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Fue en el marco del Proyecto Donar Sangre Nos Une. Las nueve colectas se llevaron a cabo en localidades como Paraná, Hasenkamp, Diamante, Oro Verde y María Luisa, promoviendo la solidaridad y la posibilidad de registrarse como donantes de médula ósea.
En el marco del Proyecto Donar Sangre Nos Une, estrategia desarrollada entre el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH); los institutos de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas); Autárquico Provincial del Seguro (Iapser) y la Fundación Iapser, en octubre participaron en las distintas colectas de sangre 202 personas.
Las localidades que fueron protagonistas de este acto solidario y altruista de donar vida en vida fueron: Paraná (con cinco procedimientos llevados a cabo en diferentes puntos), Hasenkamp, Oro Verde, Diamante y María Luisa (con una convocatoria cada una).
En los distintos operativos, con la presencia del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), los donantes voluntarios pudieron registrarse como posibles donantes de médula ósea en caso de así requerirlo.
Agenda de noviembre
La próxima colecta programada para noviembre, se hará el 6 en la Escuela Secundaria Brigadier General Ángel María Zuloaga de San Benito, ubicada en Avenida Friuli 1152. Luego, el 8 de noviembre se realizará un operativo en la Plaza Mansilla de Paraná, frente a Casa de Gobierno, anticipándose a la conmemoración del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre que es el 9 de noviembre.
El 12 de noviembre, la Escuela del Club Atlético Estudiantes de Paraná, en calle Nux 760, será sede de otra colecta. La agenda continúa el día 13 en Bovril, frente al cuartel de Bomberos Voluntarios en calle Perón 210; el 20 en el centro de atención primaria Tita Rosario Falcón, ubicado en la calle 20 de Junio 189 de Tabossi y finaliza el 27 en Feliciano, frente al Hospital Francisco Ramírez.
Quienes quieran donar sangre podrán hacerlo, además, en los Bancos de Sangre que funcionan en los hospitales San Martín y San Roque de Paraná; Delicia Concepción Masvernat de Concordia; Centenario de Gualeguaychú y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. También en las unidades de transfusión con posta que dispone la provincia en los hospitales: Santa Rosa de Villaguay; San José de Diamante; San Benjamín de Colón; 9 de Julio de La Paz; Nuestra Señora del Luján de General Ramírez; San Blas de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso y San Roque de Rosario del Tala.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga a Edgardo Kueider en relación a la causa Tórtul, y por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ctivos y asociación ilícita.
Tal como reflejamos en nuestro Portal, el senador nacional Edgardo Kueider, está siendo investigado por la justicia entrerriana por presunto enriquecimiento ilícito, tras la revelación de que posee propiedades de lujo en Paraná, registradas a nombre de la empresa Betail SA, en la que el mismo Kueider figura como accionista. Ahora se agrega una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ctivos y asociación ilícita, que investiga el fiscal federal Fernando dominguez, y que se adjunta a la causa «Tórtul» a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
Betail SA, una compañía vinculada a Kueider y su primo, Javier Rubel, dedicada a la comercialización de ganado y semillas, es propietaria de varias unidades en el edificio VIP “LIVE”, de Paraná. Entre las propiedades figuran cocheras y departamentos, cuyo valor total supera ampliamente los montos declarados por Kueider en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Incluso, tal como pudimos comprobar desde este portal, una de esas propiedades fue brindada en comodato a una persona cercana al senador entrerriano. Estos bienes no fueron detallados en la documentación oficial presentada por Kueider, que solo informó solo un número de CUIT, lo que levantó sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para adquirirlos.
Tras la detención de los hermanos Tórtul, empresarios que estarían vinculados a un esquema de sobornos a políticos y funcionarios de ENERSA, la empresa estatal de energía de Entre Ríos. Claudio Tórtul, vecino de Kueider en el edificio “LIVE”, se encuentra actualmente procesado por la jueza Sandra Arroyo Salgado en una causa que reveló la corrupción en la adjudicación de contratos en la empresa provincial.
Luego de que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dispusiera en el mes de julio la apertura de la investigación contra Kueider tras la denuncia de un particular, el fiscal federal Fernando Domínguez pidió una serie de medidas de prueba, entre las que pudimos saber:
Solicitó a la Inspección General de Justicia los contratos y estatutos de la empresa Betail SA, sus balances y estados contables.
Pidió a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Kueider y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que elabore un informe sobre el senador con su actividad económica e ingresos, más un detalle de sus cuentas bancarias y bienes, propiedades muebles e inmuebles y sendos informes de los registros nacionales de buques y aeronaves.
Pidió que se libre un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que remita toda la información sobre Kueider y a la Caja de Valores SA que indique si es tenedor de acciones o bonos.
Requirió información a entidades bancarias y que se disponga el levantamiento del secreto fiscal de Edgardo Darío Kueider.
