La causa de los seguros avanza y complica al exintendente de Concordia. La Justicia rechazó el pedido de nulidad y sobreseimiento presentado por su defensa. La investigación busca determinar por qué el municipio incorporó intermediarios privados para gestionar seguros con el IAPSER, pese a que ya mantenía una relación contractual directa con la aseguradora estatal.
La denominada causa de los seguros continúa avanzando y mantiene imputado al exintendente de Concordia, Enrique Cresto, luego de que la Justicia rechazara el planteo de nulidad y el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa.
El expediente investiga presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública, a partir del mecanismo utilizado durante la gestión municipal para la contratación y administración de seguros a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).
El caso vuelve a poner bajo la lupa una pregunta central: ¿por qué la Municipalidad de Concordia necesitaba incorporar intermediarios privados en una relación comercial con una aseguradora estatal con la que ya contrataba directamente?
Un productor “ad honorem” que terminó cobrando millones
Uno de los principales capítulos de la investigación se remonta a fines de 2019, cuando, mediante la Resolución Nº 11.592/19, la Municipalidad designó a Ignacio Caprarulo como productor asesor de seguros.
La resolución establecía que la función tendría carácter “ad honorem”, es decir, que no implicaría una remuneración por parte del municipio. Entre sus tareas figuraban el asesoramiento y la capacitación.
Sin embargo, el expediente judicial puso el foco en otro aspecto de aquella designación: Caprarulo habría actuado como intermediario entre la Municipalidad y el IAPSER y percibido importantes comisiones abonadas por la propia aseguradora provincial.
Según la documentación incorporada a la causa, durante 2023 habría recibido aproximadamente 20,7 millones de pesos, además de un remanente correspondiente a enero de 2024.
La cuestión que analiza la Justicia no es solamente cuánto dinero se pagó en concepto de comisiones, sino qué justificación tenía la intervención de un productor privado en una contratación que involucraba a una aseguradora estatal y a un municipio que ya mantenía vínculos comerciales directos con ella.
Cambió el intermediario, pero no el mecanismo
La investigación también pone la lupa sobre lo ocurrido en octubre de 2023, cuando, hacia el final de la gestión de Cresto, Caprarulo fue reemplazado por CETW Brokers S.A.
De acuerdo con lo señalado en el expediente, la nueva intermediaria habría percibido aproximadamente 8,9 millones de pesos entre noviembre de 2023 y enero de 2024, únicamente por la administración de las pólizas relacionadas con riesgos del trabajo.
Para la Fiscalía, el reemplazo no habría alterado sustancialmente el mecanismo cuestionado: cambió el intermediario, pero continuó el esquema de comisiones.
La pregunta que busca responder la Justicia
El núcleo de la investigación pasa por determinar qué necesidad concreta existía de incorporar productores o brokers privados en una relación donde la Municipalidad contrataba con el IAPSER, una aseguradora perteneciente al Estado provincial.
La Fiscalía sostiene que los intermediarios no habrían sido incorporados con el objetivo de generar competencia entre distintas compañías aseguradoras ni, según la hipótesis investigativa, para obtener mejores condiciones contractuales.
Por eso, uno de los interrogantes centrales consiste en determinar qué servicio prestaban los intermediarios y por qué ese servicio justificaba el pago de comisiones millonarias provenientes del sistema asegurador.
También están bajo análisis los procedimientos administrativos utilizados para concretar las designaciones, los eventuales dictámenes técnicos que las respaldaron y los controles realizados antes de autorizar las operaciones.
Quiénes están imputados
Además de Enrique Cresto, la investigación alcanza al exsecretario de Gobierno Aldo Álvarez, Fernando Barboza, a los expresidentes del IAPSER Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, a Ignacio Caprarulo y a otros involucrados.
En el caso de Cresto, la Fiscalía sostiene que habría tenido participación necesaria, al considerar que su intervención resultó determinante para incorporar productores privados en la relación entre la Municipalidad y la aseguradora estatal.
Se trata, de todos modos, de una hipótesis de la acusación que deberá ser probada en el marco del proceso judicial y que no implica una condena ni una declaración de responsabilidad penal.
La Justicia rechazó el sobreseimiento
Durante 2024, la defensa de Cresto consiguió el apartamiento del entonces fiscal José Arias. La investigación, sin embargo, continuó bajo la conducción de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning, quienes formalizaron las imputaciones en diciembre de 2025.
Posteriormente, la defensa del exintendente pidió la nulidad de la imputación y su sobreseimiento. Entre sus argumentos sostuvo que la Municipalidad no había pagado las comisiones cuestionadas y que las decisiones administrativas adoptadas durante la gestión se encontraban dentro del marco de la normativa vigente.
Pero el 19 de junio de 2026, el juez de Garantías Mauricio Guerrero rechazó ambos planteos.
El magistrado consideró que la imputación presentaba una descripción suficientemente clara de los hechos investigados, incluyendo fechas, conductas atribuidas y calificación legal, por lo que entendió que no existían motivos para impedir que la investigación continuara.
Un expediente que todavía tiene muchas preguntas abiertas
Con esta decisión, Enrique Cresto continúa imputado y la causa de los seguros sigue su curso.
Ahora la Justicia deberá determinar si la incorporación de intermediarios privados en la contratación de seguros con el IAPSER respondió a una necesidad concreta de la administración municipal o si, por el contrario, el mecanismo utilizado pudo haber generado un perjuicio para el Estado.
La cuestión de fondo queda planteada: si una función fue presentada como “ad honorem” para el municipio, pero alrededor de ella se generaron comisiones millonarias pagadas por una aseguradora estatal, ¿qué beneficio concreto obtuvo la Municipalidad y qué justificó la intermediación?
Ese es, precisamente, uno de los interrogantes que la investigación judicial intenta despejar.
Con información de La Caldera
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