Terminar con la maraña de regulaciones, tornar más eficiente el gasto público y bajar la presión fiscal son desafíos ineludibles
Respecto del tamaño del Estado, como la institución que mejor puede ordenar los distintos planos de la vida de los habitantes de un país, al decir del histórico canciller alemán Willy Brandt, lo más saludable sería contar con “tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.
La matriz argentina concentró por décadas todos los esfuerzos en alimentar un Estado elefantiásico, con beneficio personal para muchos, incluidos depredadores y ladrones, a cambio de un déficit artesanalmente construido en cada dependencia, desde la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los ministerios –que ocupan solo el 15% del empleo público nacional–, y los organismos desconcentrados y descentralizados, las empresas públicas y otros entes, que emplean a la gran mayoría del personal.
La sobrecarga fiscal que pesa sobre los argentinos es su contracara más visible mientras el “Estado presente” se tornó una promesa vacía con serias dificultades para brindar seguridad, educación y salud. La malintencionada exaltación política de lo público solo esconde un interés populista por cosechar votos ingenuos a como diera lugar, emitiendo moneda sin respaldo y endeudándonos hasta el infinito, con las nefastas consecuencias que eso acarrea.
Uno de los primeros anuncios del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Federico Sturzenegger, fue encarar la eliminación de alrededor de 60 organismos y empresas dependientes de la administración nacional. Eran 116 las entidades de este tipo subordinadas orgánicamente a los diferentes ministerios. De ellos, 35 dependían de Economía, 29 de Capital Humano, 13 de Salud y 11 de la Jefatura de Gabinete. Su extensa y detallada propuesta reformista como asesor económico de Pro estuvo a disposición de la candidata Patricia Bullrich. Tras la victoria de Javier Milei, el proyecto fue reevaluado y adoptado por sus equipos.
La sobrecarga fiscal que pesa sobre los argentinos es su contracara más visible mientras el “Estado presente” se tornó una promesa vacía con serias dificultades para brindar seguridad, educación y salud. La malintencionada exaltación política de lo público solo esconde un interés populista por cosechar votos ingenuos a como diera lugar, emitiendo moneda sin respaldo y endeudándonos hasta el infinito, con las nefastas consecuencias que eso acarrea.
Uno de los primeros anuncios del titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Federico Sturzenegger, fue encarar la eliminación de alrededor de 60 organismos y empresas dependientes de la administración nacional. Eran 116 las entidades de este tipo subordinadas orgánicamente a los diferentes ministerios. De ellos, 35 dependían de Economía, 29 de Capital Humano, 13 de Salud y 11 de la Jefatura de Gabinete. Su extensa y detallada propuesta reformista como asesor económico de Pro estuvo a disposición de la candidata Patricia Bullrich. Tras la victoria de Javier Milei, el proyecto fue reevaluado y adoptado por sus equipos.
La labor de Sturzenegger en la identificación y difusión de tantos bolsones de ineficiencia no ha sido debidamente valorada
Tornar más eficiente el gasto, aliviando la presión fiscal y terminar con la maraña de más de 2000 regulaciones vigentes que solo encarecen el consumo o la inversión constituye un desafío al que pocos se habrían animado, a pesar de que nadie duda de que nuestro país resulta inviable si no se concretan esos y otros cambios tan resistidos como impostergables.
La labor de Sturzenegger en la identificación y difusión de tantos bolsones de ineficiencia no ha sido debidamente valorada. El decreto de necesidad y urgencia 70/23 y la llamada Ley Bases, o lo que quedó de ellos, dan idea no solo de la magnitud del desafío, sino también del peso de las resistencias. Los beneficios para la comunidad suelen no ser percibidos por quienes habrán de disfrutarlos, mientras que quienes resultarán más perjudicados agotarán todas las formas de obstrucción, incluida la violencia, para que no se avance con las reformas. No hay que olvidar que el terrible mal de la corrupción prospera con mayor facilidad en sistemas altamente regulados que promueven la administración discrecional.
Sturzenegger destacó la desafectación de más de 52.000 agentes de la administración pública nacional y empresas del Estado, con un ahorro de 2100 millones de dólares anuales. El aumento del empleo público, con todos sus vicios como el de alimentar el clientelismo, lleva décadas funcionando como solución a la falta de creación de empleo privado.
Al vencer sus facultades delegadas debemos consignar que hay muchas áreas por desregular aún. Recientemente, el ministro se quejó por las trabas judiciales a las reformas. Se refirió también a la necesidad de bajar los costos logísticos para un sector clave como el campo, que enfrenta frenos judiciales por intereses sectoriales, como el régimen de navegación fluvial de cabotaje, que quedó trabado por una cautelar, o la circulación de los bitrenes. Criticó también duramente -y con razón- que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns -acostumbrada a hacer política partidaria antes que a impartir justicia-, hiciera lugar a la cautelar pedida por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional.
En su valioso programa orgánico de reformas, la informática y la IA son piezas esenciales del nuevo diseño administrativo. No hay otro rumbo posible para salir de las crisis recurrentes que afrontamos. Aun contando con un hipotético amplio triunfo en las elecciones de octubre, el oficialismo deberá seguir negociando paquetes de reformas como la laboral, la tributaria y la previsional para que la Argentina pueda despegarse del lastre de un triste pasado y abrirse a una mayor previsibilidad y competitividad. El futuro está en juego, su programa merece todos los apoyos, incluido el del propio Presidente, que deberá abandonar su desbordado espíritu confrontativo para consensuar los cambios que la racionalidad económica reclama.
