Por orden de la Justicia, allanan la casa de una de las hijas de Gustavo Bordet
Desde minutos después de las 7 de este viernes, la Justicia lleva adelante un allanamiento en la residencia de una hija del exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet.
El operativo, solicitado por el doctor José Arias, fiscal que investiga a Bordet por presunto enriquecimiento ilícito, fue autorizado por el Juez de Garantías Ives Bastián.
Según trascendió de fuentes extraoficiales, el magistrado otorgó consentimiento para que el Ministerio Público Fiscal allane no solo la vivienda de Florencia Gabriela Bordet en calle Adolfo Alsina de Paraná, sino también otras dos propiedades: la residencia “principal” del exgobernador en la capital provincial y su domicilio “secundario”, este último en el barrio privado Village Termal, en Concordia.
Este viernes, los uniformados de la Policía de Entre Ríos solo ejecutan el procedimiento en la casa de la hija, puesto que no está protegida por “fueros”. El ingreso fue posible tras el arribo a la vivienda de la hija del actual diputado nacional. Inicialmente, habían llamado a un cerrajero para que abriese ante la ausencia de moradores.
Los otros dos allanamientos podrán efectivizarse una vez que sean autorizados por la Cámara de Diputados de la Nación y la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, en razón de que Bordet integra la primera y su mujer, Silvia Mariel Ávila, la segunda. Los fueros que salvaguardan a ambos no alcanzan a Florencia Gabriela.
La causa que pone la lupa sobre el patrimonio de Bordet y su familia está caratulada “D’AMBROS, HÉCTOR DANIEL S/ SU DENUNCIA ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO”, iniciada dos años atrás, una vez que se hiciera pública la declaración jurada presentada por el Diputado Nacional.
La fiscalía investiga el presunto “enriquecimiento ilícito” ocurrido entre 2007 y 2023. Arias asegura haber reunido indicios de que Bordet omitió propiedades en sus declaraciones juradas, lo mismo que la compra de terrenos a precios significativamente subvaluados y la construcción de costosas viviendas, también a valores muy por debajo de los de mercado.
El informe del Ministerio Público Fiscal alude a numerosos viajes no oficiales al extranjero y frecuentes traslados privados a Uruguay, que –entiende Arias- sugieren un nivel de vida incompatible con el patrimonio legal del exfuncionario.
En los tres allanamientos solicitados, Arias pidió el secuestro de dispositivos electrónicos y documentación comercial para profundizar en la detección de posibles activos ocultos.
Respecto de las presuntas subvaluaciones que Bordet habría incluido en sus declaraciones juradas, las diferencias de precios entre lo que dice haber pagado y los valores abonados por “vecinos” al comprar propiedades casi idénticas serían muy significativas. En un caso, habría comprado por USD 12,40 por metro cuadrado lo que para otros valió 48 o 65 por m2. En otro caso, habría registrado adquisiciones a USD 6,35 y USD 10,50 el m2, mientras que el valor de mercado informado por inmobiliarias es de USD 60.
Respecto de los viajes al extranjero -202 noches en otros países y 187 en Uruguay por motivos no oficiales-, la investigación fiscal pretende ahondar en un detalle que considera llamativo: la inexistencia de consumos documentados. Bordet declaró a la AFIP no haber tenido consumos en el exterior en varios períodos (como 2017-2022), a pesar de los numerosos viajes realizados.
En entrevista con el periodista Daniel Enz, el diputado nacional ensayó una justificación: dijo haber pagado al contado sus gastos afuera. Tal explicación contrasta con otro dato: que no habría registro alguno de compras de divisas. ¿Acaso pagó en pesos en Estados Unidos, Alemania, etc.? En el Ministerio Público Fiscal abonan otra hipótesis: que Bordet tendría propiedades, cuentas y tarjetas en el exterior, con las que habría pagado sus consumos foráneos, aunque hasta el momento no hay prueba alguna que confirme tal suposición.
Otro capítulo de la investigación refiere a movimientos de dinero. En especial, transferencias de fondos desde cuentas de funcionarios públicos hacia familiares de Gustavo Bordet. Entre quienes efectuaron tales traspasos de dinero figuran Sonia Romero, una exempleada doméstica y luego funcionaria, y Franco Ferrari, quien fuera Secretario General de la Gobernación.
Fiscalía considera probable que Romero y Ferrari en realidad manejaban fondos de Bordet, aunque por el momento sea otra suposición más sin confirmación.
En los allanamientos solicitados, la Justicia de Garantías autorizó el secuestro de documentación relacionada con cuestiones patrimoniales o comerciales; celulares y equipos informáticos y otras formas de almacenamiento de datos, requisas personales y vehiculares.
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