Ayer por la tarde, la Jefatura de Policía Departamental de Concordia organizó una amplia jornada de capacitación en Salud Mental, centrada en la prevención del suicidio. La actividad, liderada por la Licenciada en Psicología Paula Martínez –Crio. Principal de la Policía de Entre Ríos–, se estructuró en dos encuentros complementarios que abordaron tanto las necesidades del personal policial como las de la comunidad en general.
Capacitación Interna para Funcionarios
El primer encuentro se realizó a las 17:00 horas en el salón de actos de la Jefatura Departamental Concordia y estuvo destinado exclusivamente a funcionarios policiales subalternos. Durante esta sesión, se profundizó en las causas y señales de alerta que pueden emerger en el entorno laboral, especialmente en una profesión en la que el contacto constante con situaciones de alta tensión y riesgo emocional es parte del día a día. Los asistentes participaron en charlas y actividades prácticas que abordaron:
Identificación de factores de riesgo: Se analizaron las señales que podrían indicar un deterioro emocional o un posible riesgo suicida, enfatizando la importancia de detectar estos signos de manera temprana.
Estrategias de intervención: Se presentaron técnicas de comunicación asertiva y métodos para brindar apoyo inmediato entre compañeros, fortaleciendo la red de contención interna.
Fomento del autocuidado: Se discutieron las herramientas necesarias para promover un ambiente laboral saludable, en el que el cuidado de la salud mental se convierta en una prioridad constante.
Este encuentro no solo ofreció formación teórica, sino que también facilitó espacios de diálogo y reflexión, permitiendo a los participantes compartir experiencias y estrategias que les ayuden a enfrentar situaciones críticas de forma colaborativa.
Jornada Abierta al Público
A las 19:00 horas, la capacitación continuó en el Salón de Actos de la Municipalidad de Concordia, en una sesión abierta a toda la comunidad y sin costo alguno. La segunda parte del evento tuvo como objetivo llevar información esencial sobre salud mental y prevención del suicidio a un público más amplio, contribuyendo a la generación de una conciencia social sobre un tema de creciente relevancia. Durante esta jornada, se abordaron temas como:
La importancia de derribar estigmas: Se resaltó la necesidad de normalizar la búsqueda de ayuda psicológica y romper barreras culturales que impiden que muchas personas accedan a los servicios de apoyo emocional.
Herramientas de prevención: Se compartieron estrategias prácticas y consejos para reconocer señales de alerta, tanto en uno mismo como en los demás, incentivando una cultura de cuidado y prevención.
Espacios de interacción: Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar y escuchar testimonios que evidenciaron el impacto positivo de la prevención y el apoyo comunitario.
La notable convocatoria y el interés mostrado por los ciudadanos reflejaron el compromiso de la sociedad en la construcción de redes de apoyo que promuevan la salud mental y contribuyan a salvar vidas.
En un contexto donde los desafíos emocionales y la presión diaria se han convertido en temas centrales de debate, la jornada organizada por la Jefatura de Policía Departamental de Concordia se destacó como una iniciativa integral y preventiva. La Lic. Paula Martínez subrayó durante sus intervenciones que la prevención del suicidio requiere un esfuerzo conjunto, en el que tanto las instituciones como la comunidad desempeñen un papel crucial para ofrecer contención y apoyo emocional.
EnviarImprimirEl Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles se presentará con tiempo inestable en Entre Ríos. Se prevén posibles lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia, sobre todo para las últimas horas del día.
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 29 grados. En la capital y alrededores se espera cielo parcialmente nublado por la mañana y hay probabilidad de tormentas de variada intensidad para la tarde-noche
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados. Allí se prevé cielo mayormente nublado durante el día y hay anuncio de tormentas para la noche.
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 26 grados. Al igual que en las localidades mencionadas anteriormente se espera un día con inestabilidad y probabilidad de tormentas para la noche del miércoles.
En la fecha aproximadamente 13;35 hs Personal de Comisaría Tercera se hizo presente en un domicilio en inmediaciones de calle Chabrillon al 500, dónde fueron alertados sobre un masculino que habría ingresado a la vivienda.
Personal Policial al momento del ingreso a la finca por el patio delantero observan en el interior una camioneta tipo casa rodante, y debajo de la misma, escondido al masculino desconocido quien fue rápidamente reducido.
La Fiscal Dra. Conti Natalia dispuso la Aprehensión del masculino de 26 años de edad y la intervención de la Div. Policía Cientifica.
Sec. de Prensa Jefatura de Policía Dptal. Concordia
Tres mujeres y dos hombres aparecen en el video en el que se observa al exsenador nacional Edgardo Kueider contando fajos de dólares en el despacho de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos. Se trata de cinco ex funcionarios que cumplían distintos roles en la gestión de Gustavo Bordet. Una de las mujeres está detenida.
Edgardo Kueider fue designado secretario General de la Gobernación cuando Bordet asumió al frente del Poder Ejecutivo, en 2015, y entre sus amplias facultades logró el manejo de los fondos reservados.
En una denuncia que presentó por la existencia del video, el ex senador sostuvo que los dólares que manipula en las imágenes corresponden a esas partidas. Lo mismo dijo Bordet cuando fue consultado al respecto por la prensa.
