El exgobernador Sergio Urribarri se encamina a sentarse nuevamente en el banquillo de los acusados.
La Justicia fecha a las audiencias de remisión a juicio oral de la causa por enriquecimiento ilícito del exgobernador.
Será ante ante el juez de Garantías Nº 4 Julián Vergara para los días 10, 11, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 31 de marzo de 2026, y los días 1, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de abril de 2026 a partir de las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1.
En noviembre pasado se cumplieron dos años desde que el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio de la tercera causa penal que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado a 8 años de cárcel en el megajuicio -no está firme, hay un recurso ante la Corte Suprema- y la megacausa de las coimas, con pedido de 1o años de prisión, que está en trámite. Y todavía no hay fecha de debate de ese tercer proceso.
El Tribunales dan una explicación de esa demora: en el proceso de enriquecimiento contra Urribarri intervienen los mismos defensores que actúan en el proceso por pago de coimas, cuyo trámite de remisión a juicio recién concluye este lunes 31. Verbigracia: no podrá iniciarse la tramitación de la tercera denuncia contra el exgobernador antes de que finalice el juicio por pago de coimas.
Uno de los tres imputados en esa causa, Rubén Martínez, un jubilado de más de 70 años, quedó afuera del juicio oral en mayo de 2024.
Un año atrás, el juez de Garantías Julián Vergara refrendó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba -probation-, por un plazo de 3 años, que benefició a Rubén Ángel Martínez, imputado en calidad de partícipe en la investigación penal que pesa sobre el exgobernador Urribarri por enriquecimiento ilícito. Al Urribarri le reprochan que no pudo justificar el aumento patrimonial de 7 millones de dólares, maniobras de las que habría participado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, titular de Relevamiento Catastrales SA, que fue contratista del Estado entrerriano durante el urribarrismo, y también Martínez, aunque en un rol menor.
Martínez, un jubilado de 72 años a quien el Ministerio Público Fiscal le reprocha que en 2011 adquirió un vehículo a su nombre y que luego tramitó una tarjeta azul para que pueda disponer de él uno de los hijos del exgobernador, Mauro Urribarri, y la esposa del extitular del Ejecutivo, Ana Lía Aguilera. Además, le reprochan que “colaboró” con el enriquecimiento al posibilitar el ingreso al país de obras de arte traídas de Europa con destino a los Urribarri.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante el juez Vergara por el defensor de Martínez, Tomás Vírgala, con anuencia de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano.
“Soy muy buen vendedor. Empecé a trabajar para empresas americanas que vendían cable coaxil. Hasta 2001, que vinieron los radicales y pasó lo que pasó”, dijo Martínez. “Nunca me pasó algo así -aseguró, en relación a estar involucrado en una causa judicial-. A esta edad”.
A Martínez la Fiscalía le había pedido 3 años de prisión de ejecución condicional. Y le habían solicitado que se lo condene además al pago de una multa de $117 mil y 7.000 dólares.
Pero la defensa de Martínez propuso pagar la mitad de ese monto en epsos, $58.500, la mitad de la multa en dólares, 3.500 dólares. Los $58.500 los abonará en una sola cuota, por transferencia bancaria; y la cifra en dólares, 20 cuotas, en pesos, al valor oficial. Aunque con actualización según el Índice de Precios al Consumidor.
En cuanto a la reparación del daño producido al Estado, Martínez asumió el pago de 36 cuotas de $10 mil que propuso donar al Hospital San Roque, monto también que se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor.
En reemplazo de las 96 horas de trabajo en beneficio de una institución de bien público, que no podrá hacer por razones de salud -es hipertenso, tiene 72 años- pagará una reparación económica: 12 cuotas de $30 mil a una institución que designará la Oficina de Medios Alternativos (OMA) del Poder Judicial.
El defensor de Martínez pidió además que se levanten los embargos sobre sus cuentas bancarias, medida que dispuso en el marco de la causa por enriquecimiento de Urribarri el juez de Garantías Elvio Garzón. En ese punto, la petición se tramitará por separado.
En noviembre de 2023, el Ministerio Público Fiscal pidió la remisión a juicio oral de una tercera causa por corrupción que involucra al exgobernador Sergio Urribarri. El dos veces titular del Poder Ejecutivo ya fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio; y tiene pedido de remisión a juicio en una causa por coimas, con una solicitud de pena de 10 años de cárcel.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano remitieron la causa por enriquecimiento con un pedido de condena para Urribarri de 5 años y 6 meses de cárcel. En tanto, para el empresario Diego Armando Cardona Herreros, implicado en esa investigación, los fiscales solicitaron 5 años de prisión de cumplimiento efectivo. En tanto, para Rubén Ángel Martínez, 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
Qué se investiga
La causa se abrió en 2015 y por eso el exgobernador entienden que se han vencido los plazos para avanzar con la investigación y ha planteado la prescripción.
El exgobernador Sergio Urribarri negó la existencia de una pericia contable que dé cuenta de un crecimiento sin justificar de su patrimonio, y alegó que los números que ha difundido el Ministerio Público Fiscal parten de un informe que ha hecho un «empleado» de la Procuración, en directa referencia al contador Héctor Enrique, «La pericia no está terminada y no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía”, aseguró.
Urribarri calificó de “intencional y maliciosa” el accionar del Ministerio Público Fiscal. “La verdadera pericia contable no está terminada porque los profesionales a cargo están esperando una documentación solicitada por mis abogados y por Fiscalía al juez de Garantías para que libre un exhorto a Grecia sobre los ingresos que tuvo mi hijo futbolista (Bruno Urribarri)en los años en que vivió y trabajó allá. Esto ocurrió en octubre de 2022. Cuando la pericia esté completa se podrá ver que no hay ninguna inconsistencia en mi patrimonio, y que no existe la cifra exorbitante y mentirosa que difundió Fiscalía y sus medios afines”, manifestó el ex mandatario.
Esa primera pericia habla de un crecimiento patrimonial de alrededor de 9 millones de dólares.
El Ministerio Público Fiscal imputó al exintendente de Concordia, Enrique Cresto, a los ex presidentes del IAPSER, Juan Domingo Orabona y Tomás Proske, lo mismo que a Aldo Álvarez y a Fernando Barboza, este último actual funcionario del gobierno entrerriano (Director General de Fomento de Empleo del Ministerio de Gobierno y Trabajo), y al agente de seguros Ignacio Caprarulo.
Fiscalía les atribuye, a unos como autores y a otros como partícipes, la presunta comisión del delito de “negociaciones incompatibles y fraude en perjuicio de la administración pública”, en el contexto de la causa que investiga irregularidades que habrían sido cometidas en los trámites de contratación de pólizas de seguro desde la Municipalidad de Concordia.
En febrero del año 2024, luego de que se hiciera público un decreto mediante el cual fuera contratado “ad honorem” Ignacio Caprarulo como asesor de seguros, desde el Ministerio Público Fiscal abrieron una “investigación de oficio”, bajo la sospecha de que pudiera haberse cometido algún ilícito.
