El proyecto de Ley impulsado desde 2018 por el CCISC busca un régimen especial para pymes de frontera, con exenciones de IVA y un consejo multisectorial para reducir asimetrías cambiarias, frenar el contrabando y dar alivio a las pymes fronterizas.
En medio de un sostenido crecimiento del contrabando, en la Cámara de Diputados avanza el proyecto de ley que propone la creación de un régimen jurídico especial para pymes radicadas en zonas de frontera con el objetivo de reducir las asimetrías tributarias y cambiarias con los países vecinos y fomentar la integración regional, tomando como referencia las «Lojas Francas de Frontera Terrestre» de Brasil.
Esta iniciativa que tiene como finalidad eliminar las desventajas de comercio que existen en las zonas fronterizas, fue elaborado en el seno de la Comisión de Ilegalidad y Fronteras de CAME, de la cual el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia es integrante a través de su vicepresidente Jorge E. Villalta y que fuera presentado a diversos legisladores nacionales de la región en los últimos años, con suerte dispar en cuanto a su repercusión y acompañamiento.
El proyecto, que fue finalmente presentado por el diputado y ex gobernador Gustavo Bordet, busca declarar de interés nacional el fomento y la protección de las Mipymes que operen en áreas limítrofes. El texto establece beneficios impositivos, la creación de un Consejo Nacional del Comercio Fronterizo y un marco regulatorio para incentivar nuevas inversiones.
El proyecto, que data de 2018, ya pasó por la Comisión de Pyme y fuentes parlamentarias destacaron que tuvo «buena aceptación». Ahora, tiene que pasar por Presupuesto y Hacienda, aunque se encuentra paralizada desde comienzo de año, ya que el diputado libertario José Luis Espert, que preside esta comisión, no convoca a tratar ninguna iniciativa de la oposición. «Las únicas que llegaron fueron por emplazamiento», destacaron.
Normas «cíclicas» para disminuir las asimetrías fiscales y cambiarias
El Consejo Nacional del Comercio Fronterizo (CNCF) se conformará multisectorialmente por un representante de la administración tributaria y aduanera; de la Secretaría Nacional de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo; de la provincia y municipalidad de la respectiva zona de frontera; de las fuerzas de seguridad encargadas del control fronterizo; de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; y de los gremios del sector Pymes. Se encargarán de relevar estadísticas, monitorear variables económicas de los países vecinos y proponer políticas de desarrollo para la región.
Si bien para esta iniciativa se tomó la Ley Federal Nº12.723/2012 de Brasil que contempla las «Lojas Francas de Frontera Terrestre», en este caso no sería una zona franca sino que se regiría mediante normas «cíclicas» que concedan beneficios como incentivos para así disminuir las asimetrías fiscales, cambiarias y comerciales existentes con los países vecinos.
«El impacto fiscal sería positivo, ya que resultaría creciente en las zonas fabriles y de distribuidores de la Argentina que generalmente están en la franja central del país, por la mayor demanda en fronteras», destacó Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME. Este impacto positivo se explicaría por el goteo, pero además «obligaría a empresas a regularizar la situación laboral de los trabajadores, ya que para acogerse a estos beneficios, el comercio debe cumplir con todos los resguardos legales».
Respecto a las asimetrías cambiarias, Hryniewicz precisó que se verían compensadas por la quita de tributos o por medidas especiales, para las que se debería establecer un «Consejo Consultivo» para evaluar las causas así como las iniciativas a tomar.
Vale destacar que la política monetaria local es volátil y en momentos de apreciación cambiaria o fuertes devaluaciones, la Argentina es más o menos beneficiada en la zona de frontera. «Ahora tenés un 40% de desventaja con otras fronteras y un bajo poder adquisitivo, que repercuten negativamente y la gente de la zona va a comprar productos a otros países», explicó Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa al Consumidor de Misiones.
En esa línea, el funcionario recordó que «hace dos años los mayoristas argentinos vendían por pallets. Es un sube y baja permanente. Las empresas que abrieron sucursales cerca de la frontera (por las ventas masivas) después los cerraron cuando cayó el consumo».
Exenciones para montos mínimos
Entre los puntos centrales de la iniciativa, se prevé que las compras de productos en comercios fronterizos estén exentas de IVA hasta un monto equivalente de u$s500 por persona y por mes para visitantes extranjeros, y de u$s1.000 para compradores nacionales. Según la fundamentación, el objetivo es equilibrar los precios frente a las diferencias macroeconómicas de los países limítrofes y evitar la pérdida de competitividad de las empresas locales.
En cuanto al alcance, la norma habilita la comercialización de alimentos, bebidas, calzado, vestimenta, artesanías, electrodomésticos y materiales, entre otros productos lícitos, pero prohíbe expresamente la venta de armamentos, explosivos, drogas y todo bien restringido por las leyes nacionales.
En los fundamentos, Bordet advirtió que las ciudades fronterizas comparten vínculos sociales, culturales y económicos que trascienden los límites nacionales, pero que la ausencia de un régimen especial “expone a las Mipymes a las consecuencias de las asimetrías macroeconómicas y cambiarias”. En ese sentido, el legislador señaló que el proyecto busca “garantizar el desarrollo económico y social de las comunidades limítrofes, bajo una visión de sostenibilidad e integración regional”.
