GUILLERMO BELLINGI El exfuncionario de la Procuración que apareció muerto a días de enfrentar un juicio por la compra de un edificio: los millones de la operación, su medio hermano, la exoneración que quedó firme por decisión de la Corte Suprema y las preguntas que deja una causa que lleva más de una década
Por Análisis Litoral | Investigación especial
La noticia podría reducirse a unas pocas líneas: Guillermo Alfredo Bellingi, exsubdirector general de la Procuración General de la Nación durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, fue encontrado muerto en Villa Elisa, partido de La Plata, con una herida de arma blanca en el tórax. Sin embargo, detrás de esa muerte existe una historia judicial que lleva más de una década y que vuelve a cobrar relevancia por una coincidencia temporal difícil de ignorar: Bellingi murió cuando faltaban aproximadamente 20 días para el comienzo del juicio oral en el que debía ser juzgado, entre otros, junto con la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó, por la cuestionada compra de un edificio de la Procuración General de la Nación.
No existen, hasta el momento, elementos que permitan afirmar que su muerte haya sido consecuencia de aquella causa ni que haya existido intervención de terceros. De hecho, la autopsia difundida el 4 de septiembre indicó que no se detectaron signos de criminalidad y que Bellingi presentaba una única lesión en el tórax. La hipótesis de una lesión autoinfligida aparece entre las líneas investigativas.
Pero una cosa es determinar las circunstancias de una muerte y otra muy distinta es reconstruir la historia que rodeaba al hombre que murió. Y esa historia comienza en 2013.
El edificio de Perón 667
En aquel año, la Procuración General de la Nación decidió adquirir un inmueble ubicado en Perón 667, en la Ciudad de Buenos Aires, destinado a concentrar oficinas y dependencias del organismo. El edificio fue adquirido por $43.850.000 y, a primera vista, se trataba de una operación inmobiliaria estatal.
Con el paso del tiempo, sin embargo, la compra comenzó a ser investigada por la Justicia federal debido a una serie de circunstancias que rodearon la licitación y, particularmente, al pago de importantes comisiones a intermediarios.
La empresa vendedora era Arfinsa Argentina Financiera S.A., vinculada al Grupo Bemberg. Del otro lado de la operación estaba la Procuración General de la Nación, conducida entonces por Alejandra Gils Carbó. En el medio apareció una figura que terminaría siendo decisiva en la investigación: Guillermo Bellingi.
¿Quién era Guillermo Bellingi?
Bellingi era licenciado en Economía y tenía experiencia en materia de administración y contrataciones públicas. Había ocupado cargos vinculados con la administración estatal y, durante la gestión de Gils Carbó, ingresó a la Procuración General de la Nación.
Un documento oficial del Ministerio Público Fiscal señala que fue designado en septiembre de 2012 en un cargo equivalente al de subdirector general para desempeñarse en la Secretaría General de Administración, con dependencia directa de la Procuradora General de la Nación.
Su experiencia en contrataciones públicas no era menor. Había sido director nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones y había ocupado otros cargos administrativos relevantes. Por eso, su participación en la licitación del edificio de Perón 667 no era la de un empleado secundario. La propia investigación fiscal le atribuyó un papel relevante en el procedimiento.
Una licitación bajo sospecha
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió en 2017 que Bellingi y Gils Carbó fueran indagados junto con otras personas vinculadas con la operación. El dictamen fiscal analizó la adquisición del inmueble de Perón al 600 y describió distintas circunstancias relacionadas con el procedimiento licitatorio.
La sospecha judicial giró alrededor de la posibilidad de que el proceso de contratación hubiera sido direccionado para terminar en la adquisición de aquel inmueble. Una resolución judicial llegó incluso a describir la existencia de un supuesto entramado destinado a que determinados intermediarios obtuvieran beneficios económicos a partir de la operación.
Aquí resulta fundamental hacer una aclaración periodística: esas afirmaciones forman parte de hipótesis y acusaciones judiciales, no de una sentencia penal firme que haya determinado la culpabilidad de todos los involucrados. Esa diferencia debe conservarse especialmente en una investigación de estas características.
El dato que cambió todo: los $3 millones
La investigación encontró un elemento particularmente sensible. Una inmobiliaria vinculada con la operación, Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, recibió aproximadamente $7,7 millones en concepto de comisión por parte de la empresa vendedora. De ese dinero surgió un pago de aproximadamente $3 millones a Juan Carlos Thill.
Thill no era un desconocido para Bellingi: era su medio hermano.
Allí apareció uno de los puntos centrales de la investigación. ¿Por qué el medio hermano del funcionario que intervenía en una licitación estatal había recibido una suma millonaria vinculada con la operación? ¿Bellingi conocía esa intervención? ¿La Procuración conocía el vínculo? ¿Hubo información privilegiada? ¿La licitación fue realmente competitiva?
Esas fueron algunas de las preguntas que comenzaron a atravesar el expediente.
