Por María Elena Romero, diputada provincial
Hay documentos que explican mejor una realidad que cualquier discurso. En la rendición de gastos de un comedor escolar de San José de Feliciano correspondiente a mayo de este año aparece, entre los productos adquiridos, una botella de vino tinto.
No es una versión ni una denuncia sin respaldo. Está en una factura presentada al Estado provincial y la propia Dirección de Comedores dejó asentada una observación reclamando explicaciones por esa compra.
Podemos discutir sobre licitaciones, proveedores y mecanismos administrativos. Pero hay una pregunta mucho más sencilla: ¿cómo puede ser que recursos públicos destinados a alimentar a nuestros chicos se hayan utilizado para comprar una botella de vino?
El problema no son solamente los $57.000 que figuran en esa factura. El problema es que una compra de estas características haya podido ingresar al circuito de rendición de un comedor escolar.
Este episodio no debe utilizarse para poner bajo sospecha a los directivos ni a quienes durante años sostuvieron los comedores con enorme esfuerzo. Sería profundamente injusto. Lo que demuestra es otra cosa: que había fallas de control que el Estado tenía la obligación de corregir.
Y justamente para eso también sirve cambiar el sistema. Una compra centralizada permite establecer de antemano qué productos se adquieren, controlar sus precios y garantizar que los recursos destinados a la alimentación escolar se utilicen exclusivamente para ese fin. El control no puede consistir solamente en descubrir después, cuando llega una rendición, que con el dinero de un comedor se compró una botella de vino.
Por eso este caso no es una anécdota. Explica de manera muy concreta por qué había que cambiar. No alcanza con poner más dinero si no podemos garantizar cómo se utiliza cada peso.
Cuando se trata de alimentar a nuestros gurises, el Estado tiene la obligación de saber qué compra, cuánto paga y qué llega a cada escuela. Eso es también lo que busca el nuevo sistema.