Así el avance de la investigación, Kueider concurrió este martes al Juzgado Federal de San Isidro acompañado del letrado porteño Maximiliano Ruiz. El legajo se acumuló con la causa por asociación ilícita Enersa y Securitas por vinculaciones con los hermanos Tórtul, ya que se agrega la conexión con el grupo desarrollador del edificio de calle Santiago del Estero, que estaría conformado por los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, procesados en la causa en la que se investigan un presunto esquema de coimas en la empresa Enersa, de la cual Kueider era miembro del Directorio en representación del Estado provincial
Fiscales solicitaron que se revierta la decisión judicial que impidió las prisiones preventivas de Urribarri y Aguilera
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos, reclamó que se revierta el fallo que evitó las prisiones preventivas para el exgobernador Sergio Urribarri y su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Fue este jueves, en una audiencia ante la Cámara de Casación Penal de Paraná.
Los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, llegaron a la Cámara que integran Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo y pidieron que revean el fallo del Tribunal de Juicios y Apelaciones de agosto pasado. En esa resolución se determinaron medidas restrictivas de libertad para el exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. Pero se evitó enviarlos a la Unidad Penal, tal como reclamaban los fiscales que llevaron adelante las investigaciones.
Cabe señalar que hace pocos días, en un recurso que tenía pendiente de resolver, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) habilitó el recurso extraordinario federal para los imputados en el megajuicio por corrupción. De ese modo, el máximo órgano judicial de la provincia convalidó la no firmeza de las condenas, y abrió la puerta para que continúen reclamando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). El efecto directo es el estiramiento indefinido de una discusión, y frustrar la posibilidad de cumplimiento de las penas. La decisión de la Sala Penal fue a partir de un cambio de opinión de la vocal Gisela Schumacher, que venía pronunciándose en disidencia respecto de los planteos defensivos.
Pese a esta decisión del STJ, los fiscales ya habían planteado su recurso ante la Cámara de Casación Penal que, por otro lado, suspendió la audiencia para tratar la situación de Pedro Báez al considerarla abstracta.
De la audiencia este jueves participaron los defensores Miguel Ángel Cullen y Marcos Rodríguez Allende (en representación de Aguilera); Leopoldo Cappa; de modo virtual Javier Baños y Fernando Burlando (los tres en representación de Urribarri).
La sentencia condenatoria está “en riesgo de frustración”
Ignacio Aramberry manifestó ante la Cámara de Casación Penal de Paraná que la resolución del Tribunal de Juicios y Apelaciones que evitó la cárcel para Urribarri, Aguilera y Báez es “contradictoria”.
El voto fue dividido: los jueces Carolina Castagno y Julián Vergara decidieron imponerle restricciones a la libertad; y el tercer integrante del tribunal, Elvio Garzón, consideró que debía imponérseles la prisión preventiva a los tres. “Los jueces receptaron nuestra postura concluyendo que si bien existe riesgo latente de fuga, puede ser compensado con restricciones que pueden imponerse a los condenados”, apuntó. “Luego de relevar todos los aspectos que surgen de recomendaciones internacionales, en el juicio de ponderación el tribunal hace gravitar el comportamiento de los imputados en el juicio, echando por tierra aspectos en cuanto a forma de comisión de hechos y condiciones personales”, agregó.
Aramberry dijo que la decisión del tribunal de juicios “confronta” con otras decisiones en procesos comparables, lo cual pone en desventaja a enjuiciados frente al “privilegio” de Urribarri y Aguilera. Añadió que el tribunal “desmereció” datos relevados por el Ministerio Público Fiscal, lo cual “hacen que el acto sentencial presente vicios en su fundamentación”.
A su turno, la fiscal Yedro expresó que los argumentos del tribunal de juicios son “insuficientes” y “llevan a resolución contradictoria”. “En todas las investigaciones se dio la particularidad de una muestra de influencia de Urribarri y Aguilera -dijo-. Toda esta estructura generada con allegados se mantuvo oculta, a la sombra del poder por largo tiempo, y esa influencia que ejercieron los condenados sobre particulares y funcionarios públicos, permitió que esto siguiera funcionando. No podemos dejar de mencionar que sustrajeron grandes montos de dinero que en algún lado debe estar. Hay personas que prestaron nombres para que le pongan bienes y servicios. Todo pudo ser facilitado para la fuga o salida del país. No son ciudadanos comunes sino personas con importantes vínculos”, apuntó.
