CONCORDIA. La reciente designación de nuevas autoridades en el Partido Justicialista de Concordia, presentada oficialmente como una etapa de renovación y recambio generacional, comenzó a generar las primeras controversias internas. Esta vez fue la actual vicepresidenta del PJ Concordia, Yanina Barbona, quien salió públicamente a cuestionar la legitimidad del procedimiento mediante el cual se anunció la nueva conducción partidaria.
En declaraciones realizadas a Análisis Litoral, Barbona aseguró no haber recibido ninguna notificación formal por parte del Partido Justicialista Provincial sobre la decisión comunicada en las últimas horas, pese a encontrarse ejerciendo un cargo electivo vigente dentro de la estructura partidaria.
La dirigente fue más allá y advirtió que la situación no solo vulneraría derechos políticos adquiridos mediante el voto de los afiliados, sino que además se produce en un contexto donde existen denuncias administrativas y judiciales aún pendientes de resolución respecto de la situación institucional del partido en Concordia.
“No fui notificada de ninguna decisión”
“Quiero ser clara y hablo solamente por mí. Soy Yanina Barbona, vicepresidenta del PJ Concordia, y no recibí ninguna notificación sobre esta decisión por parte del PJ Provincial”, expresó.
Según manifestó, el conflicto institucional que atraviesa el justicialismo concordiense no es nuevo y actualmente es materia de denuncias tanto ante organismos partidarios como ante la Justicia.
La dirigente sostuvo además que durante la ausencia del entonces presidente partidario, cumplió con las responsabilidades que le correspondían estatutariamente, llevando adelante las actividades partidarias durante la campaña electoral de 2025.
“Cuando el presidente Ruiz Díaz estuvo ausente, fui quien sostuvo el funcionamiento del partido durante la campaña de la Lista 501 Fuerza Entre Ríos, encabezada por Adrián Bahl y Guillermo Michel. Cualquier compañero puede dar testimonio de que trabajamos para que el PJ Concordia siguiera siendo la casa de todos los militantes”, afirmó.
Denuncias por violencia política y restricciones internas
Uno de los aspectos más delicados de su exposición pública está vinculado a las denuncias que asegura haber realizado contra integrantes del sector que posteriormente tomó control de la sede partidaria.
Barbona señaló particularmente al dirigente Javier Orduna, a quien responsabiliza por situaciones de maltrato que derivaron en una denuncia formal.
Según su relato, los episodios no solo no cesaron, sino que se profundizaron con el tiempo.
“Priorizando mi integridad física y emocional, se me recomendó no concurrir sola al establecimiento partidario. Incluso cuando solicité las llaves o que se me permitiera ingresar para realizar reuniones con compañeros, se me negó el acceso”, denunció.
La vicepresidenta sostuvo además que jamás existió un intento de acercamiento o diálogo para resolver las diferencias internas y que, por el contrario, las acciones recientes profundizan la división dentro del movimiento.
El eje de la discusión: legitimidad y democracia interna
Más allá de las diferencias personales o sectoriales, el planteo de Barbona introduce un debate de fondo sobre la legalidad y legitimidad del procedimiento utilizado para modificar la conducción partidaria.
La dirigente recordó que su cargo fue obtenido mediante una elección interna y refrendado posteriormente por los órganos partidarios competentes.
“A mí me eligieron los afiliados. No llegué por designación de nadie. Mi función fue respaldada por una elección democrática y por el Consejo Departamental que ratificó lo que correspondía por voluntad de los afiliados”, expresó.
Sus declaraciones también contienen una crítica hacia los mecanismos internos que, según considera, terminan alejando al partido de los problemas reales de la sociedad.
“No tienen respeto por los afiliados, los militantes ni por los vecinos que hoy atraviesan una situación muy difícil. Solo generan odio y más distancia entre compañeros”, afirmó.
Una advertencia hacia el PJ Provincial
Las palabras de Barbona también pueden interpretarse como un mensaje directo hacia las autoridades provinciales del justicialismo.
Su reclamo apunta a que los organismos partidarios competentes revisen lo actuado, especialmente considerando que existen denuncias pendientes y que, según sostiene, no se habrían respetado los procedimientos estatutarios ni las garantías democráticas internas.
La controversia abre un nuevo capítulo dentro de la ya compleja realidad que atraviesa el peronismo concordiense, donde los debates sobre renovación, representación y legitimidad parecen estar lejos de resolverse.
Lo que no se dice
Mientras algunos sectores celebran el recambio generacional anunciado esta semana, otros advierten que ninguna renovación puede consolidarse si previamente no se despejan las dudas sobre los mecanismos utilizados para producirla.
Porque en política no alcanza con hablar de democracia interna: también hay que practicarla.
Y cuando una autoridad electa denuncia que fue desplazada sin notificación formal, que existen denuncias sin resolver y que se desconocieron derechos adquiridos por el voto de los afiliados, la discusión deja de ser exclusivamente política para convertirse en una cuestión institucional.
La pregunta que comienza a recorrer los pasillos del peronismo concordiense es tan sencilla como incómoda: ¿puede construirse una nueva etapa partidaria ignorando los procedimientos que le dan legitimidad?
Antecedentes del conflicto
- Cómo quedó conformado el PJ Concordia tras las últimas elecciones internas.
- El rol de la vicepresidencia cuando se ausentó el presidente.
- Las denuncias mencionadas por Barbona.
- La reciente presentación de Agustín Cáceres y Sabrina Mazariche Parody.
Qué puede pasar ahora
- Posible intervención del PJ provincial.
- Resolución de las denuncias pendientes.
- Impacto en la unidad del peronismo de Concordia de cara a futuras elecciones.
Analisis Litoral