La apertura de la investigación se produjo formalmente el 8 de febrero de 2024. Desde entonces, fueron varias las medidas llevadas a cabo, entre ellas la requisa al teléfono de Caprarulo.
En principio, desde Fiscalía procuraron reconstruir los pasos de los trámites administrativos que derivaron en la contratación de Ignacio Caprarulo, tanto durante la gestión de Enrique Tomás Cresto como en el comienzo de la gestión de Francisco Azcué, aunque en este último caso el nombramiento fue revocado un mes después de producido.
Entre las primeras medidas investigativas encaradas por los dos fiscales inicialmente a cargo, José Arias (luego apartado de la causa) y Daniela Montangie, figuran oficios dirigidos a la Municipalidad de Concordia, que apuntaron a conocer en detalle no sólo las sucesivas contrataciones “ad honorem” sino también las consecuencias económicas que habrían ocasionado. Según lo que trascendiera en 2024, Caprarulo “habría estado cobrando cifras millonarias en comisiones desde el 2019 hasta fines del 2023”.
“Ignacio Caprarulo –reconstruyó el diario Junio- comenzó a oficiar de nexo entre el municipio y el IAPSER a finales del 2019, también en calidad de «ad honorem», mediante la resolución Nº11592/19 firmada por el ex intendente Cresto, para que brindara charlas y asesoramiento, y capacitaciones a todas las reparticiones municipales y sus entes descentralizados. Algo de lo que ya se ocupaba, por ejemplo, personal idóneo de la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Higiene y Seguridad Laboral del municipio, convocando además a distintos profesionales”.
“Caprarulo –detalló Diario Junio- fue designado cuando el contador Juan Domingo “Palito” Orabona ya tenía más de dos años al frente de la empresa de seguros de la provincia y días después de asumido como presidente Alberto Fernández, cuyo jefe de Gabinete era Santiago Cafiero. Tanto con Orabona como con Cafiero, a Caprarulo lo vinculan lazos familiares. Sin embargo, de forma intempestiva, y muy llamativa -incluso para el mismo Caprarulo-, meses antes de terminar su mandato, el 1 de Octubre de 2023, el ex intendente Cresto lo desafectó y designó mediante una nota a CETW Broker de Buenos Aires para que actúe de intermediario entre el municipio y la compañía aseguradora de la provincia. La orden comunicada al IAPSER, que habría sido arrimada a la agencia local por el ex funcionario Max Klaric, es otra decisión que -siguiendo la misma línea- también carecería de fundamentos. Mientras tanto, de octubre a la fecha, las suculentas comisiones se fueron hacia la city porteña”.
“Las gestiones del asesor externo habían transcurrido sin levantar polvareda hasta que la nueva gestión volvió a darle el alta como productor designado del municipio, destacando en el decreto la calidad “ad honorem” y los méritos conseguidos «durante el período 2019/2023”, remató Diario Junio en una nota publicada el 10 de enero, que no pasó desapercibida para la investigación encarada desde Fiscalía.
Durante el lapso transcurrido desde febrero de 2024 a diciembre de 2025, la investigación siguió su marcha, aunque ya sin la intervención del Fiscal José Arias, oportunamente recusado por la defensa del exintendente Enrique Cresto.
Las imputaciones formales conocidas en las últimas horas, que también alcanzarían a un referente de CETW Broker de Buenos Aires, no anulan la presunción de inocencia, premisa constitucional que salvaguarda a cualquier imputado mientras no reciba condena firme.
La justicia entrerriana tiene sobre sus estrados un rosario de causas por corrupción que involucran a las máximas autoridades políticas de las últimas dos décadas. Mientras algunas condenas ya están firmes y aguardan la decisión de la Corte Suprema, otras investigaciones se encuentran en plena etapa de remisión a juicio, configurando un escenario judicial complejo que definirá el destino de exgobernadores, vicegobernadores, senadores nacionales y altos funcionarios provinciales.
Sergio Urribarri: entre prisión y múltiples causas
El exgobernador y exembajador en Israel Sergio Urribarri concentra la mayor cantidad de frentes judiciales abiertos. Con una condena a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en 2022 y confirmada por Casación en 2023, su situación procesal sigue siendo volátil. En enero de 2025, el Superior Tribunal de Justicia ordenó su libertad junto a su cuñado Juan Pablo Aguilera tras 50 días de prisión preventiva, mientras aguardan la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso extraordinario federal.
Pero la condena por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública no es la única espada que pende sobre Urribarri. La “Causa Coimas”, que lo investiga junto al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, avanza firme hacia el juicio oral. En junio de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió remitir la causa a juicio tras rechazar todas las nulidades presentadas por las defensas. El Ministerio Público Fiscal pide 10 años de prisión para el exgobernador.
La acusación sostiene que Urribarri favoreció ilícitamente a la empresa Relevamientos Catastrales SA, presidida por Cardona Herreros, quien habría sido su testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano documentaron el pago de sobornos a través de viajes lujosos que el empresario paraguayo financió para la familia Urribarri. La prórroga irregular de contratos y la falsificación de fechas en actos administrativos configuran el núcleo de la imputación.
Además, Urribarri enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se encuentra en etapa de investigación, donde debe justificar el crecimiento patrimonial experimentado durante su gestión como gobernador entre 2007 y 2015.
Gustavo Bordet: la causa Securitas y la investigación patrimonial
El exgobernador y actual diputado nacional Gustavo Bordet, que sucedió a Urribarri entre 2015 y 2023, enfrenta dos investigaciones que podrían complicar su situación judicial.
La causa Securitas, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro bajo la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado, lo coloca en el centro de un presunto esquema de coimas vinculado a contratos de seguridad privada con ENERSA, la empresa eléctrica estatal entrerriana. Un peritaje de 25.557 páginas de conversaciones de WhatsApp entre los empresarios Claudio y Marcelo Tórtul —procesados por pagar sobornos— menciona a Bordet en 98 ocasiones, con referencias directas a supuestos pagos ilegales que habrían llegado hasta el exmandatario.
Los mensajes, que abarcan desde diciembre de 2016 hasta abril de 2024, incluyen cifras concretas. En uno fechado el 28 de enero de 2019, Claudio Tórtul escribió: “El jueves vamos a pagar Negro Bordet. 1,1 millón”. Otro mensaje del 24 de septiembre de 2018 describe las negociaciones: “El Negro me dijo q si no le damos el 40 saca el pago con el ajuste. Reparte con Bordet Julio y el”. Un mes después se firmó la tercera adenda al contrato con ENERSA.
Aunque Bordet no está formalmente imputado, la investigación involucró la detención en abril de 2025 de Jorge González, expresidente de ENERSA y funcionario clave durante su gestión. En el allanamiento a su domicilio se secuestraron 270.974 dólares, 12.000 euros y casi 700.000 pesos.
Paralelamente, en abril de 2024, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos dispuso la apertura de una investigación sobre el patrimonio declarado por Bordet, aunque hasta el momento no hay imputación formal.