Siguió Ramírez Montrull. Remarcó la existencia de causas en trámite, que el cálculo sobre el desvío de dinero llega a los 8 millones de dólares. “¿La conducta posterior a la condena tuvo que ver con mostrar arrepentimiento? ¿Con intentar restituir el dinero sustraído? ¿O la actitud demostrada por los imputados fue de constante desafío a la autoridad judicial y sus resoluciones? ¿Qué hace pensar que una persona que niega condena va a cumplir con la pena?”, preguntó. “Cada vez que le dieron la palabra a Urribarri negó el proceso y declaración de culpabilidad. Logró con un vigente poder que se traduce como riesgo concreto de fuga, poner a autoridades judiciales que intervinieron en su condena, como supuestos delincuentes. ¿Qué muestra esa conducta de Urribarri? Es una conducta excepcional. No es habitual el proceso que estamos llevando a cabo. No es habitual estar hasta cinco minutos antes de las audiencias, pendientes para ver si presentan un escrito para suspender una instancia que preparamos años y años”, se quejó. “Nadie puede suspender audiencias. Sin embargo acá tuvimos innumerables suspensiones. Esto es riesgo”.
Badano fue el último en exponer. Citó convenios internacionales contra la corrupción. Se refirió al desfalco producido en cada causa, a la continuidad de los delitos, y la situación socio económica de los imputados. “No evidenciaron miseria ni necesidad sino codicia, búsqueda de interés personal, aprovechamiento de la indefensión de una sociedad que depositó confianza en ellos”.
“¿De qué se agravian?”
El defensor Leopoldo Cappa aseguró que el recurso de Casación no tiene razón de ser. “El tribunal de juicios concedió lo que pidieron los fiscales. ¿De qué se agravian?”, preguntó. “Se dijo que mi defendido iba asiduamente a Uruguay y estaba latente el peligro de fuga. Pero mi defendido no va a Uruguay. Ahora se agregó que puede ir en bote”, cuestionó. Agregó que si hubo dilaciones en las causas, no se deben a Urribarri “si no a recusaciones que fueron aceptadas y la enfermedad de un juez”.
“No hubo ni habrá peligro de fuga. Cuando se lo condenó estaba del otro lado del mundo, organizó su retorno al país el día posterior y siempre estuvo a disposición del proceso. Volvió y se instaló con su esposa en Concordia. Nunca hubo una situación, una conducta tendiente a entorpecer”, afirmó. “No quiero que el tribunal se deje llevar por una cuestión imaginaria. Así como se dijo que Urribarri iba asiduamente a Uruguay porque vive en Concordia. Eso no se puede acreditar porque no es así, ahora se dijo acá que se mal interpretó y puede pasar en bote”.
Baños tuvo una intervención muy breve y reiteró que Urribarri es “jurídicamente inocente”.
Cullen y Rodríguez Allende hablaron por Aguilera. “El tribunal de condena entendió que no hay elementos para dictar las preventivas y sí hizo lugar a los pedidos en subsidio que hicieron los fiscales”, dijo el primero de ellos. “Lo que se generó que se presente el pedido de preventiva no fue una conducta de Aguilera, sino un cambio en su situación procesal. Aquí vinieron a criticar el fallo, la resolución del tribunal, se dijo que es contradictorio, que existiría aumento de peligro de fuga y no es así. Sí es contradictorio que habiéndose eliminado aquel riesgo por el cambio de situación procesal, nada se diga de esto. Se les hizo lugar a lo que pidieron en subsidio, cambio la situación procesal y no se dice nada de eso, ya ni estamos cerca en el tiempo de cumplimiento de pena porque sabemos lo que tarda un recurso a la Corte. todo cambió y no dijeron nada”, subrayó.
Por último Rodríguez Allende validó la decisión del Tribunal de Juicios. “Estamos ante una decisión judicial razonable y prudente. Las medidas restrictivas que se impusieron en Aguilera, son razonables. El MPF no pidió medidas restrictivas en el juicio (abril del 2022), tampoco en Casación, esperó al STJ. Fue prudente. Los peligros de fuga que aumentaron, ahora disminuyeron, guste o no. Se debilita el pedido del MPF”, razonó. “Aguilera está a derecho desde el 6 de agosto de 2016, recuerdo la fecha porque fue el día de los allanamientos. Seguiremos estando a derecho, nunca se puso el peligro la aplicación de la ley, teniendo sentencias adversas. Siempre se cumplió lo impuesto por el tribunal que condenó a Aguilera, que impuso cuestiones económicas, no hubo elementos para pensar que se va a fugar”, completó.
La Justicia confirmó la realización de la audiencia prevista para este jueves 31 ante la Cámara de Casación Penal en la que el Ministerio Público Fiscal reiterará la petición de aplicación al exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera, y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez. Ese trámite había quedado entre paréntesis luego de la presentación de un pedido de suspensión formalizado por el defensor de Báez, Ignacio Díaz.
Ariel Nicolás Avellaneda, director de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), respondió ese pedido y dijo: “Así, los motivos alegados, como el mérito de los mismos, corresponden ser evaluados por el Tribunal, resultando el momento idóneo para ello la audiencia en cuestión, en la que las partes podrán discutir ampliamente y fundar sus posiciones, a la vez que podrá el Tribunal ponderar todo ello, resultando al respecto evidentemente prematuro resolver sobre lo requerido a través de un pedido de suspensión de audiencia”.