Esos fondos, que no eran auditados ni debían rendirse, fueron suprimidos en febrero de 2024 mediante un decreto del gobernador Rogelio Frigerio. Luego, el mandatario envío un proyecto de ley que fue aprobado y ratificó la eliminación de estas partidas.
Durante su gestión, Bordet decidió no nombrar a nadie al frente del Ministerio de Cultura y Comunicación y, por decreto, puso a Kueider a cargo de esa cartera, lo que le dio al poderoso ex funcionario el control del millonario presupuesto de publicidad oficial.
Para manejar esos recursos, Kueider se apoyó en una de las mujeres que aparece en el video: Mariela del Carmen Teruel, secretaria de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos del Ministerio de Cultura y Comunicación.
Teruel es una funcionaria de carrera de amplia experiencia en la administración pública. Ingresó al Estado durante el último gobierno de Jorge Busti como secretaria privada de otro hombre emblema de la corrupción entrerriana: el ex secretario de Reforma del Estado y Control de Gestión, Oscar Pacha Mori.
Mori, que falleció en 2019, había sido condenado por fraude a la administración pública en 2006 por el desvío de dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por casi un millón de dólares.
Tras la renuncia de Mori, en 1999 en medio del escándalo por los ATN, Teruel fue nombrada en la planta permanente de la entonces Dirección General de Información Pública, donde fue designada jefa del área Publicidad.
En 2011, cuando Pedro Báez asumió al frente de la cartera, Teruel se posicionó como una de las personas de confianza del entonces ministro, que también terminó condenado por corrupción a seis años de prisión que cumple actualmente en modalidad domiciliaria.
Con la llegada de Kueider al poder, Teruel una vez más logró ubicarse en el círculo íntimo del influyente funcionario. En los fragmentos de video que se filtraron aparece manipulando los fajos de dólares sentada junto al ex senador en el escritorio del despacho oficial
El video fue encontrado en un departamento de Kueider en el marco de un allanamiento ordenado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. En esa jurisdicción tramita una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario entrerriano.
El expediente es conexo con la causa Securitas, donde se investigan presuntos sobornos pagados a Enersa. No escapa a los investigadores el dato de que Teruel es esposa de Néstor Balcar, ex gerente de la distribuidora de energía que fue removido del cargo en medio del escándalo, y que Kueider figura en mensajes analizados en el marco de esa investigación.
Sobre el final de la gestión de Bordet, Teruel fue una de las funcionarias que logró el preciado pase a la Cámara de Diputados para engrosar sus haberes. Para concretar el trámite, renunció a su cargo de planta permanente en la Secretaría de Comunicación.
La llegada de Gustavo Hein a la presidencia del cuerpo legislativo y los controles que implementó derivaron en la anulación de numerosos nombramientos que fueron considerados irregulares. Entre ellos estaba el de Mariela Teruel.
Las gestiones del entorno de Bordet para que no quedara sin empleo no lograron dar marcha atrás con la anulación, pero sí consiguió volver a la Secretaría de Comunicación adonde había renunciado.
Los otros colaboradores
“Las filmaciones que Kueider conservó, por razones desconocidas, aunque presumiblemente para deshacerse de imágenes comprometedoras poco antes de dejar su cargo provincial, ilustran cómo aquel funcionario y su entorno disponían de importantes sumas de dinero en efectivo en el interior de oficinas gubernamentales. De esta manera, lo que también deja en absoluta evidencia es que parecía tratarse de una práctica habitual ejercida con naturalidad, en el interior de las oficinas de Kueider y sus colaboradores”, expresó en un escrito incluido en el expediente el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez.
Entre esos colaboradores, en el video que protagoniza Kueider se ve a un hombre que ingresa al despacho y al que el exsenador le entrega una bolsa en la que previamente colocó el dinero.
Según pudo determinar ANÁLISIS, es el especialista en informática Andrés Sebastián Bordagaray, quien trabajó en la Secretaria de Prensa de la Municipalidad de Concordia durante la intendencia de Bordet.
Sebastián Bordagaray, informático que dirigía la Imprenta Oficial.
En 2015 fue nombrado “programador” con cargo de funcionario Nivel 1 en una Oficina de Prensa y Ceremonial dependiente de la Secretaría de Comunicación de la provincia que se creó en Concordia.
En 2018, meses antes de las imágenes, Bordagaray se mudó a Paraná y asumió la dirección de la Imprenta Oficial.
En otro de los videos se ve la imagen de un hombre y una mujer alrededor de la mesa de reuniones de la oficina de Kueider. Ambos sacan bolsas negras con dinero de adentro de una caja, colocan los fajos en una mesa y se ponen a contarlo.
El hombre es el contador Gustavo Tórtul, quien fuera designado director de Administración de la Gobernación en 2011, a propuesta del entonces ministro de Gobierno, Adán Bahl, durante la segunda gestión de Sergio Urribarri.
Gustavo Tortul volvió a su cargo en el Tribunal de Cuentas.
Tórtul ocupó el cargo hasta el final de la gestión de Bordet y luego retornó a su puesto en el Tribunal de Cuentas. En el medio, estuvo imputado en el Megajuicio por su rol como coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur. El Ministerio Público Fiscal lo acusó de ser partícipe primario del desvío de fondos y le pidió una pena de tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero resultó absuelto en el juicio oral y público. También fue presidente del Club Paracao de Paraná.