Gils Carbó y el “empleado infiel”
Cuando el escándalo tomó estado público, Gils Carbó quedó también bajo investigación. La entonces procuradora sostuvo que no había participado de una maniobra ilícita y apuntó parte de la responsabilidad hacia Bellingi.
En 2017, al declarar ante la Justicia, sostuvo que había sido engañada por un funcionario de su organismo y negó haber recibido dinero o beneficios de la operación.
La situación generó una fuerte disputa política y judicial. Por un lado estaban quienes sostenían que la operación había sido direccionada. Por el otro, las defensas de los involucrados rechazaban las acusaciones y cuestionaban la interpretación que hacía la Justicia de las actuaciones administrativas.
Pero había un elemento que había quedado incorporado a la investigación: el dinero había circulado y uno de los beneficiarios era familiar directo de uno de los funcionarios que había intervenido en el proceso.
Bellingi fue suspendido y terminó exonerado
La propia Procuración General inició un sumario administrativo contra Bellingi. La resolución oficial dispuso la apertura del sumario para determinar su responsabilidad y ordenó su suspensión preventiva.
Con el avance de la investigación administrativa, Bellingi terminó siendo exonerado. Pero el funcionario no aceptó la sanción y llevó su reclamo a la Justicia.
La historia tuvo un capítulo decisivo en abril de 2026, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por Bellingi y dejó firme la decisión que había confirmado su exoneración.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon inadmisible el recurso extraordinario mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
De esta manera, cinco meses antes de su muerte, Bellingi había perdido definitivamente la batalla judicial contra su exoneración en el fuero contencioso administrativo.
Y en paralelo seguía la causa penal
La exoneración administrativa y la causa penal no eran exactamente lo mismo. La primera terminó con la sanción administrativa, mientras que la segunda investigaba eventuales responsabilidades penales por la operación inmobiliaria.
La causa penal había avanzado hasta el punto de llegar a juicio oral. El Tribunal Oral Federal N.º 8 debía comenzar el debate contra los acusados y entre ellos estaban Gils Carbó y Bellingi. La fecha prevista estaba a aproximadamente tres semanas.
Fue entonces cuando ocurrió la muerte del exfuncionario.
El hallazgo en Villa Elisa
Guillermo Bellingi fue encontrado muerto en Villa Elisa, a los 55 años. Su cuerpo fue hallado en inmediaciones de la calle 8 entre 406 y 407 y presentaba una herida cortante en el pecho. Junto al cuerpo fueron encontrados elementos personales y un cuchillo tipo criollo con su correspondiente vaina.
La causa fue inicialmente caratulada como “averiguación de causales de muerte”. La ausencia de otras heridas y de signos de defensa llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de una lesión autoinfligida.
Posteriormente, según informó LA NACION, la autopsia no encontró signos de criminalidad. Por eso, no existe actualmente sustento para afirmar que Bellingi haya sido asesinado.
Sin embargo, su muerte introduce inevitablemente una pregunta sobre el proceso judicial que debía comenzar pocos días después: ¿qué impacto tendrá su fallecimiento sobre la causa por la compra del edificio?
Una muerte que cambia el escenario judicial
La muerte de un imputado extingue la acción penal respecto de esa persona. Eso significa que Bellingi ya no podrá sentarse en el banquillo ni responder ante un tribunal por las acusaciones que pesaban sobre él.
La causa, sin embargo, no necesariamente desaparece. Los restantes acusados continúan sujetos al proceso y la Justicia deberá determinar cómo sigue el expediente.
La muerte de Bellingi introduce además una modificación sustancial: uno de los protagonistas centrales de la investigación ya no podrá declarar en el juicio oral. Y eso no es un detalle menor, porque una de las grandes preguntas que queda abierta es qué habría dicho frente a un tribunal después de más de nueve años de investigaciones.
El hombre que podía explicar la licitación
Bellingi no era un personaje periférico en esta historia. El propio fiscal Taiano había señalado que ocupaba un lugar decisivo dentro del proceso de licitación.
Había intervenido en la elaboración y tramitación de documentación relacionada con la contratación y también había tenido contacto con personas vinculadas a la operación.
La investigación llegó incluso a analizar comunicaciones telefónicas entre Bellingi y representantes de la inmobiliaria que intervino en la venta del inmueble. Uno de esos contactos se produjo durante el período en que todavía se encontraba en discusión el proceso licitatorio.
La Justicia debía determinar qué significaban esas comunicaciones. ¿Eran contactos normales dentro de una contratación? ¿Existía información previa? ¿Se había anticipado quién sería el ganador? ¿Existía coordinación entre funcionarios y privados?
Esas preguntas debían ser discutidas en el proceso judicial.
Una historia de $43,8 millones y comisiones millonarias
La operación puede resumirse en algunas cifras que ayudan a dimensionar por qué el expediente adquirió semejante relevancia.