En ese marco, el funcionario judicial destacó que “no puede obviarse que una de las principales funciones de la OGA es la de gestionar los casos y las audiencias, respetando los plazos procesales y evitando demoras injustificadas´, siendo competencia de este organismo ´planificar y administrar el cronograma de audiencias, de acuerdo a una política de gestión, sobre la base de criterios dee programación que aseguren una efectiva realización´ (…). Asimismo, deben tenerse especialmente en cuenta los criterios fijados por la Oficina Provincial de Coordinación y Control de Gestión de OGA Entre Ríos, en relación al carácter excepcional de las solicitudes de suspensiones, reprogramaciones y/o cancelaciones, ´a fin de mejorar y optimizar la administración del servicio de justicia”.
Así, entendió que “tratándose de un recurso para discutir una medida cautelar, que no admite demoras injustificadas, es que corresponde no hacer lugar a lo solicitado”. De ese modo, se confirmó la audiencia de este jueves.
Desde la Fiscalía arguyen que la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que la última semana concedió recurso para que el caso sea debatido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no frena ese pedido de aplicación de prisiones.
Ese trámite previsto para este jueves 31 sucede a la decisión de Casación de rechazar las recusaciones de dos de sus integrantes, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, planteadas por los defensores del exgobernador Sergio Daniel Urribarri, Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa, en el marco del interminable pleito para definir el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se les aplique a tres de los condenados en el magajuicio medidas coercitivas de la libertad.
Urribarri fue condenado en 2022 a 8 años de cárcel; su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y seis meses. En abril último, y luego de la confirmación de esas penas por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Fiscalía pidió que se le aplique prisión preventiva a Urribarri y Aguilera, y cárcel a Báez.
Además, Casación fijó audiencia para el jueves 31, a las 9,30, para tratar el pedido del Ministerio Público Fiscal de aplicar prisiones a los condenados.
El 5 de septiembre pasado, y luego de un largo proceso de recusaciones y excusaciones de magistrados, el tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón dispuso, por mayoría, rechazar el pedido fiscal. Ante esa resolución, el Ministerio Público Fiscal acudió con un recurso de casación, que fue admitido el 11 del mes último. Pero llegado el expediente a Casación, los defensores de Urribarri recusaron a dos juezas, Marcela Badano -con el argumento de que es pareja del Procurador General Jorge García, y así superior máximo de los acusadores que plantearon el pedido de condena de Urribarri- y de María Evangelina Bruzzo, integrante de la Casación de Concordia, esposa del extitular del Instituto Portuario e involucrado en una gravísimo accidente en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores, Juan Enrique Ruiz Orrico. El reproche que hicieron sobre Bruzzo se relacionarían con “supuestos beneficios políticos que obtendría el mismo (Orrico) de una condena” a Urribarri.
El tribunal de Casación, integrado por Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, rechazó los planteos con el argumento de que ya habían sido resueltos con anterioridad.
“En relación a ambos planteos -dice una resolución que se conoció este lunes 21- no puede obviarse que los mismos ya fueron efectuados en esta misma causa, por la entonces Defensa Técnica del mismo imputado ahora presentante; los mismos, impreso el trámite correspondiente, fueron resueltos por Tribunales integrados al efecto, y no fueron objeto de impugnación recursiva por parte de los entonces recusantes». Recuerda al respecto Casación que en relación a Badano, «mediante resolución N°154 de fecha 22/09/2022 se resolvió rechazar el planteo recusatorio formulado a su respecto; y en relación a la Dra. Bruzzo, se resolvió de igual manera, mediante resolución N°32 del 11/03/2023”.
“Con posterioridad a dichas resoluciones, el Tribunal finalmente integrado por las suscriptas, por sentencia N°85 del 31 de mayo de 2023 dictó sentencia casatoria, rechazando los Recursos de Casación interpuestos contra la sentencia de fecha 07/04/2022 dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, confirmando la misma (con excepción de un punto, relativo al embargo respecto del imputado Pedro Báez). Por ello, no puede ahora reeditarse un planteo ya formulado y resuelto”, agregó.
Se siguen sumando pruebas que consolidan las acusaciones contra el senador por ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Ahora salio a la luz un contrato de comodato firmado entre el primo de Kueider, en representación de la empresa BETAIL, y una colaboradora de Kueider desde los tiempos en que era concejal, por un departamento en el controvertido Edificio de Santiago del Estero 511 de Paraná.
Mientras Kueider sigue profundizando su romance con el gobierno libertario y sacándole réditos a su banca, de la cual se apropió totalmente y ya no responde al PJ que lo llevó hasta ahí, surgen nuevas evidencias que confirman que detrás de BETAIL S.A. siempre estuvo y ESTÁ la mano conductora del Senador, que si bien figuró en el algún momento como Director Suplente, solo era una formalidad, porque para los investigadores quien dirigiría todas las acciones de esta empresa hasta la actualidad, y dispone y decide sobre sus bienes, es Edgardo Kueider.