La mujer es Rita Soledad Machuca, histórica colaboradora de Kueider procedente de Concordia, que lo acompaña desde su tarea como concejal a fines de los años ’90.
Al momento del video, Machuca estaba al frente de la Coordinación de Gestión Administrativa de la Secretaría General de la Gobernación. Según su decreto de designación, la tarea de Machuca era el “planeamiento, organización, coordinación y control de los procesos administrativos desarrollados en el ámbito de la repartición, asistiendo a su titular, administrando los recursos tecnológicos disponibles a fin de propender a la optimización de los procesos desarrollados, con el objeto de lograr de manera eficiente y eficaz los mandatos y objetivos establecidos”.
Machuca es una de las personas detenidas la semana pasada. Las fuerzas de seguridad primero la buscaron en Concordia, en un domicilio en barrio Nebel, y finalmente la localizaron en Paraná, donde fue apresada por personal de Gendarmería Nacional.
En el expediente que lleva adelante Arroyo Salgado, Machuca aparece como beneficiaria de un comodato firmado por el primo y testaferro de Kueider, Javier Rubel, también acusado de abuso sexual contra dos menores. En ese contrato se le concedía a Machuca uno de los departamentos que se adjudican a Kueider en el edificio de calle Santiago del Estero en Paraná.
La otra mujer que aparece en las escenas, de anteojos, es Yamila Evelyn Camps, secretaria privada de Kueider. En el video se la puede ver caminando por el despacho, trasladando en sus brazos una cantidad de fajos de dinero.
Camps es trabajadora social y durante la gestión de Bordet su nombre sonó para integrar la conducción del Copnaf, pero finalmente no logró su acceso al cargo.
En 2022 pasó a desempeñarse en la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Santa Fe, donde vieron con sorpresa su imagen en el video del escándalo.
El despacho en el que transcurren las escenas está en el lugar más jerarquizado de la Casa de Gobierno, a metros de la oficina de la Gobernación, con la cual se conecta mediante un pasillo interno.
Ambas dependencias comparten acceso a un ascensor exclusivo y el ingreso es verificado por la custodia gubernamental del Escuadrón Estrella. Están ubicadas en el ala del edificio que da a calle Córdoba.
Secuestraron un arma de fuego, decomisaron más de 50 pescados en Benito Legerén El pasado 17 de marzo, un hombre fue denunciado que a bordo de una camioneta Toyota Hilux amenazó con un arma de fuego a una persona que se movilizaba en una motocicleta, cuando ambos se cruzaron en calle Vélez Sarsfield y Humberto Primo.
A raíz de ese hecho, el personal de la comisaría Segunda identificó al presunto autor de las amenazas y de esa manera diagramó allanamientos para la vivienda del sospechado y los domicilios que frecuentaría.
En las intervenciones realizadas en Benito Legerén, la policía secuestró un arma de fuego calibre .22, teléfonos celulares que serán analizados y peritados, y una camioneta que habría sido utilizada en el hecho investigado.
Asimismo, en uno de los domicilios allanados, el personal de la Brigada Abigeato procedió al secuestro de cuatro ejemplares de cardenales por encontrarse prohibida su especie por el acto de caza, además incautaron cuatro jaulas para posterior destrucción.
A su vez, se procedió al decomiso de 55 piezas del ejemplar dorado, por no encontrarse en las medidas estándares obligatorios de la Ley Prov. de pesca Nº 4892.
El juez Federal, Leandro Ríos, confirmó este sábado que el intendente de Concordia, Francisco Azcué, no podrá presidir el Comité provincial del radicalismo.
De este modo, dejó en pie lo resuelto por el Tribunal Electoral partidario que hizo lugar a la impugnación de Alejandro Carbó, debido a que Azcué no cumple con la antigüedad en condición de afiliado para poder ser autoridad del Comité.
En la apelación a este argumento, los apoderados de la lista “Vamos Radicales” que postuló al concordiense, cuestionaron una lectura “exegética” de la carta orgánica por parte de Carbó y del Tribunal. Como se recordará, Azcué renunció a la UCR para asumir un cargo en la Justicia y luego, en octubre de 2022, se reafilió y encabezó la campaña del radicalismo en su ciudad.
Manuel Tennen y Sebastián Trinadori, marcaron que Azcué siguió integrando el padrón partidario por lo que es pasible de interpretarse la condición del intendente como una “suspensión” de la afiliación.
En la resolución, el juez Ríos recurre a la documentación obrante en la Secretaría Electoral: “Francisco Azcué se presenta en los términos del art. 26 quáter de la Ley N° 23.298 (de partidos políticos) e indica ‘renuncio como afiliado a cualquier partido en que estuviera registrado a la fecha’, y que en cambio, no se registran constancias de que Azcué haya solicitado al Comité Provincial el reconocimiento de su antigüedad o que este le haya otorgado dicho reconocimiento. La primera ficha de afiliación, que obra en Secretaría Electoral, tiene fecha 18/03/2017 y en su frontispicio luce un sello de ‘Renuncia’, registrándose el 11/03/2025 la presentación de una nueva ficha de afiliación que se encuentra en etapa de verificación y que lleva fecha 19/10/2022”.
