La jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga a Edgardo Kueider en relación a la causa Tórtul, y por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ctivos y asociación ilícita.

Tal como reflejamos en nuestro Portal, el senador nacional Edgardo Kueider, está siendo investigado por la justicia entrerriana por presunto enriquecimiento ilícito, tras la revelación de que posee propiedades de lujo en Paraná, registradas a nombre de la empresa Betail SA, en la que el mismo Kueider figura como accionista. Ahora se agrega una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ctivos y asociación ilícita, que investiga el fiscal federal Fernando dominguez, y que se adjunta a la causa «Tórtul» a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

Betail SA, una compañía vinculada a Kueider y su primo, Javier Rubel, dedicada a la comercialización de ganado y semillas, es propietaria de varias unidades en el edificio VIP “LIVE”, de Paraná. Entre las propiedades figuran cocheras y departamentos, cuyo valor total supera ampliamente los montos declarados por Kueider en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Incluso, tal como pudimos comprobar desde este portal, una de esas propiedades fue brindada en comodato a una persona cercana al senador entrerriano. Estos bienes no fueron detallados en la documentación oficial presentada por Kueider, que solo informó solo un número de CUIT, lo que levantó sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para adquirirlos.

Tras la detención de los hermanos Tórtul, empresarios que estarían vinculados a un esquema de sobornos a políticos y funcionarios de ENERSA, la empresa estatal de energía de Entre Ríos. Claudio Tórtul, vecino de Kueider en el edificio “LIVE”, se encuentra actualmente procesado por la jueza Sandra Arroyo Salgado en una causa que reveló la corrupción en la adjudicación de contratos en la empresa provincial.

Luego de que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dispusiera en el mes de julio la apertura de la investigación contra Kueider tras la denuncia de un particular, el fiscal federal Fernando Domínguez pidió una serie de medidas de prueba, entre las que pudimos saber:

Solicitó a la Inspección General de Justicia los contratos y estatutos de la empresa Betail SA, sus balances y estados contables.
Pidió a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Kueider y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que elabore un informe sobre el senador con su actividad económica e ingresos, más un detalle de sus cuentas bancarias y bienes, propiedades muebles e inmuebles y sendos informes de los registros nacionales de buques y aeronaves.
Pidió que se libre un oficio al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que remita toda la información sobre Kueider y a la Caja de Valores SA que indique si es tenedor de acciones o bonos.
Requirió información a entidades bancarias y que se disponga el levantamiento del secreto fiscal de Edgardo Darío Kueider.

Así el avance de la investigación, Kueider concurrió este martes al Juzgado Federal de San Isidro acompañado del letrado porteño Maximiliano Ruiz. El legajo se acumuló con la causa por asociación ilícita Enersa y Securitas por vinculaciones con los hermanos Tórtul, ya que se agrega la conexión con el grupo desarrollador del edificio de calle Santiago del Estero, que estaría conformado por los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, procesados en la causa en la que se investigan un presunto esquema de coimas en la empresa Enersa, de la cual Kueider era miembro del Directorio en representación del Estado provincial