Otra vez el Edificio de Santiago del Estero 511, casi Tejeiro Martínez, vuelve a demostrar la injerencia que tiene el Senador sobre la empresa BETAIL S.A., la que en su declaración jurada de Bienes que presentó ante la Oficina Nacional de Anticorrupción al asumir su banca, OMITIÓ mencionar explícitamente, y lo hizo de manera solapada, y se puede decir que hasta ladina, ya que solo puso el CUIT de la empresa, sin ninguna aclaración. Se puede interpretar que hizo una mención camuflada casi que “por las dudas
Primero estalló el escándalo con las propiedades que tiene a su nombre en este edificio la secretaria de Kueider, IARA MAGDALENA GUINSEL COSTA, CUIT 27-34805495-9, nombrada a principios de año en el Senado, que, sin tener fortuna económica notable, más que un autito del 2006, empezó a figurar como quien pagaba las expensas, y por tanto ser la propietaria de DOS DEPARTAMENTOS DOS COCHERAS, y un SEMIPISO.
Los departamentos fueron lanzados a la venta con un precio base de 320 mil dolares, lo cual supone UN IMPOSIBLE para quien tiene como sueldo actualmente un Contrato del Senado de la Nación, y debe hacer frente a expensas mensuales por casi 50 mil pesos por departamento, 30 mil pesos por cada cochera, y 100 mil pesos por el semipiso. UN IMPOSIBLE, por lo que queda determinar de dónde saca un cuarto de millón de pesos POR MES esta persona, con un sueldito del Estado que en cualquier momento se puede interrumpir.
A la secretaria de Kueider, ahora se le suma otra cercana colaboradora del Senador, que está con él desde antes de comienzo de siglo, cuando era Concejal de Concordia, entre los años 1999 y 2003. En esos tiempos, por gestión de Kueider, RITA SOLEDAD MACHUCA, DNI 24.434.427, ingresa a trabajar en el bloque del PJ. En 2017, siendo Kueider Secretario de la Gobernación, la hace designar como Coordinadora de Gestión Administrativa, justamente, de la Secretaría General de la Gobernación.
Este nombramiento en cargo tan importante sucede el 13 de marzo de 2017, según el decreto 413/27, al producirse la vacante del cargo. Y A LOS POCOS DÍAS, el 16 de marzo de 2017, ocurre un hecho TOTALMENTE IRREGULAR, también propiciado por Edgardo Kueider: Machuca fue DESIGNADA JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRIVO Y DESPACHO de la Municipalidad de Concordia, según el Decreto N° 227/2017, publicado en el Boletín Oficial del 22 de marzo del mismo año.
Para calmar las aguas que había agitado este DOBLE NOMBRAMIENTO, un mes despúes, el 18 de abril, Machuca pidió licencia sin goce de haberes de su cargo en la Municipalidad de Concordia, PERO NO RENUNCIÓ. Y el 15 de junio de 2017, la protegida de Kueider comenzó a recibir una Compensación por Residencia, por haberse mudado a Paraná, declarando el domicilio que abandonaba en su ciudad de origen, Concordia, PERO SIN MENCION SU NUEVO DOMICILIO EN PARANÁ, lo cual hace dudar de la mudanza.
Recién el 1 de agosto de 2023, Rita Machuca renunció a su Planta Permanente del Municipio de Concordia, sin esgrimir ningún motivo específico, solo declaró “razones personales”. Y ahora, esta fiel servidora de Kueider, aparece en un contrato de COMODATO firmado por Javier Rubel, PRIMO de Kueider, Director de BETAIL S.A., donde le conceden a Machuca un departamento en el Edificio de Santiago del Estero 511, donde la secretaria de Kueider, Iara Guinsel Costa “posee” los departamentos D y E del Piso 6, dos cocheras, y un semipiso en el piso 13.
Dos personas que prácticamente rayan la indigencia para estar a la altura de negociar entre ellos un departamento que mínimamente vale 350 mil dólares. Según el CONTRATO DE COMODATO, BETAIL S.A, le cede en “COMODATO”, para evitar pagar el impuestos a los sellos y ser descubiertos, a título gratuito a RITA MACHUCA, el semipiso A ubicado en Santiago del Estero 511, en el piso 13. EL MISMO que figuraba a nombre de Iara Magdalena Guinsel Costa. El semipiso A, que tiene como vecino al semipiso B, propiedad del empresario Claudio Tórtul, implicado en la causa SECURITAS-ENERSA (SECURITAS ahora es SECURION), quien tiene otras cinco unidades en el mismo edificio.