En tanto es “misión de los jueces dar pleno efecto a las normas y reglamentos vigentes sin juzgar sobre el mero acierto o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los órganos partidarios” que en este caso plantearon un requisito que “no resulta en modo alguno arbitrario ni defectuoso” y en resguardo “del principio de igualdad” para los afiliados radicales, Ríos concluye confirmando lo resuelto por el Tribunal Electoral y notificando a las partes su sentencia.
El Ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, hizo llegar a los medios de comunicación de la provincia una columna de opinión con su firma, bajo el título “Acuerdo paritario y un rumbo claro: más para el esfuerzo y el mérito”.
El ministro no sólo pone énfasis en que el salario de los empleados públicos entrerrianos no perderá con la inflación “mientras que en otros lugares los acuerdos languidecen frente a diferentes variables económicas”. También aludió a que el acuerdo alcanzado procura “la excelencia en la administración pública de Entre Ríos, promoviendo la capacitación y premiando la responsabilidad.
El Ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, hizo llegar a los medios de comunicación de la provincia una columna de opinión con su firma, bajo el título “Acuerdo paritario y un rumbo claro: más para el esfuerzo y el mérito”.
El ministro no solo pone énfasis en que el salario de los empleados públicos entrerrianos no perderá con la inflación “mientras que en otros lugares los acuerdos languidecen frente a diferentes variables económicas”. También aludió a que el acuerdo alcanzado procura “la excelencia en la administración pública de Entre Ríos, promoviendo la capacitación y premiando la responsabilidad.
En tal sentido, detalla “mejoras significativas en el escalafón salarial”, que combaten “el achatamiento que afecta a diversos sectores” y un código que reconoce la importancia de los títulos de posgrado.
Aquí, el escrito completo:
Acuerdo paritario y un rumbo claro: más para el esfuerzo y el mérito
Por Manuel Troncoso (*)
El reciente acuerdo paritario en Entre Ríos no solo representa un compromiso en torno a la decisión política de mejorar las condiciones salariales de nuestros trabajadores, sino que constituye una guía que pone en valor el empleo público, a través del incentivo al esfuerzo, el mérito, la profesionalización y la capacitación continua como pilares fundamentales de la carrera en la administración pública.
En primer lugar, es crucial destacar que este acuerdo posibilita que ningún trabajador estatal entrerriano pierda frente a la inflación. Mientras que en otros lugares los acuerdos languidecen frente a diferentes variables económicas, este gobierno reafirma su compromiso de mantener los valores protegiendo el salario del trabajador.
Además, este acuerdo introduce mejoras significativas en el escalafón salarial, combatiendo el achatamiento que afecta a diversos sectores. En este sentido quisimos reconocer también la responsabilidad adicional de los jefes de área y departamento, por lo cual establecimos un incremento del 10 por ciento en la remuneración de quienes tengan esta responsabilidad, reflejando nuestra apuesta por una estructura salarial más justa para quienes mayores responsabilidades tengan.
La iniciativa de crear un código específico para el pago de títulos de posgrado es un paso adelante en la valoración de los profesionales que integran la administración provincial. Es un incentivo para todo aquel que tenga título universitario a continuar formándose. Esto fortalece la calidad del servicio público que se ofrece desde el Estado, y lo queremos reconocer como corresponde.
Como funcionarios de esta gestión, somos responsables en la actualidad de hacer realidad el cambio político que toda la sociedad reclama. Por eso avanzamos en un proceso en el cual decidimos dar pasos concretos en materia de jerarquización de los servicios que ofrece el estado.
Esto va de la mano de otra de las metas que nos planteamos, que busca garantizar las recategorizaciones en base a mecanismos transparentes, basados en el mérito y cumpliendo con normativas claras. Esto asegura que aquellos que verdaderamente lo merecen puedan avanzar en su carrera, que el avance la carrera administrativa no tenga que ver sólo con permanecer dentro de ella, sino en esforzarse, en aprender, en mejorar. Por eso proponemos que la capacitación sea una instancia ineludible en este proceso.
En resumen, esta paritaria no solo representa un paso a favor de los trabajadores y en contra de la inflación, sino que también establece un nuevo estándar fijado por el gobernador Frigerio: el funcionamiento que busca la excelencia en la administración pública de Entre Ríos, promoviendo la capacitación y premiando la responsabilidad.
Estas medidas son una decisión y un avance concreto hacia una política más justa y prometedora para todos los trabajadores estatales. Este es el camino.
Compra de departamentos con una empresa fachada, préstamos simulados para eludir a la AFIP, deudas ficticias, adquisición de vehículos a nombre de un tercero, balances adulterados y la utilización de estructuras societarias. Estas fueron las maniobras perpetradas por el ex senador Edgardo Kueider y su entorno para – según la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Fernando Domínguez, aumentar su patrimonio fuera de los radares de la Justicia y el fisco. Formaron parte de “un entramado de acciones” que tenían como fin dar apariencia lícita a un gran volumen de dinero de origen ilegal.