Adán Bahl: entre la causa Securitas y los contratos truchos
El exvicegobernador, exintendente de Paraná y actual senador nacional electo Adán Bahl aparece mencionado en los mismos chats de la causa Securitas que comprometen a Bordet, según reveló el diario Clarín en noviembre de 2025. Si bien no está formalmente imputado, su nombre figura en las conversaciones de los hermanos Tórtul vinculadas a la continuidad de contratos con ENERSA y presuntas gestiones políticas.
Más grave aún es su vinculación con la causa de los contratos truchos legislativos. Aunque no está entre los imputados principales, investigaciones periodísticas lo señalan como una de las autoridades que habrían tenido responsabilidad en el sistema corrupto durante su período como vicepresidente del Senado. Sus hijos, Joaquín y Franco Bahl, fueron contratados irregularmente por la Legislatura en los últimos días de la gestión anterior, contratos que luego fueron anulados por el gobierno de Rogelio Frigerio.
Los contratos truchos: 53 millones de dólares desviados
La megacausa de los contratos truchos legislativos representa el mayor desfalco documentado en la historia reciente de Entre Ríos. Entre 2008 y septiembre de 2018 se desviaron 53 millones de dólares a través de un sistema de contrataciones fraudulentas en las cámaras de Diputados y Senadores.
Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, es señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal. Los fiscales sostienen que Aguilera era el “recaudador” que recibía el dinero extraído de cajeros automáticos por prestanombres que cobraban cheques por servicios nunca prestados. Actualmente con prisión domiciliaria tras la liberación ordenada por el STJ en enero de 2025, Aguilera enfrenta la perspectiva de un juicio oral que, según cálculos judiciales, podría iniciarse a mediados de 2026.
El mecanismo era sofisticado: se contrataban personas que firmaban acuerdos por servicios ficticios, cobraban mediante cheques o transferencias, y entregaban entre el 90% y 95% del dinero a operadores como Flavia Beckman, Hugo Mena y Esteban Scialocomo. Estos, a su vez, trasladaban los fondos a través de intermediarios como Alfredo Bilbao hasta llegar a Aguilera y, presuntamente, a las máximas autoridades legislativas.
Los principales imputados incluyen a Gustavo Pérez: exdirector del Servicio Administrativo Contable del Senado y hombre de confianza de Adán Bahl. Sergio Cardoso: director del Servicio Administrativo Contable de Diputados. Alejandro Almada: cuñado de Aguilera, operador clave del sistema. Roberto Ariel Faure y Alfredo Bilbao: contadores que facilitaban las operaciones
El expediente tiene 32 imputados y la remisión a juicio comenzaría a debatirse en 2025, con proyección de inicio del debate oral en 2026. La complejidad del caso y la cantidad de abogados defensores compartidos con otras causas de Urribarri ha retrasado los plazos procesales.
José Ángel Allende: el caso del juicio abreviado rechazado
El exdiputado provincial del PJ por Nogoyá y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, protagoniza uno de los casos judiciales más prolongados y complejos del panorama entrerriano. Con 13 años de investigación desde que ANÁLISIS publicó en marzo de 2012 la denuncia periodística que dio origen a la causa, Allende intentó en dos oportunidades cerrar el expediente mediante juicios abreviados que fueron sistemáticamente rechazados por la justicia.
Los juicios abreviados rechazados
En agosto de 2021, Allende llegó a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que reconocía su enriquecimiento ilícito en más de 1.069.841 dólares, delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, y amenazas contra la ministra de Salud Sonia Velázquez y el periodista Martín Carboni. El acuerdo establecía: Pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional; Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; Decomiso de su mansión del Parque Urquiza (valuada en 720.922 dólares) y la casa de calle Laprida (378.289 dólares); Multa de 3 millones de pesos.
Sin embargo, el juez Elvio Garzón rechazó el acuerdo, considerando que no cumplía con los requisitos legales. Previamente, en 2020, otro intento de juicio abreviado había sido declarado nulo por la Cámara de Casación Penal.
Según revelaciones periodísticas, el exgobernador Sergio Urribarri habría presionado a Allende para que no firmara el acuerdo: “No arregles nada porque nos vas a cagar a todos. Y somos varios los que estamos en la misma situación que vos. Y yo no quiero que me saquen bienes ni que me inhabiliten de por vida para hacer política”.
Tras el fracaso de los juicios abreviados, la causa continuó su curso. En marzo de 2025, Allende y toda su familia fueron citados a declaración indagatoria. El 30 de junio de 2025, el juez de Garantías N°8 Pablo Zoff dictó el procesamiento de Allende como autor de los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fueron procesados Adriana Guadalupe Satler (esposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Diana María Cristina Traverso (exesposa): partícipe necesaria en ambos delitos; Julio Alejandro Allende (hijo): partícipe necesario en ambos delitos; Victoria Allende (hija): partícipe necesaria solo en enriquecimiento ilícito, sobreseída en negociaciones incompatibles
–Los montos del enriquecimiento. Según el procesamiento del juez Zoff, el incremento patrimonial desproporcionado de Allende entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2016 (período en que fue diputado provincial) asciende a 10.481.385,19 pesos y 64.000 dólares a valores históricos, además de conceptos no cuantificados como: Mantenimiento de caballos de carrera; Viajes internacionales. Varios vehículos de alta gama; Participación en sociedades: Radio La Voz de Entre Ríos SA, Haras El Machazo SA, Cardinal Grydim SA; Departamentos en el mismo edificio de lujo donde Edgardo Kueider posee propiedades (Santiago del Estero y Tejeiro Martínez);
El juez determinó que Allende utilizó a sus familiares directos como personas interpuestas para disimular su verdadero patrimonio. Victoria Allende adquirió varios vehículos siendo menor de edad, sin ingresos registrados que justificaran esas compras. Los hijos compartieron con su padre participación en las sociedades mencionadas.
-Negociaciones incompatibles: la Fundación Esperanza. Este delito se atribuye específicamente a José Ángel Allende y Adriana Guadalupe Satler en relación con la “Fundación Esperanza”. Entre el 21 de enero de 2008 y el 5 de diciembre de 2011, Allende habría gestionado subsidios no reintegrables por un total de 984.000 pesos siendo simultáneamente: Presidente y secretario de la Fundación Esperanza; Diputado provincial que avalaba y firmaba los pedidos de subsidios; Satler suscribía los pedidos como presidenta de la fundación, mientras Allende los avalaba como legislador. En dos casos, Allende personalmente solicitó y rindió los subsidios, configurando un claro conflicto de intereses incompatible con la función pública.
Confirmación del procesamiento en noviembre de 2025
Los abogados defensores Leopoldo Lambruschini y Maximiliano Rusconi apelaron el procesamiento, argumentando que:
– La pericia oficial del Cuerpo Técnico del Poder Judicial arrojó resultados favorables a Allende
– Se descartaron ingresos legítimos por motivos formales (documentos ilegibles)
– Se omitieron financiamientos bancarios documentados (como el crédito del Banco BERSA)
– El procesamiento consolidó bienes de otros coimputados como patrimonio de José Allende sin análisis individual
Sin embargo, el 20 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones de Paraná confirmó íntegramente el procesamiento, al considerar que existe el grado de probabilidad requerido para la elevación a juicio. Los fiscales Gonzalo Badano y Sofía Patat defendieron el criterio del perito Héctor Enrique y rebatieron punto por punto los agravios de la defensa.