El CONTRATO DE COMODATO especifica que el plazo se extiende por treinta y seis meses, desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2026. Además, según reza el contrato, RITA MACHUCA deberá gestionar la habilitación de los servicios básicos, de electricidad, gas y agua. Como logró Machuca, con solo un contrato de comodato, que ENERSA le preste el servicio, sin más averiguaciones ni requisitos, como haría normalmente con cualquier vecino que haga la solicitud. Pareciera que para los habitantes del Edificio Fantasma hay privilegios. Se lo denomina Edificio Fantasma porque hasta hace poco tiempo NO EXISTÍA en CATASTRO, siendo que está en funcionamiento, y habitado por importantes funcionarios, políticos y empresarios, desde hace cuatro años.
Llama la atención en este Contrato de Comodato, que quien firma por parte de la empresa propietaria del semipiso, BETAIL S.A., sea Javier Rubel, que, si bien figura como Presidente, es una persona que vive en un barrio humilde de Concordia, con título de Maestro Mayor de Obra, Monotributista clase C que no paga el IVA. RUBEL tiene un vínculo personal íntimo con KUEIDER, sería primo y amigo, además de “socio” empresarial. En realidad, sería un prestanombres para las maniobras de Kueider, al igual que Guinsel Costa, y Rita Machuca, las dos que han sido parte de los manejos del Senador que pareciera intentar “BLUREAR” su patrimonio, como cuando burdamente en su Declaración Jurada, nunca actualizada, puso a BETAIL S.A. solo por el CUIT (30-71629366-8), una clara demostración de la viveza criolla, y que los investigadores no dejaran pasar.
“Me cuesta aceptar lo que se ha resuelto”, afirma Hugo Perotti, exvocal de la Cámara de Casación Penal de Paraná, en referencia al fallo dividido de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que habilitó el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación al exgobernador Sergio Urribarri en la causa del megajuicio, en la que recibió una condena a 8 años de cárcel, y de ese modo frenó la posibilidad de que esa pena se pueda efectivizar y terminar con sus huesos en un calabozo.
Los votos de los vocales Germán Reynaldo Carlomagno -vocal de la Sala Laboral- y de Gisela Nerea Schumacher -vocal de la Sala Civil y Comercial- habilitaron el camino a la Corte para Urribarri, con la disidencia del tercer juez, Miguel Ángel Giorgio -vocal de la Sala Penal- que se inclinó por el rechazo a la petición del exgobernador. “Es una decisión extremadamente criticable porque efectivamente se aparta de la jurisprudencia. Hay un fallo condenatorio del tribunal de juicio, un fallo de la Cámara de Casación y de la Sala Penal y estaba el camino habilitado para que la condena sea efectiva, solo que ahora la Sala Penal habilita la vía extraordinaria de la Corte”, planteó Perotti en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7.
Con esa decisión, la Sala Penal inhibiría la posibilidad de que a Urribarri, y al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Baez, y al cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, se les aplique prisión preventiva tal como había solicitado en abril último la Fiscalía. Perotti señala que hay una opinión en la Justicia entrerriana que entiende que cuando se agota la vía ante la Corte recién se pueden efectivizar las condenas. El exjuez tiene una mirada distinta. “Si usted me pregunta, le voy a decir que la efectivización o la ejecución de la sentencia estaba habilitada mucho tiempo antes, sin llegar a esta instancia. Pero de todas maneras, poniéndonos en la realidad judicial, desde el momento en que la Sala Penal rechazó aquel recurso de queja, hace cuatro, cinco, seis meses atrás, ya se habilitaba porque así era la jurisprudencia que tenía la Sala Penal desde tiempo atrás”.
Megajuicio: rechazan recusación y fijan audiencia por prisiones
La Cámara de Casación Penal rechazó las recusaciones de dos de sus integrantes, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, planteadas por los defensores del exgobernador Sergio Daniel Urribarri, Fernando Burlando, Javier Baños y Leopoldo Cappa, en el marco del interminable pleito para definir el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se les aplique a tres de los condenados en el magajuicio medidas coercitivas de la libertad.
Urribarri fue condenado en 2022 a 8 años de cárcel; su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Baez, y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, a seis años y seis meses. En abril último, y luego de la confirmación de esas penas por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Fiscalía pidió que se le aplique prisión preventiva a Urribarri y Aguilera, y cárcel a Báez.
Además, Casación fijó audiencia para el jueves 31, a las 9,30, para tratar el pedido del Ministerio Público Fiscal de aplicar prisiones a los condenados.
El 5 de septiembre pasado, y luego de un largo proceso de recusaciones y excusaciones de magistrados, el tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón dispuso, por mayoría, rechazar el pedido fiscal. Ante esa resolución, el Ministerio Público Fiscal acudió con un recurso de casación, que fue admitido el 11 del mes último. Pero llegado el expediente a Casación, los defensores de Urribarri recusaron a dos juezas, Marcela Badano -con el argumento de que es pareja del Procurador General Jorge García, y así superior máximo de los acusadores que plantearon el pedido de condena de Urribarri- y de María Evangelina Bruzzo, integrante de la Casación de Concordia, esposa del extitular del Instituto Portuario e involucrado en una gravísimo accidente en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores, Juan Enrique Ruiz Orrico. El reproche que hicieron sobre Bruzzo se relacionarían con «supuestos beneficios políticos que obtendría el mismo (Orrico) de una condena» a Urribarri.
