El Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del juez de Garantías, Julián Vergara, de haber aceptado la recusación planteada por los defensores del exgobernador Sergio Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros y apartarse de la tramitación de la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue al extitular del Poder Ejecutivo Provincial. En lugar de Vergara, la causa quedó en manos del juez Mariano Budasoff.
Pero los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano apelaron la decisión y acudieron con un recurso ante la Cámara de Casación Penal, que ahora deberá resolver el entuerto. “El recurso de apelación resulta procedente (…) al ocasionar un gravamen irreparable al afectarse la garantía de juez natural (…), sin concurrir causa legal que ampare dicho apartamiento, sumado al haber transcurrido el proceso de recusación sin haberse dado intervención al Ministerio Público Fiscal, viéndose afectado el debido proceso y el principio acusatorio”, señalaron Ramírez Montrull y Badano.
Enviar ImprimirEl Ministerio Público Fiscal apeló la decisión del juez de Garantías, Julián Vergara, de haber aceptado la recusación planteada por los defensores del exgobernador Sergio Urribarri y del empresario Diego Armando Cardona Herreros y apartarse de la tramitación de la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue al extitular del Poder Ejecutivo Provincial. En lugar de Vergara, la causa quedó en manos del juez Mariano Budasoff.
Pero los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano apelaron la decisión y acudieron con un recurso ante la Cámara de Casación Penal, que ahora deberá resolver el entuerto. “El recurso de apelación resulta procedente (…) al ocasionar un gravamen irreparable al afectarse la garantía de juez natural (…), sin concurrir causa legal que ampare dicho apartamiento, sumado al haber transcurrido el proceso de recusación sin haberse dado intervención al Ministerio Público Fiscal, viéndose afectado el debido proceso y el principio acusatorio”, señalaron Ramírez Montrull y Badano.
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Y apuntaron: “La resolución adoptada por el Juez de Garantías Nº 7 (Budasoff) al aceptar la competencia de la causa no fue de mero trámite, sino de aquellas tienen una relevancia trascendental en la causa atento a que se afecta el principio del juez natural, al removerse con su aceptación al magistrado que venía interviniendo. Atento a la importancia de la decisión a adoptar y los intereses constitucionales que se encontraban en juego es que se debió dar intervención al Ministerio Público en forma previa a su dictado, para que luego de oír a los interesados se adoptará una decisión”.
El juez Budasoff hizo lugar a la apelación y ahora tomará intervención la Cámara de Casación Penal.
En noviembre pasado se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la tercera causa penal que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio -no está firme, hay un recurso ante la Corte Suprema- y la megacausa de las coimas, con pedido de 1o años de prisión, que está en trámite.
Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024.
El juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. A Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.
A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.
Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.
En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.
En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.
El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Yedro y Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
La pericia contable que firmaron Romina Stepanic Pouey, técnica del Poder Judicial, y Cristian Dumé, perito de parte, señala que Urribarri se enriqueció en el período en el que fue dos veces gobernador de Entre Ríos, entre 2008 y 2015, en una suma próxima a los 9 millones de dólares. Los fiscales lo habían citado para la declaración de imputado en esa causa y también para que justifique ese incremento patrimonial, que se presume en Fiscalía cuenta con algunas inconsistencias.
Urribarri estuvo al frente del Ejecutivo entre 2008 y 2015; luego, fue diputado provincial hasta 2019; y desde mayo de 2020 hasta junio de 2022, y luego de ser condenado en el megajuicio a 8 años de cárcel, embajador argentino en Israel. Los dos fallos que se han conocido hasta ahora señalan que la apertura de la causa por enriquecimiento, ocurrida en 2015, no interrumpe los plazos de la prescripción; solo lo hace la declaración de imputado, hecho que ocurrió recién en junio de 2023.
La causa por enriquecimiento tiene fecha de juicio oral. Será ante ante el juez de Garantías Nº 4 Julián Vergara para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026 a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1.