La prescripción de la causa por amenazas
En paralelo, el 3 de diciembre de 2025, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por mayoría declarar la prescripción de la causa por amenazas contra la ministra Sonia Velázquez, revocando la sentencia de Casación. El STJ consideró que los intentos fallidos de juicio abreviado no tenían entidad para interrumpir el curso de la prescripción.
Situación actual y proyección 2026
Allende enfrenta actualmente:
1) Causa por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles: procesamiento confirmado, encaminada a juicio oral en 2026
2) Causa por amenazas a Sonia Velázquez: prescripta por el STJ en diciembre 2025, por lo que la víctima irá a la Corte Suprema.
3) Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos si prospera la condena
La defensa insiste en que se trata de una “utilización política” del caso, argumentando que Allende “ha enfrentado poderosos intereses corporativos” y que resulta “doloroso e injustificado involucrar a su familia sin elementos probatorios consistentes”.
El caso Allende representa una paradoja judicial: es el único imputado de alto perfil que intentó reconocer su culpabilidad mediante juicio abreviado, pero la justicia rechazó el acuerdo. Ahora, tras 13 años de investigación, enfrenta un juicio oral que podría iniciarse en 2026, convirtiéndose en uno de los procesos más extensos de la historia judicial entrerriana.
Edgardo Kueider: detenido en Paraguay con dos causas por enriquecimiento ilícito
El exsenador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider se encuentra en una situación judicial compleja que involucra dos jurisdicciones. Fue detenido el 4 de diciembre de 2024 en la frontera entre Brasil y Paraguay al intentar ingresar a Ciudad del Este con 211.102 dólares, 640 mil guaraníes y 3,9 millones de pesos sin declarar. Desde entonces permanece bajo arresto domiciliario en Asunción, cumpliendo un año de detención.
En Argentina, Kueider enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito:
-Causa Federal – San Isidro: La jueza Sandra Arroyo Salgado lo investiga por su vinculación con la causa Securitas y presunto lavado de dinero. Kueider fue secretario general de la Gobernación durante el gobierno de Bordet (2015-2019) y representó al Ejecutivo provincial en asambleas de ENERSA, la empresa estatal de energía entrerriana que habría sido el epicentro del esquema de coimas investigado. En marzo de 2025, la magistrada ordenó siete detenciones en el entorno del exsenador, incluyendo a: Javier Rubel (primo): maestro mayor de obras, socio de Kueider en la empresa Betail SA; Rodolfo Daniel González (socio y amigo): empleado del Congreso, dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer en la que Kueider fue interceptado en la frontera paraguaya; José Carlos Nogueras (contador): procesado con prisión preventiva por su rol en operaciones destinadas a ocultar el origen delictivo del dinero; Adriana Cecilia Crucitta (abogada): socia de González y empleada de la Biblioteca del Congreso; Ezequiel Gustavo Bovetti (contador); Gabriela Patricia Saint Pierre (esposa de Nogueras); Rita Soledad Machuca (exsecretaria de Kueider en la Gobernación).
En abril de 2025, la jueza Arroyo Salgado procesó con prisión preventiva a González, Rubel y Nogueras por lavado de dinero y asociación ilícita. Al resto les dictó procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica.
La investigación reveló que Kueider sería propietario de la empresa Betail SA, que posee departamentos y cocheras en un edificio de lujo en Paraná (calle Santiago del Estero 511). Las expensas aparecían a nombre de Iara Guinsel Costa, su exsecretaria en el Senado y actual pareja, quien lo acompañaba cuando fue detenido en Paraguay.
-Causa Provincial – Concordia: El juez Ives Bastián y el fiscal José Arias también investigan al exsenador por enriquecimiento ilícito. Debido al conflicto de competencia entre ambas jurisdicciones, la Corte Suprema deberá dirimir qué juzgado continuará con la investigación.
En Paraguay, Kueider enfrenta un juicio oral y público que comenzará el 20 de abril de 2026 por el delito de contrabando en grado de tentativa. La Fiscalía paraguaya lo imputó junto a Iara Guinsel Costa por no haber declarado los 211.102 dólares al intentar cruzar el Puente de la Amistad desde Foz do Iguaçu.
La expectativa de pena es de hasta dos años y medio. Si la sentencia se acerca a ese techo, podría ser de cumplimiento efectivo. De lo contrario, quedaría en el margen condicional o incluso en una multa.
La jueza Arroyo Salgado sostiene que Kueider formó parte de una “asociación o banda” que perpetró maniobras “destinadas a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras” para otorgar “apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”.
El exsenador solicitó su extradición para ser juzgado en Argentina, pero Paraguay denegó el pedido. Kueider y Guinsel Costa continúan bajo arresto domiciliario en un dúplex del barrio San Vicente de Asunción, tras ser echados en febrero de 2025 del edificio de lujo donde inicialmente cumplían la medida.
Juan José Canosa: condena firme y causa por enriquecimiento ilícito
El expresidente del Sistema de Crédito Entre Ríos (Sidecreer) Juan José Canosa tiene una condena firme por negociaciones incompatibles con la función pública y enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que lleva 8 años de trámite.
En septiembre de 2018, un tribunal encabezado por el juez Alejandro Grippo condenó a Canosa a 3 años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La investigación, iniciada por NOTICIAUNO en enero de 2017, reveló que Canosa contrató a empresas vinculadas a su familia mientras presidía Sidecreer entre 2007 y 2015.
Los proveedores favorecidos fueron:
-Excelcom SA: empresa santafesina que facturó insumos informáticos. Detrás estaban su cuñada Alicia Susana Cuestas (pareja de su hermano Carlos Canosa), la hermana de ésta, María José Cuestas, y Diego Aníbal Urba (esposo de María José y amigo personal de Canosa)
-Texmer: proveedora de indumentaria propiedad de Mirta Graciela Gueler, suegra de su hermano Carlos Canosa
-JDR Construcciones: empresa constructora de José Daniel Romero, casado con María del Carmen Paul, hermana de la madre de Canosa
Entre las tres empresas, cobraron de Sidecreer casi un millón de dólares durante el período investigado.
La Cámara de Casación Penal confirmó la condena en diciembre de 2019. En febrero de 2021, la Sala Penal del STJ rechazó el recurso de apelación. Y en noviembre de 2021, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró “inadmisible” el recurso de queja, dejando firme la condena.
Paralelamente, Canosa enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se inició en diciembre de 2016 tras una denuncia del entonces senador provincial Raymundo Kisser (UCR-Paraná).
En abril de 2017 se allanaron cuatro mutuales en Paraná: Mutual Modelo (Gualeguaychú 204); Mutual Urquiza (Urquiza 80); Mutual Solidaridad (Libertad 139); Mutual Amcap (Asociación Mutual del Personal del Club Atlético Pilar). El Ministerio Público Fiscal descubrió que Canosa tenía depositados, como inversión, 920 mil pesos en la Mutual 10 de Abril, operación garantizada con un cheque del Banco Santander Río.
