El periodismo militante nunca descansa: ahora Jorge Rial descubrió que un Falcon estacionado en la puerta de su casa es símbolo directo de la dictadura, la represión y, de paso, una excusa para pegarle al gobierno actual. Un libreto perfecto para los gurkas de la “opinión envenenada”.
Rial relató en su programa que el vehículo le generó temor porque le recordó los años más oscuros de la Argentina. Hasta ahí, un episodio personal. El problema es cuando ese recuerdo íntimo se convierte en relato político: de inmediato el Falcon pasó a ser “emblema de Milei y Villarruel”, como si el auto hubiese salido de un garage libertario dispuesto a intimidarlo.
Lo curioso es que en un país donde los bolsos de José López reventaban monasterios de madrugada, donde la “rosadita” mostraba fajos de dólares bailando en vivo y en directo, donde Boudou se probaba una imprenta para quedarse con Ciccone, o donde las causas de corrupción se archivaban con la firma de jueces amigos, la gran noticia sea… un Falcon. Un auto viejo con un tipo tomando mate.
Esa es la esencia del periodismo militante: inflar un episodio menor hasta convertirlo en epopeya, mientras calla o relativiza los escándalos de miles de millones que empobrecieron al país. Porque es más fácil conmover con un recuerdo de los ’70 que explicar por qué, en democracia, se robaron con total impunidad durante cuarenta años.
Lo más triste no es el Falcon, sino el pobre espectador que consume estas puestas en escena sin discernir, creyendo que el enemigo de su bolsillo no es la corrupción de décadas, sino un auto estacionado en la vereda. Mientras tanto, los verdaderos ladrones siguen circulando en 4×4 último modelo, con chofer oficial y blindados pagados por todos.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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