El tribunal de Casación, integrado por Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo, rechazó los planteos con el argumentos de que ya habían sido resueltos con anterioridad.
«En relación a ambos planteos -dice una resolución que se conoció este lunes 21- no puede obviarse que los mismos ya fueron efectuados en esta misma causa, por la entonces Defensa Técnica del mismo imputado ahora presentante; los mismos, impreso el trámite correspondiente, fueron resueltos por Tribunales integrados al efecto, y no fueron objeto de impugnación recursiva por parte de los entonces recusantes». Recuerda al respecto Casación que en relación a Badano, «mediante resolución N°154 de fecha 22/09/2022 se resolvió rechazar el planteo recusatorio formulado a su respecto; y en relación a la Dra. Bruzzo, se resolvió de igual manera, mediante resolución N°32 del 11/03/2023».
«Con posterioridad a dichas resoluciones, el Tribunal finalmente integrado por las suscriptas, por sentencia N°85 del 31 de mayo de 2023 dictó sentencia casatoria, rechazando los Recursos de Casación interpuestos contra la sentencia de fecha 07/04/2022 dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, confirmando la misma (con excepción de un punto, relativo al embargo respecto del imputado Pedro Báez). Por ello, no puede ahora reeditarse un planteo ya formulado y resuelto», agregó.
«La burda reiteración literal de los escritos, se advierte en la notoria falta de actualidad de varios pasajes del escrito actual, que hace referencia, por ejemplo, a supuestas consecuencias de `la eventual confirmación de una condena al dos veces ex gobernador`, mención que tenía sentido en la recusación previa a la sentencia casatoria, pero no ahora, que dicha sentencia ya fue dictada hace más de un año, y no siendo el objeto de la presente la confirmación o no de la condena; como asimismo, con mayor claridad aún, el actual escrito presentado por la Defensa copia un párrafo de la anterior donde se lee `la eventual condena confirmatoria también beneficiaría al espacio al que pertenece Juan Orrico, Juntos por el Cambio en detrimento del oficialismo, es decir, el Frente Creer/Frente de todos`, fragmento a todas luces desactualizado», apunta.
En ese marco, rechazó «in límine» las recusaciones de Badano y de Bruzzo.
Este jueves, el gobierno nacional dio a conocer las cifras de pobreza e indigencia según los datos tomados por INDEC en 31 ciudades del país.
Según informaron, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 42,5%; en ellos reside el 52,9% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 13,6% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 18,1% de las personas.
“Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 4.319.760 hogares, que incluyen a 15.685.603 personas; y, dentro de ese conjunto, 1.378.142 hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 5.379.588 personas indigentes”, señalaron.
Entre las ciudades medidas se encuentra Concordia, que en esta oportunidad no es la más pobre. Está en el cuarto lugar ente las medidas, pero supera la media nacional con un 65,8% de personas pobres, lo que significa que un 54,8% de hogares están bajo la línea de pobreza. La ciudad entrerriana es superada por Gran Resistencia, en primer lugar, con un 76,2% de personas pobres, Formosa con un 67,6% y La Rioja, con un 66,4%.
En cuanto al índice de indigencia, la capital del citrus está en segundo lugar con un 26,4% de personas indigentes, y es superado por Gran Resistencia, donde hay un 38,6% de ciudadanos bajo la línea de indigencia.
Además, del informe se desprende que en Concordia hay 108.890 personas y 28.257 hogares pobres, y 43.613 personas y 10.283 viviendas indigentes.
El Gran Paraná, en tanto, tiene un 46,7% de personas pobres en el mismo período medido, lo que la ubica por debajo de la media nacional. En tanto, la indigencia fue de 11,7%.
En la capital provincial, según el informe, son pobres 133.987 personas y 36.540hogares, e indigentes 33.614 ciudadanos y 8.986 viviendas.
En un giro inesperado, la Justicia ha decidido abrir una causa penal contra el exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, Juan Orabona, Hugo Mena y Flavia Beckman, luego de que un ciudadano de Paraná, Luis Ángel Zanabria, presentara una denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal. La denuncia, dirigida al Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, Dr. Jorge Amílcar García, se basa en una investigación publicada por este portal, que destapó una presunta red de corrupción inmobiliaria en Concordia.
El artículo original, titulado «El auge y la caída de un imperio inmobiliario en Concordia: la red de corrupción que involucra a Bordet y Orabona», ha sido clave para que la Justicia tome cartas en el asunto. Zanabria no solo presentó su denuncia en base a esta publicación, sino que también aportó la nota como prueba principal, lo que ha llevado a que la Fiscalía actúe con rapidez.