En marzo de 2024, Canosa compareció ante el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Gervasio Pablo Labriola para solicitar su sobreseimiento. Sus abogados Miguel Ángel Cullen y Andrés Bacigalupo argumentaron “violación de los plazos razonables”, señalando que han transcurrido 8 años de investigación. “Pasaron ocho años de la investigación. ¿Cuánto más tengo que esperar? Me voy a morir. Se ven afectados mis hijas, mi familia, mis amigos. La persecución que han hecho sobre mi persona no tiene nombre”, declaró Canosa ante el magistrado.
En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ aceptó un recurso de queja presentado por la defensa de Canosa y su esposa, la defensora oficial Paula Montefiori. Los vocales Claudia Mizawak y Daniel Carubia votaron a favor; Miguel Giorgio disintió.
En diciembre de 2024, la jueza de Garantías Marina Barbagelata rechazó el pedido de sobreseimiento, pero concluyó que se agotó el tiempo para que la Fiscalía continúe investigando. Le otorgó 40 días al MPF para que resuelva si lo sobresee o eleva la causa a juicio.
Canosa trabaja como abogado en la actividad privada y colabora con bufetes jurídicos, pero teme firmar escritos: “¿Qué pensarán mis clientes, que soy delincuente, que me enriquecí?”, se preguntó en audiencia.
Desde diciembre de 2015 es asesor legal de la Cámara de Diputados, cargo que deberá abandonar por la condena firme que lo inhabilita perpetuamente para ejercer funciones públicas.
La causa está en manos de los fiscales Juan Malvasio (hoy juez) y Santiago Brugo. La resolución sobre su situación procesal —procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento— debería conocerse en los primeros meses de 2026.
Nelio Calza: causa reactivada por enriquecimiento ilícito
El exdiputado nacional y expresidente de Sidecreer Nelio Calza, referente del Frente Grande en Entre Ríos, enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito que se reactivó en agosto de 2025 tras años de relativo estancamiento.
La investigación se inició en diciembre de 2016 a partir de la misma denuncia del senador Raymundo Kisser que apuntó inicialmente a la administración de la tarjeta estatal Sidecreer durante el gobierno de Sergio Urribarri. De esa presentación se desprendieron legajos separados que involucraron tanto a Calza (presidente de Sidecreer antes de Canosa) como a su sucesor, quien ya fue condenado por negociaciones incompatibles.
La investigación fue encabezada por el fiscal Juan Malvasio (hoy juez) y luego continuada por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull.
El patrimonio investigado
Las pericias contables detectaron movimientos bancarios y cambiarios de relevancia entre 2009 y 2018, incluyendo: Compra de títulos públicos; Adquisición de divisas; Constitución de plazos fijos; Múltiples operaciones cambiarias.
Entre los bienes que se le adjudican a Calza figuran: una embarcación: “Rey Power”, integrada al patrimonio en 2015; Más de 15 vehículos, incluyendo: Dos Chevrolet S10 doble cabina; Una Renault Trafic; Cuatro Volkswagen Polo; Un Chrysler Cruiser; Dos Volkswagen Bora; Un Volkswagen Passat; Un Volkswagen Golf; Un Peugeot 207; Un Renault Fluence; Un Peugeot 206; Un Nissan Visia; Un Fiat Palio; Un Fiat Duna.
También comprende a Inmuebles en diversas localidades: Paraná: propiedades en calles Laprida, Pirovano, Yrigoyen, Montevideo, Vélez Sarsfield y Colón (en Concordia); Santa Fe capital; Zona rural de María Luisa (departamento Las Colonias, Santa Fe)
La indagatoria proyectada para 2026
Según pudo conocerse, la Fiscalía está terminando de recepcionar distintas pruebas y concluyendo el análisis contable correspondiente. Se espera que Calza sea citado a declaración indagatoria entre septiembre y octubre de 2026.
Actualmente es uno de los principales referentes del Frente Grande en Entre Ríos. En el proceso electoral reciente, su espacio político dejó de ser aliado del Partido Justicialista y presentó las candidaturas de Carolina Gaillard y Paola Rubattino.
La labor investigativa busca determinar si Calza puede justificar el incremento patrimonial registrado durante su desempeño en cargos públicos, particularmente durante su gestión al frente de Sidecreer, la empresa estatal que quedó en el centro de las denuncias por corrupción que involucraron también a su sucesor Juan José Canosa.
Enriquecimiento ilícito: la agenda pendiente
Además de las causas por corrupción funcional, varios exfuncionarios enfrentan investigaciones por enriquecimiento ilícito que podrían derivar en juicios durante 2026 y 2027:
-Pedro Báez: El exministro de Cultura y Comunicación del urribarrismo, ya condenado a 6 años y medio en el megajuicio de 2022, enfrenta una causa separada por enriquecimiento ilícito junto a su esposa Sofía Riquelme. El Ministerio Público Fiscal pidió su remisión a juicio con una solicitud de 5 años de cárcel para él y 3 años y medio para ella. La Fiscalía endilga un enriquecimiento injustificado de 632.053 dólares durante su desempeño como funcionario público entre 2007 y 2016. Báez fue indagado en diciembre de 2024 desde la Unidad Penal N°1, donde cumple prisión preventiva.
-Aldo Ballestena: El exsenador provincial por La Paz y actual titular del Ente Portuario enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito que se abrió de oficio en 2018 tras una publicación de ANÁLISIS que documentó su patrimonio millonario, incluyendo un Mercedes Benz de 60.000 dólares, un complejo en construcción de 24 departamentos a nombre de su hija, campos y propiedades. Aunque la investigación quedó “llamativamente planchada” según críticos, también aparece vinculado al sistema de contratos truchos como recaudador de fondos en el Senado entre 2015 y 2018.
-Domingo Daniel Rossi: El actual intendente de Santa Elena tiene una condena firme de 2006 por enriquecimiento ilícito (3 años de prisión condicional) y enfrenta una nueva investigación junto a su esposa, la exdiputada Patricia Díaz. La Fiscalía investiga cuentas bancarias en Uruguay con un depósito inicial de 300.000 dólares que la pareja no pudo justificar. La documentación enviada por la justicia uruguaya confirma la existencia de las cuentas y movimientos desde 2008.
-Martín Fernández (Gualeguaychú) y Hernán Vittulo (Gualeguay): Ambos tienen causas por enriquecimiento ilícito en trámite en el Ministerio Público Fiscal, aunque con escaso avance público en los últimos años.