Así consta en una extensa resolución firmada por la magistrada, en la causa que tramita en los Tribunales de San Isidro, donde se investiga al ex legislador por Entre Ríos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La reconstrucción de esta operatoria fue lo que disparó, el jueves pasado, la detención de siete personas vinculadas a Kueider, entre los que había socios, prestanombres, una abogada y contadores que participaron de las maniobras.
Kueider se encuentra con prisión preventiva domiciliaria en Asunción desde que fue interceptado en diciembre pasado, tratando de ingresar a Paraguay más de USD 200.000 sin declarar, junto a Iara Guinsel Costa. La joven, que sería su actual pareja, había sido designada por el ex senador en su despacho en la Ciudad de de Buenos Aires como asesora, con la categoría más alta, pese a que no solía vérsela por el Senado. Arroyo Salgado pidió, a finales de 2024, la extradición de Kueider y de Guinsel Costa para que sean enviados detenidos al país e indagarlos. Pero Paraguay no accedió, hasta ahora, a la solicitud de la magistrada argentina. En ese país enfrenta un proceso por contrabando.
Uno de los detenidos el jueves fue el primo de Kueider, Javier Rubel, quien figuró como socio del ex legislador en Betail SA, una empresa fachada a través de la cual Kueider compró tres departamentos en la ciudad de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia. La vivienda en Concordia de Rubel, un maestro mayor de obras, fue allanada por Arroyo Salgado junto a otros seis operativos simultáneos en la Ciudad de Buenos y el Conurbano bonaerense.
Allanamiento el jueves en la vivienda de Javier Rubel, socio de Kueider, en Concordia.
Según la documentación oficial, Betail fue creada el 16 de diciembre de 2019, apenas 6 días después que Kueider asumiera como senador nacional. Su amigo Rodolfo Daniel González -empleado de la Biblioteca del Congreso – ingresó originalmente como presidente de la firma. Conocido como “Pajarito”, González fue otro de los detenidos el jueves, ya que la juez le revocó la exención de prisión que le había otorgado anteriormente, se indicó en un informe publicado en el portal de Infobae.
Para la Justicia, “ante su mayor exposición pública, (Kueider) requería de un instrumento societario para solapar la gestión de sus activos de origen ilícito obtenidos durante su función pública anterior. En efecto, el día 13 de diciembre Kueider recibe en su despacho a González y 3 días después éste comienza a presidir Betail”.
González fue asignado en comisión al despacho de Kueider, y días después, renunció como presidente de Betail. En la asamblea extraordinaria del 20 de enero de 2020, fue reemplazado en ese rol por Rubel, sin actividad comercial o empresarial conocida. Como director suplente, quedó el propio Kueider. “De sus balances y estados contables obtenidos en esta investigación, surge que (la empresa) nunca desarrolló actividad” y “no tuvo nunca estructura operativa” para desarrollar la actividad declarada: la venta al por mayor ganado bovino, se advierte en la resolución judicial.
Tal como reveló el portal de Infobae, como sede social de Betail figura el domicilio una casa familiar en venta, en la calle Ercilla 6288, en Liniers, deshabitada y en refacción.
La sede de Betail en Liniers, en la Ciudad de Buenos Aires, pertenece a una familia y está en venta.
Los otros apresados a los que la Justicia federal identificó como integrantes de la “banda” de Kueider – por los que le cabría la figura de asociación ilícita – fueron la abogada Adriana Crucitta, socia de González en otra empresa y también empleada de la Biblioteca del Congreso, asignada al despacho de Kueider para cumplir funciones de “asesora”; los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti; la empleada de ese estudio contable, Débora Ferreyra; y Gabriela Patricia Saint Pierre, quienes habrían participado de las maniobras de simulación de titularidad y falseamiento de datos societarios y financieros. También quedó detenida la ex secretaria de Kueider cuando era funcionario en Entre Ríos, Rita Machuca. Todos fueron llevados el viernes al Juzgado de la Arroyo Salgado para prestar declaración indagatoria.
Para el fiscal federal Domínguez, Kueider y los demás detenidos conformaron “una asociación ilícita para, mediante distintas maniobras, adquirir bienes inmuebles y vehículos, y colocar activos de origen ilícito en el sistema financiero local, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal”. Hasta ahora, los delitos precedentes que se le imputan a Kueider son el cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público, se destacó en el portal de Infobae.
Según la acusación, las maniobras “configurarían el delito de lavado de activos doblemente agravado previsto y reprimido en el art. 303 inciso 2 a y b del Código Penal”. Este inciso prevé una pena aumentada en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo, cuando el delito se cometiera “con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”, y/o “cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones”. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres a diez años.
Las maniobras de presunto lavado
La Justicia corroboró que, para adquirir tres departamentos y dos cocheras en el edificio Live, sobre la calle Santiago del Estero 511 en la ciudad de Paraná, Kueider usó a Betail SA para no figurar directamente como titular. Para ello, contó “con el activo asesoramiento y respaldo del contador Nogueras, su socio Bovetti y la colaboración de Ferreyra”, para “simular actividades agropecuarias que (la firma) jamás desarrolló, ya que su real propósito era la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”.