Con esta decisión, el escándalo no solo amenaza con desmoronar la reputación de Bordet y su círculo cercano, sino que también podría desencadenar una serie de revelaciones que sacudan los cimientos del poder en la provincia. El siguiente capítulo de esta historia apenas comienza, y todos los ojos están puestos en Concordia.
El Apocalipsis se desató para Bordet cuando salieron a la luz los datos escandalosos de su declaración jurada presentada a la Oficina Anticorrupción de la Nación al asumir como Diputado. Toda la declaración es irrisoria en cuanto a los valores exhibidos, lo que encendió las alarmas del sistema judicial, que comenzó a investigarlo, encomendando esta misión a tres fiscales entrerrianos, quienes con el correr del tiempo han tenido que sufrir los embates invisibles para removerlos de la causa, principalmente al Fiscal Arias.
Primero fue lo del enriquecimiento ilícito, pero con el correr del tiempo se sumó la causa de los contratos truchos, donde Mena y Beckman, dos testaferros prestanombres manejados por Orabona, son «actores principales», y que también están implicados en el “cultivo” de bienes raíces de Bordet. Un entramado con protagonistas que se repiten, y que solo refuerzan las irregularidades que están intrínsecas en el accionar de Bordet, quien, habiendo ocupado cargos de funcionario público desde hace décadas, ha “cosechado” una fortuna propia de un magnate.
Bordet, que empezó siendo empleado del Casino Concordia para luego “caer” en la administración pública, es el protagonista de un milagro económico. No deja de sorprender el tendal de propiedades que cosechó en los años que fue funcionario. Increíblemente, con un sueldo de la administración pública, cuyo mayor monto fue durante su período como Gobernador, de aproximadamente 1.400.000 pesos de bolsillo, adquirió departamentos, campos, y hasta una mansión.
Es admirable cómo, habiendo empezado su carrera en 2005 como empleado de la provincia, gracias a Jorge Busti que lo puso como Ministro de Salud y Acción Social, en menos de 20 años tiene 14 propiedades inmobiliarias, que incluyen casas y departamentos en Concordia y en Paraná, y hasta una mega mansión en el barrio más exclusivo de Concordia. También varios campos. A esto hay que sumarle, siempre según la declaración jurada de Gustavo Bordet, varios depósitos bancarios en plazos fijos, que le generan más riqueza, y hasta un depósito en dólares.
Bordet comenzó su meteórico ascenso económico coincidiendo con la explosión inmobiliaria de Concordia, a partir de 2010, donde se compraron muchos terrenos que luego fueron saneados por el Municipio, convirtiendo su reventa en un gran negocio, ya que el gran gasto de revalorizar esas zonas lo hizo el Estado, siendo Bordet intendente. Llamativamente, en este boom inmobiliario estuvieron involucrados dos indigentes de Paraná, Mena y Beckman, un matrimonio, que bajo las órdenes de Juan Domingo Orabona compraron muchos de esos terrenos cuando no valían nada, y luego los cedieron a personas de nombres reconocidos de Concordia, entre ellos, a Gustavo Bordet.
Mena y Beckman, dos apellidos que se repiten en la causa de los contratos truchos. Una situación altamente irregular de la cual no solamente tendrá que dar cuenta Orabona, por quien se pide 8 años de prisión en esta causa, sino que también Bordet deberá explicar su vínculo comercial con estos dos indigentes que compraban inmuebles, que luego resultaron ser parte de la banda que cobró millones de pesos durante una década por contratos truchos, pero que evidentemente solo extraían el dinero, porque su estilo de vida jamás cambió, no se beneficiaron prácticamente en nada teniendo en cuenta los millones que pasaron por sus manos.
Bordet ahora sí está asediado por la Justicia, y deberá aclarar lo que por tanto tiempo se le reclamó, sobre todo desde este portal, empezando por la única declaración de bienes que hizo en Entre Ríos, la cual quedó guardada en un sobre lacrado, custodiado por el ex Contador General de la Provincia, “el Chivo” Aurelio Miraglio, y cuyo contenido nunca fue divulgado. Ante las reiteradas solicitudes de este portal para que esa información sea liberada, el Fiscal de nombre de emperador señaló en un comunicado oficial que solamente se brindarían esos datos si lo ordena un juez. Parece que el momento ha llegado.
Ahora, el Fiscal citará a Bordet para que concurra con sus abogados y detalle la relación comercial que tuvo con los dos indigentes de Paraná que compraron más de 100 propiedades en Concordia. Además de Bordet, también los dos testaferros, involucrados a su vez en la causa de contratos truchos, Mena y Beckman, deberán dar su versión al Fiscal. Y otro que deberá hacer lo mismo es “el hombre que no duerme”, Juan Domingo Orabona, quien, si habla, dicen, le quitará el sueño a varios, principalmente a uno.