Obras públicas
Domingo Daniel Rossi también tiene pendiente la causa por delitos de corrupción en el manejo de la obra pública en su ciudad. En agosto de este año, por segunda vez se suspendió el juicio oral contra el intendente de Santa Elena. El inconveniente no es menor: hay recusaciones e inhibiciones en todo el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El proceso contra Rossi se había fijado con un tribunal conformado por los jueces María Carolina Castagno, Alejandro Grippo y Juan Malvasio. Hay un planteo del abogado defensor de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, que involucra a uno de los integrantes del tribunal, la jueza Castagno, que a raíz de un entredicho en una audiencia lo denunció por amenazas. En realidad es la especialidad del abogado Reggiardo (que este año fue suspendido por varios meses por el Colegio de la Abogacía, por diversas denuncias contra su accionar): todo el tiempo se pasa confeccionando recusaciones contra jueces y fiscales y de esa manera sigue enviando las causas para más adelante. Lo hizo siempre con Rossi, con su mano derecha, el dirigente Pichi Blázquez y también con causas contra él mismo. Reggiardo, además de su rol de abogado, se autopercibe periodista y lo ejerce a través algunas páginas webs y en canales de youtube, donde se la pasa hablando de él mismo y denuncia supuestos hechos de corrupción, pero nunca lo menciona a Rossi, que es su sostén económico, desde la comuna de Santa Elena.
Este de Rossi es el juicio por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública de pavimentación en el que está imputado el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ). Rossi está acusado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, proyecto ejecutado en 2014, y denunciado en 2016 por su concuñado y sucesor al frente de la Intendencia, Silvio Moreyra (PJ).
Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi.
Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak. Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal, según consignara la web entreriosahora.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano. Cabe acotar que el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció.
La convergencia de estos procesos configura un escenario judicial sin precedentes en Entre Ríos, donde la justicia deberá pronunciarse sobre más de una década de presunta corrupción sistémica que involucró el desvío de millones de dólares del erario público. Las condenas que puedan dictarse en 2026 y 2027 marcarán un antes y un después en la historia política y judicial de la provincia, con el caso de José Ángel Allende como antecedente de juicio abreviado rechazado que otros imputados evitaron replicar, temerosos de sentar precedentes que puedan afectar a la red de funcionarios involucrados en las mismas prácticas.
En horas de la madrugada de este lunes, se produjo un ataque pirómano en la ciudad de La Paz, donde un sujeto por ahora desconocido provocó el incendio de un vehículo estacionado en una cochera, propiedad de un abogado. Se trata del hijo del diputado provincial Sergio Castrillón, del PJ-La Paz y sobrino del expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón.
Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz, personal policial que se encontraba realizando recorridas advirtió un fuerte olor a plástico quemado en la zona de calle Berón de Astrada, entre San Martín y España.
Al acercarse al domicilio de donde provenía el humo, constataron el foco ígneo dentro del garaje de un domicilio de dicha arteria, el cual afectaba a una camioneta Toyota SW4 de color gris, propiedad de un hombre de 34 años.
De inmediato se dio intervención a personal de Bomberos Voluntarios, quienes junto a efectivos policiales lograron sofocar el incendio. Se registraron daños totales en el rodado y no hubo personas lesionadas.
El dueño del vehículo manifestó desconocer el origen del siniestro, por lo que se dio intervención a la División Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.
Asimismo, a partir del análisis de registros de cámaras de videovigilancia de la zona, se pudo establecer que el incendio habría sido provocado de manera intencional: se observó a un hombre que, aparentemente, se desplazaba en una motocicleta de baja cilindrada y arrojó un elemento combustible hacia el interior del inmueble.
Por lo tanto, se dio intervención a la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía local para el relevamiento del material fílmico y la identificación del autor.
Se informó que el damnificado es el abogado Emiliano Castrillón, hijo del diputado provincial del PJ, Sergio Castrillón, integrante de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
El diputado provincial Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) presentó un proyecto de ley que busca crear en Entre Ríos la primera escuela del país con orientación en Inteligencia Artificial (IA).
“Créase, en el ámbito del Consejo General de Educación, la primera Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos (ESJA) con Orientación en Inteligencia Artificial”, dice la iniciativa.
Y deja en manos del Consejo General de Educación (CGE), “en el ejercicio de sus atribuciones”, la misión de elaborar y aprobar el plan de estudios correspondiente a la oferta educativa creada, “pudiendo además adoptar las medidas administrativas, pedagógicas y de articulación institucional que estime necesarias para su implementación”.
ESJA con orientación en Inteligencia Artificial
La iniciativa, que consta de cinco artículos, establece que la Escuela Secundaria para Jóvenes y Adultos con Orientación en Inteligencia Artificial tendrá como finalidades:
“a) Brindar una educación secundaria integral, con enfoque en competencias del siglo XXI y en el desarrollo de capacidades vinculadas a la innovación tecnológica.
“b) Fomentar el uso crítico, ético y responsable de la inteligencia artificial, asegurando la comprensión de su impacto social, cultural y laboral;
“c) Desarrollar habilidades de colaboración, liderazgo y trabajo en equipo, mediante metodologías activas y proyectos cooperativos;
“d) Promover la resolución de problemas, el análisis de información y el trabajo interdisciplinario, integrando inteligencia artificial como herramienta transversal en los distintos espacios curriculares”.
Maier ante “desafíos inéditos”
En los fundamentos, el legislador plantea: “La educación secundaria para adultos enfrenta actualmente desafíos inéditos, derivados de los rápidos avances tecnológicos, la digitalización de la información y la necesidad de preparar a los estudiantes para un mundo laboral y social cada vez más dependiente de la Inteligencia Artificial (IA)”, afirmó y dijo que, “en este marco, la creación de una Escuela Secundaria para Jóvenes Adultos (ESJA) con orientación en Inteligencia Artificial constituye una propuesta innovadora y pionera en la provincia de Entre Ríos, capaz de ofrecer una experiencia formativa de alta calidad, inclusiva y adaptada a las exigencias del siglo XXI”.
“La propuesta incorpora formación en IA y competencias digitales, entendiendo que la Inteligencia Artificial es un acceso transversal a la información”, indicó el legislador y agregó: “El objetivo es ofrecer una formación actualizada, incorporando herramientas que son claves para el desarrollo personal, académico y laboral. La propuesta plantea una orientación específica en IA y competencias digitales, que funcionará como eje en todas las materias”.
Durante años, muchas de las multinacionales que hoy anuncian su salida de la Argentina construyeron un relato cómodo: el país como eterno problema, el contexto como excusa permanente. Sin embargo, los datos de 2025 —con un saldo negativo histórico de Inversión Extranjera Directa— invitan a una lectura menos indulgente y más incómoda para esos mismos actores.
La pregunta que queda flotando no es solo por qué Argentina dejó de atraer inversiones, sino por qué tantas empresas globales dejaron de ser competitivas, creativas y adaptables en un mundo que cambió radicalmente.
En numerosos casos, no se trata de firmas vulnerables, sino de corporaciones que durante décadas operaron bajo esquemas monopólicos u oligopólicos, protegidas por barreras de entrada, regulaciones a medida o posiciones dominantes en mercados cerrados. Ese modelo funcionó mientras el consumo crecía, la competencia era limitada y el margen se garantizaba por tamaño y no por eficiencia. Hoy, ese mundo ya no existe.
Monopolios cómodos en un mundo que exige agilidad
El contexto global de diciembre de 2025 es claro: – digitalización acelerada – competencia transnacional – reducción de costos estructurales – consumidores más exigentes – cadenas de valor más flexibles
Frente a ese escenario, muchas multinacionales no se reconvirtieron, no innovaron en modelos de negocio ni apostaron a la creatividad local. Optaron, en cambio, por achicarse, vender activos o retirarse, trasladando la responsabilidad exclusivamente al entorno macroeconómico argentino.