Kuider en persona visitó los departamentos antes de comprarlos, incluso cuando estaban en construcción, según los testimonios de empleados de la administradora del fideicomiso Tejeiro-Santiago del Estero que construyó el edificio. Adquirió dos unidades de dos y tres ambientes en el 6to piso, y un semipiso en el 13, en el que vivió unos meses con Guinsel Costa.
Las operaciones inmobiliarias se realizaron entre marzo de 2021 y agosto de 2023, por la suma de, al menos, $41.149.659 (USD 152.106 a la época de la cancelación de los pagos). Los boletos de compra-venta fueron firmados por Rubel como presidente de Betail y los pagos fueron en efectivo. Para el fiscal Domínguez, Kueider “habría gestado esa estrategia” de la compra a través de Betail porque “nunca registró ingresos legales suficientes como para solventar dicha operación inmobiliaria en la modalidad expuesta”. De hecho, en el período investigado, solo tenía su sueldo de funcionario y, luego, de senador.
Kueider fue secretario general de la Gobernación durante el primer mandato de Gustavo Bordet en Entre Ríos.
Para los investigadores, Kueider “fue la persona que adquirió los departamentos y cocheras del edificio Live con fondos presumiblemente originados en hechos de corrupción funcional, contando con la estrecha colaboración de Rubel, González y Saint Pierre, en la configuración de la sociedad fantasma (Betail) que se instrumentó como pantalla, y de Nogueras, Ferreyra y Bovetti en el entramado de acciones para aparentar de que se trataba de una empresa real”.
Ante un requerimiento de la ex AFIP por inconsistencias de Betail SA en diciembre de 2022, Rubel y Ferreyra, como representantes de la empresa, alegaron la existencia de dos supuestos préstamos de dinero “con la intención de justificar parte del dinero ingresado en las cuentas bancarias” de la firma, lo que quedó reflejado en los balances que incluyeron datos falsos. Argumentaron que dichos préstamos habían sido gestionados para un proyecto destinado a la elaboración de fertilizantes que, al no concretarse, finalmente se aplicó para la adquisición de las propiedades. Así, “documentaron, falsamente, ante el organismo recaudador un préstamo de $3 millones concedido en noviembre de 2019 por Estructuras Financieras Regionales SA a González, entonces presidente de Betail”. Asimismo, también aportaron documentación para simular otro préstamo de $3.780.000 otorgado por esa misma firma a Rubel, un año después, en abril de 2020. falsearon datos de Betail SA, resaltó en el portal de Infobae.
Pero cuando la jueza convocó a declaración testimonial al presidente de esa empresa – un agente de liquidación y compensación registrado ante la CNV que se dedica a la intermediación de productos financieros -, Estructuras Financieras negó haber intervenido en el otorgamiento de un crédito a Betail. “El logo es nuestro, pero ese estilo de documento no nos pertenece. No hacíamos este tipo de operaciones”, sostuvo el titular de la firma ante la Justicia.
El edificio donde Kueider compró tres departamentos en Paraná, a través de una sociedad fachada.
Sobre el rol de otra de las detenidas, Machuca, la Justicia consideró que “cumplió la tarea de figurar como usufructuaria” de uno de los departamentos adquiridos por Kueider a través de un contrato de comodato de octubre de 2023, en donde Betail SA le cedía el semipiso del Piso 13 del edificio Live. La tarea de la ex secretaria de Kueider era gestionar la habilitación de los servicios básicos, de electricidad, gas y agua. Sin embargo, de acuerdo a la declaración del encargado, Machuca nunca vivió allí. “Ese documento se elaboró al solo efecto de otorgarle a este miembro de la organización un instrumento para gestionar los servicios de los departamentos y así evitar exponer a su verdadero titular”, consideró Arroyo Salgado.
Al menos a partir de junio de 2024, Guinsel Costa se presentó como titular de los inmuebles ante la administración del edificio. Era quien abonaba las expensas a través de transferencias bancarias desde una cuenta a su nombre, que era fondeada por Kueider, González y la firma Peninsular Sudamericana SAS, del González y su socia, Crucitta. A través de esta firma, también se pagaron – según detectó la Justicia federal del análisis de los celulares secuestrados – estadías en el Hotel Mayorazgo, un establecimiento cinco estrellas, de Paraná.
La compra de departamentos en esa ciudad entrerriana no fue la única operación bajo sospecha. El 17 de agosto de 2021, Kueider adquirió una camioneta Chevrolet Trailblazer por USD 31.180. Pero no lo hizo a su nombre sino en el de González quien figuró como el titular de la operación, con la colaboración del contador Nogueras. Ese vehículo contaba con cédulas que autorizaban a manejarlo al propio Kueider, a su entonces esposa Liliana Di Lello y a Guinsel Costa. En julio de 2024, Kueider compró otro vehículo, un Peugeot 208, por USD 19.700.
La camioneta de Kueider, que compró a nombre de su socio y amigo, González, y fue interceptada con más de USD 200.000 en efectivo al cruzar a Paraguay.
Entre las maniobras, también se detalla la introducción en el sistema bancario de $8.586.827 y USD 26.011 en cuentas abiertas por Betail, a través de sociedades comerciales ligadas a la organización como Nopor Servie SA, Lectus SA , Vía SNP Logística SA , Felsir Biotecnología SRL, y Vijusa Industrial Argentina, para “ocultar su procedencia ilícita”.