La Procuración pagó $43.850.000 por el edificio. La inmobiliaria vinculada con la operación recibió aproximadamente $7.700.000 en concepto de comisión y Juan Carlos Thill, medio hermano de Bellingi, recibió aproximadamente $3.000.000.
Son cifras correspondientes a 2013 y, por lo tanto, trasladarlas directamente a valores actuales puede generar una comparación engañosa. Sin embargo, los montos permiten comprender la magnitud económica de una operación que terminó bajo investigación judicial.
El hecho de que uno de los beneficiarios fuera el medio hermano del funcionario que había intervenido en la licitación fue uno de los elementos que puso la operación bajo la lupa.
Lo que la Justicia investigó
El expediente no se limitó al parentesco. La investigación analizó también si hubo una utilización indebida de información, si se alteraron condiciones de la licitación y si determinados actores privados fueron favorecidos.
Un documento judicial llegó a sostener que existían motivos para sospechar que Bellingi y Gils Carbó habían intervenido en un esquema destinado a favorecer la adquisición del inmueble. También se investigó el papel de distintos intermediarios y las comisiones pagadas.
Pero nuevamente es necesario diferenciar una imputación, un procesamiento o una acusación fiscal de una condena. Esa causa debía llegar precisamente a la instancia en la que un tribunal oral escucharía la prueba y determinaría responsabilidades.
Bellingi murió antes de que eso ocurriera.
La coincidencia que no puede ignorarse, pero tampoco puede interpretarse sin pruebas
Hay un dato objetivamente llamativo: Bellingi murió aproximadamente 20 días antes del comienzo previsto del juicio oral.
También es un hecho que había perdido meses antes su última batalla judicial contra la exoneración y que su nombre estaba nuevamente en el centro de una causa penal que llevaba años de investigación.
Pero de esos hechos no puede derivarse automáticamente una conclusión sobre las causas de su muerte. La Justicia que investiga el fallecimiento deberá determinar qué ocurrió y la autopsia difundida hasta ahora no encontró signos de criminalidad.
Por eso, cualquier titular que sugiera un asesinato sería, en este momento, irresponsable. La investigación periodística puede formular preguntas, pero no puede convertirlas en respuestas.
Lo que queda sin respuesta
La muerte de Bellingi deja varios interrogantes que solamente podrán despejarse con acceso al expediente y a la información oficial.
¿Qué habría declarado Bellingi durante el juicio? ¿Qué explicación tenía sobre los $3 millones recibidos por su medio hermano? ¿Quién decidió modificar las condiciones de la licitación? ¿Por qué la operación terminó concentrándose en el edificio de Perón 667? ¿Existió información privilegiada antes de que se conociera formalmente el resultado? ¿Qué papel desempeñó exactamente Gils Carbó? ¿Qué pruebas tenía la Fiscalía contra cada uno de los imputados? ¿Qué elementos podía aportar Bellingi que ahora no podrán ser escuchados por un tribunal?
Y, finalmente, ¿qué ocurrió realmente en Villa Elisa?
Una historia que sobrevive a sus protagonistas
La muerte de Guillermo Bellingi no cierra la historia del edificio de Perón 667. Por el contrario, vuelve a ponerla en primer plano.
Aquella operación inmobiliaria comenzó en 2013. Pasaron gobiernos, cambió la conducción de la Procuración, se iniciaron sumarios administrativos, hubo imputaciones, acusaciones cruzadas, exoneraciones y recursos judiciales.
La Corte Suprema dejó firme la sanción administrativa contra Bellingi en abril de este año. Y cuando faltaban pocas semanas para que uno de los capítulos más importantes de la causa comenzara en un tribunal oral, uno de sus protagonistas apareció muerto.
Hoy, la evidencia conocida apunta a que no hubo signos de criminalidad en su muerte. Pero eso no responde las preguntas que durante años quedaron pendientes alrededor de la compra del edificio.
Y quizás allí esté el verdadero interés de esta historia: no en alimentar una teoría conspirativa, sino en volver a mirar una operación que involucró decenas de millones de pesos, funcionarios públicos, intermediarios privados, familiares, comisiones millonarias y una investigación judicial que todavía no había llegado a su desenlace cuando murió uno de sus principales protagonistas.
Lo que no se dice
Durante años, el caso del edificio de Perón 667 quedó atrapado entre la política, la Justicia y las disputas internas de la Procuración. La muerte de Bellingi vuelve a colocar aquella historia en la agenda, pero también plantea una obligación para el periodismo: no confundir misterio con prueba.
La pregunta no es solamente cómo murió Guillermo Bellingi. También es qué ocurrió realmente en aquella licitación de 2013 y por qué una operación que debía ser una contratación estatal terminó convirtiéndose en una causa judicial que sobrevivió a más de una década.
Ahora, uno de los hombres que debía responder ante un tribunal ya no podrá hacerlo. La Justicia tendrá que reconstruir la historia con los documentos, los testimonios y las pruebas que quedaron.
Porque los protagonistas pueden desaparecer. Los expedientes, no.
ANÁLISIS LITORAL
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