Pero el contraste es evidente: otras empresas —más chicas, más ágiles, incluso regionales— sí lograron adaptarse, operar con menor estructura, aprovechar nichos y competir sin necesidad de posiciones dominantes. La diferencia no estuvo en el país, sino en la capacidad de leer el tiempo histórico.
Salir no siempre es estrategia: a veces es derrota
La salida de multinacionales no siempre responde a una decisión estratégica brillante. En muchos casos, es el reconocimiento tácito de un fracaso: no haber sabido competir sin privilegios, no haber entendido un mercado más fragmentado, ni haber invertido en innovación real cuando todavía tenían espalda financiera para hacerlo.
Argentina, con todos sus problemas estructurales, dejó de ser un terreno cómodo para empresas acostumbradas a rentabilidades garantizadas. Y cuando el negocio deja de ser automático, algunas optan por irse antes que reinventarse.
Una advertencia más amplia
El saldo negativo de la inversión extranjera no solo interpela al Estado y sus políticas. También expone a un sector corporativo global que confundió escala con inteligencia, tamaño con competitividad y monopolio con sustentabilidad.
En el nuevo escenario económico, ya no alcanza con haber sido grande. Hay que ser creativo, flexible y eficiente. Y muchas de las multinacionales que hoy hacen las valijas simplemente no lo fueron.
Un frente frío comienza a desplazar la masa de aire cálido que dominó el centro y norte del país. El alivio térmico se sentirá en los próximos días, aunque el cambio de escenario estará acompañado por tormentas fuertes, lluvias abundantes y alertas meteorológicas activas en numerosas provincias.
Luego de un sábado extremadamente sofocante, el centro y norte de la Argentina atravesaron una de las jornadas más calurosas del período reciente. Un total de 38 estaciones oficiales alcanzaron o superaron los 33 °C de temperatura máxima, incluyendo algunas localidades del AMBA.
Este domingo marca el inicio de un cambio de tiempo esperado, con la llegada progresiva de un alivio térmico que comenzará a sentirse en el centro del país y avanzará hacia el norte durante los próximos días. El descenso de las temperaturas estará directamente vinculado al pasaje de un sistema frontal.
En cuanto a las precipitaciones acumuladas en 24 horas hasta las 9 h, varias estaciones del país superaron los 20 mm, reflejando la intensidad de los eventos registrados. Se destacaron Rosario con 46 mm, Nueve de Julio con 37 mm, Junín con 33 mm, Venado Tuerto con 29 mm y Córdoba Observatorio con 22 mm.
Durante la mañana de hoy, un frente frío avanza sobre el centro de Córdoba, el sur de Santa Fe y el noreste de Buenos Aires. A su paso, el viento del sector sur con ráfagas asociadas irá modificando las condiciones meteorológicas.
Este cambio traerá consigo una mejora térmica, aunque tendrá como contrapartida la formación de lluvias y tormentas, algunas de ellas de intensidad considerable.
¿Qué tipo de alertas están vigentes hoy domingo 14?
Actualmente, se mantienen activas múltiples alertas meteorológicas. Hay alerta por lluvias intensas en el noroeste de Mendoza y 10 provincias bajo alerta por tormentas, de las cuales cinco se encuentran en nivel naranja, indicando fenómenos potencialmente severos.
Las provincias alcanzadas por las alertas incluyen Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Córdoba, San Juan, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos y el noreste de Buenos Aires, donde se esperan eventos convectivos con variada intensidad.
Bajo alerta amarilla, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y lluvias abundantes en cortos períodos, con acumulados de 30 a 70 mm.
En tanto, las zonas bajo alerta naranja podrían registrar tormentas fuertes a severas, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, caída de granizo y precipitaciones intensas. En estos sectores, los acumulados previstos oscilan entre 80 y 110 mm, con posibles excedentes puntuales.
Por otra parte, el sudeste de Santa Cruz permanece bajo alerta por vientos intensos. Durante el resto del día se esperan ráfagas fuertes, con una mejora gradual prevista hacia las 18 h. En la zona cordillerana y en Tierra del Fuego, las precipitaciones podrían darse en forma de nieve.
Mientras tanto, el este de Chubut podría experimentar tormentas aisladas, asociadas a la inestabilidad residual del sistema frontal que afecta la región patagónica.
¿Cómo seguirá el tiempo esta tercera semana de diciembre?
De cara a mañana lunes, mientras el sol comenzará a imponerse nuevamente en el centro del país, persistirá el mal tiempo en gran parte del norte argentino. En esa región, 10 provincias continuarán bajo alerta amarilla por tormentas, con sectores de Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes bajo alerta naranja.
Mañana lunes 15 será el día en que finalmente llegue el alivio térmico a gran parte del norte del país.
El lunes será el día en que el alivio térmico llegue finalmente a gran parte del norte del país, dejando atrás las jornadas más sofocantes. Solo algunas localidades del noroeste y extremo norte podrían registrar temperaturas máximas cercanas a los 30 °C.
En el sur del país, las condiciones más adversas estarán asociadas a vientos fuertes en el sudoeste de Río Negro y el noroeste de Chubut, donde las ráfagas podrían alcanzar los 80 km/h, generando posibles complicaciones.
Durante el martes, se consolidará un escenario más estable con la instalación de altas presiones en gran parte del territorio nacional. El viento sur será protagonista, aportando una jornada agradable en el centro y norte del país, con temperaturas moderadas.
La actividad de lluvias quedará restringida al extremo sur y al extremo noreste del país. En la provincia de Misiones, la tendencia será a una mejora gradual hacia la tarde, con disminución de la inestabilidad.
Ráfagas de viento para el martes 16 de diciembre a las 15 h, según el modelo ECMWF.
Ese mismo martes, la circulación de vientos en la Patagonia favorecerá un rápido ascenso térmico en el norte, mientras que en el oeste de Santa Cruz las ráfagas podrían alcanzar los 120 km/h, manteniendo condiciones ventosas intensas.
El miércoles, con el desplazamiento del centro de altas presiones hacia Uruguay, se favorecerá el retorno de los vientos del sector norte en el centro y norte del país. Aun así, persistirán condiciones mayormente estables.
La excepción se dará en el noroeste argentino y el norte de la Patagonia, donde las temperaturas máximas podrían volver a valores cercanos a los 35 °C, anticipando un nuevo repunte térmico.
Un frente frío podría activar tormentas principalmente en la costa atlántica desde la noche del miércoles.
Hacia la noche del miércoles, un nuevo sistema comenzará a afectar el sur de la Patagonia, y un débil frente frío podría generar cierta inestabilidad en el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires.
Según los principales modelos meteorológicos, este frente podría dar lugar a tormentas en la costa atlántica durante el jueves, antes de desplazarse hacia el océano Atlántico.
Finalmente, un nuevo frente frío podría formarse el viernes en el norte de la Patagonia, avanzando hacia el norte durante el fin de semana y extendiendo el patrón de inestabilidad en el fín de semana previo a la Navidad.