Otro de los ardides que identificó la Justicia fue la cesión de un boleto de compraventa y rescisión de un contrato de mutuo celebrado en diciembre de 2020 por $30.000.000 y USD 200.000 de González a Betail, que resultó ser falso. A la fecha de celebración de la supuesta cesión, la deuda ascendía a USD 430.325 y, a los efectos de cancelar el mutuo, hicieron la cesión de boletos de compraventa de las unidades del edificio Live en Paraná, que “en rigor corresponden al patrimonio personal de Kueider”.
El origen de dinero
La investigación por enriquecimiento y lavado de dinero que lleva la jueza Arroyo Salgado contra Kueider es conexa con otra causa anterior que tramita en el mismo Juzgado de San Isidro, en la que también está siendo investigado el ex senador, conocida como “Securitas”, por el nombre de la empresa de seguridad privada. En este expediente, la propia empresa se autodenunció y contó que ex directivos – hoy todos procesados por Arroyo Salgado, con confirmación de la Cámara Federal de San Martín, – hicieron pagos ilegales entre principios de 2017 a abril de 2019 a funcionarios de la empresa de energía entrerriana ENERSA, para mantener u obtener los contratos de seguridad y vigilancia privada en organismos oficiales.
Para la jueza y el fiscal Domínguez, “hay fundadas sospechas de que los fondos convertidos y colocados por la asociación investigada (en referencia a Kueider y su entorno) son de procedencia espuria”, y que “en virtud de la tipología de maniobras realizadas y sus fechas de concreción”, habría “una directa vinculación con los pagos indebidos” realizados los ex directivos de Securitas.
Captura de un de los videos donde se ve a Kueider contando billetes en la Casa de Gobierno de Entre Ríos.
En ese sentido, advirtieron que, al menos entre el 28 de abril de 2017 y el 29 de abril de 2019, en su carácter de secretario general de la gobernación de la Provincia de Entre Ríos, Kueider “era, por mandato del gobernador Bordet, el representante de las acciones pertenecientes a dicha en ENERSA, y habría mantenido contactos con los imputados Marcelo Javier Tortul y Claudio Raúl Tortul”. Estos son empresarios entrerrianos que construyeron el edificio Live, en el cual poseen varias de sus unidades y son vecinos de Kueider, en el Piso 13.
Arroyo Salgado y Domínguez consideraron una prueba clave los videos que muestran cómo Kueider, siendo un funcionario con un alto cargo durante el mandato del peronista Gustavo Bordet, cuenta gran cantidad de fajos de billetes en efectivo en su oficina en la Casa de Gobierno de Entre Ríos, tal como reveló el portal de Infobae el viernes pasado.
Edgardo Kueider contando dinero en efectivo en la Casa de Gobierno de Entre Ríos
Las imágenes registran “la recepción y entrega de importantes sumas de dinero por Kueider y funcionarios a su cargo, en Paraná, en el período en que se cometieron los hechos de corrupción del caso Securitas-ENERSA”; lo que podría considerarse “otro importante indicio” del delito precedente al enriquecimiento y lavado de dinero por parte de Kueider y su entorno. Fueron filmados entre el 31 de octubre de 2018 y el 29 de enero de 2019.
Los cinco videos estaban en un disco rígido secuestrado en el vestidor de un dormitorio, durante uno de los allanamientos realizado por la jueza federal Arroyo Salgado en un departamento del ex senador en Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires. Según le dijo el propio Kueider al periodista Daniel Enz, director de la revista ANÁLISIS, los billetes eran fondos reservados que manejaba diariamente como funcionario de la Gobernación. Estas partidas discrecionales estaban fuera del control de los organismos provinciales.
Consultado en su momento por el portal de Infobae, Bordet negó enfáticamente haber recibido coimas de Securitas. Si bien Kueider fue su hombre de confianza en la gobernación, luego – cuando este último llegó a Congreso nacional- se distanciaron políticamente ya que Kueider no votó con el bloque peronista al que pertenecía, y terminó apoyando la Ley Bases en el Senado, en sintonía con los deseos del gobierno de Javier Milei.
El gobernador Rogelio Frigerio inauguró en Maciá la 28ª Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur. Enumeró el trabajo en equipo del gobierno y productores para alentar la capacitación e innovación en el sector y anunció la postulación de la localidad como sede del Congreso Latinoamericano 2026.
Luego de recorrer el predio del Parque Centenario y participar del concurso de cata de miel, el mandatario aseguró que esta festividad de la producción apícola entrerriana demuestra “nuestro ADN vinculado a la cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito”. En consonancia, apuntó que las 10.000 familias que viven de esta actividad le otorgan “un potencial de crecimiento enorme” a la provincia y que esto se consigue “trabajando en equipo, como lo venimos haciendo en estos primeros 15 meses de gestión”.
Repasando las acciones de gobierno que apuntaron a establecer vínculos de trabajo y capacitación para promover la innovación, el titular del Ejecutivo entrerriano nombró la refinanciación de pago de créditos otorgados entre 2021 y 2023, el acompañamiento a las salas de extracción con asistencia técnica y trabajo en el territorio, y la disposición de herramientas financieras a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Fondo Multisectorial de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).
