quienes hoy critican tenían la responsabilidad de gobernar.
Y entonces llegamos a Concordia.
Cresto afirma que los problemas de la ciudad no comenzaron con la actual administración municipal y sostiene que el gobierno de turno no logra mantener adecuadamente lo que ya estaba construido y promete obras que, según su visión, no realizará.
En esto hay una cuestión que merece ser dicha sin vueltas: los problemas estructurales de Concordia no nacieron hace dos años y nueve meses.
La pobreza, la infraestructura deficitaria, los problemas de servicios públicos, el deterioro urbano, la falta de desarrollo económico suficiente y las dificultades históricas para generar empleo privado no pueden explicarse solamente mirando el calendario de la actual gestión.
Pero tampoco alcanza con decir que “vienen de antes”.
Porque si todos los gobiernos reciben una ciudad problemática, la pregunta periodística debería ser qué hizo cada uno durante el tiempo que tuvo para modificar esa realidad.
Cresto conoce Concordia. La gobernó. El peronismo gobernó durante largos períodos. Por eso su diagnóstico actual tiene un valor particular, pero también una contracara inevitable: quien fue parte central del poder durante tantos años no puede hablar del pasado como si hubiera sido un espectador sentado en la tribuna.
Y aquí aparece quizás la parte más llamativa de sus declaraciones: la Justicia.
Cresto recordó su antiguo procesamiento por la disposición final de residuos y sostuvo que finalmente la Justicia terminó pidiéndole disculpas por lo que él calificó como una persecución política.
Ahora cuestiona el proceso de contratación del servicio de recolección de residuos de la actual gestión y plantea un interrogante sobre el comportamiento de la Justicia frente a las denuncias existentes.
Hay, sin embargo, una precisión necesaria. La actual contratación no terminó simplemente en una adjudicación directa: después de la etapa de emergencia ambiental y de los cuestionamientos a la contratación transitoria, el municipio llevó adelante una Licitación Pública N.º 47/2026, en la que participaron seis oferentes, y finalmente adjudicó el servicio a VITSA por cuatro años.
Eso no elimina las preguntas políticas ni judiciales que puedan existir alrededor del proceso. De hecho, hubo cuestionamientos sobre la contratación anterior y denuncias que siguen siendo materia de discusión pública.
Pero justamente por eso conviene hacer periodismo y no propaganda: una cosa es cuestionar un procedimiento y otra afirmar que existió una ilegalidad antes de que eso sea determinado por la Justicia.
La paradoja aparece entonces casi sola. Cresto reclama autoridad partidaria al PJ, reclama que los dirigentes cumplan la Carta Orgánica, reclama que el dinero público destinado a alimentos escolares genere actividad económica en Entre Ríos, reclama controles sobre la contratación de servicios públicos y reclama que la Justicia actúe. Todo eso puede discutirse. Pero cada reclamo trae consigo una pregunta adicional: ¿dónde estuvo esa autoridad partidaria cuando los aportes dejaron de cumplirse? ¿Dónde estuvo la exigencia de transparencia cuando gobernaban los propios? ¿Cuánto de la contratación pública provincial y municipal durante las anteriores administraciones tuvo como objetivo fortalecer al proveedor entrerriano? ¿Y cuánto de lo que hoy se denuncia como problema estructural fue advertido, corregido o enfrentado cuando quienes hoy opinan tenían capacidad de decisión?
Tal vez allí esté la parte más interesante de esta reaparición pública de “Calucho” Cresto. Porque una entrevista política puede servir para criticar al adversario, pero cuando quien habla tiene una extensa historia de gobierno también funciona, inevitablemente, como una suerte de espejo. Y los espejos tienen una particularidad: no solamente muestran quién está enfrente; también muestran a quien se está mirando.
Para el peronismo entrerriano, la discusión de fondo parece ser bastante más profunda que conseguir fondos para una interna o encontrar quién encabece una futura fórmula. La pregunta es si puede reconstruirse una fuerza política sin revisar, al mismo tiempo, las responsabilidades, los silencios, las administraciones anteriores y las razones por las cuales una parte importante de la sociedad dejó de confiar en determinadas formas de hacer política.
Porque para volver a pedir votos primero hay que volver a construir credibilidad. Y esa, a diferencia del 10% de una dieta política, no se puede descontar automáticamente del recibo de sueldo.
Redaccion : Análisis Litoral