Mikis Theodorakis, que nació en la isla de Quíos el 29 de julio de 1925 y es oriundo de Galatas, Chania, en la isla de Creta, por parte de padre, y de la ciudad costera de Cesme, Asia Menor, por parte de madre, es, por la calidad de su obra y el impacto internacional de su nombre, quizás la figura más importante de la cultura griega y, sin duda, de la música griega desde el establecimiento del Estado griego el 3 de febrero de 1830, con el Protocolo de Londres.
Mikis Theodorakis se dedicó a diversos géneros musicales. Sin embargo, cabe destacar que también se dedicó a la música clásica, escribiendo sinfonías, óperas, ballets, oratorios, música de cámara y música para piano solo.
También compuso el ritmo griego más reconocido internacionalmente, el syrtaki, para la película “Zorba el Griego” (1964), basada en la novela “Vida y Estado de Alexis Zorba” del destacado escritor griego Nikos Kazantzakis, dirigida por el director griego Michael Cacoyannis y protagonizada por Anthony Quinn, Alan Bates e Irene Pappas.
La poesía musicalizada también es una obra muy importante de su obra. Es decir, utilizó poemas de grandes poetas como letras para crear canciones. En concreto, poemas del poeta chileno Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura en 1971; del poeta griego Giorgos Seferis, Premio Nobel de Literatura en 1963; del poeta griego Odysseas Elytis, Premio Nobel de Literatura en 1979; del poeta griego Yiannis Ritsos, Premio Lenin de la Paz en 1976; y del poeta griego Kostas Varnalis, Premio Lenin de la Paz en 1959.
También compuso música para otras películas conocidas, además de “Zorba el Griego”, como “Fedra” (1962), protagonizada por Anthony Perkins y Melina Mercouri, y “Sérpico” (1973), protagonizada por Al Pacino.
En 1970, fue galardonado con el Premio de Cine de la Academia Británica, conocido como BAFTA, por la música de la película “Z”, basada en la novela homónima del escritor Vasilis Vasilikou y que ganó dos Oscars a mejor película en lengua extranjera y mejor montaje, protagonizada por Yves Montand, Jean-Louis Trintignant e Irene Pappas, dirigida por Costas Gavras, quien ganó el Oscar al Mejor Guion en 1982. En 1983, Mikis Theodorakis también fue galardonado con el Premio Lenin de la Paz.
Sus composiciones también han sido interpretadas por artistas de renombre mundial, como los Beatles, Shirley Bassey, Joan Baez y Edith Piaf.
Mikis Theodorakis, sin embargo, también desarrolló actividades políticas, de resistencia y activistas. Fue miembro del parlamento y ministro. Durante la ocupación alemana de Grecia, formó parte del ejército de resistencia “ELAS” y de la organización juvenil de resistencia “EPON”, y en julio de 1947 fue arrestado y exiliado a Icaria. Fue encarcelado por la dictadura del 21 de abril de 1967. Fue un ferviente luchador por la paz y la amistad entre los pueblos, con una activa contribución a los correspondientes movimientos internacionales y griegos. Falleció en Atenas el 2 de septiembre de 2021 a la edad de 96 años.
Con motivo del centenario del nacimiento de Mikis Theodorakis, decidí escribir un poema titulado “Himno a Mikis Theodorakis” para honrar a este destacado compositor griego, quien también es una de las grandes figuras de la música mundial. Este poema fue musicalizado porNikos Karagiannis y Nadia Karagianni e interpretado por Nadia Karagianni e Nikos Karagiannis.
Y gaviotas blancas como la nieve, como notas musicales
Se derramaban de tu valiente corazón.
En la densa oscuridad de la Ocupación
Alzaste con orgullo tu brillante estatura
Y el derecho de nuestro pueblo, en los años difíciles
Floreció en tus majestuosas canciones.
Las rocas negras del exilio sangraban profusamente
De tus hermosos sueños liberadores
Tus palabras como trompetas de paz resonaban con fuerza
En lo más profundo del mundo.
*Isidoros Karderinis, periodista, corresponsal de prensa extranjera acreditado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, miembro regular de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera Griega, novelista, poeta y letrista.
Desde la Municipalidad de Colón informaron este domingo que “la señora Gimena Bordet, esposa del Intendente José Luis Walser, se encuentra internada en un hospital de Porto Alegre, Brasil, en estado estable de su cuadro complejo, luego del accidente de tránsito ocurrido días atrás en la ruta”.
“Está recibiendo atención médica especializada y se encuentra en proceso de observación y recuperación”, agrega el comunicado.
En tanto, agradecen “las muestras de apoyo y solidaridad recibidas” y solicitan “respeto por la privacidad de la familia en este trance”.
“Se informará sobre el estado de salud de Gimena a medida que haya novedades. Agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad, y pedimos continuar con las oraciones para su pronta recuperación”, concluye.
Al menos 11 personas fueron asesinadas y 29 más resultaron heridas, según las fuerzas de seguridad australianas.
Al menos 11 personas fueron asesinadas y 29 más resultaron heridas después de un ataque antisemita llevado a cabo por al menos dos terroristas islámicos durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá en Bondi Beach, uno de los destinos turísticos más populares de Sídney, Australia.
Las fuerzas de seguridad australianas confirmaron a la cadena ABC que el balance inicial sobre el número de víctimas es de 11 muertos y 29 heridos. La Policía del estado de Nueva Gales del Sur fue la primera en informar sobre el incidente. Tras una rápida respuesta, los agentes lograron abatir a uno de los tiradores, mientras que el otro fue detenido poco después.
El comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque fue considerado un “incidente terrorista“, debido a las circunstancias del ataque. “Como resultado de las circunstancias del incidente de esta noche a las 21:36 de esta noche, declaré que fue un incidente terrorista”, dijo Lanyon en una rueda de prensa, subrayando la gravedad de lo sucedido.
Las autoridades locales, en colaboración con los servicios de emergencia, trabajaron en la zona para atender a las víctimas y proporcionar la información necesaria. “La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible“, indicaron los servicios de seguridad. Los esfuerzos de rescate han continuado, con ocho personas siendo trasladadas a distintos hospitales de Sídney para recibir atención médica urgente.
Uno de los terroristas.
El ataque, que tuvo lugar durante una festividad judía significativa, ha dejado a la comunidad en shock. En redes sociales, comenzaron a circular imágenes que muestran a al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico entre los presentes, con personas huyendo y varias víctimas tendidas en el suelo mientras recibían asistencia médica de paramédicos.
Según un alto funcionario policial, uno de los atacantes era un hombre musulmán de origen paquistaní, llamado Naveed Akram, una declaración que ha despertado nuevas inquietudes sobre el perfil de los agresores. La Policía continúa con la investigación mientras se esperan más detalles sobre los motivos detrás del ataque.
De acuerdo con el Sydney Morning Herald, uno de los presuntos tiradores fue abatido por la policía, mientras que el otro fue arrestado. La comunidad local y las autoridades siguen trabajando para esclarecer el móvil del ataque y garantizar la seguridad de la zona.
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