Del mismo modo, destacó el trabajo junto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner) para que los productores tengan “mayores oportunidades de colocar su producción fraccionada en el mercado nacional y, sobre todo, en el mercado internacional”. Y, como ejemplo, dio cuenta del logro de la primera exportación de abejas reinas a Uruguay.
En cuanto a la formación para el trabajo en apicultura, a petición del sector, Frigerio dijo que, junto al CGE (Consejo General de Educación) se están diseñando “estrategias formativas que van a generar operarios apícolas y operarios en carpintería apícola en los próximos años”. Por último, resaltó la obtención de 15 millones de dólares, financiados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), para arreglar caminos y accesos a salas de extracción de las cooperativas, e inversión en productividad (a través de asistencia técnica) e infraestructura.
Entre Ríos, epicentro latinoamericano
En un apartado importante de su exposición, Frigerio anunció la postulación de Maciá como sede del 17º Congreso Latinoamericano de Apicultura 2026, comentando: “Queremos que el mundo todo venga a conocer la riqueza de la apicultura entrerriana”.
El intendente de Maciá, Ariel Müller, al dar la bienvenida a la Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, aclaró que “no solo es apícola, sino comercial y artesanal”, agradeció al sector productivo “que, de forma unánime, firme y con convicción, apuesta firmemente a esta localidad para iniciar el año apícola” y al Gobierno de Entre Ríos “por su gran acompañamiento”.
Acompañaron al gobernador en la actividad los senadores provinciales Juan Diego Conti, Rafael Cavagna y Nancy Miranda, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Hó; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de la provincia, Jorge Chemes; el director subadministrador de Vialidad Provincial, Alfredo Bel; y la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, entre otras autoridades, funcionarios y representantes de la apicultura.
Vialidad Nacional informó que tomará posesión a partir del 9 de abril de la Ruta del Mercosur, estratégica para el comercio regional y apuntada por empresarios por su deterioro, luego de que se termine el contrato vigente con Caminos del Río Uruguay S.A. El organismo vial quedará a cargo de las obras, iniciará un proceso de relevamiento del estado de los caminos y no cobrará peajes hasta que vuelva a estar en manos privadas.
Las trazas quedarán liberadas para permitir la celebración de nuevos contratos de concesión, en medio del proceso de privatización que inició el Gobierno de Javier Milei para más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas en todo el país.
Como parte de este traspaso, Vialidad Nacional iniciará un relevamiento de la infraestructura vial y de todos los bienes asociados a la concesión. Este procedimiento busca facilitar el cierre administrativo del contrato vigente y permitirá labrar actas de infracción en caso de que se detecten faltantes o deficiencias atribuibles a la empresa saliente según informó el Gobierno.
Una vez que se concrete la recuperación de las trazas, el organismo levantará las barreras de peaje. Durante el tiempo que transcurra entre el final del contrato actual y la firma de los próximos acuerdos, no se realizará el cobro a los automovilistas. Esta decisión permanecerá vigente hasta que se complete el proceso de licitación pública y se otorgue la nueva concesión correspondiente.
Mientras tanto, Vialidad Nacional se encargará del mantenimiento de los caminos y de la operación de los servicios de emergencia asociados a los tramos Oriental y Conexión. Esta responsabilidad incluirá tanto intervenciones en la infraestructura como la prestación de asistencia en ruta para los usuarios.
Además, se realizará un plan de puesta a punto de las trazas con el fin de optimizar las condiciones de circulación y seguridad vial para todos los usuarios. Entre los trabajos que se llevarán adelante se incluyen:
* Corte de pastos y desmalezado de banquinas: se realizará el corte de pastizales sobre más de 3000 hectáreas que comprenden los actuales tramos de la concesión.
* Provisión y colocación de mezcla asfáltica en caliente: se trata de la adquisición y colocación de 4624 toneladas de mezcla asfáltica en caliente que permitirá realizar trabajos de bacheo.
* Remolques: en el lapso que las trazas se encuentren sin concesión, Vialidad Nacional proveerá a través de una contratación el servicio de grúas para el remolque de vehículos. Se informarán por los medios oficiales los canales de comunicación para solicitar la asistencia.
* Señalización: mediante la adquisición de elementos de señalética y seguridad vial se incorporarán elementos tales como balizas, vallas, canalizadores de tránsito y tambores con material refractario que servirán para optimizar las condiciones de seguridad vial para todos los usuarios.
El proceso de traspaso de los caminos al sector privado comenzaría con la licitación de dos tramos del Corredor 18, que incluye principalmente las Rutas Nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. Atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, lo que acerca el comercio con Brasil, Paraguay y Uruguay. Son unos 675 kilómetros de extensión.
Se trata de un primer paso en un camino por avanzar en la privatización de las concesiones de más de 9.000 kilómetros de rutas y autopistas; en muchos casos sin adjudicar o a cargo de la empresa estatal Corredores Viales. Representa el 20 por ciento de la red vial nacional, pero concentra el 80 por ciento del tránsito. Un negocio que puede ser atractivo para muchas empresas constructoras interesadas en la posibilidad de cobrar peajes y un ahorro previsto para el Estado, estimado oficialmente, equivalente a USD 6.100 millones en los próximos 15 a 20 años.
