La condena firme contra Sergio Urribarri pone en valor la decisión ética e institucional asumida por la UCR de Entre Ríos en 2013, cuando su entonces presidente, Jorge D’Agostino, denunció irregularidades en el manejo de la publicidad oficial sin especular con el enorme poder político que concentraba el gobierno provincial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el exgobernador a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. No se trata de una acusación política, sino de una sentencia firme dictada después de un extenso proceso en el que los acusados ejercieron plenamente su derecho de defensa.
En mayo de 2013, cuando Urribarri atravesaba uno de los momentos de mayor concentración de poder de sus dos gobernaciones, el Comité Provincial de la UCR decidió acudir a la Justicia. Bajo la presidencia de D’Agostino, presentó la primera denuncia por negociaciones incompatibles vinculada con contrataciones de publicidad oficial, adjudicaciones directas, utilización de mecanismos de excepción y falta de cotejo de precios.
Uno de los hechos denunciados fue la contratación de Global Means, empresa que recibió una orden de publicidad del Estado provincial antes de encontrarse legalmente constituida. Aquella presentación se convirtió posteriormente en la causa Nº 6.399 y fue uno de los cinco hechos por los cuales Urribarri terminó condenado.
La UCR no reemplazó a la Justicia ni dictó condenas anticipadas: investigó, reunió documentación y puso los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Lo hizo mientras Urribarri gobernaba, sin oportunismos ni cálculos electorales, cuando enfrentar aquella estructura dominante podía ocasionar importantes costos políticos y personales.
La Justicia demoró, pero finalmente llegó. Desde la Unión Cívica Radical no celebramos el encarcelamiento de una persona, pero sí reivindicamos que nadie esté por encima de la ley y que los recursos públicos jamás puedan utilizarse para beneficiar intereses particulares, familiares o electorales.
Este fallo debe convocar a la reflexión de los partidos políticos, las organizaciones sociales, sindicales y empresariales, las universidades, el periodismo y toda la ciudadanía, especialmente de quienes tuvieron responsabilidades durante aquella gestión y todavía guardan silencio. Trece años después, la sentencia firme confirma la relevancia de aquella denuncia y el valor de una UCR que cumplió con su deber cuando hacerlo significaba enfrentar al poder.
Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos
