En el mundo empresarial se suele hablar de dos tipos de conocimientos: el técnico —el que se aprende en manuales, carreras universitarias o seminarios— y el conocimiento en acción, ese que surge cuando una persona enfrenta lo inesperado y aprende mientras actúa.
Si llevamos esta reflexión al terreno de la política argentina, la comparación resulta inevitable. La dirigencia muchas veces exhibe diplomas, títulos y cargos pasados como si eso alcanzara para justificar la toma de decisiones. Pero en la práctica, el votante percibe otra cosa: que cuando el contexto cambia, cuando la crisis golpea, cuando la incertidumbre domina, los políticos se paralizan en lugar de reflexionar en acción.
Los buenos gerentes —igual que los buenos dirigentes— no separan pensar de actuar. La acción amplía el pensamiento y el pensamiento mejora la acción. En la arena política, esto significa algo simple pero olvidado: no alcanza con recitar fórmulas o estadísticas, se necesita capacidad de respuesta frente a lo inesperado.
En Argentina, sin embargo, el fenómeno es otro. Los líderes suelen actuar atrapados en “recetas importadas”: el manual del último asesor de campaña, el discurso aprendido en un seminario o la frase efectista que funciona en redes sociales. En ese esquema, la incertidumbre se vive como una amenaza y no como una oportunidad de reflexión. El resultado, desde la mirada del votante, es la “parálisis por análisis”: diagnósticos eternos, promesas incumplibles y decisiones que llegan tarde.
El verdadero dirigente —como el verdadero gerente— no es aquel que solo exhibe su experiencia previa, sino el que aprende en la práctica, que reconoce errores y transforma la incertidumbre en oportunidad de cambio. Es el que entiende que enseñar, explicar y rendir cuentas al ciudadano también es un ejercicio de aprendizaje.
La política, vista desde el votante, necesita menos títulos colgados y más cerebros en acción. Porque el poder no se legitima con la teoría, sino con la capacidad de pensar mientras se actúa en medio de la urgencia y la presión.
Corrupción en Entre Ríos: 20 años de poder, causas y patrimonios bajo la lupa
9 septiembre, 2026 por Redacción
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La corrupción en Entre Ríos vuelve a quedar bajo la lupa. La detención de Sergio Urribarri, luego de que su condena quedara firme, y el avance del proceso para ejecutar el decomiso de bienes alcanzados por la sentencia abren una discusión que va mucho más allá de un exgobernador: ¿qué ocurrió con el dinero, los bienes y los patrimonios construidos durante dos décadas de poder político en la provincia?
Durante aproximadamente veinte años, una misma matriz política ocupó buena parte del poder provincial y municipal. Hubo elecciones, internas, cambios de nombres y recambios de funcionarios, pero también una dirigencia que acumuló enormes cuotas de poder. Hoy, ese período comienza a ser observado desde otra perspectiva: la de las causas judiciales, las condenas y, cada vez más, la del patrimonio. Mas información en el link de comentarios. #AnalisisLitoral, #Argentina, #Noticias, #Actualidad, #Periodismo, #Politica, #Economia, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Interior, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @ambitocom, @rosariotres, @diariolacapital, @lavozcomar, @cadena3com
honorablemente impolutos !! El diputado Nicolás Alfredo Trotta enumeró los insultos de Milei al periodismo: "Hoy la censura es pretender intimidar a los medios para que los periodistas duden antes de realizar una investigación al poder de turno".#AnalisisLitoral, #JusticiaArgentina, #PoliticaArgentina, #Corrupcion, #Impunidad, #Poder, #Argentina, #EntreRios, #LitoralArgentino, #Noticias, @infobae, @lanacion, @clarincom, @todonoticias, @perfilcom, @a24com, @ambitocom, @eloncecom, @elentrerios, @rosariotres
LA LIBERTAD AVANZA VA POR EL JUICIO POLÍTICO A LA JUEZA QUE FRENÓ LA BAJA DE IMPUTABILIDAD
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, de suspender durante 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años provocó una fuerte reacción política.
Desde La Libertad Avanza bonaerense confirmaron que avanzarán con un pedido de juicio político y destitución contra la magistrada.
El oficialismo cuestiona que una decisión judicial pueda suspender la aplicación de una normativa aprobada por el Congreso y sostiene que la medida termina obstaculizando una herramienta destinada a enfrentar el delito juvenil.
Sebastián Pareja apuntó duramente contra la jueza y sostuvo que su decisión responde a intereses vinculados con sectores de la política bonaerense.
Pero el conflicto no quedó solamente en el terreno político. La asociación civil Usina de Justicia también impulsó una denuncia penal contra la magistrada por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones.
El fallo había hecho lugar a un hábeas corpus presentado por una organización vinculada al sacerdote Pepe Di Paola y argumentó, entre otros aspectos, la falta de infraestructura adecuada para alojar a los jóvenes alcanzados por el nuevo régimen.
Ahora se abre una nueva batalla institucional: ¿puede la Justicia suspender la aplicación de una ley aprobada por el Congreso? ¿Dónde termina la facultad de los jueces y dónde comienza la responsabilidad de quienes legislan sobre seguridad?
El caso promete convertirse en un nuevo capítulo de la creciente tensión entre Justicia, política y seguridad en la provincia de Buenos Aires.
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