En Concordia se está gestando una situación que debería preocupar a toda la comunidad y no únicamente a los afiliados de PAMI. Lo que hoy parece un conflicto entre un organismo nacional y un prestador privado puede transformarse, en pocas semanas, en una verdadera emergencia sanitaria para miles de adultos mayores. El anuncio realizado por la dirección del Sanatorio Concordia, que advirtió que podría dejar de atender afiliados de PAMI a partir del 1 de septiembre si no existe una actualización de los aranceles, encendió una alarma que trasciende la discusión económica. Detrás de los porcentajes, las negociaciones y las cartas documento hay personas mayores que necesitan atención médica todos los días.
Desde hace tiempo, numerosos afiliados vienen manifestando su descontento por demoras, dificultades para acceder a especialistas, restricciones en las prestaciones, cobros adicionales y una atención que consideran insuficiente. A ello ahora se suma la posibilidad de perder el único sanatorio privado que actualmente brinda internación y guardia para pacientes de PAMI en Concordia. El resultado es un escenario donde los jubilados quedan atrapados entre las limitaciones del sistema, la crisis financiera de los prestadores y la falta de respuestas concretas del Estado.
No alcanza con buscar culpables
El director del Sanatorio Concordia, Andrés Lemesoff, sostiene que el atraso arancelario supera el 120 %, que los aumentos otorgados no acompañan los costos reales del sistema y que la institución atraviesa un fuerte déficit económico que incluso compromete el pago de salarios a sus trabajadores. Del otro lado, jubilados y organizaciones sociales denuncian que cada vez encuentran menos prestaciones, menos especialistas disponibles, mayores dificultades para conseguir medicamentos y una cobertura que se deteriora mes tras mes. Ambas realidades pueden coexistir, pero quien termina pagando las consecuencias no es el Estado, ni el sanatorio, ni los funcionarios, sino el afiliado que necesita una consulta médica, un estudio, una cirugía o una internación.
El Estado también tiene responsabilidades
Muchas veces el debate se concentra exclusivamente en el prestador privado. Sin embargo, PAMI administra uno de los presupuestos sanitarios más importantes del país y es el organismo encargado de contratar, supervisar y controlar las prestaciones médicas que reciben millones de jubilados. Si los aranceles realmente resultan insuficientes para sostener el servicio, corresponde al organismo revisar esa política. Pero si existen deficiencias en la calidad de atención, demoras, incumplimientos o falta de prestaciones, también corresponde al Estado controlar y exigir que el servicio contratado se preste con estándares adecuados. No alcanza con firmar convenios; es indispensable verificar que esos recursos públicos se traduzcan en una atención eficiente y de calidad.
La salud no puede medirse solamente por el costo
En los sistemas sanitarios más desarrollados del mundo, los centros médicos son evaluados mediante indicadores de calidad, tiempos de respuesta, seguridad del paciente, tasas de complicaciones, resultados clínicos y satisfacción de los usuarios. La discusión nunca se limita únicamente al valor de una prestación, sino a la calidad del servicio que finalmente recibe el paciente. Los adultos mayores no deberían resignarse a una atención deficiente simplemente porque el sistema atraviesa dificultades económicas. Después de toda una vida de trabajo y aportes, merecen una atención médica segura, eficiente y humana.
Una comunidad que debe dejar de naturalizar el deterioro
Quizás el mayor problema sea que muchas situaciones terminaron normalizándose. Se naturalizan las largas esperas, los turnos imposibles, los especialistas que dejan de atender, los copagos, las derivaciones a otras ciudades y la falta de respuestas. Ahora comienza también a naturalizarse la posibilidad de que miles de afiliados deban abandonar el sistema privado para ser derivados a un hospital público que ya trabaja con una elevada demanda. Nada de eso debería aceptarse como algo inevitable.
Exigir no significa atacar
La comunidad tiene derecho a reclamar y también la obligación de involucrarse. Debe exigir al Sanatorio Concordia que brinde una atención acorde con la dignidad que merece cada paciente, pero también debe exigir a PAMI que garantice contratos sostenibles, controle efectivamente la calidad de las prestaciones que compra con recursos públicos y planifique soluciones antes de que el sistema colapse. Los funcionarios tampoco pueden limitarse a administrar la crisis; deben ofrecer respuestas concretas.
La salud de nuestros adultos mayores no puede quedar atrapada entre expedientes administrativos, atrasos arancelarios y conflictos económicos. Cuando un sistema sanitario comienza a deteriorarse, quienes primero sufren las consecuencias son precisamente aquellos que menos posibilidades tienen de defenderse.
Todavía existe margen para encontrar soluciones, pero ese tiempo no será eterno. Si la sociedad permanece indiferente y continúa aceptando como normales las deficiencias del sistema, el problema dejará de ser únicamente del Sanatorio Concordia, de PAMI o del Estado. Será un problema de toda Concordia, porque la forma en que una comunidad cuida a sus jubilados es también la medida de la calidad de su propia sociedad.
Lo que no se dice
Cada peso que PAMI destina a la atención médica proviene de recursos públicos. Por eso, la discusión no debería limitarse a cuánto cobran los prestadores o cuánto paga el Estado. La verdadera pregunta es otra: ¿están recibiendo nuestros jubilados la atención de calidad que merecen? Si la respuesta es no, la sociedad tiene el derecho —y la obligación— de exigir cambios.
