La Argentina no empezó el 10 de diciembre de 2023. Quienes hoy hablan de salarios destruidos, endeudamiento y pobreza deberían explicar qué hicieron durante los años en que gobernaron mientras esos mismos indicadores se deterioraban sin pausa.
Es cierto que millones de argentinos continúan enfrentando problemas para llegar a fin de mes. Nadie puede negar que el poder adquisitivo sufrió un fuerte deterioro a lo largo de los últimos años. Sin embargo, atribuir esa realidad exclusivamente al actual gobierno implica ignorar la inflación acumulada, la emisión monetaria descontrolada, el déficit fiscal crónico y el crecimiento de la pobreza heredados tras décadas de administraciones de distinto signo político, particularmente durante los gobiernos kirchneristas y el último mandato peronista.
Afirmar que se pretende convencer a la sociedad de que “no hay inflación” tampoco se ajusta a los hechos. El propio Gobierno reconoce la existencia del proceso inflacionario, aunque sostiene que su ritmo mensual se redujo respecto de los niveles extraordinarios registrados a fines de 2023. Discutir si esa desaceleración es suficiente para recuperar el poder adquisitivo de los salarios es legítimo; negar que exista una disminución en la velocidad del aumento de los precios es desconocer los datos disponibles.
También se ha sostenido que el INDEC oculta aumentos tarifarios o manipula las estadísticas. Se trata de una acusación grave que requiere pruebas concretas. Los incrementos en las tarifas son públicos, integran la metodología oficial y forman parte de los índices que el organismo elabora. Si existieran irregularidades, deberían demostrarse con evidencia técnica y no mediante afirmaciones sin respaldo.
En el plano institucional, con frecuencia se presentan como certezas cuestiones de enorme gravedad, como la existencia de “terrorismo de Estado”, la supuesta cesión de soberanía nacional o la presencia de bases militares extranjeras que comprometerían la independencia del país. En una democracia, denuncias de semejante magnitud deben estar acompañadas por documentación y pruebas verificables. De lo contrario, terminan siendo consignas políticas más que hechos comprobados.
Resulta igualmente contradictorio reclamar un debate público respetuoso mientras se recurre sistemáticamente a insultos, descalificaciones y agravios contra quienes sostienen posiciones diferentes. La democracia se fortalece con argumentos y evidencia, no con ataques personales ni con la descalificación permanente del adversario.
Respecto de las privatizaciones, es legítimo sostener posiciones a favor o en contra. Se trata de una discusión política y económica válida. Sin embargo, afirmar que toda participación privada constituye automáticamente una entrega de la soberanía simplifica un debate mucho más complejo. Numerosos países desarrollados combinan inversión privada con regulación estatal sin que ello implique resignar el control sobre sus recursos estratégicos ni perder independencia nacional.
Si el salario perdió tanto poder adquisitivo, la inflación destruyó la moneda y la pobreza superó niveles históricos, ¿quién gobernó durante la mayor parte de los últimos veinte años? La memoria también forma parte del debate. No alcanza con denunciar las consecuencias si se omiten las causas que las generaron. La Argentina no llegó a esta crisis por un año y medio de gobierno, sino por décadas de políticas que privilegiaron el gasto sin respaldo, la emisión sin límites, los controles que fracasaron y un Estado que prometió más de lo que podía sostener. Criticar el presente es legítimo; olvidar el pasado no lo es.
La democracia argentina ofrece mecanismos institucionales para expresar el descontento: elecciones libres, representación parlamentaria, libertad de prensa y derecho a la protesta dentro del marco de la ley. La alternancia democrática sigue siendo la herramienta legítima para cambiar el rumbo de un gobierno, sin necesidad de instalar un clima permanente de confrontación.
La Argentina necesita discutir seriamente cómo generar empleo genuino, recuperar el salario, consolidar la baja de la inflación, atraer inversiones y volver a crecer. Esos desafíos no se resuelven mediante relatos épicos ni consignas partidarias. Requieren políticas públicas sostenibles, instituciones sólidas, previsibilidad jurídica y responsabilidad fiscal.
Durante muchos años se sostuvo que el Estado podía gastar indefinidamente, emitir dinero sin consecuencias, congelar precios por decreto y multiplicar subsidios sin costo alguno. El resultado fue una inflación persistente que deterioró el salario, incrementó la pobreza y debilitó la capacidad productiva del país. Ese modelo también forma parte de la realidad argentina y no puede quedar fuera del análisis por razones ideológicas.
La crítica al gobierno de turno es una práctica legítima y necesaria en cualquier democracia. Lo que no contribuye al debate público es omitir las causas profundas que llevaron a la Argentina a su situación actual o presentar como problemas recientes fenómenos que se gestaron durante décadas. La realidad exige honestidad intelectual, memoria histórica y responsabilidad política de todos los sectores, sin excepciones.
“Es fácil explicar el pasado con el diario del lunes. Lo difícil es construir el futuro con inteligencia desde el presente.”
Por : Alejandro Monzón
